- La CIDH planea anunciar, a más tardar el miércoles 28, que a solicitud del gobierno mexicano otorga una prórroga de seis meses a la labor del GIEI, a fin de que sea coadyuvante en la nueva investigación relativa a los normalistas de Ayotzinapa.
Revista
Proceso
# 2034, 24 de octubre de 2015
Duro juicio internacional
al Estado mexicano/J. JESÚS ESQUIVEL
WASHINGTON.-
El martes 20, en el marco del 156 periodo de sesiones de la CIDH, se realizaron
cuatro audiencias sobre la situación de derechos humanos en México. Para el
secretario ejecutivo de ese organismo de la OEA, Emilio Álvarez Icaza, eso
refleja la percepción internacional de que en el país hay una crisis en la que
impera la impunidad gubernamental.
En
entrevista, durante uno de los recesos entre las audiencias, el funcionario
apunta: “A nivel internacional es muy claro que empieza a darse un diagnóstico
compartido de lo que sucede en México”. Como ejemplo, enlista los informes del
Relator para la Tortura y el Comité para las Desapariciones Forzadas, el Comité
de Ejecuciones Extrajudiciales y la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas, así como las posturas de la CIDH y hasta del Departamento de
Estado en Washington.
La
representación del gobierno de Enrique Peña Nieto que participó en las
audiencias de la CIDH llegó a Washington con la noticia publicada el domingo 18
por The Washington Post: el Departamento de Estado determinó retirar a México
la certificación en materia de derechos humanos necesaria para otorgar los
recursos de la Iniciativa Mérida.
Al
considerar que “México no cumple con los criterios mínimos de derechos humanos”
y que las fuerzas de seguridad (Ejército, Marina y Policía Federal) siguen
cometiendo violaciones a las garantías individuales con la protección
gubernamental, la administración de Barack Obama decidió retenerle 15% del
apoyo económico que aprobó para la lucha antinarcóticos en México para 2015.
“El
mensaje del Departamento de Estado no tiene que ver tanto con la significación
económica (se trata de 5 millones de dólares). Es en términos de lo que está
sucediendo en la agenda de derechos humanos en México”, insiste Álvarez Icaza.
Para
él, Obama “está mandando un mensaje específico. Y el mensaje a nivel
internacional dice que está esa preocupación. La CIDH lo dijo en sus términos:
hay una grave crisis de derechos humanos en México y en nada ayuda intentar
disminuir o negar que eso suceda”.
Las
audiencias abordaron la masacre de 45 indígenas tzotziles en Acteal, Chiapas
(1997), la política antidrogas y los derechos humanos, el caso de los 43
normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014
y las ejecuciones extrajudiciales. En esta última se trataron las masacres de
civiles a manos del Ejército y otras fuerzas de seguridad en Tlatlaya,
Apatzingán, Tanhuato y Veracruz, entre otras.
En
ese contexto, el lunes 19 el gobierno mexicano se desmarcó de la versión
oficial del entonces procurador Jesús Murillo Karam al firmar un acuerdo con el
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH.
El
compromiso implica una nueva búsqueda de los normalistas y abre una nueva
investigación, que descarta las conclusiones a las que llegó la SEIDO en la
gestión de Murillo Karam.
Además,
el gobierno de Peña Nieto adopta el informe del GIEI que contiene las conclusiones
de su pesquisa en Ayotzinapa y el cual fue dado a conocer públicamente en
México el mes pasado, el mismo que varios altos funcionarios trataron de
desacreditar.
El
giro sobre Ayotzinapa
La
denuncia de la crisis de los derechos humanos le ha costado muchas críticas y
descalificaciones al mexicano Álvarez Icaza. Al preguntarle cómo toma esas
reacciones, reafirma lo que declaró al reportero José Gil Olmos en este
semanario (Proceso 2029). Desde su punto de vista, “lo que opinen o digan de mi
persona es irrelevante respecto a la crisis de derechos humanos”.
Agrega:
“Que haya aquí una audiencia sobre ejecuciones extrajudiciales, una de la
política de drogas en México; de cómo participan en ella las Fuerzas Armadas;
que haya una de Ayotzinapa, es parte del diagnóstico que tiene la CIDH. El tema
no es ni de cerca mi persona u otras, pero creo que eso en ciertos sectores de
la población mexicana, en ciertos sectores que yo llamaba agoreros oficiosos,
refleja una voluntad de no querer reconocer, de no querer acercarse a lo que
sucede en México, y eso agrava la crisis de derechos humanos”.
