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Exmilitares, los policías detenidos por la desaparición de normalistas/ Juan Veledíaz.

Revista Proceso #2028, 13 de septiembre de 2015..
Exmilitares, los policías detenidos por la desaparición de normalistas/ Juan Veledíaz.
Documentos de la Sedena obtenidos por este semanario mediante la Ley de Transparencia señalan que 14 de los expolicías de Iguala y Cocula detenidos por su presunta participación en el “operativo coordinado” contra los estudiantes de Ayotzinapa –como lo califica el Grupo Interdisciplinario de Especialistas Independientes– tenían formación castrense. Más todavía: según los radiogramas y mensajes internos del Ejército, las acciones del 26 de septiembre fueron monitoreadas por el Grupo de Análisis de Orden Interno de la 35 Zona Militar de Chilpancingo. Estos datos y antecedentes sugieren que la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 operó un brazo paramilitar en la ­desaparición de los 43 normalistas.
Felipe Flores Velázquez tenía las puertas abiertas en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero. Solía contar a sus allegados que fue parte del destacamento de esa unidad durante varios años. Ahí, decía, tomó su Curso de Adiestramiento Básico Individual (CABI), considerado de primer nivel en el aprendizaje castrense para el uso de armamento, conocimiento de los servicios e importancia de la información en operaciones militares.
 Flores Velázquez fue soldado en ese batallón  desde 1981. En febrero de 1988 ascendió a cabo, pero meses después, en julio de 1989, desertó, según el extracto de su memorial de servicios entregado a Proceso por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con base en la Ley de Trasparencia.

 En septiembre de 2014, Flores Velázquez era el jefe de la Policía Municipal de Iguala, cuando los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos fueron agredidos y posteriormente desaparecieron 43 de sus compañeros. Desde entonces está prófugo.
 Él es uno de los personajes clave en la desaparición de los normalistas de ­Ayotzinapa; igual que César Nava González, exsubdirector de la policía de Cocula, quien también fue soldado del mismo cuerpo castrense, de acuerdo con los documentos de la Sedena.
 Nava González se incorporó al Ejército en enero de 1996, año en que surgió el Ejército Popular Revolucionario (EPR), y desertó en octubre de 1999, se lee en los documentos. Y aunque los renglones donde se mencionan las unidades donde prestó sus servicios están tachados, en las fojas se puede leer que Nava González pasó de la infantería al cuerpo de transmisiones militares.
 En términos castrenses, eso significa que se “reclasificó”, lo que implica que fue entrenado en la utilización de instrumentos de radiocomunicación; intercepción de redes alámbricas e inalámbricas; operaciones para enlazar puestos de mando; uso de medios ópticos, como bengalas; paineles (señales entre fuerzas terrestres y aéreas) y señales de brazo, aplicables en operaciones tácticas.
 Por sus antecedentes, la preparación táctica de Nava González estaba documentada en el 27 Batallón y en la comandancia de la 35 Zona Militar en Chilpancingo.
 César Miguel Peñaloza, alcalde de Cocula, declaró en la PGR que el general Alejandro Saavedra Hernández, cuando estuvo al frente de la comandancia en la capital del estado, fue quien recomendó a otro militar, Salvador Bravo Bárcenas. Éste ocupó el cargo de director de la policía municipal, y pese al cargo no le rendía cuentas, publicó el diario La Jornada en diciembre del año pasado.
 La información de la Sedena admite que, además de Flores Velázquez, Nava González y Bravo Bárcenas, por lo menos 11 de los policías de Cocula e Iguala detenidos por su participación en el asesinato de seis personas y la desaparición de los 43 estudiantes la noche del 26 de septiembre de 2014 tienen antecedentes en la milicia. Esto implica que contaban con un nivel de adiestramiento militar.
 Con excepción del prófugo Flores Velázquez, en las hojas de actuación de la dependencia de 14 de los presuntos implicados en las desapariciones de septiembre pasado, también están tachados los nombres de las unidades en las que sirvieron y los cursos que recibieron en su paso por el Ejército.
 Bravo Bárcenas, exdirector de la policía municipal de Cocula e identificado en versiones periodísticas con el grado de mayor, es sargento segundo, de acuerdo con su memorial de servicios. Ingresó al Ejército como soldado en mayo de 1988 y se retiró en enero de 2010. Fuentes militares lo ubican como exintegrante del 27 de Infantería, pero el espacio donde está ese dato se encuentra tachado en los documentos de la Sedena.
