Con Peña Nieto, el mayor número de desapariciones de menores/GLORIA LETICIA DÍAZ
La indignación provocada por las vejaciones contra Marco Antonio Sánchez, el alumno de preparatoria que desapareció cinco días tras ser detenido por policías de la Ciudad de México y del Estado de México, revivió la polémica sobre los abusos por parte de fuerzas de seguridad y es una muestra de la discriminación que viven millones de jóvenes en el país, consideran las comisiones Nacional de los Derechos Humanos y del Distrito Federal, así como organizaciones civiles. De acuerdo con un informe de la Red por los Derechos de la Infancia en México basado en datos oficiales, 72% de las desapariciones de menores ocurrió en el actual sexenio.
El caso de Marco Antonio Sánchez Flores, quien estuvo desaparecido durante cinco días, es ilustrativo de la violencia y discriminación que viven millones de adolescentes en México, víctimas del modelo de seguridad adoptado en los últimos 12 años.
Este es el diagnóstico en el que coinciden defensores de organismos públicos y de la sociedad civil consultados por Proceso, y quienes, basados en reportes oficiales, revelan que menores de edad y jóvenes son víctimas recurrentes de casos graves de violaciones a los derechos humanos, de manera particular durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con datos de las autoridades, en el actual gobierno se registran 72.3% de los seis mil expedientes de desapariciones de menores de 17 años. También la información da cuenta que cada día se cometen tres homicidios de menores de edad, desde niños hasta adolescentes.
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, quien recuerda que asumió su cargo dos meses después de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero, advierte que en los últimos tres años en que ha estado al frente del organismo los jóvenes se han convertido en víctimas de casos atroces.
“Es triste y lamentable. No sabemos qué haya pasado con este joven que fue detenido en la Ciudad de México, pero lo que pareciera presuntivamente obvio es la detención arbitraria y no sabemos qué más se acredite”, dice el ómbudsman, entrevistado el pasado 30 de enero en sus oficinas.
Comenta que la CNDH ha intervenido en casos de desaparición forzada ocurridos en Iguala, en Tierra Blanca, en Papantla y en Chilpancingo, donde el factor común es que las víctimas son jóvenes y los presuntos responsables de las desapariciones son policías, y añade que “estas circunstancias nos muestran un deterioro en la seguridad pública”.
Expone: “Estamos en un clima de corrupción e impunidad, y eso propicia lo que estamos viendo, porque mientras no haya sanciones, el máximo rigor de la ley, es campo fértil para que las conductas se sucedan. Desde luego que estamos en favor de que a las víctimas del delito se les respete el derecho humano de acceso a la justicia, pero lo que no podemos hacer es incurrir en la persecución del delito cometiendo ilícitos: no a la tortura, no a la privación de la vida y no a la ejecución arbitraria”.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Nashieli Ramírez Hernández, responsable de la investigación del caso de Marco Antonio, integrada por desaparición forzada, advierte que tanto en la Ciudad de México como a nivel nacional prevalece “una creciente visión de criminalización de los chavos”. Puntualiza: “Y no es una visión solamente sustentada por quien es la autoridad, sino también domina mucho en la sociedad. Las juventudes hoy, con su diversidad, son permanentemente estigmatizadas por el mundo adulto en general”.
Ramírez Hernández cita la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis 2010), que considera vigente, en la cual se refleja la criminalización de los jóvenes en el imaginario social.
Ante la pregunta “¿Qué tanto cree usted que en México llaman a la policía cuando ven muchos jóvenes juntos en una esquina?”, 57.1% respondió que ocurre “algo o poco”, y tres de cada 10 encuestados señaló que sucede “mucho”.
Apunta la ombudsperson: “En la medida que, por miedos, la sociedad demanda mayor protección, entre comillas, ante un imaginario, en la mayoría de los casos hay una respuesta de la autoridad en esas dimensiones, sin cruzar o sin contemplar que están dando respuesta a una percepción”.
