Revista Proceso #2028,
13 de septiembre de 2015..
Los “sicarios”, sólo
albañiles torturados/ANABEL HERNÁNDEZ Y STEVE FISHER
Los resultados de la investigación de los expertos de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos –la cual echa por tierra la existencia de la
pira funeraria masiva– no es el único golpe a la versión de la PGR sobre el
caso Ayotzinapa. Ahora hay otro torpedo disparado a la línea de flotación de la
“verdad histórica” del exprocurador Jesús Murillo Karam: las confesiones de los
supuestos sicarios que hablaron de la quema en un basurero de Cocula de los
cuerpos de los normalistas… Fue obtenida mediante el recurso de torturar a
cuatro albañiles.
Pero el sábado 5, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes
(GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó que en
realidad tal cremación nunca ocurrió.
Ahora se sabe, por el examen médico practicado en la PGR a Rodríguez
Salgado y los testimonios de sus familiares, que los albañiles fueron torturados.
En sus conclusiones, el GIEI, basado en un peritaje forense independiente,
concuerda: quienes “confesaron” el asesinato y cremación de estudiantes fueron
coaccionados mediante tortura.
La PGR afirmó en noviembre de 2014 que Reyes Landa, Osorio y García Reyes
confesaron haber triturado los restos de los estudiantes y haber metido sus
cenizas en bolsas que dejaron o vertieron en el río San Juan.
En realidad ninguno de ellos declaró eso. Según lo prueban sus
declaraciones ministeriales –de las cuales se tiene copia–, ese argumento fue
inventado por la PGR.
Desde diciembre pasado los autores de este reportaje –en colaboración con
Proceso y el Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de
California en Berkeley– revelaron la participación del Ejército y la Policía
Federal en los ataques contra los normalistas el 26 de septiembre (La verdadera
noche de Iguala, Proceso 1989); que fueron cinco los autobuses involucrados y
no cuatro, como decía la PGR; y que los estudiantes fueron monitoreados en todo
momento por los gobiernos federal y estatal. El GIEI confirmó esto en su
investigación.
Para el presente reportaje se entrevistó a las familias de tres de los
albañiles con quienes la PGR fabricó su “verdad histórica”.
Fabricada a golpes
“Treinta y nueve confesiones de los policías, hasta los que actuaron
materialmente; 487 peritajes; 386 declaraciones; 153 inspecciones
ministeriales; todas vinculadas y consistentes para ratificar los hechos aquí
señalados. Estos y muchos otros elementos aportados durante la investigación
permitieron realizar un análisis lógico causal y llegar sin lugar a dudas a
concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad,
privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan, en ese orden. Esta
es la verdad histórica de los hechos”, afirmó el entonces procurador Jesús
Murillo Karam el pasado 27 de enero, en una conferencia de prensa en la cual
prácticamente dio por cerrado el caso.
Ese día la PGR presentó los testimonios videograbados de Patricio Reyes
Landa, Jonathan Osorio Cortez, Agustín García Reyes y Felipe Rodríguez Salgado.
Los videos, sin embargo, nada tienen que ver con el contenido de las
declaraciones ministeriales que rindieron aquéllos y de las cuales se obtuvo
copia. Además, los testimonios rendidos ante el Ministerio Público tienen
contradicciones y diferencias sustanciales entre sí.
Rodríguez Salgado grabó un video para la PGR, pero nunca hizo una
declaración ministerial, explica uno de los abogados involucrados en el caso y
consultado para esta investigación. Agrega que Felipe fue ingresado el 18 de
enero al penal El Altiplano y según los documentos obtenidos en un juzgado de
procesos penales federales en Tamaulipas, se reservó el derecho a declarar.
Añade que lo dicho en el video no tiene validez legal.
“El 26 de septiembre recibí una llamada como a las once de la noche del
tal mentado Cepillo o El Terco, que le dicen (corte de video)… él me hizo esa
llamada a las once de la noche, que me alistara con los chavos”, dice Patricio
en el video presentado el 27 de enero por Murillo Karam. Pero en los
testimonios formales, todos los acusados hablan de horas distintas del momento
en el cual se les habría ordenado agruparse.
