En México aplicaría un tribunal estilo Bosnia/

Revista Proceso # 2034, 24 de octubre de 2015 

En México aplicaría un tribunal estilo Bosnia/LOUISA REYNOLDS

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala ha dado excelentes resultados en el desmantelamiento de redes mafiosas enquistadas en las estructuras del Estado de esa nación centroamericana… pero sólo ahí. Algunas voces han pedido la creación de un organismo similar para México (especialmente para aclarar los casos Ayotzinapa y Casa Blanca), pero los especialistas advierten: funcionaría mejor un tribunal internacional más cercano a la experiencia de Bosnia.

Ciudad de Guatemala.- El papel clave que ha jugado la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG, entidad de investigación financiada por la Organización de las Naciones Unidas) en la desarticu­lación de una red de defraudación aduanera conocida como La Línea –escándalo de corrupción sin precedente en la historia reciente del país–, generó un debate en naciones vecinas sobre la idoneidad de solicitar la creación de comisiones externas que contribuyan al desmantelamiento de redes de corrupción y crimen organizado enquistadas en el aparato estatal.

La dimisión del presidente Otto Pérez Molina el 1 de septiembre tras las revelaciones de que él y su vicepresidenta, Roxana Baldetti, fungían como cabecillas de La Línea, señalamientos por los cuales enfrentan proceso penal, ha suscitado expresiones de admiración por parte de líderes de opinión en el mundo.

 “México tiene mucho que aprender. Urge que el investigador de Naciones Unidas, Iván Velásquez, vaya a México, invitado por el Congreso, para entrarle de manera independiente a los casos de la Casa Blanca y de la casa de Videgaray en Malinalco”, escribió el periodista mexicano Jorge Ramos en su página de Facebook, poco antes de la dimisión de Pérez Molina.

Una semana después, senadores del Partido Acción Nacional anunciaron que promoverían ante la Organización de Estados Americanos la creación de una comisión internacional contra la impunidad, similar a la CICIG, para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y delimitar responsabilidades.

Aunque diversos sectores de la sociedad mexicana puedan ver en la CICIG un modelo, los expertos advierten que se trata de un organismo creado para el contexto específico de Guatemala, lo cual lo hace difícil de exportar, incluso a países como Honduras y El Salvador, que enfrentan problemas muy similares a los guatemaltecos.

Como se explica en un estudio de la Oficina en Washington para América Latina (WOLA), la guerra contrainsurgente en Guatemala dejó una serie de grupos armados ilegales que actuaban a instancias de poderes ocultos en el país.

Algunos de éstos fueron creados como parte del aparato represivo contrainsurgente del Estado, otros fueron creados por las élites para eliminar a opositores políticos, y otros más fueron integrados por efectivos públicos y privados.

 “Estos grupos, actuando en forma de redes informales y amorfas, hacían uso de sus posiciones y conexiones en los sectores públicos y privados para enriquecerse a través de actividades ilegales, a menudo relacionadas con los recursos del Estado y el contrabando. Al mismo tiempo, buscaban manipular o cooptar el sistema de justicia y seguridad para controlarlo y garantizar su impunidad”, afirma la WOLA.

Lejos de desaparecer con la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, estos grupos siguieron operando en la sociedad guatemalteca. La estructura de La Línea, presuntamente encabezada por Pérez Molina, un general retirado, constituye un claro ejemplo de cómo han seguido funcionando.

La investigación de la CICIG reveló que La Línea estaba dividida en dos partes: una estructura jerárquica que operaba desde las entrañas de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) e incluía desde personal administrativo de bajo nivel hasta el superintendente; y una estructura externa.

Entre las figuras clave de la estructura externa estaba Francisco Javier Ortiz Arriaga, Teniente Jerez, quien fue subadministrador de la desaparecida Dirección General de Aduanas (ahora SAT) de 1990 a 1994.

Ortiz fue señalado como la mano derecha del contrabandista salvadoreño Alfredo Moreno Molina, cabecilla de una estructura criminal conocida como La Red Moreno. Dedicada al contrabando aduanero y al robo de camiones de carga, la organización estaba integrada por militares, policías y funcionarios corruptos, y operó en Guatemala desde los setenta hasta mediados de los noventa. En 1996, cuando Moreno fue capturado, la estructura fue acusada de defraudar 11.7 millones de dólares al fisco.

Según un informe de la WOLA, entre los integrantes de la Red Moreno estaba el general retirado Roberto Letona Hora, quien mantiene una estrecha amistad con Pérez Molina. Ambos integraban una fraternidad secreta en las fuerzas armadas conocida como El Sindicato.

Entre las escuchas telefónicas que la CICIG presentó como evidencia para solicitar que Pérez Molina fuera ligado a proceso por asociación ilícita, defraudación aduanera y cohecho pasivo, se encuentra una conversación entre dos exfuncionarios de la SAT que evidencia que Ortiz Arriaga ingresó a la estructura de La Línea a petición del exmandatario.

Tras la detención de Ortiz Arriaga, el jefe de la CICIG, Iván Velásquez, dijo que la estructura de defraudación aduanera creada por Moreno nunca había desaparecido; simplemente se transformó en La Línea.

Nace la CICIG

Como parte de los Acuerdos de Paz, el gobierno guatemalteco se comprometió a desmantelar los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (CIACS), cosa que no ocurrió, como demuestran las declaraciones de Velásquez. En reiteradas ocasiones, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala, creada para velar por el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, expresó su preocupación por el tema.

