Las mentiras de Calderón
Antonio Jáquez, reportero
Antonio Jáquez, reportero
Revista Proceso, no 1639, 30/03/2008;
En su embate contra el crimen organizado, el gobierno federal no acierta ni a dar –cuando se le requiere– una cifra precisa sobre el número de detenidos, lo que puede verse como una muestra más del desorden y la falta de coordinación entre las dependencias involucradas.
La Presidencia de la República pregona un número, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) aseguran que desconocen el dato y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aporta sus propias cifras. Los civiles coinciden en el escamoteo de información para que no se sepa dónde quedó la bolita: yo no sé nada, el que sabe es otro, no somos competentes, se sinceran en jerga burocrática.
Proceso le siguió la pista a ese juego, a partir de los números que el presidente Felipe Calderón presumió en la Universidad de Harvard el 11 de febrero. Ahí se ufanó del cambio prácticamente milagroso que ocurrió en México a partir de su llegada el poder, especialmente en el ámbito del crimen organizado:
“Cuando tomé posesión hace poco más de un año la situación era completamente diferente y demasiado complicada… El crimen organizado parecía más poderoso y amenazante que nunca antes, pues tenía control de varias partes del territorio mexicano. Tuvimos que enfrentar al crimen y lo hicimos sin vacilación y con la fuerza total del Estado. Empezamos operaciones con la participación del Ejército, la Marina, así como de las fuerzas policiacas federales y locales. Tomamos control de todos esos territorios… Los golpeamos, y los golpeamos muy duro”.
Por ejemplo, dijo Calderón, “capturamos a más de 22 mil personas vinculadas con actividades criminales. Así mismo, confiscamos las cantidades más grandes de cocaína en un solo operativo, es decir, 24 toneladas en Manzanillo. Otro récord mundial es el decomiso que hicimos en efectivo proveniente de las drogas, en una sola casa, en un solo operativo: 205 millones de dólares en efectivo. Extraditamos a Estados Unidos a más de 100 jefes del narcotráfico y, para darles una idea, este año confiscamos más de mil millones de dosis personales de drogas en México. Sabemos que ésta será una larga y costosa guerra. Necesitamos gastar mucho dinero, y tendrá que pasar mucho tiempo. Además, también sabemos que son muchas las vidas que se perderán”.
Proceso solicitó entonces a Presidencia, a través de la Unidad de Enlace, que precisara estos datos: qué tipo de delitos cometieron esas “22 mil personas”, fecha y lugar donde fueron capturadas, sitio en el que se encuentran recluidas, número de arrestados sometidos a proceso judicial, número de sentenciados y número de militares (con nombre y rango) que forman parte de ese grupo de personas capturadas.
Presidencia se declaró “no competente” para atender esa solicitud de información y, citando leyes diversas, remitió al solicitante a la SSP, PGR y Sedena. Proceso se dirigió a dichas dependencias. Seguridad Pública respondió:
“En atención a su solicitud, le comunicamos la inexistencia de la información solicitada, toda vez que en los archivos del sector central de esta Dependencia, no existe documento que contenga dicha información. Así mismo, es pertinente notificarle que la inexistencia de la información solicitada, ha sido confirmada en términos del artículo 46 de la Ley de la Materia, con la resolución emitida sobre este particular por nuestro Comité de Información”.
A falta de datos, la SSP optó por “brindar una adecuada orientación”: la información que solicita –puntualizó– “corresponde a atribuciones y funciones de la Procuraduría General de la República, toda vez que dicha dependencia, a través de la Agencia Federal de Investigación, se encarga de conducir y coordinar políticas y métodos de análisis táctico de la información sobre delincuencia organizada, para generar una base de datos que permita identificar a personas, grupos, organizaciones, zonas prioritarias y modos de operación, que se vinculen con los diversos delitos, con el fin de combatir la comisión de los mismos, por lo que le sugerimos dirigirse a dicha instancia…”
En su turno, el 5 de marzo la PGR respondió que “la información que requiere no se encuentra en el ámbito de las atribuciones de esta institución”. Y ofreció una salida magistral: “se le sugiere acudir a la Oficina de la Unidad de Enlace de la Presidencia de la República… es la dependencia competente para atender su solicitud de acceso”.
El 19 de marzo, la dependencia con más fama de cerrazón, la Sedena, dio la mejor respuesta:
“Después de realizar una exhaustiva búsqueda en los archivos del Estado Mayor de esta secretaría, únicamente se encontró información referente a 4 mil 763 personas que fueron detenidas en flagrancia por delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como los lugares y fechas de su detención, durante el período del 1 de diciembre de 2006 al 2 de marzo de 2008”.
Un anexo de la Sedena sobre los lugares en que se realizaron los arrestos confirma la presencia nacional del crimen organizado, si bien los operativos en su contra se acentuaron en Sonora, Tamaulipas, Michoacán, Sinaloa y Chihuahua, sobre todo en municipios como Caborca, Guaymas, Altamira, Matamoros, Valle Hermoso, Aguililla, Culiacán, Apatzingán, Los Mochis y Samalayuca.
Extrañamente, las dependencias del Gabinete de Seguridad habían dado cifras en materia de detenidos. Reunidos en la Secretaría de Gobernación el 31 de agosto, los titulares de Sedena, Marina, PGR y SSP ofrecieron cuentas alegres.
Reforma señaló que “las cuentas de la PGR no salen”: según su titular, Eduardo Medina Mora, hubo 12 mil 344 detenidos en nueve meses, pero un reporte de esta dependencia, obtenido por ese diario mediante la Ley de Transparencia, indica que el mayor número de detenidos en los últimos siete años se dio en 2005: 8 mil 422 personas.
El mismo Medina Mora aportó en esa ocasión el dato más revelador: de los 12 mil 344 detenidos, sólo 326 recibieron formal prisión, es decir menos del 3 por ciento.
Las cifras de Calderón en Harvard no parecen cuadrar con las que dieron en septiembre: si en nueve meses hubo poco más de 12 mil detenidos, quiere decir que en cinco meses se logró detener a otras 10 mil. Todo un récord, que explicaría, al menos en parte, el “complicado” México de antes (es decir el que gobernó Vicente Fox) y el país “absolutamente diferente” en el que vivimos hoy, según Calderón.
Sergio Aguayo, académico de El Colegio de México y presidente de Fundar –centro de análisis pionero en la investigación aplicada– comenta que no se explica la disparidad de las cifras sobre el número de detenidos:
“Lo que he podido observar es que las cifras de Sedena siempre son mucho más bajas que las que da Presidencia, tanto en materia de arrestos como en otros referentes sobre el crimen organizado, desde el sexenio de Fox”. Cita el caso de los efectivos enviados a diversas entidades: “Los números de la Sedena son muy distintos a los de Presidencia, quizá porque a ésta le interesa más impactar a la opinión pública. Además, es evidente que las cifras sobre detenidos se inflan porque incluyen en su mayoría a consumidores, por eso también hay muy pocos consignados”.
La disparidad de cifras, señala, es en todo caso un indicativo de la falta de coordinación entre las instituciones que combaten el crimen organizado “y de la incapacidad del Estado para generar inteligencia”.