En su declaración ministerial, Jonathan afirmó que se reunieron a las
20:30 horas; él fue con Patricio, Agustín y otros cinco en una camioneta
Nissan. Reyes Landa dijo que se reunieron a las 23:30 horas y Felipe pasó por
él en esa camioneta, con personas distintas a las nombradas por Jonathan.
Agustín, sin mencionar una fecha, dice que pasaron por él a las tres de la
mañana.
“Y ahí donde está la entrada de Iguala hay un lugar que se llama Loma de
Coyote. Nos metimos y ya nos estaba esperando una camioneta de municipales de
Iguala”, dijo Patricio en el video.
En un testimonio videograbado en enero de 2015, Rodríguez Salgado dice
que los policías le entregaron a los estudiantes; que después encontró a
Patricio en el camino. Jonathan y Agustín, en sus declaraciones, aunque
aseguran que iban con Patricio, nunca hablan de los policías municipales.
En su declaración ministerial Agustín afirmó que transportaron a cuatro
de los estudiantes en una camioneta Nissan Estaquitas y que todos estaban
vivos. Jonathan y Patricio, refiriéndose a esos mismos cuatro, dijeron que uno
estaba muerto, con una herida en la cabeza.
Jonathan afirma que a las 22:00 o 22:15 horas llevaron a los estudiantes
al basurero; sin embargo, a esa hora apenas estaban ocurriendo los ataques en
Iguala y aún no habían sido secuestrados los normalistas.
Según esa misma supuesta confesión, Jonathan señala que a los estudiantes
los dividieron en grupos para matarlos y que a uno de ellos, apodado Cochiloco,
y a otro los asesinaron por separado.
Agustín dijo que a varios los amontonaron, incluyendo al Cochiloco, y los
ejecutaron a tiros; a otros los hicieron caminar hasta el fondo del basurero y
ahí los mataron a golpes. Jonathan dijo que a todos los asesinaron en la parte
superior del basurero y luego los lanzaron desde ahí hasta el fondo.
De acuerdo con la inspección del GIEI, por la profundidad y declive del
terreno era imposible aventar los cuerpos desde arriba: “Dado que la pendiente
del basurero habría frenado la caída”.
Agustín y Jonathan firmaron la confesión donde dicen que recogieron las
cenizas el 27 de septiembre y las tiraron al río San Juan, pero según la
declaración de Patricio, eso ocurrió el día 28. De acuerdo con Agustín, tiraron
las bolsas directamente al río, pero según Jonathan, estando en la casa de
Patricio llegó Felipe con tres personas más “que llevaban cuatro costales
negros de ceniza, la cual fueron a tirar al río”.
El 7 de noviembre de 2014, cuando la PGR dijo por primera vez que los
estudiantes habían sido cremados, Murillo Karam afirmó que Jonathan, Agustín y
Patricio habían confesado haber triturado los restos carbonizados:
Pero ninguno de los detenidos dijo ante el Ministerio Público haber
triturado los huesos ni haber vaciado o tirado completas las bolsas de ceniza.
El GIEI analizó los dictámenes médicos practicados a 80 detenidos por la
PGR entre octubre y diciembre de 2014, relacionados con el caso: policías
municipales de Iguala y Cocula y presuntos miembros de Guerreros Unidos. De
ellos, 77% presentaba lesiones.
“El análisis en conjunto de las lesiones existentes permite constatar que
los detenidos mostraban muy frecuentemente cuadros de policontusión con
lesiones traumáticas de distinta intensidad y localización”, señala el informe
elaborado por el doctor Francisco Etxeberria Gabilondo, especialista en
medicina legal y forense, incluido en los resultados del GIEI.
“Con esos pendejos vamos a tapar el caso”
Jonathan Osorio, de 20 años, era ayudante de albañil y taquero en la
Ciudad de México, donde tiene familiares. La señora Elena, su madre, señala que
cuando no había trabajo, limpiaba maíz o ponía fertilizante. Iba y venía de la
Ciudad de México por temporadas. Como otras familias de Cocula, ella también
necesitó mucho tiempo del Programa Oportunidades para sobrevivir.