Vivo el recuerdo de la tragedia en la discoteca News Divine, ocurrida en junio de 2008, cuando nueve jóvenes y tres policías murieron como consecuencia de un operativo fallido, la defensora reconoce que la estigmatización contra la juventud es un círculo vicioso; “no hemos podido romper con él y cada vez se suceden más casos”.
De acuerdo con información de la relatora de la niñez de la CDHDF, Andrea Márquez Guzmán, de 900 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos que registró el organismo entre 2015 y 2017, 16 corresponden a menores de edad que identificaron a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y al Tribunal Superior de Justicia como las autoridades presuntamente responsables de las agresiones.
Esos reportes fueron dados a conocer el pasado 30 de noviembre, durante la presentación del informe La Infancia Cuenta en México 2017, una sistematización de datos oficiales sobre la situación de la población de cero a 17 años elaborada por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), que agrupa a 45 organizaciones civiles empeñadas en desarrollar programas en favor de este sector en la mitad del país.
En su decimotercera edición, dedicada precisamente a registrar los efectos de los 10 años de la política de seguridad pública y de la procuración de justicia en los menores de edad, que representan 32% de la población nacional, el documento destaca que de las 33 mil 482 personas reportadas como víctimas en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), seis mil 79 son menores, es decir, 18.2% de los casos.
De los poco más de 6 mil reportes, 72.3%, es decir 4 mil 394, son desapariciones que corresponden al periodo del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Sólo en 2016 se reportaron mil 431 desapariciones de este tipo, “cifra que representa casi una cuarta parte (23.5%) del total de casos registrados en dicho año”. En 2017, las desapariciones de la población de 0 a 17 años sumaba 812 casos, se indica en el documento.
En cuanto a las cifras de homicidios, la Redim indica en su reporte que, de acuerdo con datos presentados por la sociedad civil en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los primeros ocho años de la estrategia de seguridad pública 2 mil menores y jóvenes fueron asesinados, y la mitad de los casos “ocurrieron en enfrentamientos que involucraron a las fuerzas de seguridad”.
Abuso creciente
El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), Ricardo Bucio, aporta más cifras que hablan de la ausencia de los menores en la agenda pública, “salvo en casos en que un menor es víctima o victimario”.
“Tenemos el primer lugar de abuso sexual infantil entre los países que integran la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos); hay muy alto nivel de violencia intrafamiliar hacia niñas, niños y adolescentes; 63 de cada 100 dicen sufrir violencia, 40%, violencia física y 4% violencia extrema. Tenemos 2.6 millones de menores que trabajan en edades no permitidas y en ocupaciones peligrosas.
“El año pasado, que fue el más violento desde 1997, se registraron más muertes de bebés de cero a un año por enfermedades prevenibles que homicidios de adultos. Hablamos de más de 24 mil niños muertos”, alerta Bucio, quien asumió la Secretaría Ejecutiva del Sipinna en 2015, un año después de que se promulgara la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
En entrevista con Proceso, el funcionario reconoce avances a nivel legislativo e institucional para la implementación de la ley general, pero denuncia que no hay suficiente voluntad política para asumir la responsabilidad de atender a los menores en apego a la realidad. En el caso de los adolescentes, dice, apenas este año la Conferencia Nacional de Gobernadores se comprometió a atender a la población de 12 a 17 años, que representa 13 millones de personas.
Exresponsable del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Bucio sostiene que ni siquiera los recursos destinados a los menores de edad, contemplados en el Anexo 18 del Presupuesto de Egresos 2018, se ajusta a los requerimientos de la población a la que va enfocada.
“Hay un monto que no podemos decir que corresponde a las necesidades de la ley; es de 797 mil 722 millones de pesos. Si bien empezamos con 528 millones, hay una parte muy importante que se destina a los servicios educativos y no a las situaciones complicadas, como niños migrantes o prevención de la violencia”, explica.
