Las OSC ¿divididas?

Crece la organización ciudadana ante el fracaso del Estado

José Gil Olmos

Revista Proceso 21 de agosto de 2011

El rápido desarrollo del movimiento pacifista que encabeza Javier Sicilia es una expresión del fracaso del Estado mexicano en su tarea de dar seguridad y una llamada de atención al gobierno que debe atenderse antes de que surjan grupos armados en todo el país para las elecciones de 2012, advierte María Fernanda Somuano, investigadora de El Colegio de México, quien acaba de publicar un libro sobre el desarrollo de la sociedad civil organizada y su papel en el proceso democrático en los últimos 20 años.

“También hay grupos radicales que se están organizando, como los que mandaron la bomba al Tec de Monterrey. Esto también tiene que tomarlo en cuenta el gobierno, sobre todo ahora que vienen las elecciones. No sabemos qué va a pasar con los excluidos, y menos si los márgenes de victoria son otra vez muy pequeños”, sostiene la doctora en ciencias políticas por la Universidad de Iowa.

Advierte que aunque el número de organizaciones sociales en México no es tan grande como en otros países, el gobierno y los partidos políticos deberían estar atentos a lo que sucede en Inglaterra, España, Chile y Argentina, donde los excluidos del sistema se están manifestando de manera violenta porque el Estado no satisfizo sus necesidades.

“Lo que veo es algo que sucede no sólo en México sino en varios países, y es que la sociedad civil se moviliza como expresión de inconformidad ante la incapacidad de hacerlo por los canales tradicionales de representación, como los partidos. Los ciudadanos ya no se sienten representados, ya no ven a los partidos como canales legítimos”, afirma en entrevista con Proceso.

En su libro Sociedad civil organizada y democracia en México Somuano señala que el número de organizaciones civiles pasó de 2 mil en 1994 a 10 mil 620 en la actualidad. Este fenómeno, explica, se da porque la sociedad ve que el Estado se retrajo de actividades importantes al aplicar las políticas neoliberales.

Explica que ha habido momentos específicos en la historia reciente en los que han surgido organizaciones sociales que demandan mayor eficacia estatal. Primero fue el terremoto de 1985 en la Ciudad de México, cuando surgió el movimiento urbano popular que políticamente se expresó en las elecciones de 1988 con la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas.

Después vendría la actividad de la sociedad civil acompañando la movilización del EZLN en Chiapas en 1994 y después en la elección de 2006. Desde entonces no se había presentado otro más, hasta el surgimiento del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza Javier Sicilia.

Explica: “El Estado mexicano es incapaz de brindar seguridad a sus ciudadanos que, hartos de una situación de ineficacia gubernamental, deciden salir a las calles a decir: ‘Hagan algo, porque no podemos seguir así’”.

–¿Cuáles son los riesgos para el Estado o para el gobierno de no escuchar a esas organizaciones?

–Depende mucho de la organización. Hay algunas a las que no oyen, no las va a tomar en cuenta nunca y van a permanecer un tiempo, hasta donde les alcanzan los recursos… eso pasa en México. Pero con las organizaciones más grandes o movimientos como el de la paz, creo que el riesgo es que si sigue creciendo y la gente lo ve como un movimiento legítimo, el gobierno al no escucharlo se muestra como desatento ante los reclamos legítimos.

“Eso le afecta al gobierno en términos de legitimidad, de aprobación. Lo que puede suceder es que el movimiento crezca más y, como en el caso de los países árabes, acabe derrumbando a un gobierno. No sé si en el caso mexicano exista el potencial de algo así.”

Otro riesgo es que se extienda la integración de grupos de autodefensa ciudadana: “Puede derivar en otras expresiones de violencia. Ya lo hemos visto en algunas colonias del Distrito Federal, donde ante la incapacidad de la policía la gente decide hacer justicia. (…) El riesgo es que esto crezca, que tengamos grupos armados por todas partes fuera del control, motivados también por la facilidad con la que están entrando armas al país”.

–¿No cree usted que se equivoca el gobierno de Calderón al no ver una oportunidad en esos movimientos sociales que le están planteando salidas?

–Creo que sí, pero lo veo muy convencido de lo que hace, lo cual me parece sorprendente e incomprensible. Creo que el movimiento que encabeza Sicilia tiene la razón. Haber sacado al Ejército a las calles ha tenido consecuencias muy graves y me parece que hay que repensar esa estrategia.

