Revista Proceso #2028,
13 de septiembre de 2015..
La investigación oficial: un catálogo de deficiencias/GLORIA LETICIA DÍAZ
El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)
sobre el caso Ayotzinapa escarbó muy hondo en la investigación oficial. No sólo
descubrió que la “verdad histórica” de que los normalistas fueron incinerados
ya se defendía desde antes incluso de que “los ejecutores” declararan. También
detectó que hubo un quinto autobús involucrado, que no se tomó declaración a
los choferes, que la propia autoridad borró un video fundamental, que algunas
zonas del crimen ni siquiera se revisaron, que las autopsias estaban mal hechas
y que 77% de los detenidos presentaban lesiones semejantes a las causadas por
tortura…
De más de 500 hojas, el documento divulgado el domingo 6 y conocido en la
víspera por los padres de los jóvenes desaparecidos no es otra cosa que un
análisis minucioso del expediente oficial de 115 tomos. El trabajo del GIEI
detecta inconsistencias y ausencias, y pone especial atención en confirmar o
descartar la viabilidad jurídica de la “verdad histórica” decretada el 27 de
enero por el entonces procurador Jesús Murillo Karam.
De los avances del GIEI fue enterada la sucesora de Murillo, Arely Gómez,
durante los primeros seis meses de trabajo de ese grupo, integrado por los colombianos
Ángela Buitrago y Alejandro Valencia; la guatemalteca Claudia Paz y Paz, el
chileno Francisco Cox y el español Carlos Martín Beristáin.
Por eso no hubo sorpresas cuando el viernes 4 los cinco expertos,
reconocidos internacionalmente por su trabajo jurídico y de atención a víctimas
de graves violaciones a derechos humanos, entregaron a Gómez el documento.
“El contenido del informe lo fue conociendo la procuradora durante el
desarrollo de la investigación del GIEI. Tal vez por eso no parecía extrañada
con el resultado el viernes que le entregamos el informe”, narra Cox,
entrevistado el miércoles 9, un par de horas antes de que él y el médico
Beristáin acudieran al Senado a presentar el documento.
Cox es un prestigioso abogado chileno educado en Inglaterra y Estados
Unidos, tiene un posgrado en derecho en la Universidad de Columbia, de Nueva
York, y se desempeñó como procurador en la Oficina del Defensor Penal Público
en Washington, D.C.
Él está convencido de que la inves-tigación del caso Ayotzinapa requiere
de la intervención del GIEI por seis meses más, pese a que durante el primer
medio año de labores “fue muy difícil que se nos diera información. Había gente
que estaba en los alrededores cuando ocurrió al primer ataque o durante la
conferencia de prensa de los muchachos pero que tenía mucho miedo; otra más que
estaba en ese segundo incidente, cuando desaparece Julio César Mondragón y
después aparece muerto en el camino del Andariego. Eso fue un obstáculo y sigue
siendo un obstáculo, el miedo de la gente para declarar”, dice.
No es para menos. Los especialistas documentaron que en los últimos ocho
años han desaparecido 148 personas en Guerrero. En 28 indagatorias, agentes del
Estado son señalados como responsables.
De dichos casos, 82 y 19, respectivamente, se perpetraron en Iguala, y de
ésos, 55 y 13 “ocurrieron bajo la administración de (el entonces alcalde José
Luis) Abarca”, se indica en el informe.
Integrante del equipo internacional de abogados que trabajó en la
extradición del dictador chileno Augusto Pinochet, Cox resalta que hechos como
la imposibilidad de que los jóvenes fueran calcinados en el tiradero de Cocula
o la “desaparición” de un quinto camión del expediente de la PGR fueron
comentados en el transcurso de las indagatorias, dado que Arely Gómez dio
facilidades para obtener información tanto a los expertos mencionados como al
especialista en dinámica de fuego José Torero, investigador de la Universidad
de Queensland, Australia.
“El expediente lo hemos visto con la procuradora desde el inicio, dándole
cuenta de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos solicitando,
qué estamos viendo, empezar a mostrarle las fallas que nosotros veíamos, porque
hay mucha información en el expediente, lo que faltaba era analizarla y contrastarla
con las declaraciones y otras pruebas”, que hacen “poco creíbles” los
fundamentos de la versión oficial, apunta Cox.
El punto más significativo, sin duda, es la versión de que los cuerpos se
incineraron en el basurero de Cocula.
“Lamentablemente las personas que hicieron los peritajes (oficiales) no
tienen las competencias como para haberse pronunciado, o más bien tienen fallas
técnicas. Incluso si uno lee las conclusiones con el cuerpo del informe de la
PGR se llega a conclusiones a las que es imposibles arribar. Hay un sesgo
confirmatorio de los peritos con las declaraciones, se ven influidos por las
declaraciones y las dan por ciertas sin que ello sea posible físicamente”,
explica Cox.