Con un pasado en la sociedad civil, Bucio afirma que el caso de Marco Antonio Sánchez es una muestra de que “el abuso policial sigue ahí”, pese a que en las dependencias gubernamentales se hayan creado oficinas en favor de los derechos humanos.
El de Marco Antonio “no es, lamentablemente, un caso aislado. Creo que también nos habla de este enfoque de atención a la infancia. La adolescencia no está en todos los sectores de la población, entre ellos en el sector de la seguridad pública”, dice.
Responsable de la vigilancia y coordinación de la instalación de las instituciones para la protección de los menores de edad, como los sistemas estatales, municipales y delegacionales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, así como de las procuradurías estatales de protección, entre otras instancias, Bucio señala que en el caso de la Ciudad de México la pluralidad política en las delegaciones, “la polarización” y la propia complejidad de la capital del país, “ha dificultado la coordinación y la articulación.
“Hay cuatro partidos políticos en las delegaciones, la Jefatura (de Gobierno) tiene relación con algunas más o menos. Es una situación política muy crispada en la ciudad y este sistema de protección integral puede funcionar si y sólo si hay articulación política; hay que decir que existen protocolos para atender casos como el de Marco Antonio. ¿Por qué no se siguieron? Es algo que se tendrá que investigar.”
Formación policial
El fundador de Cauce Ciudadano, Carlos Cruz Santiago, organización civil dedicada a la atención de adolescentes y jóvenes, aclara en entrevista que, si bien el caso de Marco Antonio es paradigmático de lo que ocurre con ese sector social en el país, lo cierto es que la Ciudad de México tiene sus particularidades.
“En los últimos dos años hemos visto un incremento de denuncias que hacen los chicos sobre abusos policiales, detenciones arbitrarias; incluso, entre los propios jóvenes se empieza a normalizar el tema de las detenciones por ‘portación de cara’, ser joven y pobre, y que los policías los vean como posibles criminales”, explica.
Además, comenta que la conducción de motonetas se ha convertido en un motivo más de detención de jóvenes, revela el defensor.
Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza son las delegaciones de la Ciudad de México donde ocurren más agresiones contra los jóvenes, no sólo de parte de policías, sino también de la delincuencia organizada, refiere el defensor.
Cruz Santiago expone los factores que alientan el abuso policial, los cuales podrían desembocar en casos como el de Marco Antonio: “Hay un proceso de formación policial en el que se les explica que los jóvenes son el sector que mayor peligro pueden causar; prevalece una estructura de corrupción hacia dentro de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en la que sí participan mandos, porque son los jefes los que les solicitan cuotas a los policías de bajo rango. No es una cuota de detenidos, es una cuota de recursos económicos, que les son sacados a los jóvenes bajo amenazas de ‘crearles’ un delito”, asegura.
El defensor de derechos humanos observa que las omisiones policiacas en el caso de Marco Antonio causaron un escándalo nacional y una relevante movilización ciudadana, “un mensaje político y una demostración de fuerza”.
“No solamente es un tema de las agresiones a las juventudes, sino del juego perverso de la policía y de la hermandad hacia dentro de la policía. En un juego político de la transición en la Ciudad de México, fue una demostración de fuerza para los candidatos de lo que son capaces de hacer, a causa de su omisión o con su acción”, dice Cruz Santiago.
Añade que en el caso de Marco Antonio, la actuación irregular de la policía es un elemento que tendrá que investigarse, así como la posible colusión con policías del Estado de México, donde se localizó al menor en una condición deplorable.
“Hay que investigar cuáles son los vínculos criminales entre las dos policías (CDMX y Estado de México). Parece que hay un contubernio y no podemos continuar con esto, porque, primero, afectan a la población; segundo, son omisos en su actuación y generan un mayor daño a las comunidades; y, tercero, las instituciones del Estado mexicano cada vez se debilitan más por el actuar de este tipo de policías y, entonces la gente piensa que la única solución es teniendo al Ejército en la calle, lo que tampoco resuelve el problema”, concluye.
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