En enero de 2004, ante la manifiesta incapacidad del gobierno de investigar esos grupos y perseguirlos penalmente, debido al control que ejercían dentro de las instituciones del Estado, grupos de la sociedad guatemalteca instaron al gobierno a firmar un acuerdo con la ONU para crear una Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS). Ésta fue concebida como un órgano internacional e independiente, cuya misión sería trabajar de cerca con las instituciones locales.

Pero un dictamen de la Corte de Constitucionalidad impidió la creación de la CICIACS, por considerar que violaría la Constitución al asumir funciones del Ministerio Público.

Tres años después, en la presidencia de Óscar Berger, el asesinato de tres dipu­tados salvadoreños del Parlamento Centroamericano por efectivos de la Policía Nacional Civil –quienes luego fueron ejecutados en una cárcel de máxima seguridad–, generó la presión social y mediática necesaria para obligar a la Corte Constitucional a acceder a la creación de la CICIG.

 “La experiencia de la CICIG en Guatemala es irrepetible. Fueron condiciones muy especiales y particulares de aquel momento en el país”, afirma el exvicepresidente Eduardo Stein, quien integró el equipo que suscribió el acuerdo con las Naciones Unidas.

Eric Olson, director asociado del programa latinoamericano del centro de investigación Woodrow Wilson, agrega que la CICIG fue creada en 2007 para desmantelar estructuras paralelas enquistadas en el Estado, que tuvieron origen en el conflicto armado y no tienen un equivalente en el contexto mexicano.

 “En Guatemala había redes en el ejército que siguieron operando de manera clandestina. Eso no lo ves en México. Con la excepción de Los Zetas, no existe ninguna estructura en México que sea comparable”, afirma Olson.

Sólo para Guatemala

El acuerdo suscrito entre el gobierno guatemalteco y la ONU estableció a la CICIG como un organismo independiente que apoyaría al Ministerio Público, a la policía y a otras instancias públicas en la investigación y el desmantelamiento de las CIACS.

La CICIG está facultada para convertirse en querellante adhesivo en los procedimientos penales y entablar procedimientos disciplinarios contra funcionarios vincu­lados con estructuras criminales. Actualmente, por ejemplo, la CICIG actúa como querellante adhesivo en el proceso penal contra los integrantes de La Línea, incluyendo a Pérez Molina.

Los casos de alto impacto que la CICIG ha investigado incluyen: el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg en 2009, del cual fueron falsamente acusados el expresidente Álvaro Colom y la exprimera dama Sandra Torres; la ejecución extrajudicial de 10 reos en 2010; actos de corrupción en el periodo presidencial de Alfonso Portillo; y el supuesto involucramiento del vicepresidenciable del partido Lider en una red de lavado de dinero mientras fungía como presidente del Banco de Guatemala.

Édgar Gutiérrez, director del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, hace notar que el éxito de la CICIG ha variado según el comisionado que la preside. El juez español Carlos Castresana, quien dirigió la comisión hasta 2010, fue acusado de cometer arbitrariedades. Su sucesor, el costarricense Francisco Dall’Anese, tuvo un perfil bajo que contrasta con el del actual comisionado, el colombiano Iván Velásquez.

Como procurador departamental de Antioquia, Velásquez investigó casos de tortura, desaparición forzada y otras violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército colombiano en sus acciones contra la guerrilla.

Luego, como magistrado, emprendió investigaciones contra grupos paramilitares acusados de masacres, homicidios selectivos y desplazamientos masivos, revelando los vínculos entre esos grupos y los llamados narcopolíticos. Familiarizado con las estructuras criminales que resultan de una guerra contrainsurgente, Velásquez ha sabido leer e interpretar a Guatemala. Bajo su mandato se destapó el escándalo de La Línea y Gutiérrez lo describe como “comprometido con la justicia”.

La CICIG también tiene la potestad de promover políticas públicas y reformas legales.

Entre los instrumentos legales adoptados a petición de la CICIG destacan las escuchas telefónicas con fines de investigación, las cuales jugaron un papel clave en el desmantelamiento de La Línea, y la figura del “colaborador eficaz”, la cual concede beneficios a los integrantes de estructuras criminales a cambio de información relevante para la investigación.

Pese al entusiasmo que el éxito logrado por la CICIG en Guatemala ha despertado en el país vecino, el mexicano David Martínez-Amador, investigador asociado de Insight Crime, advierte que el modelo no es exportable, pues fue creado con el propósito de desmantelar estructuras paralelas enquistadas en el Estado en el contexto de la posguerra.

“Debido a las debilidades estructurales del Estado guatemalteco, la comisión se transforma en un respirador artificial que oxigena las estructuras del Estado. En cambio, el Estado mexicano no tiene esas debilidades ni depende de la cooperación internacional, como Guatemala. Una comisión que quisiera imponer justicia sería vista como una intromisión”, afirma en entrevista.

Además, asegura Maureen Meyer, investigadora de la WOLA, México es un país mucho más grande y con un gobierno federal, lo cual dificultaría enormemente la creación de un organismo supranacional con la potestad de investigar y perseguir penalmente a las redes del crimen organizado.

Lo que otros países sí pueden aprender del caso guatemalteco es que nadie es intocable, y si bien no sería factible plantear la creación de una CICIG en México, sí podría plantearse la creación de un ente internacional con un mandato más reducido y específico. “Lo que funcionaría para el caso de Ayotzinapa, en México, sería un tribunal internacional más cercano a la experiencia de Bosnia”, afirma Martínez-Amador. l