“Pero dudo mucho que Calderón lo quiera hacer, sobre todo en este momento político. Aun cuando sea una oportunidad no creo que quiera admitir que se equivocó cuando estamos en la antesala de las elecciones. Me parece que va a seguir agarrando capos porque a la gente le da gusto. Pero insisto en que debe revisarse esa estrategia porque nada justifica 50 mil muertos.”

El reto financiero

Somuano señala que uno de los retos a corto plazo del movimiento que encabeza Sicilia es dar resultados y conseguir apoyos financieros: “Si no hay resultados se debilitará y, muchas veces, esa es la intención del gobierno con esas organizaciones que le son incómodas: dejar que sigan su cauce hasta que desaparezcan o que se hagan pequeños, sin impacto”.

Otros retos, señala, son la apatía y el conservadurismo de la sociedad mexicana: “En el caso de México, la sociedad tiende a ser apática. No estamos en los niveles de otras sociedades donde a la primera salen a protestar”.

–Usted dice que la sociedad mexicana es apática. ¿Por qué cree que es así, si ha habido eventos muy importantes desde 1985, 1988, 1994 y 2006?

–Lo que se puede decir es que la sociedad mexicana es conservadora, le dan miedo los cambios. No hace falta más que voltear a ver las campañas donde votar por el cambio da miedo. La elección de 2006 fue así. Somos una sociedad conservadora a la que el cambio le da mucho miedo. No sé si porque tuvimos una revolución con miles de muertos…

Afirma que tal vez esto se deba también a que la mexicana es una sociedad altamente religiosa, pues la Iglesia católica lo que busca es el status quo y no admite las insubordinaciones. Un reto más es enfrentar a una sociedad muy individualista que, a pesar de que se organiza, lo hace con fines asistencialistas y no de cultura democrática.

“Cuando se analiza en qué tipo de asociaciones participa la gente, vemos que las de más crecimiento son las religiosas, que por definición tienden a ser apolíticas, las que menos promueven valores democráticos porque no está en sus objetivos y no cuestionan al sistema”, explica.

Se le recuerda que en el movimiento por la paz participan muchos sacerdotes y algunas comunidades eclesiales de base.

“Lo que falta ver es cómo pueden confluir en el movimiento todos esos grupos con intereses y demandas dispares. Tal vez todas convergen en que no están de acuerdo con la política de seguridad del gobierno federal, pero lo interesante será ver cómo se integran los sacerdotes al movimiento, cómo participan partiendo de la laicidad del Estado.”

–¿Qué retos ve para las organizaciones sociales en este momento?

–Son muchos. Uno de ellos es que tienen que tratar de ser autónomas en términos financieros. Es difícil mantener una organización y aún más un movimiento… algunas de ellas recurren a dinero gubernamental y eso las pone en una situación delicada, muchas veces las limita en su agenda.

“Un reto más es tratar de seguir avanzando en su relación con el gobierno, porque hay mucha desconfianza entre las dos partes. El gobierno ve a las organizaciones como un dolor de cabeza porque muchas de ellas se meten en temas como la transparencia, rendición de cuentas, monitoreo y fiscalización.”

Sin embargo, dice María Fernanda Somuano, el reto principal es para el gobierno federal y los partidos políticos porque debido a la situación del país y las complicaciones que se prevén para 2012 van a seguir surgiendo movimientos de los inconformes y marginados del sistema, como los jóvenes excluidos de la educación superior, los desempleados y las víctimas de la violencia.

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Objetivo oficial: debilitar el Movimiento por la Paz

José Gil Olmos y Arturo Rodríguez García

Proceso, 21 de agosto de 2011

Atraídos por el poder, algunos familiares de víctimas mortales de la guerra calderonista, así como dirigentes empresariales, están siendo incorporados a una estrategia gubernamental cuyo objetivo es debilitar el Movimiento por la Paz. “Todo parece indicar –afirma Javier Sicilia– que tienen la intención de dividirnos” antes del reinicio del diálogo con el Legislativo y el Ejecutivo sobre la Ley de Seguridad Nacional. Pero no hay una pelea por el liderazgo del movimiento, advierte el poeta. Y Álvarez Icaza especifica: “un debate entre víctimas no ayudaría en nada”, porque los interlocutores son el gobierno y el Congreso…   

Al reiniciarse el diálogo entre el Movimiento por la Paz y el Poder Legislativo para discutir la Ley de Seguridad Nacional, el gobierno de Felipe Calderón ideó una estrategia para debilitarlo. El secretario de Gobernación, Francisco Blake, llamó de última hora a un grupo de personajes para crear otro frente ciudadano que defienda su propuesta de ley y fortalezca la idea de una confrontación entre las agrupaciones civiles.

