Mediación en riesgoGloria Leticia Díaz, reportera.
Autor del libro La guerrilla recurrente, Carlos Montemayor considera que no cabe esperar mucho ni de la guerra contra el narcotráfico ni de la velada contrainsurgencia como opciones para pacificar al país, ya que, afirma, persistirá la principal causa de los levantamientos: la “injusticia institucionalizada que llamamos paz y estabilidad social”. Y en cuanto al papel de la Comisión de Mediación que busca contribuir a la presentación de dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario, el escritor dice a Proceso: Tan pobre es la visión del gobierno sobre las causas de los movimientos armados que esta instancia se halla en riesgo de desaparecer.
Después de poco más de tres meses de que el Ejército Popular Revolucionario (EPR) solicitara la creación de la Comisión de Mediación –con el fin de localizar a dos líderes guerrilleros presuntamente retenidos por fuerzas gubernamentales–, ésta corre el riesgo de desaparecer por la falta de voluntad política de la administración de Felipe Calderón.
El vocero de la comisión, el escritor Carlos Montemayor, advierte que ante las limitaciones que él y sus colegas han tenido en sus labores de mediación, plantearán al EPR y al gobierno federal si es factible proseguir los esfuerzos para localizar a Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos desde el 25 de mayo de 2007.
“Los avances han sido mínimos –explica en entrevista el autor de La guerrilla recurrente–, pues los representantes gubernamentales con quienes nuestra comisión se ha estado entrevistando sólo se han reducido a un ofrecimiento de participación en expedientes procesales, y en ningún sentido a responder ni aclarar ni abundar en los tres documentos que les presentamos a ellos y que hicimos públicos el 13 de junio pasado.”
En esos documentos, la Comisión de Mediación sistematizó las demandas y quejas interpuestas por los familiares de los eperristas desaparecidos en instancias federales y estatales, judiciales y de derechos humanos; la ausencia de resultados de las dependencias; consideraciones de derecho internacional sobre desaparición forzada de personas (incluyendo los casos de Reyes Amaya y Cruz Sánchez), y finalmente seis observaciones y preguntas al gobierno mexicano surgidas durante las indagaciones.
En el documento Precisiones necesarias, uno de los tres que presentó la comisión el 13 de junio, se le cuestiona al subsecretario de Gobernación, Abraham González Uyeda, la reticencia del Ministerio Público Federal para integrar averiguaciones previas por la desaparición forzada de los eperristas, pese a que el delito de lesa humanidad está tipificado en la legislación mexicana.
También se pide aclarar quién es Alejandro Punaro, de quien la comisión recibió informes iniciales en el sentido de que se ostentó en octubre como “representante” del presidente de la República ante los familiares de los desaparecidos, y también como representante del Ejército y del Cisen para ejercer “presiones” y realizar “detenciones arbitrarias” de personas que consideraba vinculadas al EPR.
Los miembros de la Comisión de Mediación pidieron también a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que aclarara las actuaciones del entonces subsecretario, el general retirado Tomás Ángeles Dauahare, quien buscó canales de comunicación con la agrupación guerrillera por medio de integrantes de organismos civiles, así como la participación del Ejército en la detención de policías y peritos de la Policía Ministerial del Estado de Oaxaca el 26 de abril de 2008.
Más desapariciones
Autor también de las novelas Guerra en el paraíso y Las armas del alba, basadas en los movimientos guerrilleros rurales de Guerrero y Chihuahua de los años sesenta y setenta, Montemayor destaca que algunas de estas inquietudes fueron respondidas durante las indagaciones de los comisionados, entre las que destacan encuentros con el general Ángeles y con Punaro, exsubdirector de Terrorismo, Lavado de Dinero y Acopio de Armas de la Procuraduría General de la República (PGR), jubilado en esta institución desde 2005 y que actuó como intermediario del general Ángeles en la búsqueda de familiares de los eperristas desaparecidos, y de canales de comunicación informales con el EPR.