Puntualiza: “El gobierno federal se coordina mejor con el exterior, en particular con Estados Unidos y Colombia, que con los gobiernos estatales y municipales. Esta coordinación con agencias foráneas ha contribuido a que el gobierno federal haya dado algunos buenos golpes a varios cárteles”.
En su embate contra el crimen organizado, el gobierno federal no acierta ni a dar –cuando se le requiere– una cifra precisa sobre el número de detenidos, lo que puede verse como una muestra más del desorden y la falta de coordinación entre las dependencias involucradas.
La Presidencia de la República pregona un número, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) aseguran que desconocen el dato y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aporta sus propias cifras. Los civiles coinciden en el escamoteo de información para que no se sepa dónde quedó la bolita: yo no sé nada, el que sabe es otro, no somos competentes, se sinceran en jerga burocrática.
Proceso le siguió la pista a ese juego, a partir de los números que el presidente Felipe Calderón presumió en la Universidad de Harvard el 11 de febrero. Ahí se ufanó del cambio prácticamente milagroso que ocurrió en México a partir de su llegada el poder, especialmente en el ámbito del crimen organizado:
“Cuando tomé posesión hace poco más de un año la situación era completamente diferente y demasiado complicada… El crimen organizado parecía más poderoso y amenazante que nunca antes, pues tenía control de varias partes del territorio mexicano. Tuvimos que enfrentar al crimen y lo hicimos sin vacilación y con la fuerza total del Estado. Empezamos operaciones con la participación del Ejército, la Marina, así como de las fuerzas policiacas federales y locales. Tomamos control de todos esos territorios… Los golpeamos, y los golpeamos muy duro”.
Por ejemplo, dijo Calderón, “capturamos a más de 22 mil personas vinculadas con actividades criminales. Así mismo, confiscamos las cantidades más grandes de cocaína en un solo operativo, es decir, 24 toneladas en Manzanillo. Otro récord mundial es el decomiso que hicimos en efectivo proveniente de las drogas, en una sola casa, en un solo operativo: 205 millones de dólares en efectivo. Extraditamos a Estados Unidos a más de 100 jefes del narcotráfico y, para darles una idea, este año confiscamos más de mil millones de dosis personales de drogas en México. Sabemos que ésta será una larga y costosa guerra. Necesitamos gastar mucho dinero, y tendrá que pasar mucho tiempo. Además, también sabemos que son muchas las vidas que se perderán”.
Proceso solicitó entonces a Presidencia, a través de la Unidad de Enlace, que precisara estos datos: qué tipo de delitos cometieron esas “22 mil personas”, fecha y lugar donde fueron capturadas, sitio en el que se encuentran recluidas, número de arrestados sometidos a proceso judicial, número de sentenciados y número de militares (con nombre y rango) que forman parte de ese grupo de personas capturadas.
Presidencia se declaró “no competente” para atender esa solicitud de información y, citando leyes diversas, remitió al solicitante a la SSP, PGR y Sedena. Proceso se dirigió a dichas dependencias. Seguridad Pública respondió:
“En atención a su solicitud, le comunicamos la inexistencia de la información solicitada, toda vez que en los archivos del sector central de esta Dependencia, no existe documento que contenga dicha información. Así mismo, es pertinente notificarle que la inexistencia de la información solicitada, ha sido confirmada en términos del artículo 46 de la Ley de la Materia, con la resolución emitida sobre este particular por nuestro Comité de Información”.
A falta de datos, la SSP optó por “brindar una adecuada orientación”: la información que solicita –puntualizó– “corresponde a atribuciones y funciones de la Procuraduría General de la República, toda vez que dicha dependencia, a través de la Agencia Federal de Investigación, se encarga de conducir y coordinar políticas y métodos de análisis táctico de la información sobre delincuencia organizada, para generar una base de datos que permita identificar a personas, grupos, organizaciones, zonas prioritarias y modos de operación, que se vinculen con los diversos delitos, con el fin de combatir la comisión de los mismos, por lo que le sugerimos dirigirse a dicha instancia…”
En su turno, el 5 de marzo la PGR respondió que “la información que requiere no se encuentra en el ámbito de las atribuciones de esta institución”. Y ofreció una salida magistral: “se le sugiere acudir a la Oficina de la Unidad de Enlace de la Presidencia de la República… es la dependencia competente para atender su solicitud de acceso”.
El 19 de marzo, la dependencia con más fama de cerrazón, la Sedena, dio la mejor respuesta:
“Después de realizar una exhaustiva búsqueda en los archivos del Estado Mayor de esta secretaría, únicamente se encontró información referente a 4 mil 763 personas que fueron detenidas en flagrancia por delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como los lugares y fechas de su detención, durante el período del 1 de diciembre de 2006 al 2 de marzo de 2008”.
Un anexo de la Sedena sobre los lugares en que se realizaron los arrestos confirma la presencia nacional del crimen organizado, si bien los operativos en su contra se acentuaron en Sonora, Tamaulipas, Michoacán, Sinaloa y Chihuahua, sobre todo en municipios como Caborca, Guaymas, Altamira, Matamoros, Valle Hermoso, Aguililla, Culiacán, Apatzingán, Los Mochis y Samalayuca.
Extrañamente, las dependencias del Gabinete de Seguridad habían dado cifras en materia de detenidos. Reunidos en la Secretaría de Gobernación el 31 de agosto, los titulares de Sedena, Marina, PGR y SSP ofrecieron cuentas alegres.
Reforma señaló que “las cuentas de la PGR no salen”: según su titular, Eduardo Medina Mora, hubo 12 mil 344 detenidos en nueve meses, pero un reporte de esta dependencia, obtenido por ese diario mediante la Ley de Transparencia, indica que el mayor número de detenidos en los últimos siete años se dio en 2005: 8 mil 422 personas.
El mismo Medina Mora aportó en esa ocasión el dato más revelador: de los 12 mil 344 detenidos, sólo 326 recibieron formal prisión, es decir menos del 3 por ciento.
Las cifras de Calderón en Harvard no parecen cuadrar con las que dieron en septiembre: si en nueve meses hubo poco más de 12 mil detenidos, quiere decir que en cinco meses se logró detener a otras 10 mil. Todo un récord, que explicaría, al menos en parte, el “complicado” México de antes (es decir el que gobernó Vicente Fox) y el país “absolutamente diferente” en el que vivimos hoy, según Calderón.
Sergio Aguayo, académico de El Colegio de México y presidente de Fundar –centro de análisis pionero en la investigación aplicada– comenta que no se explica la disparidad de las cifras sobre el número de detenidos:
“Lo que he podido observar es que las cifras de Sedena siempre son mucho más bajas que las que da Presidencia, tanto en materia de arrestos como en otros referentes sobre el crimen organizado, desde el sexenio de Fox”. Cita el caso de los efectivos enviados a diversas entidades: “Los números de la Sedena son muy distintos a los de Presidencia, quizá porque a ésta le interesa más impactar a la opinión pública. Además, es evidente que las cifras sobre detenidos se inflan porque incluyen en su mayoría a consumidores, por eso también hay muy pocos consignados”.
La disparidad de cifras, señala, es en todo caso un indicativo de la falta de coordinación entre las instituciones que combaten el crimen organizado “y de la incapacidad del Estado para generar inteligencia”.