Ante ello, el poeta Javier Sicilia advierte que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad no menguará sus tareas ni entrará en el juego de una estrategia del Ejecutivo para debilitarlo, porque la fuerza del movimiento que encabeza está en la defensa de las víctimas y no en intereses particulares o políticos.

El martes 16, la Secretaría de Gobernación (Segob) organizó un encuentro con organizaciones civiles y empresariales para hablar de la Ley de Seguridad Nacional, e invitó a Isabel Miranda de Wallace, quien de inmediato se pronunció por la aprobación de ésta. A su vez, María Elena Morera, lideresa de Causa Común, hizo lo mismo en una entrevista radiofónica, emulando al empresario Alejandro Martí, quien un día antes se había manifestado en dicho sentido.

No es coincidencia, señala Sicilia en entrevista con Proceso al término del reinicio del diálogo con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con la cual se llegó al acuerdo de debatir los cambios propuestos al mencionado proyecto de ley.

“Hay que tomar en cuenta que esto lo están haciendo previo al reinicio del diálogo con el Legislativo y el Ejecutivo. Todo parece indicar que tienen la intención de dividirnos. Quieren crear nuevos interlocutores para que nuestra presencia se pierda, pero no vamos a entrar en esa pelea”, aclara el poeta.

Sicilia recuerda que desde el inicio del Movimiento por la Paz invitaron a unirse a Martí, Morera y Miranda de Wallace, de quienes recibieron apoyos, pero cada uno decidió tomar su propio camino.

“Nosotros los hemos apoyado a ellos también, pero si han tomado la decisión de respaldar  la iniciativa del Ejecutivo, esa es su voluntad y la respetamos. Nosotros insistimos en que la Ley de Seguridad Nacional debe ser cambiada por una propuesta humanista, ciudadana, de respeto a los derechos humanos”, sostiene.

Mientras el Movimiento por la Paz ha dado espacio a otras agrupaciones de víctimas de la guerra que declaró Calderón al narcotráfico, prosigue, Martí, Morera y Miranda de Wallace han encabezado esfuerzos individuales de víctimas de la inseguridad pública.

Aun así, insiste en que todos son víctimas y en que el debate que se quiere dar en algunos medios es falso, “porque no existe una pelea por el liderazgo del movimiento de víctimas.

“Nosotros no vamos a entrar a ese debate, no buscamos ser los líderes y además respetamos a todas las organizaciones de víctimas que hay en el país.

“Aunque todos somos víctimas, nuestro movimiento les ha dado la voz que no tenían en los últimos cuatro años, no se les escuchaba ni tenían los espacios que hoy hemos ganado. Eso nos da la fuerza y la unidad que difícilmente podrán debilitar con esta estrategia.”

Sicilia reitera que el tema principal son las víctimas y que por ello están exigiendo una Ley de Seguridad Nacional con perfil ciudadano, que proteja los derechos humanos y que no le dé carta abierta al Ejecutivo para usar a su discreción las Fuerzas Armadas en situaciones de seguridad pública.

“No hay que olvidar eso: las víctimas necesitan justicia y no un enfrentamiento, como el que al parecer intenta construir el Ejecutivo, entre distintas organizaciones. Por eso nosotros no vamos a entrar en ese debate falso, pues si lo hiciésemos generaríamos condiciones de debilidad, y eso no beneficia a nadie, menos a las víctimas. Lo que me parecería muy grave es que el Ejecutivo esté tratando de armar este conflicto sólo para debilitar el movimiento. Las víctimas están unidas en el mismo camino del dolor y no están polarizadas.”

Ciudadanos a modo

Con credenciales de ciudadanos, arrogándose la representación de la sociedad civil, un reducido grupo de víctimas de la delincuencia se asimiló a la parafernalia oficial, según se desprende de un seguimiento que Proceso hizo de las declaraciones y discursos de quienes hoy respaldan sin reparo la propuesta oficial de reforma en materia de seguridad nacional.

Conocida por realizar su propia investigación sobre el secuestro de su hijo, Mario Alberto Wallace, ocurrido en 2005, María Isabel Miranda de Wallace se ha convertido en una figura pública que encabeza la Asociación Alto al Secuestro y que, en 2010, recibió de Felipe Calderón el Premio Nacional de Derechos Humanos.

Hoy, Miranda de Wallace participa activamente en diversas iniciativas y eventos presidenciales sin ocultar su admiración por Calderón. Tan sólo en 2011 ha acudido como invitada de honor al menos a ocho actos oficiales.