En el reporte del GIEI se advierte que esa versión fue sostenida en el
expediente desde la primera consignación de detenidos del 17 de octubre, sin
que en ese momento se contara con las declaraciones de los presuntos
perpetradores, puestos a disposición de un juez el 20 de diciembre.
En aquella consignación, el Ministerio Público señala que el paradero de
los jóvenes “posiblemente se ignore, pues al parecer fueron quemados hasta su
total calcinación, por lo que si se llegara a encontrar dichos resto, sea
imposible identificarlos”.
El cansado
El informe del GIEI se ocupa de la conferencia de prensa de Murillo Karam
del 22 de octubre, en la que hace una narrativa de los supuestos hechos
ocurridos el 26 y 27 de septiembre anteriores.
Tras una investigación acuciosa no sólo del expediente, sino de
interrogatorios con estudiantes sobrevivientes, choferes de los autobuses
tomados por los normalistas (que no estaban integrados en la averiguación), 35
procesados y vecinos de los nueve escenarios de los acontecimientos, así como
de videos que tampoco estaban incluidos en la averiguación judicial, los
expertos contradicen también esa parte de la “verdad histórica”.
En aquella conferencia, Murillo reconoce sólo cuatro camiones ocupados
por los jóvenes, señala que los estudiantes “lesionaron” a un chofer que se
resistió a llevarlos a Ayotzinapa; se refiere a “otro incidente enfrente de un
lavado de autos”, y dice que es una línea de investigación; señala a “halcones”
de Guerreros Unidos como quienes se comunican al centro de control policiaco
C4; confunde el momento y lugar en que fue asesinado uno de los estudiantes e
inventa un intento de fuga de los normalistas cuando fueron atacados.
Lo anterior “no corresponde con la realidad de lo sucedido”, indica el
documento del GIEI.
Más de mil lesiones
Otro peritaje que pone en duda la legalidad de las declaraciones de los
inculpados es el del doctor Francisco Etxeberria Gabilondo, de la Facultad de
Medicina y Odontología de la Unidad Docente de San Sebastián, País Vasco.
El médico forense revisó 115 reportes médicos de 80 detenidos y 40
reportes de “mecánica de lesiones”. Concluyó que “el análisis en conjunto de
las lesiones existentes permite constatar que los detenidos sufrieron muy
frecuentemente cuadros de policontusión con lesiones traumáticas de distinta
intensidad y localización”. Contó mil 178 lesiones en 77% de los detenidos.
El forense también revisó las autopsias de tres de los estudiantes
asesinados, que presentaron diversos golpes en el cuerpo antes de morir. De
Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava concluyó que su muerte “se
habría producido por disparo de arma de fuego a quemarropa, el primero en el
tórax posterior y el segundo en el rostro”.
En el caso de Julio César Mondragón el experto localizó “múltiples
fracturas” en el cráneo, probablemente producidas por proyectil de arma de
fuego, en tanto que no pudo determinar “si hubo una maniobra de desollamiento
(…) o si bien dicha acción sea totalmente producida por fauna post mortem”.
Etxeberria recomienda una segunda autopsia.
El quinto camión
Entre las debilidades de la indagatoria, Cox considera grave que dos
meses antes de que el GIEI entregara el informe sus integrantes se enteraran de
la existencia de una cámara de video afuera del Palacio de Justicia de Iguala,
frente a donde fueron detenidos y desaparecidos jóvenes que viajaban en uno de
los autobuses y donde fueron perseguidos otros que abordaban el quinto camión
omitido por la PGR.
Cuenta que buscaron al responsable del equipo de video, quien les
confirmó que el mismo 27 de septiembre revisó el material videograbado y que
vio “cómo se detenía un bus que no veía mucho, pero que se veía una baliza y
alguien deteniendo un bus”.
El empleado envió el video al Tribunal Superior de Justicia de Guerrero,
añade Cox, y al preguntarle a la presidenta, Lambertina Galeana, al respecto,
les dijo que lo había visto “pero que no se veía mucho y posteriormente dice
que borró ese video porque no tenía importancia, y ahora en un oficio está
declarando que no existe el video, no sabemos si dice que no existe porque se borró
o porque nunca llegó. Eso es muy contradictorio con lo que platicó con
nosotros”.
A instancias de los expertos, se pudieron tomar declaraciones de los
choferes de los autobuses retenidos por los jóvenes, aunque en el caso del
quinto camión hubo contradicciones que alimentaron la sospecha de que tiene que
ver con los hechos.
“No pudimos entrevistar a ese chofer –cuenta–. Fue interrogado por la
PGR, pero después, cuando tuvimos acceso al supuesto bus, que un peritaje de
imagen duda que sea el mismo, se entregó documentación, y entre ella una hoja
con una declaración manuscrita que coincidía con lo dicho por los muchachos,
por esas inconsistencias es que tenemos sospechas de que tenga que ver con el
caso.”
Uno de los conductores contó a los expertos que en uno de los ataques,
policías municipales de Iguala mencionaron a sus contrapartes de Huitzuco como
otra de las corporaciones que se sumaría al operativo de persecución de los
normalistas.