El comisionado señala que pronto se darán a conocer dos documentos en los que se incluyen esas respuestas oficiales. En éstos, dice, se explicará a la opinión pública, al gobierno federal y al EPR “cuáles son los límites que la Comisión de Mediación está encontrando ante las numerosas pruebas de actuaciones en el asunto de los eperristas desaparecidos, las actuaciones del Ejército o de cuerpos policiales, más allá de los límites procesales que desde hace dos meses se nos ha ofrecido y se nos ha estado posponiendo como única señal de voluntad gubernamental.
“Explicaremos en sendos documentos lo que hemos valorado de actuaciones del Ejército, de actuaciones policiales y de búsqueda de mecanismos informales para que tanto el EPR como el gobierno mexicano decidan y aclaren explícitamente si las tareas de mediación de la comisión deben continuar o suspenderse de manera temporal, o definitiva, hasta nuevas señales o avisos.”
Montemayor explica que la comisión no tiene contacto directo con miembros del EPR ni con funcionarios del gobierno federal, y puntualiza: “El avance de las tareas de mediación sólo será posible por una demostración de voluntad política del gobierno mexicano más allá de lo procesal”, es decir, de que se facilite el acceso a las actuaciones ministeriales realizadas por la PGR en averiguaciones integradas por secuestro y no por desaparición forzada.
A raíz de las indagaciones que ha realizado la comisión, dice a Proceso, se ha podido comprobar que los casos de Reyes Amaya y Cruz Sánchez no son los únicos crímenes de lesa humanidad cometidos recientemente en el estado:
“Ahora que estuvo una parte de la comisión en Oaxaca se acercaron muchas personas, y tenemos información que necesitamos evaluar, pero que señala la desaparición de más personas.
“Del caso de una persona que fue desaparecida y después liberada, hemos obtenido una información valiosísima sobre el modus operandi de los agentes policiacos o militares, de presión a familiares mientras van recibiendo y confirmando la información que obtuvieron torturando al desaparecido.”
La “solución” militar
Ya en su libro La guerrilla recurrente, publicado en noviembre de 2007, Carlos Montemayor señalaba que la desaparición de los dos eperristas era “una clara operación de guerra sucia”.
En ese volumen, el escritor recopiló ensayos y artículos en los que aborda aspectos específicos de la matanza del 2 de octubre de 1968 y de la actuación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp).
También hace una revisión de los servicios de inteligencia en México y estudia la militarización en el contexto de la seguridad hemisférica y de la concepción del terrorismo adoptada a partir del 11 de septiembre de 2001. Pero, sobre todo, analiza las guerrillas rurales del EZLN y el EPR, así como las estrategias del Ejército Mexicano para combatirlas.
Al respecto, el escritor considera que entre los gobiernos del PRI y el PAN “no hay diferencias notables” en la forma de responder a los movimientos armados desde el punto de vista de “políticas de seguridad y de inteligencia”.
Sin embargo, dice que con la llegada del PAN al poder en el 2000, se advierte “una discontinuidad en los equipos de inteligencia y seguridad”, que se traducen en la “pérdida gradual de la memoria, de contactos y de enlaces”.
“Estoy seguro –reitera Montemayor– de que en las décadas anteriores había enlaces efectivos informales, o quizá formales, que permitían un seguimiento y un control de movimientos sociales, de movimientos de delincuencia y por supuesto de narcotráfico. Ahora esos enlaces no existen o son mínimos, pero no son imposibles.”
En contraste con el ámbito civil, en el militar “las tareas de seguridad y de inteligencia se han concentrado en el Ejército, que constituye hasta hoy la línea de avanzada, sin ruptura o sin aparente ruptura en las últimas décadas”.
Y aunque la recurrencia de las guerrillas rurales obedece a causas sociales que generan inconformidad, en la historia de México también es recurrente el agotamiento de canales de solución pacífica, así como las reacciones del Estado; por ejemplo, “creer que con la desaparición física de esos grupos se concluye o soluciona el conflicto social provocado por el alzamiento armado”.