Jonathan llevaba algunos meses en Cocula y cuando la maestra Delgado le
ofreció trabajo en Apetlanca para poner postes para una cerca, aceptó. Ahí se
encontró con Patricio, a quien sólo conocía de vista. Ahora la PGR lo acusa de
ser halcón de Guerreros Unidos.
Le contó a su madre que a él y a Patricio los detuvieron a las nueve de
la mañana personas vestidas de civil; los golpearon y torturaron. “Los que los
agarraron dicen que los golpes eran porque se echaron a correr, que por eso
iban golpeados”. Pero la historia es distinta.
Su hijo le contó que le amarraron las manos y lo asfixiaban con una bolsa
de plástico; que perdió el sentido tres veces. Le echaron agua fría y hielo
para reanimarlo. También le dieron toques eléctricos. “A él le salieron costras
en sus testículos; al otro muchacho hasta le pusieron la pistola dentro de la
boca”, narra la señora Elena.
“Cuando los subieron al helicóptero para trasladarlos, les decían que si
aventaban a uno, nadie se iba a dar cuenta”. En el helicóptero escuchó decir a
alguien: “Con estos pendejos vamos a tapar el caso.”
“Pude ver a mi hijo al otro día que lo detuvieron. (…) Apenas lo pude ver
cinco minutos, le vi un golpe en su cara del lado izquierdo y le pregunté: ‘¿Te
pegaron?’ Sólo me dijo: ‘No te preocupes, mamá’”.
La mujer fue en diciembre a levantar una queja ante la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos. El día que estaba aprobada su visita al centro de
arraigo, enviaron a Jonathan al Centro Federal de Readaptación Social de
Tepic, Nayarit. No fue sino hasta los pasados martes 1 y miércoles 2 cuando le
aplicaron el Protocolo de Estambul.
Pocos días después de su arresto, las autoridades llevaron a Jonathan en
un helicóptero al basurero de Cocula, donde la PGR grabó el video que luego
Murillo Karam mostró en su conferencia del 7 de noviembre. Asegura que ahí le
indicaron todo lo que tenía que hacer y decir antes de grabar.
Felipe
Felipe, de 25 años, laboraba con el papá de Diana, su esposa, una maestra
de secundaria; cuando no había trabajo en la construcción, pastoreaba vacas y
chivos.
Diana trabaja fuera de Cocula. Dice que llegó a su casa el viernes 26 de
septiembre a las dos de la tarde. Felipe estaba en casa de su abuela, donde
viven su mamá y sus tíos. Esa noche él la llevó a cenar a las 21:30 horas a un
puesto de antojitos, a unos pasos de su casa. Según la PGR, a esa hora Felipe
encabezaba la ejecución de los normalistas.
De regreso, Felipe se quedó en la calle tomando una cerveza con un amigo
y luego entró a su casa. Ahí pasó toda la noche con su esposa. Ella dice que el
27 de septiembre pasaron todo el día en casa de la abuela de él. El domingo 28
ella se fue a su trabajo.
En octubre le dijo que estaba desesperado por no encontrar trabajo y que
se iba a ir a Estados Unidos con sus hermanos. Y lo intentó el 20 de octubre.
Una semana después llegó la policía a su casa; él estaba en Caborca, Sonora.
Diana le telefoneó para reclamarle la visita de las autoridades. “¿Por eso te
fuiste, verdad?” Le aseguró que no. Durante varias semanas no supo de él.
Felipe cruzó la frontera pero se quedó varado en el desierto. Ya había
una orden de aprehensión en su contra. Las autoridades migratorias lo
detuvieron. Él dio su nombre, le tomaron fotos y lo deportaron.
Hizo contacto con su esposa y volvió a su casa el 11 de enero de 2015. Se
vieron apenas unas horas y ella se fue a su trabajo. Diana afirma que lo
detuvieron el 14 de enero en Cocula. La PGR dice que fue capturado el día 15 en
el estado de Morelos. Ella no lo pudo visitar hasta el 17 de enero y lo vio muy
lastimado y con ropa que no era la suya, pero él no quiso decirle lo que pasó.
Pero a su mamá sí le contó sobre la tortura que padeció.
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