Revista
Proceso # 2062, 7 de mayo de 2016...
El SAT quiere
tapar Panamá con un dedo/JORGE CARRASCO A. Y JUAN CARLOS CRUZ
La
Secretaría de Hacienda ha hecho lo posible por minimizar los #PanamaPapers
–incluso proteger a los empresarios mencionados en esa documentación–. Ufana,
dio a conocer que investiga a 30 de ellos. Sin embargo el tamaño de la
podredumbre es muchísimo mayor y no podrá ocultarlo: están a punto de hacerse
públicas las bases de datos de Mossack Fonseca, donde aparecen los nombres de
centenas y centenas de mexicanos que adquirieron empresas offshore gracias a
ese despacho panameño.
En
el deslinde, el SAT dijo que esos 30 mexicanos, en total, pagaron 3 mil 980
millones de pesos, una cifra que palidece con el dinero movilizado por Hinojosa
a través del despacho panameño en distintos paraísos fiscales y que según sus
asesores fiscales es apenas “una pequeña parte” de su riqueza.
El
SAT no sólo advirtió que los investigados están protegidos por “el debido
proceso”, sino que redujo aún más el número de los mexicanos mencionados en la
investigación periodística global, al asegurar que a 16 de esos 30
contribuyentes ya los tenía bajo auditoría antes de que se conociera la
filtración de los archivos de casi 40 años de Mossack Fonseca, una de las cinco
firmas más importantes del mundo dedicadas a la creación de empresas offshore.
Núñez
tendrá que ampliar su pequeña lista luego de que el Consorcio Internacional de
Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés: www.icij.org)
difunda, a pesar de las presiones de Mossack Fonseca, la base de datos de más
de 214 mil entidades que vinculan personas con más de 200 países y territorios.
Los
nombres de mexicanos y empresas vinculadas a México se cuentan por cientos.
Entre ellos están beneficiarios de fideicomisos y fundaciones o de fondos
incorporados en 21 paraísos fiscales en los que opera la firma de abogados de
Panamá, que van desde Hong Kong hasta Nevada.
También
figuran los nombres a los que Mossack Fonseca considera clientes, que no son
otra cosa que los intermediarios entre la firma panameña y los interesados en ocultar
su identidad y su dinero. Se trata de expertos financieros de México y el
extranjero, sobre todo en Miami, pero también en Nueva York.
A
disposición del SAT también estarán los nombres de los mexicanos que son
accionistas de empresas offshore, no sólo quienes aparecen como beneficiarios;
así como los nombres de las empresas registradas en Mossack Fonseca con
domicilios en México.
La
gran mayoría de los nombres de beneficiarios o accionistas de las compañías
offshore son hombres de negocios que pertenecen tanto a grandes consorcios como
hasta medianos y dueños de empresas familiares. La lista incluye gente de los
sectores industriales, de servicios o el entretenimiento. Profesionistas en
distintos campos también compraron compañías offshore asentadas en paraísos
fiscales.
La
voz de “John Doe”
Además
de que la información será pública, el gobierno de México podrá pedir el apoyo
del autor de la filtración, identificado a sí mismo con el pseudónimo de John
Doe –Juan Pérez, en español–, quien el pasado viernes 6 salió a la luz pública
para anunciar que está dispuesto a colaborar con los gobiernos que quieran para
investigar los delitos que se cometieron en la creación de complejas
estructuras fiscales a través de Mossack Fonseca.
El
responsable de haber filtrado 11 millones y medio de documentos de la firma
hizo el anuncio en un texto que entregó al periódico alemán Süddeutsche Zeitung
(http://www.sueddeutsche.de/) y al ICIJ, a los que también les dio los 2.6
terabytes de información de las operaciones de la firma panameña, lo que
constituye la filtración periodística más grande de la historia.
El
diario con sede en Múnich y la organización periodística de Washington
compartieron los archivos con más de 100 organizaciones periodísticas
internacionales, entre ellas la revista Proceso y Aristegui Noticias, los
únicos dos medios mexicanos participantes en la investigación.
En
su escrito, titulado La revolución será digital, John Doe sostiene que, a
diferencia de otros casos de filtración, no trabaja “para ningún gobierno ni
agencia gubernamental, ni directamente ni como contratista. Nunca lo he hecho”.
De
esa manera respondió a las interpretaciones de que la filtración de los
#PanamaPapers fue dirigida por el gobierno de Estados Unidos, como lo señaló
incluso WikiLeaks, organización que según John Doe evitó responder a sus
llamados antes de la filtración.
Asegura
que, a diferencia de las organizaciones de periodistas que coordinaron la
investigación internacional y decidieron no entregar la información a ningún
gobierno, él sí “estaría dispuesto a cooperar con las agencias en donde pueda
hacerlo”.