Puntualiza: “El gobierno federal se coordina mejor con el exterior, en particular con Estados Unidos y Colombia, que con los gobiernos estatales y municipales. Esta coordinación con agencias foráneas ha contribuido a que el gobierno federal haya dado algunos buenos golpes a varios cárteles”.
En Chihuahua, el imperio criminal
Manuel E. Aguirre, reportero
Manuel E. Aguirre, reportero
Revista Proceso, No. 1639, 30/03/2008;
La guerra que libran los cárteles de Sinaloa y de Juárez en el estado de Chihuahua, que sólo en este año ha ocasionado más de 180 ejecuciones, se está extendiendo a ámbitos como internet y responde con asesinatos a los desplegados del gobierno. De acuerdo con testimonios públicos, “los grandes de la droga operan en sus búnkers, coludidos y protegidos cuando menos por una parte del poder (…) viven plácidamente en los mejores centros residenciales, se divierten como sultanes y juegan golf los domingos (…) a ellos no los alcanza ningún brazo del Estado”.
CHIHUAHUA, Chih.- Ningún jefe de los cárteles de Sinaloa y de Juárez ha sido aprehendido o sufrido algún atentado, pero la guerra que libran entre sí ha ocasionado más de 180 asesinatos este año y colocado a Chihuahua como la entidad con mayor número de ejecuciones, por encima de Baja California, Sinaloa y Tamaulipas.
Entre las bajas hay una veintena de policías municipales, dos funcionarios de la Policía Ministerial del estado y dos oficiales del Ejército Mexicano: un capitán de Inteligencia Militar acribillado en Ciudad Juárez y otro capitán que, el pasado 7 de marzo, cayó abatido durante un enfrentamiento con narcotraficantes en la ciudad de Chihuahua.
Los mismos actores de la batalla –encabezados por Joaquín El Chapo Guzmán (cártel de Sinaloa) y por Vicente Carrillo Fuentes (cártel de Juárez)– han procurado identificarse, como lo hizo el primero de ellos horas después de asesinar al funcionario ministerial Ricardo Chacón, dejando en los pasillos de la Subprocuraduría de Justicia una corona mortuoria con el siguiente mensaje:
“Para los que no creyeron, siguen sin creer y que siguen apoyando al tristemente célebre y en decadencia cártel de Juárez, les puede pasar lo mismo que a Chacón.”
Aquel 26 de febrero, a las 7:50 horas, a unos pasos de la Subprocuraduría de Justicia Zona Centro, había sido muerto con ráfagas de “cuerno de chivo” el subcoordinador regional de la Policía Ministerial Investigadora, Ricardo Chacón Ruiz de la Peña, sin que intervinieran las decenas de agentes ministeriales que a esa hora cambiaban de turno ni los policías preventivos y de vialidad que recorrían la zona.
Por la noche, miembros del cártel de Sinaloa dejaron la corona y el mensaje referidos en los pasillos de la propia Subprocuraduría, mencionando el apellido de aquel funcionario que, según la procuraduría del estado, “siempre contó con el respaldo de sus superiores” y que, de acuerdo con fuentes extraoficiales, mantenía relaciones con la Agencia Antidrogas Estadunidense (DEA).
Un mensaje similar había sido dejado semanas atrás en Ciudad Juárez, junto con una lista de agentes y comandantes municipales que poco después serían igualmente ejecutados.
No habían pasado ni dos semanas del asesinato de Chacón cuando también murió acribillado en esta capital el subcoordinador Regional para la Zona Norte –con sede en Ciudad Juárez– de la Policía Ministerial Investigadora, Mario Domínguez García, quien el día del atentado se hallaba “de vacaciones”.
Domínguez García había relevado semanas antes a Fernando Lozano Sandoval, quien igualmente había sido víctima de otro atentado el 22 de enero y hoy continúa internado en un hospital de El Paso, Texas, por las graves heridas que sufrió.
El propio Fernando Lozano, a su vez, había sustituido un año antes a Arturo Nassar Contreras luego de que éste fue ejecutado por los narcotraficantes.
Tras el asesinato de Mario Domínguez, supuestos miembros del cártel de Sinaloa extendieron la guerra al ámbito mediático, pues subieron a internet información que exhibe a los operadores de Vicente Carrillo Fuentes, los responsabiliza de un gran número de crímenes –les achaca incluso el de Mario Domínguez como “un colaborador que ya no les servía”– e involucra en actos de corrupción a la procuradora de Justicia, Patricia González Rodríguez, y al gobernador del estado, José Reyes Baeza.
Aunque no existen cifras ni siquiera aproximadas de las bajas que ha tenido cada bando en esta conflagración, la Procuraduría General de Justicia del Estado ha informado oficialmente que han sido ejecutadas 181 personas del 1 de enero al 26 de marzo de este año.
En esos cálculos se incluyen los asesinatos de los dos jefes ministeriales referidos, los directores de Seguridad Preventiva en Ciudad Juárez y Parral, cuatro elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, cinco agentes de Vialidad y casi una veintena de policías municipales.
Pero sólo por lo que se refiere a la Policía Ministerial ya suman 13 los agentes y comandantes asesinados de enero de 2007 al 25 de marzo de 2008.
Y aunque dentro de sus cuentas la Procuraduría General de Justicia del Estado considera que en la zona de Ciudad Juárez se han producido este año 36 ejecuciones, ha habido alrededor de 130 homicidios relacionados con disputas entre pandillas por territorios dedicados al narcomenudeo.
Los operativos
Entre el 10 de febrero y el 8 de marzo pasados, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó sobre varios operativos en los que fueron “reventadas” varias casas de seguridad de los cárteles en Ciudad Juárez y la capital del estado, así como del decomiso de dos toneladas de mariguana en el municipio rural de Namiquipa.
En un comunicado oficial del 17 de febrero, la Sedena reportó que, un día antes, fueron sorprendidos 21 individuos “en una casa de seguridad que era utilizada por la organización delictiva denominada cártel de Juárez”.
Esa finca, ubicada en la calle Oregón número 59 del fraccionamiento Campestre Arboleda, de Ciudad Juárez, era usada para preparar paquetes de cocaína con el fin de venderlos al menudeo. Hallaron 13 mil 170 dosis listas para ser distribuidas, otros dos kilos de la droga que estaban ya preparados para el “corte”, 760 gramos de mariguana, 10 fusiles “cuernos de chivo” con dos cargadores cada uno, tres vehículos sin placas de circulación, 11 radios portátiles, 23 básculas y varios juegos de ropa camuflada y/o con logotipos de la AFI.
Días más tarde, el 20 de febrero, en otro operativo realizado también en Ciudad Juárez luego de una “llamada anónima”, el Ejército dio con una casa de seguridad donde se ocultaban ocho supuestos sicarios que presumiblemente habían ejecutado a más de 60 personas en dos años: Martín Salas Martínez, Ricardo Ramírez García, Lorenzo Chacón, Santos Javier Ledesma Sánchez, Manuel Padilla Roguero, César Vizcaíno Amaro, Juan Domingo Muñoz Argüello y Víctor Manuel Argüelles Pérez.