–¿Y
el gobierno no está respondiendo?
–Esos
casos, donde se exponen casos de ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas de
seguridad, como los que se abordaron aquí en la CIDH, requieren acciones
ejemplares y pragmáticas de justicia. Y no han llegado.
De
entre las cuatro audiencias en la CIDH, la de oficio, por el caso Ayotzinapa,
fue la más destacada. De hecho, el anuncio del acuerdo sorprendió porque se
logró el día anterior y a puerta cerrada.
Álvarez
Icaza se niega a dar los pormenores de esa negociación, pues dice que lo
importante es que el gobierno de Peña Nieto aceptó que el caso no está cerrado.
El GIEI será coadyuvante de la investigación que realizará la Subprocuraduría
General de Justicia sobre Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a
la Comunidad, que encabeza Eber Omar Betanzos Torres.
“El
GIEI va intervenir en la asesoría, diseño y confección que se generarán como
líneas de investigación. Que el informe se incorpore a la investigación previa
me parece un dato de la mayor relevancia, en el sentido de que la investigación
no está cerrada. Es importante porque llevamos un año buscándolos y los
muchachos no aparecen”, apunta Álvarez Icaza.
–¿Todo
lo que había informado el gobierno mexicano sobre el caso de Ayotzinapa era
entonces una mentira histórica?
–No
lo voy a calificar así. Le voy a decir lo que dijo el GIEI: que hay cosas que
no sucedieron; se dijo con mucha claridad respecto al incendio y a las
integraciones de alguna de las hipótesis.
Por
el gobierno de México asistieron a las audiencias de la CIDH el subprocurador
Betanzos Torres; el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de
Gobernación, Roberto Campa Cifrián, y Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario de
Relaciones Exteriores para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos.
Dicha
representación aceptó los 10 puntos del acuerdo, pero de último minuto impuso
una de sus prioridades: no permitirá que el GIEI interrogue a los soldados del
27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala. Avaló así la postura del general
Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional.
“Esta
diligencia en particular (los interrogatorios a soldados), en términos del
acuerdo, debe hacerse en coadyuvancia con el Ministerio Publico”, declaró a la
prensa Campa Cifrián al terminar la audiencia sobre Ayotzinapa.
“La
parte fundamental es: ¿qué se pregunta? Podremos llegar a un acuerdo para que
los expertos (del GIEI) hagan la recomendación de las preguntas que debe
realizar el Ministerio Público”, dijo el funcionario; aclaró que los
especialistas independientes no pueden estar presentes en los careos y se
limitarán a enviar sus cuestionamientos por escrito.
Para
la CIDH lo anterior no está decidido. Álvarez Icaza sostiene que el GIEI
insistirá en interrogar a los militares del batallón mencionado, como lo ha
solicitado ya seis veces.
“Hay
elementos que hacen saber que integrantes de ese Batallón supieron y conocieron
lo que ocurrió. Lo reiteraron aquí los representantes del gobierno: hubo
participación de policías de dos municipios y tuvieron conocimiento dos
instancias federales. Se mencionó en particular al Ejército. Eso es el sentido
de una investigación: investigar no es asignar responsabilidades, interrogar no
es criminalizar”, explica.
Al
preguntarle si la nueva investigación implica un desmentido a la “verdad
histórica” de Murillo Karam, el subprocurador Betanzos Torres evitó responder
directamente. “Los estudiantes están desaparecidos y en ese contexto las
acciones de búsqueda forman parte de una acción prioritaria para el desahogo
del caso”, comentó.
–¿O
sea que la verdad histórica no existía?
–Más
bien, hay una investigación de carácter penal en los casos que se están
investigando por secuestro, permaneciendo en el estado de cautivos. Se les
sigue buscando.
La
CIDH planea anunciar, a más tardar el miércoles 28, que a solicitud del
gobierno mexicano otorga una prórroga de seis meses a la labor del GIEI, a fin
de que sea coadyuvante en la nueva investigación relativa a los normalistas de
Ayotzinapa. l
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