El
cerebro de la filtración más grande hasta ahora, dice que más que un simple
operario en la maquinaria de la “gestión de fortunas”, Mossack Fonseca utilizó
su influencia para redactar y doblar leyes en el mundo con el propósito
favorecer “intereses de criminales durante décadas”.
Niega
haber tenido alguna motivación política para filtrar los archivos: “Simplemente
entendí lo suficiente sobre sus contenidos para dimensionar la escala de las
injusticias que describían”.
Abunda:
“Decidí exponer a Mossack Fonseca porque pensé que sus fundadores, empleados y
clientes deberían responder por sus roles en estos crímenes, de los que sólo
una parte han salido a la luz hasta ahora. Tomará años, posiblemente décadas,
para que se conozca la dimensión entera de los actos sórdidos de la firma.
Para
Doe, los #PanamaPapers muestran que, aun sin ser ilegales, las empresas de
papel son usadas para llevar a cabo un amplio rango de delitos que rebasan la
evasión de impuestos: “Son un síntoma deslumbrador de que la fábrica moral de
nuestra sociedad se enferma progresivamente y decae”.
John
Doe salió a la luz pública en vísperas de la fecha fijada por el ICIJ, lunes 9,
para dar a conocer la base de datos de las más de 214 mil entidades creadas por
Mossack Fonseca. Esa información se complementará con la de otras 100 mil
compañías que fueron parte de la investigación Offshore Leaks, realizada en
2013 y encabezada también por la organización periodística de Washington.
El
jueves 5, un día antes de la aparición pública de Doe, el despacho Mossack
Fonseca anunció haber tomado acciones “contundentes” para impedir la
divulgación por parte del ICIJ. En un comunicado, informó haber enviado una
carta de “cese y desistimiento” a la organización periodística con sede en
Washington.
Dijo
que se trata de “un robo de información y una violación al tratado de
confidencialidad entre cliente y abogado, el cual nos debemos esforzar en
proteger”. Sin embargo, las autoridades panameñas mantienen abierta una
investigación contra el despacho por su posible participación en “encubrir o
promover actividades ilícitas”.
Microinvestigación
También
el jueves 5 el SAT difundió a través de su cuenta de Twitter lo que definió
como un “informe preliminar de acciones” sobre los #PanamaPapers, que se dieron
a conocer simultáneamente en todo el mundo el 3 de abril pasado.
En
el caso de México, Proceso difundió entonces los nombres de 25 personas con
compañías offshore, además de la empresa Altos Hornos de México. También
informó sobre el intento frustrado del empresario Carlos Hank Rhon, propietario
del Grupo Financiero Interacciones, de abrir una compañía offshore para mover
10.7 millones de dólares.
Además,
dio a conocer la interrupción del proceso para crear una empresa por parte del
primer director de Pemex del gobierno de Peña Nieto, Emilio Lozoya Austin.
Hasta el pasado domingo 1, este semanario había dado a conocer los nombres de
más de 60 mexicanos con firmas offshore creadas por Mossack Fonseca.
En
su inusual “informe”, el SAT dijo haber identificado, “a partir de la
información publicada”, sólo a 30 personas inscritas en el Registro Federal de
Contribuyentes (RFC). De ese número, 26 son personas físicas y cuatro, morales.
Pero
los mexicanos señalados, dijo, gozan de secrecía otorgada por “el debido
proceso” y las leyes en materia fiscal.
El
encargado de la recaudación de impuestos continuó con sus pequeños números.
Dijo que en el caso de dos personas físicas aún analiza la información “para
identificar si cuentan o no con el RFC, dada la múltiple existencia de
homónimos del sujeto”. Además, en el caso de una persona no se cuenta con
información en el RFC.
Dijo
que entre el 19 y el 22 de abril envió “cartas-invitación” a 10 sujetos para
que presentaran “información, aclaraciones o manifiesten lo que a su derecho
convenga”. El plazo se vence el martes 10, cuando en el mundo ya estará
circulando la lista con los nombres de los mexicanos relacionados con Mossack
Fonseca.
A
la limitada acción del SAT siguió una respuesta aún menor. Sólo se presentaron
tres de los mencionados en los #PanamaPapers. “Aún se encuentra en proceso de
análisis la información, escritos o manifestaciones realizadas por ellos”. El
ente encargado del cobro de impuestos siguió con sus cifras mínimas: “Dos
sujetos solicitaron cita para el pasado 3 de mayo”.
Según
el SAT, 29 de los mencionados en la investigación global cumplieron con sus
obligaciones fiscales entre 2010 y 2014. Tuvieron ingresos por más de 227 mil
700 millones de pesos, la mayoría por parte de empresas, pues los ingresos
declarados por las personas físicas (25 casos) ascendieron a poco más de 20 mil
millones de pesos.
El
SAT fue fiel a lo que expresó en un comunicado el 3 de abril, a las pocas horas
del escándalo internacional por los #PanamaPapers: sólo abriría revisión “en
los casos que sean procedentes”. l
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