La represión generalizada e indiscriminada en comunidades enteras para socavar los movimientos rurales y su respaldo social, explica Montemayor, “deja secuelas en todas las familias de una región que asegura o facilita que en la siguiente generación tomen, con rencor o con justicia suficiente, otra vez las armas”.
El ejemplo claro, agrega, es el EPR, que tiene como antecedentes el Partido de los Pobres (PDLP), el Partido Revolucionario Obrero Clandestino (PROC) y Unión del Pueblo (UP), después se formó el PROCUP y luego el PROCUP-PDLP.
Apunta: “El EPR es la demostración más contundente de que los métodos de análisis políticos y militares del gobierno, y la estrategia de contrainsurgencia por lo menos en los últimos 40 años, son equivocados e insuficientes, ya no para comprender los alzamientos armados como procesos sociales, sino incluso en su propia naturaleza bélica”.
La existencia misma del EPR “es una demostración concluyente de que las condiciones sociales que privan en el sur de México, por referirme a los estados donde se encuentran las bases principales, siguen siendo las mismas; además, su continuidad es una evidencia de que hay cambios de contingentes y dirigentes por generaciones”.
Montemayor resalta que la expansión de fuerzas militares en el país “en un aparente combate total contra el crimen organizado, tiende una cortina de opacidad sobre las actividades y alcances reales del Ejército en zonas rurales, donde el conflicto social, extrema pobreza o extrema injusticia social es mayor”.
En Chiapas, en donde el EZLN tiene bases sociales, así como en Oaxaca y Guerrero, donde las tiene el EPR, “es muy posible que gran parte de las tareas del Ejército Mexicano, además de enfocarlas a la lucha contra el narcotráfico, estén escudándose con ese pretexto para continuar una lucha de socavamiento social para movimientos populares armados o de posible descontento social”.
De ser así, agrega, se estaría recurriendo a “la estrategia militar de confundir el núcleo armado con la totalidad del movimiento de insurrección. Es un error que se revela como tal en muchos momentos y que obliga a los gobiernos y a los ejércitos a dos métodos alternos a la sola represión militar”.
Esos métodos son la implantación de proyectos de desarrollo social “supeditados a la evolución de la estrategia militar” y la creación de grupos paramilitares “en comunidades dóciles a los gobiernos federal o regionales, para que actúen como presión en las comunidades o regiones de inconformidad social que protegen, o son susceptibles de proteger, a movimientos armados”.
Montemayor considera que la “aparente militarización” que implica la participación de las tropas en el combate al narcotráfico es un reflejo de “la incapacidad del gobierno mexicano para controlar el crimen organizado, así como la incapacidad política de los gobiernos mexicanos para organizar, controlar y conservar cuerpos policiales fortalecidos y cohesionados”.
Puntualiza que actualmente diversas actividades militares “son encubiertas o son riesgosas para el Ejército mismo; además de los servicios de inteligencia, de seguridad para el Ejército, están arriesgando cada vez más el desarrollo de una sociedad rural, y lentamente (también el) de una sociedad urbana cada vez más polarizada, cada vez más empobrecida y a futuro menos controlable”.
En La guerrilla recurrente, Montemayor reflexiona acerca de la pobre visión de los servicios de inteligencia mexicanos sobre las guerrillas, que “reduce el análisis de los movimientos subversivos a un mecanismo simple: evaluarlos por su capacidad de fuego, no por su significación política”.
“La guerrilla es siempre un fenómeno social” –dice en uno de los textos de ese libro–, y en el momento en que se elimina esa consideración en los análisis gubernamentales, “se reduce su respuesta a medidas de represión selectiva o desbordada”.
Montemayor recuerda que antes de que surja una guerrilla, hay “una violencia previa, una violencia política y económica que debilita, empobrece y confronta a la sociedad”.