El 9 de mayo, al concluir la marcha encabezada por Javier Sicilia de Cuernavaca al Zócalo capitalino, el poeta pidió la renuncia del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Miranda se pronunció de inmediato en contra de esa exigencia y hasta descalificó la pluralidad de los participantes en el movimiento.

“El problema fue que no se respetó el espacio ciudadano. Javier Sicilia intentó tener una incursión netamente ciudadana como un cauce de rechazo a la violencia; sin embargo, se infiltraron diversos grupos, entre ellos el SME o gente involucrada con secuestros, haciéndose pasar por víctimas, que nada tenían que ver con el movimiento”, dijo a El Universal.

Miranda acude con frecuencia a actos de la SSP y la PGR, además de los organizados por la Presidencia, inclusive con motivo de temas que nada tienen que ver con el secuestro, la bandera con la que se aproximó al poder. Por ejemplo, el 13 de julio participó en Los Pinos como invitada de honor en la promulgación de las reformas en materia de trata de personas.

Antes, el 13 de enero, acompañó al subsecretario de Gobernación, René Martín Zenteno, a presentar la Cédula de Identidad para menores de edad, rechazada por organismos públicos como el Instituto Federal de Acceso a la Información, que la considera excesiva, y por organismos civiles que denuncian un fichaje violatorio de derechos fundamentales.

Al ponerse en marcha la segunda etapa de ese programa, en un evento realizado el 10 de junio, en Baja California Sur, Miranda explicó en qué consiste la cédula.

“Ustedes (niños) son únicos en todo el universo. Creo que eso es muy importante que lo tengamos claro. Porque eso nos permite saber lo genuinos que podemos ser por la creación. Yo soy creyente. Yo creo en Dios, y creo que Dios, Nuestro Señor, ahí es donde se ve la mano, que no hizo dos igualitos. Somos tan importantes para Él y, en este caso, también para el presidente.

“Y quiero resaltar lo que yo siempre he admirado del presidente de la República. Aunque a veces me critiquen y me digan que lo defiendo, pero creo en esta lucha que él ha emprendido, creo en sus valores, señor presidente. Creo que ha luchado contra viento y marea en tiempos difíciles, políticos. Y qué pena que algo tan noble como esto también se lleve a la política”, expresó.

Otro personaje que de la denuncia pasó a la promoción del gobierno es Alejandro Martí, cuyo hijo Fernando fue secuestrado y asesinado en 2008. El empresario, quien popularizó la expresión “Si no pueden renuncien”, rápidamente se asimiló al discurso oficial y en mayo de 2009 proclamaba en Monterrey:

“Definitivamente, el Ejército mexicano ha sido héroe en esta guerra, en esta batalla, y no nos cabe la menor duda de que el pueblo entero está con nuestro presidente en esta lucha. También queremos decir que vemos con una gran admiración el esfuerzo que el Ejército y la policía están realizando.”

Los cabilderos

De mayor trayectoria en el activismo por la seguridad, María Elena Morera alcanzó notoriedad tras el secuestro de su marido, Pedro Galindo, en 2001.

A diferencia de Wallace y Martí, Morera tiene una posición crítica ante la militarización y se pronuncia por atacar las estructuras financieras del hampa.

Sin embargo, en corto, Morera, quien encabeza la agrupación Causa Común, ha propuesto al Movimiento por la Paz reuniones privadas con García Luna.

En una entrevista concedida por Eduardo Gallo Tello al reportero Álvaro Delgado, en mayo pasado, el activista –cuya hija fue secuestrada y asesinada tras un fallido rescate en junio de 2001– advirtió que los liderazgos  son cooptados por el gobierno a partir de una serie de prebendas; en el caso de Morera, uno de sus hijos forma parte del staff de García Luna (Proceso 1801).

Gallo denunció que los líderes sociales son cooptados por el gobierno, que oferta cargos públicos, recursos e invitaciones a eventos “en los que es posible codearse con altos miembros del poder público”, lo cual, sostuvo, es muy seductor para algunos.

Sin embargo, también Eduardo Gallo le ha entrado al cabildeo en el Movimiento por la Paz, pues propuso en mayo una reunión privada con Manlio Fabio Beltrones, entre otros personajes.

Comparsa empresarial

Invitado frecuente de Felipe Calderón –sólo en 2011 ha participado oficialmente en 14 actos presidenciales, cuatro como anfitrión–, Jorge Dávila Flores, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) es el activo promotor gubernamental entre el empresariado.