 Darío Morales Sánchez, expolicía de Cocula que fue soldado de 1996 a 1999, y el sargento Honorio Antúnez Osorio, exagente en Iguala que ingresó al Ejército en 1984 y se retiró en 2005, se formaron en el área de materiales de guerra; por lo tanto, están especializados en la fabricación y mantenimiento de armamento.
 Los graduados de esta escuela ubicada en Santa Fe, en la Ciudad de México,  saben por lo menos fabricar granadas y explosivos, dice una fuente perteneciente a esta rama de la milicia.
 Los otros expolicías municipales detenidos vinculados con el Ejército son Zulaid Marino Rodríguez, quien fue soldado entre 1996 y 2002; Juan Luis Hidalgo Pérez, con antecedentes castrenses de 1996 a 2004; Francisco Martínez Díaz, de 1998 a 2000, año en que abandonó la milicia y desertó; Miguel Ángel Hernández Morales, policía militar de 1998 a 2003; Nicolás Delgado Arellano, de 1990 a 1996; Wilbert Barrios Ureña, de 2009 a 2013, e Ignacio Hidalgo Segura, quien en 1991 desertó.
 El factor contrainsurgente
 José Martínez Crespo se convirtió de repente en el capitán más “famoso” del Ejército. Su nombre es de los pocos que aparecen, junto al del coronel José Rodríguez Pérez, como referente en el despliegue de tropas del 27 Batallón de Infantería la noche en que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa.
 Por su currículum, se sabe que él formó parte de la antigüedad 1987-1991 del Colegio Militar. Contemporáneos suyos comentan que hasta hace algunos años estaba adscrito a la Policía Judicial Militar. En 2006, el capitán Martínez Crespo prestaba sus servicios en el 23 Batallón de Infantería en Chihuahua.
 La noche del 26 de septiembre de 2014, el capitán Martínez Crespo era uno de los oficiales de vigilancia del cuartel, Y, como tal, recibió la orden del comandante del batallón, el coronel Rodríguez Pérez, para que saliera al mando de una Fuerza de ­Reacción integrada por 21 elementos, a los que más tarde se sumaron otros 12, para atender un llamado de militares del área de inteligencia que monitoreaban desde el atardecer el arribo de un grupo de estudiantes a bordo de autobuses provenientes de Chilpancingo.
 Martínez Crespo estuvo en los lugares del ataque contra los normalistas, como el crucero de la calle Juan N. Álvarez con Periférico Norte, donde reportó el hallazgo de dos cadáveres. De ahí se dirigió al hospital Cristina, donde interrogó a los normalistas que se encontraban en ese sitio acompañando a sus compañeros heridos.
 Personal del área de inteligencia fotografió a los estudiantes; algunos militares incluso amenazaron a los normalistas mientras otros tomaron sus datos.
 Mensajes en Formato Criptográfico Arcano (FCA) –un sistema computarizado de envío de comunicaciones encriptados que sólo pueden leer quienes cuentan con las claves de inteligencia militar de la Sección Segunda del Estado Mayor de la Defensa–mostraron que, después de los ataques y hasta las seis de la mañana siguiente, dos unidades de la Fuerza de Reacción patrullaron las calles, constataron la presencia de cadáveres tirados en la vía pública, se presentaron en los hospitales donde estaban los heridos y estuvieron al tanto de las balaceras y los diferentes ataques (­Proceso 2003).
 Los documentos desclasificados vía Ley de Transparencia publicados en marzo último por este semanario bajo la autoría de la reportera Marcela Turati (Proceso 2003), citados en el informe del Grupo Interdisciplinario de Especialistas Independientes (GIEI) presentado el domingo 6, muestran también que un área especial del Ejército especializada en contrainsurgencia estuvo al tanto de lo que pasó la noche del 26 de septiembre en Iguala.
 Los mensajes enviados por la SIIO del 27 de Batallón de Infantería al general Hernández Saavedra, entonces comandante de la 35 Zona Militar en Chilpancingo, iban dirigidos también al Grupo de Análisis de Orden Interno (GAOI), encargado de analizar la información procedente de organizaciones armadas, como el EPR, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (­ERPI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
 Si intervino el GAOI es porque sus integrantes consideraron a los estudiantes como subversivos por los antecedentes de la escuela normal de Ayotzinapa, vigilada e infiltrada desde tiempo atrás por inteligencia militar, dice a Proceso una fuente del Ejército que pide reservar su identidad.