Por eso, advierte, no bastan las medidas militares: “Con la hipotética desaparición de los grupos guerrilleros no desaparecerían las necesidades sociales y políticas de México, ni la pobreza y la corrupción, que son en sí mismas la base de la injusticia permanente e institucionalizada que llamamos paz y estabilidad social”.
Después de poco más de tres meses de que el Ejército Popular Revolucionario (EPR) solicitara la creación de la Comisión de Mediación –con el fin de localizar a dos líderes guerrilleros presuntamente retenidos por fuerzas gubernamentales–, ésta corre el riesgo de desaparecer por la falta de voluntad política de la administración de Felipe Calderón.
El vocero de la comisión, el escritor Carlos Montemayor, advierte que ante las limitaciones que él y sus colegas han tenido en sus labores de mediación, plantearán al EPR y al gobierno federal si es factible proseguir los esfuerzos para localizar a Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos desde el 25 de mayo de 2007.
“Los avances han sido mínimos –explica en entrevista el autor de La guerrilla recurrente–, pues los representantes gubernamentales con quienes nuestra comisión se ha estado entrevistando sólo se han reducido a un ofrecimiento de participación en expedientes procesales, y en ningún sentido a responder ni aclarar ni abundar en los tres documentos que les presentamos a ellos y que hicimos públicos el 13 de junio pasado.”
En esos documentos, la Comisión de Mediación sistematizó las demandas y quejas interpuestas por los familiares de los eperristas desaparecidos en instancias federales y estatales, judiciales y de derechos humanos; la ausencia de resultados de las dependencias; consideraciones de derecho internacional sobre desaparición forzada de personas (incluyendo los casos de Reyes Amaya y Cruz Sánchez), y finalmente seis observaciones y preguntas al gobierno mexicano surgidas durante las indagaciones.
En el documento Precisiones necesarias, uno de los tres que presentó la comisión el 13 de junio, se le cuestiona al subsecretario de Gobernación, Abraham González Uyeda, la reticencia del Ministerio Público Federal para integrar averiguaciones previas por la desaparición forzada de los eperristas, pese a que el delito de lesa humanidad está tipificado en la legislación mexicana.
También se pide aclarar quién es Alejandro Punaro, de quien la comisión recibió informes iniciales en el sentido de que se ostentó en octubre como “representante” del presidente de la República ante los familiares de los desaparecidos, y también como representante del Ejército y del Cisen para ejercer “presiones” y realizar “detenciones arbitrarias” de personas que consideraba vinculadas al EPR.
Los miembros de la Comisión de Mediación pidieron también a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que aclarara las actuaciones del entonces subsecretario, el general retirado Tomás Ángeles Dauahare, quien buscó canales de comunicación con la agrupación guerrillera por medio de integrantes de organismos civiles, así como la participación del Ejército en la detención de policías y peritos de la Policía Ministerial del Estado de Oaxaca el 26 de abril de 2008.
Más desapariciones
Autor también de las novelas Guerra en el paraíso y Las armas del alba, basadas en los movimientos guerrilleros rurales de Guerrero y Chihuahua de los años sesenta y setenta, Montemayor destaca que algunas de estas inquietudes fueron respondidas durante las indagaciones de los comisionados, entre las que destacan encuentros con el general Ángeles y con Punaro, exsubdirector de Terrorismo, Lavado de Dinero y Acopio de Armas de la Procuraduría General de la República (PGR), jubilado en esta institución desde 2005 y que actuó como intermediario del general Ángeles en la búsqueda de familiares de los eperristas desaparecidos, y de canales de comunicación informales con el EPR.
El comisionado señala que pronto se darán a conocer dos documentos en los que se incluyen esas respuestas oficiales. En éstos, dice, se explicará a la opinión pública, al gobierno federal y al EPR “cuáles son los límites que la Comisión de Mediación está encontrando ante las numerosas pruebas de actuaciones en el asunto de los eperristas desaparecidos, las actuaciones del Ejército o de cuerpos policiales, más allá de los límites procesales que desde hace dos meses se nos ha ofrecido y se nos ha estado posponiendo como única señal de voluntad gubernamental.
