Exaspera la impunidad/Editorial
El Universal, 12 de agosto de 2008;
El desbordamiento del crimen organizado está acelerando un proceso de fermentación social que debe ser aceptado y atendido con urgencia por todos los niveles de gobierno, para no ser rebasados por la acción ciudadana.
Ayer, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos convocó a la construcción de un frente nacional contra el crimen organizado, preocupada porque 99% de los delitos queda en la impunidad, la desconfianza en las autoridades policiales se refleja en la denuncia de sólo 10% de los delitos, los procesos son deficientes y los sistemas penitenciarios están invadidos por la corrupción.
Al mismo tiempo, el Consejo Coordinador Empresarial y las asociaciones y cámaras de banqueros, seguros, hombres de negocios, comercio nacional y exterior, industriales, tiendas de autoservicio y departamentales, turismo y agropecuarios expresaron su disposición a sobrepasar el miedo y la indignación para resolver este problema, “frente a (quienes) con su inacción, apatía o pasividad provocan o consienten condiciones de seguridad insostenibles”.
El reclamo es de una energía inusitada y muestra el hartazgo por una situación que pone en riesgo permanente la seguridad física, jurídica y patrimonial de los habitantes de este país, sin importar su condición social. Otros perjuicios graves causa la inseguridad, como ahuyentar las inversiones y el turismo.
Lo peor es que en el crimen están involucrados jefes y agentes de los cuerpos responsables de la seguridad pública, y que algunos de los cabecillas de las bandas criminales las dirigen desde la cárcel por teléfonos celulares o con instrucciones transmitidas a través de sus defensores. La maraña se enreda cada día más.
La reacción que hoy vemos no es por el secuestro y brutal asesinato de un adolescente de la clase acomodada, sino por la creciente ola delictiva. Años atrás, el banquero Alfredo Harp Helú, la actriz Laura Zapata, el hijo del cantante Vicente Fernández, de igual nombre, y el empresario de medios Joaquín Vargas fueron igualmente víctimas del hampa, al mismo tiempo que miles más de menor renombre.
La autoridad está reaccionando instintivamente con cambios de cuerpos policiales completos —no sólo de mandos—, creación de grupos de vigilantes sin uniforme y consejeros ciudadanos vecinales, y hasta con recompensas de medio millón de pesos a quienes den datos que permitan la captura de plagiarios. El presidente Felipe Calderón añadió a su propuesta de cadena perpetua para los secuestradores su solicitud de compartir informaciones de seguridad y depurar los cuerpos policiacos.
Hay tanto por hacer, que hasta estas medidas obviamente desesperadas e inconexas pueden antojarse acertadas, pero en realidad es necesario establecer un marco general de acción coherente, con homogéneos sistemas de inteligencia compartible, capacitación de policías y formación ética de agentes del Ministerio Público —cuyas facultades convendría acotar— y de jueces, magistrados y ministros. Es decir, la escuela y la universidad tienen mucho que aportar en este proyecto.
No es necesario inventar el hilo negro, por supuesto. Podemos tomar el ejemplo de la Academia del FBI en Quantico, Virginia; las policías nacionales de España y Francia; Scotland Yard, de Inglaterra; la policía estatal de Holanda, así como de los cuerpos de seguridad de Israel y Japón. Eso hacen algunas empresas privadas de seguridad.
Falta, sí, voluntad política, en todos los niveles de la autoridad, para posponer las agrias rencillas circunstanciales y poder atender como es debido el problema que más nos importa ahora.
Es una magna tarea para los tres poderes y la sociedad, y todos los partidos, en las 32 entidades de la República.
Basta de querer beneficiarse con los tropezones de los otros. Esta guerra la vamos a ganar —o perder— todos los mexicanos juntos. Apostemos por ganarla, bien y pronto.
Ayer, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos convocó a la construcción de un frente nacional contra el crimen organizado, preocupada porque 99% de los delitos queda en la impunidad, la desconfianza en las autoridades policiales se refleja en la denuncia de sólo 10% de los delitos, los procesos son deficientes y los sistemas penitenciarios están invadidos por la corrupción.
Al mismo tiempo, el Consejo Coordinador Empresarial y las asociaciones y cámaras de banqueros, seguros, hombres de negocios, comercio nacional y exterior, industriales, tiendas de autoservicio y departamentales, turismo y agropecuarios expresaron su disposición a sobrepasar el miedo y la indignación para resolver este problema, “frente a (quienes) con su inacción, apatía o pasividad provocan o consienten condiciones de seguridad insostenibles”.
El reclamo es de una energía inusitada y muestra el hartazgo por una situación que pone en riesgo permanente la seguridad física, jurídica y patrimonial de los habitantes de este país, sin importar su condición social. Otros perjuicios graves causa la inseguridad, como ahuyentar las inversiones y el turismo.
Lo peor es que en el crimen están involucrados jefes y agentes de los cuerpos responsables de la seguridad pública, y que algunos de los cabecillas de las bandas criminales las dirigen desde la cárcel por teléfonos celulares o con instrucciones transmitidas a través de sus defensores. La maraña se enreda cada día más.
La reacción que hoy vemos no es por el secuestro y brutal asesinato de un adolescente de la clase acomodada, sino por la creciente ola delictiva. Años atrás, el banquero Alfredo Harp Helú, la actriz Laura Zapata, el hijo del cantante Vicente Fernández, de igual nombre, y el empresario de medios Joaquín Vargas fueron igualmente víctimas del hampa, al mismo tiempo que miles más de menor renombre.
La autoridad está reaccionando instintivamente con cambios de cuerpos policiales completos —no sólo de mandos—, creación de grupos de vigilantes sin uniforme y consejeros ciudadanos vecinales, y hasta con recompensas de medio millón de pesos a quienes den datos que permitan la captura de plagiarios. El presidente Felipe Calderón añadió a su propuesta de cadena perpetua para los secuestradores su solicitud de compartir informaciones de seguridad y depurar los cuerpos policiacos.
Hay tanto por hacer, que hasta estas medidas obviamente desesperadas e inconexas pueden antojarse acertadas, pero en realidad es necesario establecer un marco general de acción coherente, con homogéneos sistemas de inteligencia compartible, capacitación de policías y formación ética de agentes del Ministerio Público —cuyas facultades convendría acotar— y de jueces, magistrados y ministros. Es decir, la escuela y la universidad tienen mucho que aportar en este proyecto.
No es necesario inventar el hilo negro, por supuesto. Podemos tomar el ejemplo de la Academia del FBI en Quantico, Virginia; las policías nacionales de España y Francia; Scotland Yard, de Inglaterra; la policía estatal de Holanda, así como de los cuerpos de seguridad de Israel y Japón. Eso hacen algunas empresas privadas de seguridad.
Falta, sí, voluntad política, en todos los niveles de la autoridad, para posponer las agrias rencillas circunstanciales y poder atender como es debido el problema que más nos importa ahora.
Es una magna tarea para los tres poderes y la sociedad, y todos los partidos, en las 32 entidades de la República.
Basta de querer beneficiarse con los tropezones de los otros. Esta guerra la vamos a ganar —o perder— todos los mexicanos juntos. Apostemos por ganarla, bien y pronto.
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