En un comunicado difundido el 21 de febrero, la Sedena aseguró que se trataba de “individuos integrantes de la organización delictiva conocida como Arellano Félix y/o La Línea”. Ellos tenían en su poder cuatro rifles AK-47, dos pistolas calibre 9 milímetros, más de mil cartuchos, máscaras antigas, máquinas contadoras de dinero, 77 radios de comunicación y cuatro vehículos.
El 29 de febrero fue “reventada” otra casa de seguridad –ésta en Lomas de San José–, donde se detuvo a dos presuntos miembros del cártel de Juárez que custodiaban 2.7 toneladas de mariguana.
El 8 de marzo, en otro operativo del Ejército, varios de sus oficiales se enfrentaron con al menos 12 miembros del cártel de Juárez en una colonia de la capital del estado donde disponían de una casa de seguridad. Durante una balacera, que se prolongó tres horas, murieron seis miembros de la organización criminal y también un capitán del Ejército.
Desplegados y narcorréplicas
El gobierno del estado de Chihuahua empezó a fijar posiciones públicas sobre la violencia desde el pasado 23 de enero, cuando hizo publicar un desplegado.
“La ola de violencia que se ha presentado en el país es una respuesta a la ofensiva iniciada por el gobierno de la República contra el crimen organizado”, decía para comenzar.
“En el estado de Chihuahua –puntualizaba– los atentados y ejecuciones que se han presentado obedecen al trabajo realizado en los diversos operativos que se despliegan por fuerzas federales, estatales y municipales.”
Y remataba: “Coincidimos con el presidente Felipe Calderón, quien en la XXII sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el 9 de enero pasado, advirtió puntualmente sobre este tipo de represalias frente a la lucha contra el narcotráfico, y determinó enfrentar este reto cueste lo que cueste, porque el futuro de nuestros hijos está en riesgo”.
La réplica del crimen organizado no tardó ni 15 días. El 5 de febrero fueron acribillados en calles de Ciudad Juárez dos agentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
Vino entonces un nuevo desplegado gubernamental:
“Estos atentados contra los cuerpos de seguridad pública del estado –asentó– son producto del trabajo coordinado que vienen realizando las corporaciones de los tres órdenes de gobierno en contra de la delincuencia organizada. Se continuarán estos operativos conjuntos aun y cuando el costo humano y riesgo que se tiene es alto.”
Fue después de este mensaje cuando cayeron ejecutados los dos comandantes regionales de la Policía Ministerial, Chacón Ruiz y Domínguez García.
Por eso el 16 de marzo se emitió un tercer desplegado, en esta ocasión firmado, además, por el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza; por los funcionarios responsables de la seguridad estatal; por la delegación de la PGR, y por los 67 presidentes municipales de la entidad.
“La delincuencia organizada ha respondido a esta cruzada de los niveles de gobierno por la legalidad, con una escalada de violencia en contra de las corporaciones policiacas que han actuado en cumplimiento de su deber, pero también tratando de desacreditar la integridad de funcionarios, gobernantes e instituciones para minar su credibilidad social y crear confusión entre la población”, asentaba la publicación.
Sin embargo, en una “carta abierta” dirigida el pasado 22 de marzo al secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, el exdiputado local perredista y exdirigente estatal de ese partido, Jaime García Chávez, dice al general que “…los muertos son desconocidos al igual que los aprehendidos (…) a ningún capo de medio pelo se le echó el guante (…) los grandes de la droga operan en sus búnkers, coludidos y protegidos cuando menos por una parte del poder, al igual que altos políticos y financieros inodados internacionalmente con el crimen organizado. Viven plácidamente en los mejores centros residenciales, se divierten como sultanes y juegan golf los domingos (…) a ellos no los alcanza ningún brazo del Estado”.
CHIHUAHUA, Chih.- Ningún jefe de los cárteles de Sinaloa y de Juárez ha sido aprehendido o sufrido algún atentado, pero la guerra que libran entre sí ha ocasionado más de 180 asesinatos este año y colocado a Chihuahua como la entidad con mayor número de ejecuciones, por encima de Baja California, Sinaloa y Tamaulipas.
Entre las bajas hay una veintena de policías municipales, dos funcionarios de la Policía Ministerial del estado y dos oficiales del Ejército Mexicano: un capitán de Inteligencia Militar acribillado en Ciudad Juárez y otro capitán que, el pasado 7 de marzo, cayó abatido durante un enfrentamiento con narcotraficantes en la ciudad de Chihuahua.
Los mismos actores de la batalla –encabezados por Joaquín El Chapo Guzmán (cártel de Sinaloa) y por Vicente Carrillo Fuentes (cártel de Juárez)– han procurado identificarse, como lo hizo el primero de ellos horas después de asesinar al funcionario ministerial Ricardo Chacón, dejando en los pasillos de la Subprocuraduría de Justicia una corona mortuoria con el siguiente mensaje:
“Para los que no creyeron, siguen sin creer y que siguen apoyando al tristemente célebre y en decadencia cártel de Juárez, les puede pasar lo mismo que a Chacón.”
Aquel 26 de febrero, a las 7:50 horas, a unos pasos de la Subprocuraduría de Justicia Zona Centro, había sido muerto con ráfagas de “cuerno de chivo” el subcoordinador regional de la Policía Ministerial Investigadora, Ricardo Chacón Ruiz de la Peña, sin que intervinieran las decenas de agentes ministeriales que a esa hora cambiaban de turno ni los policías preventivos y de vialidad que recorrían la zona.
Por la noche, miembros del cártel de Sinaloa dejaron la corona y el mensaje referidos en los pasillos de la propia Subprocuraduría, mencionando el apellido de aquel funcionario que, según la procuraduría del estado, “siempre contó con el respaldo de sus superiores” y que, de acuerdo con fuentes extraoficiales, mantenía relaciones con la Agencia Antidrogas Estadunidense (DEA).
Un mensaje similar había sido dejado semanas atrás en Ciudad Juárez, junto con una lista de agentes y comandantes municipales que poco después serían igualmente ejecutados.
No habían pasado ni dos semanas del asesinato de Chacón cuando también murió acribillado en esta capital el subcoordinador Regional para la Zona Norte –con sede en Ciudad Juárez– de la Policía Ministerial Investigadora, Mario Domínguez García, quien el día del atentado se hallaba “de vacaciones”.
Domínguez García había relevado semanas antes a Fernando Lozano Sandoval, quien igualmente había sido víctima de otro atentado el 22 de enero y hoy continúa internado en un hospital de El Paso, Texas, por las graves heridas que sufrió.
El propio Fernando Lozano, a su vez, había sustituido un año antes a Arturo Nassar Contreras luego de que éste fue ejecutado por los narcotraficantes.
Tras el asesinato de Mario Domínguez, supuestos miembros del cártel de Sinaloa extendieron la guerra al ámbito mediático, pues subieron a internet información que exhibe a los operadores de Vicente Carrillo Fuentes, los responsabiliza de un gran número de crímenes –les achaca incluso el de Mario Domínguez como “un colaborador que ya no les servía”– e involucra en actos de corrupción a la procuradora de Justicia, Patricia González Rodríguez, y al gobernador del estado, José Reyes Baeza.