“Explicaremos en sendos documentos lo que hemos valorado de actuaciones del Ejército, de actuaciones policiales y de búsqueda de mecanismos informales para que tanto el EPR como el gobierno mexicano decidan y aclaren explícitamente si las tareas de mediación de la comisión deben continuar o suspenderse de manera temporal, o definitiva, hasta nuevas señales o avisos.”
Montemayor explica que la comisión no tiene contacto directo con miembros del EPR ni con funcionarios del gobierno federal, y puntualiza: “El avance de las tareas de mediación sólo será posible por una demostración de voluntad política del gobierno mexicano más allá de lo procesal”, es decir, de que se facilite el acceso a las actuaciones ministeriales realizadas por la PGR en averiguaciones integradas por secuestro y no por desaparición forzada.
A raíz de las indagaciones que ha realizado la comisión, dice a Proceso, se ha podido comprobar que los casos de Reyes Amaya y Cruz Sánchez no son los únicos crímenes de lesa humanidad cometidos recientemente en el estado:
“Ahora que estuvo una parte de la comisión en Oaxaca se acercaron muchas personas, y tenemos información que necesitamos evaluar, pero que señala la desaparición de más personas.
“Del caso de una persona que fue desaparecida y después liberada, hemos obtenido una información valiosísima sobre el modus operandi de los agentes policiacos o militares, de presión a familiares mientras van recibiendo y confirmando la información que obtuvieron torturando al desaparecido.”
La “solución” militar
Ya en su libro La guerrilla recurrente, publicado en noviembre de 2007, Carlos Montemayor señalaba que la desaparición de los dos eperristas era “una clara operación de guerra sucia”.
En ese volumen, el escritor recopiló ensayos y artículos en los que aborda aspectos específicos de la matanza del 2 de octubre de 1968 y de la actuación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp).
También hace una revisión de los servicios de inteligencia en México y estudia la militarización en el contexto de la seguridad hemisférica y de la concepción del terrorismo adoptada a partir del 11 de septiembre de 2001. Pero, sobre todo, analiza las guerrillas rurales del EZLN y el EPR, así como las estrategias del Ejército Mexicano para combatirlas.
Al respecto, el escritor considera que entre los gobiernos del PRI y el PAN “no hay diferencias notables” en la forma de responder a los movimientos armados desde el punto de vista de “políticas de seguridad y de inteligencia”.
Sin embargo, dice que con la llegada del PAN al poder en el 2000, se advierte “una discontinuidad en los equipos de inteligencia y seguridad”, que se traducen en la “pérdida gradual de la memoria, de contactos y de enlaces”.
“Estoy seguro –reitera Montemayor– de que en las décadas anteriores había enlaces efectivos informales, o quizá formales, que permitían un seguimiento y un control de movimientos sociales, de movimientos de delincuencia y por supuesto de narcotráfico. Ahora esos enlaces no existen o son mínimos, pero no son imposibles.”
En contraste con el ámbito civil, en el militar “las tareas de seguridad y de inteligencia se han concentrado en el Ejército, que constituye hasta hoy la línea de avanzada, sin ruptura o sin aparente ruptura en las últimas décadas”.
Y aunque la recurrencia de las guerrillas rurales obedece a causas sociales que generan inconformidad, en la historia de México también es recurrente el agotamiento de canales de solución pacífica, así como las reacciones del Estado; por ejemplo, “creer que con la desaparición física de esos grupos se concluye o soluciona el conflicto social provocado por el alzamiento armado”.
La represión generalizada e indiscriminada en comunidades enteras para socavar los movimientos rurales y su respaldo social, explica Montemayor, “deja secuelas en todas las familias de una región que asegura o facilita que en la siguiente generación tomen, con rencor o con justicia suficiente, otra vez las armas”.