 Guerrero es uno de los estados donde opera un grupo especial de inteligencia que no depende de la zona ni de la región militar, sino directamente del Estado Mayor de la Defensa, señala otro oficial que ha sido profesor de la Escuela Militar de Inteligencia y ha trabajado en esta área en varias comandancias territoriales del interior del país.
 Esa instancia es dirigida por la Subsección de Asuntos Especiales de la Sección Segunda –inteligencia militar– del Estado Mayor de la Defensa, según los entrevistados, y ha tenido varios nombres, entre ellos Orión.
 Opera en Puebla, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Veracruz. Su misión es exclusivamente dar seguimiento a organizaciones armadas y actuar contra sus miembros. Son los “activos” detrás de la llamada Guerra Sucia. Cuando el EPR hizo su aparición pública en 1996 se reactivaron, y estuvieron en operación aun durante los gobiernos panistas.
 La posibilidad de que el capitán Martínez Crespo perteneciera a este grupo fue desechada por las dos fuentes castrenses consultadas por separado. Los integrantes de estas organizaciones, dicen, operan vestidos de civil, no responden a los mandos de batallón, zona o región, que también tienen sus propios órganos de búsqueda de información de inteligencia, y sólo utilizan las bases militares en ocasiones para pernoctar.
 Si se menciona a Martínez Crespo se debe a que existe la posibilidad de que sea la única fuente que responda a los cuestionamientos; él sabe hacerlo, consideran los entrevistados
 Coordinación y adiestramiento
 El nivel de coordinación que existió la noche del viernes 26 de septiembre de 2014 y la madrugada del sábado 27 sugiere que hubo un mando central detrás de la operación de los cuerpos policiacos de Cocula e Iguala y los civiles armados que atacaron y plagiaron a los estudiantes, dice el informe del GIEI presentado el domingo 6.
 “El nivel de intervención de diferentes policías y escenarios y de los ataques en distintos momentos que muestran los documentos, testimonios y peritajes evaluados por el GIEI, da cuenta de la coordinación y mando existente para llevar a cabo dicha acción. La necesidad operativa de coordinación entre fuerzas de dos cuerpos policiales municipales diferentes (Iguala y Cocula), y al menos 18 patrullas municipales y una de protección civil que intervinieron esa noche, señalan la necesidad de un nivel de coordinación central que dio las órdenes”, destaca el informe.
 El documento registra los momentos en los cuales aparecen militares en retiro pero en funciones de policía, como el soldado Miguel Ángel Hernández Morales, quien declaró que a bordo de la patrulla 2291 interceptó uno de los autobuses en la calle Zapata, esquina con Álvarez, donde algunos estudiantes descendieron del vehículo para arrojarle piedras, por lo que tuvo que hacer disparos al aire para salir del lugar.
 Los policías de Cocula que presuntamente intervinieron en la operación declararon que transportaron entre ocho y 10 estudiantes al lugar conocido como Loma de Coyote, donde estaba instalado un filtro de agentes de Iguala. “Uno de los ­imputados, Jesús Parra Arroyo, dijo que ya se encontraba en ese lugar la patrulla de (Roberto) Pedrote, policía de Cocula, quien según Bravo Bárcenas pertenecía al grupo de confianza de (César) Nava y era exmilitar del 27 Batallón. Según este testimonio, en ese lugar habrían entregado a los muchachos a la policía de Iguala”.
 La aparición en diferentes puntos de los agentes con formación castrense en funciones de policía revela que, por su condición de retirados, estaban identificados por los agentes de inteligencia militar del 27 Batallón desplegados en el terreno. Los oficiales de tropa y oficiales en calidad de retirados que realizan funciones policiacas están considerados por el Ejército como “órganos de búsqueda de información”, dice una tercera fuente castrense consultada en la Ciudad de México, que pide no citar su nombre.
 Los comandantes de batallón, zona y región militar tienen el registro de los retirados que están en seguridad pública y les ordenan periódicamente asistir a los cuarteles; también les informan sobre el panorama político, económico y social de la comunidad, poblado o municipio donde se encuentran.
 En el caso de los 14 expolicías con antecedentes militares presuntamente involucrados en la desaparición de los 43 normalistas, su condición no es diferente. Al ser algunos recomendados por el mando militar, su conexión implica algo más que asistir a eventos cívicos, como Flores Velázquez, Bravo Bárcenas y Nava González, enlaces de la conexión paramilitar con los sucesos en los que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa. l

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