Otro chofer sostiene que, golpeado por policías municipales, fue detenido
junto con los estudiantes que viajaban en su autobús y que fue llevado a
barandilla, de donde fue puesto en libertad al identificarse.
En el informe otro de los choferes dio a conocer la existencia de “un
señor con camisa blanca y pantalón negro, el cual se veía con el cuerpo de una
persona que hace mucho ejercicio”, ante el que habría sido llevado por policías
estatales.
El hombre se encontraba en una casa ubicada en el centro de Iguala, a 15
minutos del Palacio de Justicia. Primero ordenó a los agentes que se lo
llevaran “ya saben dónde”, y después gritó: “Déjenlo, que se largue”.
“Sin duda en los hechos hay una coordinación y hay alguien que da órdenes
y no sabemos quién es, no está identificado –resalta Cox–. No sabemos si las
autoridades hicieron investigación, esta declaración del conductor del autobús
surge con nuestra solicitud y por lo tanto es algo que hay que indagar.”
Reconoce que durante los seis meses de trabajo el único “punto de
diferencia de opinión fue con el Ejército”, pues la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) se opuso a que integrantes del 27 Batallón de Infantería
fueran interrogados por los miembros del GIEI. Cox puntualiza: el grupo quería
hablar con los soldados “toda vez que ellos tienen información, (pero) no decimos
que están implicados”.
De las declaraciones de los militares integradas en el expediente y de
documentos desclasificados es que los expertos se enteran de que las fuerzas
castrenses fueron informadas a través del C4 de lo que pasaba con los muchachos,
así como que hubo presencia militar en sitios clave, donde fueron desaparecidos
los estudiantes, en la barandilla y en la clínica Cristina; en tanto que un
documento obtenido por el GIEI determina que “Sedena toma control del C4, no
sabemos si por eso no se reporta o no se siguió reportando, esa parte no la
tenemos clara”.
Una de las intervenciones de los mandos castrenses revelada en el
documento es la del general Alejandro Saavedra Hernández, actual comandante de
la IX Región Militar y, hasta el año pasado, de la 35 Zona, a la que está
adscrito el 27 Batallón.
Acorde con el reporte del GIEI, el médico responsable de la clínica
Cristina aseguró en su declaración ministerial que, antes de acudir a la PGR,
estuvo en el 27 Batallón, “porque el general Saavedra quería que platicara con
unas personas de justicia militar”.
De la presencia de soldados en escenas del crimen, entre ellas frente al
Palacio de Justicia y la barandilla, los expertos reproducen en su informe
algunas de las preguntas que pretendían hacer a los soldados desplegados en
Iguala:
“Si los integrantes del 27 Batallón, incluido el comandante JMC (sic),
tuvieron conocimiento de que los jóvenes normalistas habían sido detenidos por
la Policía Municipal de Iguala, hecho que fue informado por EM (sic) a ‘su
mando’, y luego corroboraron que no se encontraban detenidos en la comandancia,
¿qué hicieron con esa información?¿Qué acciones urgentes tomaron? ¿Informaron
en ese momento a las más altas autoridades del Estado? ¿Qué instrucciones
recibieron? En caso contrario, ¿por qué no informaron? ¿Por qué manejaron
información restringida en el C4 esa noche?”
Ante la evidencia de que integrantes de diversas corporaciones estatales
y federales, así como miembros del Ejército presenciaron el ataque de policías
municipales y presuntos miembros del crimen organizado, el abogado chileno se
reserva su opinión.
“En el informe no nos pronunciamos sobre responsabilidades. Lo que
nosotros decimos son los hechos. Ellos estaban ahí y no intervinieron. Si eso
acarrea responsabilidad, no me puedo pronunciar en este momento tampoco.
–¿Ni desde el punto de vista del derecho internacional? –se le pregunta.
–No nos podemos pronunciar. Si alguien quiere sacar conclusiones, que las
saque, pero nosotros no lo decimos.
–¿Qué hay de la responsabilidad de los altos mandos?
–En el informe no asignamos responsabilidad a nadie; ni siquiera a
Abarca, ni siquiera a los presuntos responsables, simplemente describimos lo
que hemos ido indagando o descubriendo. No asignamos responsabilidades. En
ninguna parte del informe se dice ‘esta persona es responsable por esto, esto y
esto’.
“Nos trajeron para ver cómo se estaban haciendo las cosas, nosotros
opinamos, creemos que hay que seguir estas líneas de investigación, queremos
seguir participando de acuerdo con el propio mandato, que da la posibilidad de
solicitar una prórroga que creemos necesaria.”
Entre las recomendaciones que los expertos hacen están las de continuar
con la búsqueda de los jóvenes; actualizar el mapa de fosas de cadáveres y
restos óseos hallados en Iguala y lugares aledaños, y contar con una serie más
amplia y de mejor calidad de fotos satelitales de los lugares vinculados con la
investigación. l
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