El 25 de febrero de 2010, Calderón lamentó que en el ámbito internacional hubiera una mala percepción del país, culpó a los medios de comunicación y dijo que hablar mal de México “parece deporte nacional”.

La Canaco desplegó una campaña llamada “Hablemos bien de México” y, el pasado 25 de enero, durante la Convención Nacional de Turismo,  presentó la segunda etapa, llamada “Hablemos y actuemos bien por México”.

“Todos, absolutamente todos los mexicanos de todas las edades y condiciones debemos ser partícipes en esta labor de hablar y actuar bien por México”, proclamó Dávila Flores por las fechas en que se conoció la cifra de 40 mil muertos por la guerra de Calderón.

El mandatario acogió gustoso la campaña, momentos antes de decretar el 2011 como el “Año del turismo en México”.

A diferencia del dirigente de la Concamin, Salomón Presburguer –cuyas intervenciones son críticas, inclusive delante de Calderón–, y de Mario Sánchez Ruiz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) –cuya cercanía personal al mandatario no implica elogios constantes–, Dávila Flores hasta se ha prestado al golpeteo del Movimiento por la Paz.

El 12 de abril, luego de que Sicilia encabezara la primera marcha a la Ciudad de México, con la consigna “Ya Basta”, Dávila Flores expuso en una comida con empresarios en Torreón:

“Reconocemos en el presidente su esfuerzo en la lucha contra el crimen organizado que afecta a todos los mexicanos. Claudicar en la lucha sería un error. Lamentamos profundamente la pérdida de vidas inocentes, por lo que decimos un ‘Ya basta’ a los criminales, quienes sin ningún pudor asesinan a niños y jóvenes arrancándoles la vida y cortando con ello su futuro y aspiraciones”, expresó en un discurso casi calcado del de Calderón.

Calderón lanzó así su propio “Ya basta”, en medio de una campaña discursiva que durante casi un mes descalificó al Movimiento por la Paz. (Proceso 1801.)

El 31 de abril, Dávila Flores conminó a los medios de comunicación a hablar bien de México y destacó el Acuerdo por la Cobertura Informativa de la Violencia, producto de Iniciativa México.

“Este acuerdo permitirá poner en su justa dimensión los hechos de violencia en el país. En este sentido, señor presidente, queremos reconocerle su determinación en la lucha contra el crimen organizado”, recalcó.

El 15 de junio, Calderón emitió un mensaje en el que llamó a los diputados a abrir un período extraordinario de sesiones para aprobar las reformas a las leyes Laboral y de Seguridad Nacional, entre otras, y dar el último tirón del sexenio. Repitió su exhorto ante el CCE. Dávila Flores replicó el 20 de junio:

“El llamado que hizo el presidente Felipe Calderón a los integrantes del CCE es de suma importancia para lograr que en el último tramo de su sexenio no se afloje el paso y se fortalezca la economía nacional”, dijo.

Objetivo: polarizar

Emilio Álvarez Icaza, operador político del Movimiento por la Paz, llama la atención sobre el hecho de que, de última hora, el gobierno federal invite a un grupo de ciudadanos a debatir la Ley de Seguridad Nacional. Sin embargo, precisa que tienen el derecho a dar su opinión y a ser tomados en cuenta.

“Son personas y organizaciones que del Movimiento por la Paz tienen la más alta consideración y respeto. Ha habido encuentros y desencuentros, acercamientos y alejamientos con algunos de ellos; hemos manifestado algunas reservas públicas sobre algunos temas de la agenda, como en la reforma constitucional sobre derechos humanos”, señala.

“Lo que a mí me preocuparía es que se pudiese dar un escenario de promoción de parte de la autoridad, del gobierno federal, de un debate entre víctimas. No porque no se reconozca la capacidad, el derecho o la libertad de los interlocutores de lo que deben hacer en sus propios términos: eso de suyo está por demás decirlo; sino porque se crearían espacios y foros para alentar esta discusión”, reitera.

–¿No hay ánimo de entrar en el debate que está siendo construido?

–No vamos a entrar a un debate con otras víctimas. Cada persona u organización está en libertad y derecho de expresar su propia valoración de la Ley de Seguridad Nacional. En todo caso me parece que habrá que tener claro que el actor para la construcción del instrumento jurídico es el Congreso; que hay que tener el diagnóstico de las causas de este conflicto y las consecuencias de la violencia, de esta guerra que durante cuatro años estuvo en el discurso de Calderón, y que luego cambió también en el discurso, no en el ámbito de la toma de decisiones. También, que el interlocutor es el gobierno federal.