Aunque no existen cifras ni siquiera aproximadas de las bajas que ha tenido cada bando en esta conflagración, la Procuraduría General de Justicia del Estado ha informado oficialmente que han sido ejecutadas 181 personas del 1 de enero al 26 de marzo de este año.
En esos cálculos se incluyen los asesinatos de los dos jefes ministeriales referidos, los directores de Seguridad Preventiva en Ciudad Juárez y Parral, cuatro elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, cinco agentes de Vialidad y casi una veintena de policías municipales.
Pero sólo por lo que se refiere a la Policía Ministerial ya suman 13 los agentes y comandantes asesinados de enero de 2007 al 25 de marzo de 2008.
Y aunque dentro de sus cuentas la Procuraduría General de Justicia del Estado considera que en la zona de Ciudad Juárez se han producido este año 36 ejecuciones, ha habido alrededor de 130 homicidios relacionados con disputas entre pandillas por territorios dedicados al narcomenudeo.
Los operativos
Entre el 10 de febrero y el 8 de marzo pasados, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó sobre varios operativos en los que fueron “reventadas” varias casas de seguridad de los cárteles en Ciudad Juárez y la capital del estado, así como del decomiso de dos toneladas de mariguana en el municipio rural de Namiquipa.
En un comunicado oficial del 17 de febrero, la Sedena reportó que, un día antes, fueron sorprendidos 21 individuos “en una casa de seguridad que era utilizada por la organización delictiva denominada cártel de Juárez”.
Esa finca, ubicada en la calle Oregón número 59 del fraccionamiento Campestre Arboleda, de Ciudad Juárez, era usada para preparar paquetes de cocaína con el fin de venderlos al menudeo. Hallaron 13 mil 170 dosis listas para ser distribuidas, otros dos kilos de la droga que estaban ya preparados para el “corte”, 760 gramos de mariguana, 10 fusiles “cuernos de chivo” con dos cargadores cada uno, tres vehículos sin placas de circulación, 11 radios portátiles, 23 básculas y varios juegos de ropa camuflada y/o con logotipos de la AFI.
Días más tarde, el 20 de febrero, en otro operativo realizado también en Ciudad Juárez luego de una “llamada anónima”, el Ejército dio con una casa de seguridad donde se ocultaban ocho supuestos sicarios que presumiblemente habían ejecutado a más de 60 personas en dos años: Martín Salas Martínez, Ricardo Ramírez García, Lorenzo Chacón, Santos Javier Ledesma Sánchez, Manuel Padilla Roguero, César Vizcaíno Amaro, Juan Domingo Muñoz Argüello y Víctor Manuel Argüelles Pérez.
En un comunicado difundido el 21 de febrero, la Sedena aseguró que se trataba de “individuos integrantes de la organización delictiva conocida como Arellano Félix y/o La Línea”. Ellos tenían en su poder cuatro rifles AK-47, dos pistolas calibre 9 milímetros, más de mil cartuchos, máscaras antigas, máquinas contadoras de dinero, 77 radios de comunicación y cuatro vehículos.
El 29 de febrero fue “reventada” otra casa de seguridad –ésta en Lomas de San José–, donde se detuvo a dos presuntos miembros del cártel de Juárez que custodiaban 2.7 toneladas de mariguana.
El 8 de marzo, en otro operativo del Ejército, varios de sus oficiales se enfrentaron con al menos 12 miembros del cártel de Juárez en una colonia de la capital del estado donde disponían de una casa de seguridad. Durante una balacera, que se prolongó tres horas, murieron seis miembros de la organización criminal y también un capitán del Ejército.
Desplegados y narcorréplicas
El gobierno del estado de Chihuahua empezó a fijar posiciones públicas sobre la violencia desde el pasado 23 de enero, cuando hizo publicar un desplegado.
“La ola de violencia que se ha presentado en el país es una respuesta a la ofensiva iniciada por el gobierno de la República contra el crimen organizado”, decía para comenzar.
“En el estado de Chihuahua –puntualizaba– los atentados y ejecuciones que se han presentado obedecen al trabajo realizado en los diversos operativos que se despliegan por fuerzas federales, estatales y municipales.”
Y remataba: “Coincidimos con el presidente Felipe Calderón, quien en la XXII sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el 9 de enero pasado, advirtió puntualmente sobre este tipo de represalias frente a la lucha contra el narcotráfico, y determinó enfrentar este reto cueste lo que cueste, porque el futuro de nuestros hijos está en riesgo”.
La réplica del crimen organizado no tardó ni 15 días. El 5 de febrero fueron acribillados en calles de Ciudad Juárez dos agentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
Vino entonces un nuevo desplegado gubernamental:
“Estos atentados contra los cuerpos de seguridad pública del estado –asentó– son producto del trabajo coordinado que vienen realizando las corporaciones de los tres órdenes de gobierno en contra de la delincuencia organizada. Se continuarán estos operativos conjuntos aun y cuando el costo humano y riesgo que se tiene es alto.”
Fue después de este mensaje cuando cayeron ejecutados los dos comandantes regionales de la Policía Ministerial, Chacón Ruiz y Domínguez García.
Por eso el 16 de marzo se emitió un tercer desplegado, en esta ocasión firmado, además, por el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza; por los funcionarios responsables de la seguridad estatal; por la delegación de la PGR, y por los 67 presidentes municipales de la entidad.
“La delincuencia organizada ha respondido a esta cruzada de los niveles de gobierno por la legalidad, con una escalada de violencia en contra de las corporaciones policiacas que han actuado en cumplimiento de su deber, pero también tratando de desacreditar la integridad de funcionarios, gobernantes e instituciones para minar su credibilidad social y crear confusión entre la población”, asentaba la publicación.
Sin embargo, en una “carta abierta” dirigida el pasado 22 de marzo al secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, el exdiputado local perredista y exdirigente estatal de ese partido, Jaime García Chávez, dice al general que “…los muertos son desconocidos al igual que los aprehendidos (…) a ningún capo de medio pelo se le echó el guante (…) los grandes de la droga operan en sus búnkers, coludidos y protegidos cuando menos por una parte del poder, al igual que altos políticos y financieros inodados internacionalmente con el crimen organizado. Viven plácidamente en los mejores centros residenciales, se divierten como sultanes y juegan golf los domingos (…) a ellos no los alcanza ningún brazo del Estado”.
Sinaloa: los desaparecidos
Gloria Leticia Díaz, reportera.
Gloria Leticia Díaz, reportera.
Revista Proceso, No. 1639, 30/03/2008;
El Operativo México Seguro no sólo sigue mostrando su ineficacia en Sinaloa, entidad que, paradójicamente, está más insegura que nunca. Este conjunto de acciones de las fuerzas federales contribuyó al recrudecimiento de la violencia, ahora imparable, y fomentó en particular los levantones o desapariciones de personas, con el agravante de que en estos actos toma parte no sólo el narcotráfico sino, presumiblemente, las propias fuerzas federales.
CULIACÁN, SIN.- La violencia ha trastocado la vida cotidiana en esta entidad, sobre todo desde que el gobierno de Felipe Calderón emprendió sus operativos contra el narcotráfico.