El ejemplo claro, agrega, es el EPR, que tiene como antecedentes el Partido de los Pobres (PDLP), el Partido Revolucionario Obrero Clandestino (PROC) y Unión del Pueblo (UP), después se formó el PROCUP y luego el PROCUP-PDLP.
Apunta: “El EPR es la demostración más contundente de que los métodos de análisis políticos y militares del gobierno, y la estrategia de contrainsurgencia por lo menos en los últimos 40 años, son equivocados e insuficientes, ya no para comprender los alzamientos armados como procesos sociales, sino incluso en su propia naturaleza bélica”.
La existencia misma del EPR “es una demostración concluyente de que las condiciones sociales que privan en el sur de México, por referirme a los estados donde se encuentran las bases principales, siguen siendo las mismas; además, su continuidad es una evidencia de que hay cambios de contingentes y dirigentes por generaciones”.
Montemayor resalta que la expansión de fuerzas militares en el país “en un aparente combate total contra el crimen organizado, tiende una cortina de opacidad sobre las actividades y alcances reales del Ejército en zonas rurales, donde el conflicto social, extrema pobreza o extrema injusticia social es mayor”.
En Chiapas, en donde el EZLN tiene bases sociales, así como en Oaxaca y Guerrero, donde las tiene el EPR, “es muy posible que gran parte de las tareas del Ejército Mexicano, además de enfocarlas a la lucha contra el narcotráfico, estén escudándose con ese pretexto para continuar una lucha de socavamiento social para movimientos populares armados o de posible descontento social”.
De ser así, agrega, se estaría recurriendo a “la estrategia militar de confundir el núcleo armado con la totalidad del movimiento de insurrección. Es un error que se revela como tal en muchos momentos y que obliga a los gobiernos y a los ejércitos a dos métodos alternos a la sola represión militar”.
Esos métodos son la implantación de proyectos de desarrollo social “supeditados a la evolución de la estrategia militar” y la creación de grupos paramilitares “en comunidades dóciles a los gobiernos federal o regionales, para que actúen como presión en las comunidades o regiones de inconformidad social que protegen, o son susceptibles de proteger, a movimientos armados”.
Montemayor considera que la “aparente militarización” que implica la participación de las tropas en el combate al narcotráfico es un reflejo de “la incapacidad del gobierno mexicano para controlar el crimen organizado, así como la incapacidad política de los gobiernos mexicanos para organizar, controlar y conservar cuerpos policiales fortalecidos y cohesionados”.
Puntualiza que actualmente diversas actividades militares “son encubiertas o son riesgosas para el Ejército mismo; además de los servicios de inteligencia, de seguridad para el Ejército, están arriesgando cada vez más el desarrollo de una sociedad rural, y lentamente (también el) de una sociedad urbana cada vez más polarizada, cada vez más empobrecida y a futuro menos controlable”.
En La guerrilla recurrente, Montemayor reflexiona acerca de la pobre visión de los servicios de inteligencia mexicanos sobre las guerrillas, que “reduce el análisis de los movimientos subversivos a un mecanismo simple: evaluarlos por su capacidad de fuego, no por su significación política”.
“La guerrilla es siempre un fenómeno social” –dice en uno de los textos de ese libro–, y en el momento en que se elimina esa consideración en los análisis gubernamentales, “se reduce su respuesta a medidas de represión selectiva o desbordada”.
Montemayor recuerda que antes de que surja una guerrilla, hay “una violencia previa, una violencia política y económica que debilita, empobrece y confronta a la sociedad”.
Por eso, advierte, no bastan las medidas militares: “Con la hipotética desaparición de los grupos guerrilleros no desaparecerían las necesidades sociales y políticas de México, ni la pobreza y la corrupción, que son en sí mismas la base de la injusticia permanente e institucionalizada que llamamos paz y estabilidad social”.
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