Las cifras son elocuentes: del 1 de diciembre de 2006 a la fecha han muerto más de 400 sinaloenses en hechos relacionados con el crimen organizado. Tan sólo en la Semana Santa hubo 27 ejecuciones, incluidos dos multihomicidios en Culiacán, ocurridos entre el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. Y el jueves 27, en Badiraguato, un enfrentamiento entre soldados y un grupo armado dejó seis muertos, dos de ellos militares.
En este agitado escenario, el pasado 22 de enero fue levantado José Luis Ramírez Ibarra, un joven de 24 años. Su padre, José Luis Ramírez Meraz, explica: “Cuando escuché decir al presidente (Felipe Calderón) que acabar con las bandas del narcotráfico iba a costar muchas vidas, nunca pensé que se refería a gente como mi hijo”.
La víspera, dice, fuerzas federales sitiaron la región y capturaron a Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo, operador de Joaquín El Chapo Guzmán. Según vecinos de la colonia Prados del Sur, en Culiacán, el 22 de enero cuatro hombres que viajaban en un automóvil Sentra blanco se le emparejaron a Ramírez Ibarra, vendedor ambulante de plantas de ornato.
“Lo llamaron para preguntarle por su mercancía –cuenta Ramírez Meraz– y, cuando se acercó, los sujetos se bajaron para mostrarle una hoja de papel. Supongo que era una orden de aprehensión. Quienes vieron la acción dicen que mi hijo veía el papel y les decía: ‘Yo no soy, me están confundiendo’. Después lo esposaron y lo subieron al vehículo”.
La familia Ramírez Ibarra se enteró del levantón de su hijo horas después, cuando el diario local Noroeste publicó la noticia, por lo que de inmediato acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a presentar una queja, y ante las autoridades ministeriales de Culiacán a interponer la denuncia.
Cuenta Ramírez Meraz que conocidos suyos que trabajan en la policía intermunicipal le dijeron que los autores del levantón eran agentes federales, lo que lo llevó a recorrer durante varios días las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR) en busca del joven. Ante su insistencia, el delegado Miguel Ángel Campos Ortiz le permitió ingresar a los separos de la corporación.
Ahí, explica, sólo vio a dos muchachos. Después, el delegado le dijo que hay grupos especiales del gobierno federal que se mueven por Sinaloa sin avisarle qué hacen. “Yo quiero pensar que (a José Luis) se lo llevaron cuando detuvieron al Mochomo (el 21 de enero), porque en esos días estuvieron esos grupos especiales en Culiacán”.
Reitera que su hijo no cometió ningún delito, pero que trabajó con el dueño de una purificadora de agua, quien fue levantado hace poco y después apareció muerto en Guasave; no sabe si su muchacho vio algo y por eso se lo llevaron.
Tras agotar sus recorridos por las cárceles regionales y al ver que las autoridades no avanzaban en la investigación sobre el paradero de José Luis, durante varias semanas la familia Ramírez Ibarra realizó movilizaciones en Culiacán, así como un plantón a las puertas de la casa del gobernador, Jesús Aguilar Padilla.
A esas movilizaciones se sumaron los familiares de otro desaparecido, Jesús Armando Sarabia Mendívil, de 29 años, quien es padre de dos menores (de siete y de un año) y trabajaba en una fábrica de ladrillos. Él fue detenido en su casa el lunes 10 por presuntos agentes de la Policía Ministerial del Estado (PME), dice su esposa, Cristina Castañeda Alvarado.
Días antes de su desaparición, Jesús Armando obtuvo una carta de no antecedentes penales. Además, cuando su mujer lo buscó en las instancias judiciales locales y federales, no había órdenes de aprehensión ni de presentación contra él. Cristina Castañeda narra:
“A las 6 de la mañana de ese día (lunes 10) tocaron a la puerta de mi casa y gritaron el nombre de mi esposo. Salió descalzo y en ropa interior. Eran unos 15 hombres encapuchados, vestidos con uniformes camuflados, quienes se fueron sobre él. Lo golpearon y patearon hasta que quisieron.
“Cuando les pregunté por qué se lo llevaban dijeron que mi esposo era testigo de un secuestro. Lo subieron a una camioneta Ram blanca. En otro vehículo, una Suburban, iba otro muchacho esposado con las manos hacia atrás, quien hasta la fecha está desaparecido”.
El mismo día de la detención, Cristina solicitó un amparo a favor de Jesús Armando e interpuso denuncias ante la procuraduría estatal y la CEDH. Y aunque afirma que los agentes del Ministerio Público le dicen que cualquier persona puede comprar uniformes y armas para hacerse pasar por policías, “luego me dijeron que a lo mejor mi esposo estaba arraigado y que no nos avisaban para no entorpecer la investigación”, señala.
En respuesta a las movilizaciones de las familias Ramírez Meraz y Sarabia Castañeda, el procurador del estado, Luis Antonio Cárdenas Fonseca, se comprometió a resolver los casos de José Luis y Jesús Armando y nombró como encargado especial a José Antonio Sainz León, un agente que en 1996 estuvo al frente de las indagaciones sobre la desaparición de tres jóvenes en la colonia Las Quintas, que aún no se resuelve.
Cifras de miedo
En noviembre pasado, durante la Reunión Plenaria de Secretarios de Seguridad Pública realizada en Morelia, Michoacán, se dio a conocer un documento en el que se menciona a Sinaloa como el estado con más ejecuciones entre diciembre de 2006 y noviembre de 2007.
De acuerdo con ese reporte, hasta el 8 de noviembre pasado los muertos relacionados con la violencia sumaban 434. De éstos, 1.6% fueron policías, y el resto civiles cuyas edades oscilan de 12 a 68 años. Un tercio de la cifra total corresponde a personas que fueron levantadas y luego ejecutadas.
Los funcionarios participantes en el encuentro de Morelia admitieron que no cuentan con datos precisos acerca de las desapariciones forzadas, debido a que muchas veces los familiares de las víctimas no hacen la denuncia correspondiente por temor a represalias.
Al respecto, dirigentes de organizaciones no gubernamentales en Sinaloa no tienen cifras completas sobre la violencia en la entidad. Para el expresidente de la CEDH y de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, A.C. (CDDHS), Óscar Loza Ochoa, las desapariciones forzadas “podrían ser unas 90 de 1994 a la fecha”. Esto, dice, “sin dejar de reconocer que existe una cifra negra por el temor de la gente a denunciar”.
Los familiares de José Luis y Jesús Armando le plantearon sus problemas a Loza Ochoa, decano de los defensores de derechos humanos en la entidad y autor del libro Tiempo de espera (UAS-CEDH, 2003), en el que analiza las 42 desapariciones forzadas ocurridas en Sinaloa durante la “guerra sucia” de 1975-1979, y de otras 51 ocurridas entre 1994-2003.
El especialista dice que los casos de José Luis y Jesús Armando le permiten actualizar su estudio: “Después de 2003 tengo la impresión de que disminuyeron un poco las desapariciones forzadas, pero a partir de los operativos de México Seguro se vuelven a crear las condiciones para que arrecie el fenómeno e inicia una tercera etapa”.
Para el también regidor municipal, las desapariciones forzadas se dan con participación de la autoridad: “Así lo presumen los testigos, y también por grupos de particulares vinculados al crimen organizado que, de acuerdo con la forma que actúan, lo hacen con la tolerancia y connivencia de la autoridad; la impunidad no habla de otra cosa”.
Él mismo ha tenido desencuentros con las autoridades por sus investigaciones y su activismo, pero admite que no ha recibido amenazas: “Sólo he sido blanco de campañas de desprestigio por la tensión de los organismos defensores de los derechos humanos con autoridades judiciales y militares”.
Para él, esas campañas negativas se deben a que interviene en casos de denunciantes relacionados con el narcotráfico, o por acudir a operativos militares en comunidades donde residen los capos o sus familias.
El 25 septiembre de 2006 el periódico El Universal publicó una nota en la que se mencionaba a Loza Ochoa en una lista de padrinos de la boda de Joaquín López Calderón, un pariente suyo que purgó una pena por delitos presuntamente relacionados con el narcotráfico. En aquella lista figuraban Javier Torres Félix, hijo del capo Javier Torres (El JT, operador del Mayo Zambada), y Agustín Beltrán Vega. También acudieron a aquella fiesta Raúl Meza Ontiveros y Juan Carlos Beltrán Quintero, ambos con antecedentes penales.
Loza Ochoa sospecha que el autor de “la intriga” fue el excomandante de la zona militar, Eugenio Hidalgo Eddy, quien poco antes de la publicación del artículo le mostró una copia del documento. “Me dijo que el Ejército estaba en todo, y le contesté que entonces estaría enterado de que no acudí a esa fiesta”, dice el activista.
Población indefensa
El actual presidente de la CDDHS, Federico Sauceda Ochoa, sostiene que otro de los problemas de esta guerra sin cuartel que afecta a la población sinaloense es “la autocensura de los defensores de derechos humanos para atender casos de desapariciones en los que se presuma que estuviera involucrado el crimen organizado, particularmente el narcotráfico”.
Y enumera los nombres de los defensores asesinados en los últimos años cuyos casos aún están impunes. Todos ellos eran de la CDDHS: Norma Corona, Jesús Michel Jacobo, Carlos Gilberto Morán Cortez y Jorge Meza. También menciona a Jesús Ricardo Murillo Monge, del Frente Cívico Sinaloense.
“No podemos ser ajenos a esos mensajes de violencia –explica Sauceda–, además corremos el riesgo del desprestigio o pérdida de calidad moral cuando, como organización, damos asesoría a una persona que haya sido delincuente. Esto se debe sobre todo a que el gobierno nos considera defensores de delincuentes”.
A su vez, el representante del Frente contra la Impunidad, Miguel Ángel García Leyva, afirma que el movimiento que aglutina a varias organizaciones civiles tiene documentados 200 casos en Sinaloa, pero advierte que no todos fueron denunciados ante las autoridades.
García Leyva agrega que no existe un perfil socioeconómico de los afectados: “Las víctimas son de todos los sectores sociales. Sobresale la gente muy humilde y los jóvenes, incluso se llega a pedir rescate y no aparecen los secuestrados. Es evidente que muchos de estos casos son parte de una estrategia de los grupos delincuenciales de infundir terror en la población”.
Señala que la organización a la que pertenece –la Asociación Esperanza contra las Desapariciones Forzadas y contra la Impunidad, integrante del Frente contra la Impunidad– se creó en Baja California en 2001 y se extendió a Sinaloa “ante la falta de respuesta de las autoridades para resolver estos casos que se han dado en el marco del combate al narcotráfico, y por esa circunstancia evaden su responsabilidad, alimentando la impunidad”.
Ante esta situación, formula su propuesta: “Creemos que deben crearse fiscalías especializadas en abordar este problema en todo el país, porque la violencia por el combate al crimen organizado va a durar muchos años”.
García Leyva está organizando, para el 9 de mayo próximo, un foro al que familiares de desaparecidos acudirán a exponer sus experiencias. El propósito es que lleguen personas de Sinaloa, Baja California, Sonora y Chihuahua, entre otras entidades.
Los promotores del encuentro dicen que uno de los factores que provoca más sufrimiento en las familias de las víctimas es la descalificación, lo mismo que las amenazas anónimas para que abandonen la búsqueda.
Tamaulipas: entre dos fuegos
La creciente violencia desatada por los cárteles de la droga en las ciudades fronterizas de Tamaulipas, así como la presencia de militares adscritos en esta zona al Operativo Noreste, mantienen a la población en vilo. Y a pesar de que empresarios locales y jefes policiacos admiten que los despliegues castrenses son necesarios, advierten que no deben prolongarse, pues quienes pagan las consecuencias adversas de sus acciones son los ciudadanos…
REYNOSA, TAMPS.- Desde que en enero pasado el gobierno federal puso en marcha el Operativo Noreste en esta entidad, la delincuencia organizada desplegó una contraestrategia en la que los habitantes de las ciudades fronterizas son las principales víctimas.
Así, por ejemplo, desde hace varias semanas grupos de pistoleros del cártel del Golfo irrumpen de manera simultánea en restaurantes y discotecas y despojan a los parroquianos de sus pertenencias; lo mismo les quitan relojes que celulares, joyas y dinero. Los comandos, dicen algunos testigos, suelen ir encapuchados y portar armas largas. Visten uniformes militares o de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y se movilizan en varios vehículos.
También asaltan residencias de familias adineradas de los municipios fronterizos. Las seleccionan cuidadosamente. Gran parte de sus ataques los realizan en lugares públicos, lo que a veces ocasiona balaceras en las calles, cuando se enfrentan con soldados. A ello se suman los excesos de los uniformados contra la población civil, lo que acrecienta el clima de terror en la frontera tamaulipeca.
De hecho, algunas ciudades llevan ya un mes en virtual toque de queda debido a que la mayoría de las personas evitan salir por las noches. Dueños de restaurantes y de antros de ciudades como Matamoros y Reynosa se quejan incluso de que sus ventas cayeron entre 60 y 70% por falta de clientes.
Lo anterior ha provocado que los jóvenes opten por cruzar la frontera para divertirse en McAllen o Brownsville, o que se vayan de fin de semana a Monterrey, Nuevo León.
El director de la Policía Ministerial del Estado (PME), Amarante Miranda Morato, reconoce que desde que se incrementó la presencia militar en esta frontera los hechos delictivos no sólo se dispararon, sino que la delincuencia adoptó un patrón más agresivo y de mayor impacto en la sociedad.
Las lecturas que se dan a los ataques contra la población, dice, van en dos sentidos: por una parte, se considera que el crimen organizado pretende exhibir la inoperancia de las estrategias federales para combatirlos, y, por otra, que quiere recuperar el dinero perdido por los decomisos de droga y armas que ha efectuado el Ejército, así como por las dificultades que enfrenta para cruzar cargamentos debido a la presencia de soldados en los puentes internacionales.
Los ataques de los comandos son “una forma de decirle al operativo federal: no sirves”, interpreta otra fuente policiaca consultada por Proceso que pidió el anonimato. “Ése –puntualiza– es un mensaje que le están enviando a la población para que acabe por considerar que la presencia del Ejército en las calles no le sirve”, y además fomentan el descontento popular hacia los militares.
El dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la región noreste del país, Jorge Pensado Robles, señala que en esta zona la población vive una situación ambivalente. Por un lado, dice, la mayoría de los ciudadanos están de acuerdo con la presencia militar porque se sienten más seguros; pero por otro, se quejan debido a que están en medio de esta guerra que el gobierno federal declaró a los cárteles de la droga, y son ellos quienes resienten los castigos de los grupos de pistoleros al servicio del narcotráfico.
Advierte que hay un clima de confusión creado por los mismos grupos delictivos, pues cuando atacan visten uniformes militares y de la AFI. Además, las manifestaciones ciudadanas de protesta, así como las quejas por los abusos contra los operativos federales, son manipuladas. “La gran mayoría están orientadas a desprestigiar a los militares y a tener bases para exigir que éstos regresen a los cuarteles”, afirma Pensado Robles.
¡Todos al suelo!
El director de la PME, Amarante Miranda, refiere que en las últimas semanas se recibieron unas 20 denuncias formales sobre la irrupción de comandos en residencias de los municipios de Reynosa, Matamoros, Río Bravo y Miguel Alemán, y otras dos sobre incursiones similares en restaurantes de Reynosa.
Comenta que cuando, a mediados de enero, el Ejército procedió al desarme de todos los policías preventivos de los municipios fronterizos, los grupos delictivos “hicieron su fiesta” en Matamoros, pues en una sola noche se denunciaron 45 robos contra establecimientos comerciales, depósitos y personas en la calle.
La PME sólo recibió denuncia formal de dos asaltos a restaurantes, pero se registraron más casos. En Nuevo Laredo, por ejemplo, la noche del 19 de enero comandos de sicarios atracaron de manera simultánea cuatro bares.
El caso más sonado fue el asalto masivo que cometieron contra cientos de personas que se encontraban en El Silverado, salón de baile de música grupera de esa ciudad. Hombres vestidos de militares sorprendieron a los concurrentes y, al tiempo que les apuntaban con armas AK-47 y R-15, les gritaron: “¡Todos al suelo!”.
“A una muchacha la desnudaron, y a todos nos empujaron y nos obligaron a tirarnos al suelo, todos amontonados. A varios los encañonaron y los golpearon; había muchas mujeres en crisis. Fue algo horrible, creíamos que nos iban a matar”, cuenta una de las víctimas del atraco.
En los días siguientes, los sicarios pusieron en práctica otra operación: entraron de manera simultánea en casas de agentes aduanales de Nuevo Laredo y las saquearon.
En Reynosa hubo asaltos similares en restaurantes concurridos como Chili’s, El Papalote, Sierra Madre, Applebee’s, Rico’s Bar y La Fogata. Sólo los clientes del Chili’s presentaron denuncia.
El pasado 25 de febrero, el priista César Humberto Issasi Cantú, excandidato a la Presidencia Municipal, denunció ante las autoridades que un grupo de hombres vestidos de negro que dijeron ser agentes de la AFI se metieron a su casa para robar. Aseguró que los sujetos lo amagaron con armas largas y cortas obligándolo a abrir la caja fuerte, de la cual sustrajeron 3 mil dólares en efectivo, monedas de oro, relojes y otras joyas.
Por esos días, Mario López Villarreal, propietario del local de pollos Buenos Aires, denunció que un grupo de encapuchados secuestraron el 24 de febrero a dos de sus trabajadores, a quienes golpearon y obligaron a que les dieran la combinación de la caja fuerte, de donde se llevaron 100 mil pesos.
Y el 26 de febrero, Carlos Manuel Anda denunció que su padre, Héctor Anda Ríos, propietario de la casa de cambio Drive In y excomandante del desaparecido Resguardo Aduanal Mexicano, fue secuestrado por un comando de hombres armados vestidos con uniformes similares a los de los agentes de la AFI. Días después Anda Ríos fue liberado.
Abusos de militares
Respecto a los atropellos de militares contra la población civil, en la Procuraduría General de Justicia del Estado han sido presentadas alrededor de 20 querellas por ese motivo.
Sergio Meza Varela murió en Reynosa el pasado 16 de febrero cuando un grupo de soldados le disparó desde un retén. Y José Antonio Barbosa, conductor del auto en el que viajaba Meza, resultó herido porque se negó a detener el vehículo en el puesto de revisión, pues los militares lo acusaban de portar unos cigarros de mariguana.
El homicidio de Meza causó tal indignación que sus familiares y amigos, acompañados de cientos de reynosenses, llevaron el féretro hasta el edificio de la Presidencia Municipal para exigir el retiro de los militares.
Los excesos de los soldados también causaron molestia al Episcopado Mexicano, que presentó una queja porque el sacerdote Guadalupe Barbosa Cruz y tres de sus colaboradores fueron golpeados por militares la madrugada del 17 de febrero.
Según la denuncia, el padre Barbosa y sus acompañantes viajaban en una camioneta Lobo 2007 con vidrios polarizados por la carretera de Valle Hermoso a San Fernando, cuando se toparon con unos soldados que acababan de tener un accidente. Los uniformados detuvieron el vehículo, bajaron a los ocupantes y los empezaron a golpear. Al parecer, el accidente fue provocado por un joven en estado de ebriedad que chocó por la parte trasera a una camioneta que llevaba en la caja a varios soldados, los cuales resultaron heridos al salir expulsados de la unidad.
El jefe de la PME, Amarante Miranda, manifiesta que en este caso todo indica que los militares se sintieron atacados al creer que el accidente se debió a una emboscada de narcotraficantes, por lo que sometieron al joven que lo provocó, a agentes de tránsito y a los conductores que pasaron en ese momento por el lugar.
Otro de los incidentes que causó protestas entre la población fue cuando dos trabajadores del periódico La Prensa de Reynosa, Martín Mendo Cantú y Eleazar Vaquera Herrera, murieron calcinados luego de que el vehículo en el que se dirigían a sus casas fue impactado por otro que era perseguido por policías federales.
El descontento social ha crecido al grado de que tanto en Reynosa como en Matamoros se han realizado marchas con la participación de taxistas, prostitutas, meseros de bares y restaurantes, así como colonos. Su demanda es que los militares se retiren del estado.
Julio Almanza, vicepresidente de la Federación de Cámaras de Comercio en la Región Fronteriza, plantea: “Sabemos que esto es una guerra que tiene el gobierno federal y que todo mundo tiene que sacrificar algo… Nosotros estamos poniendo nuestra parte”.
Y se refiere a las bajas ventas que ha resentido el comercio fronterizo por la ausencia de turistas, así como a la reducción de horarios de negocios nocturnos, como discotecas, bares y restaurantes. Pese a ello, dice que la población se siente más segura por la presencia militar.
Pero también advierte: “Lógicamente, si el gobierno federal mantiene esta presencia militar de manera permanente, va a haber problemas sociales; si el operativo se prolonga, la sociedad va a sacrificar gran parte de su libertad y su tranquilidad, pero después será la economía de la frontera la que resienta (los efectos)”.
Por lo pronto, el viernes 14 de marzo se verificó otro despliegue militar: 2 mil 300 soldados, la mayoría encapuchados, llegaron vía área y terrestre a las ciudades fronterizas tamaulipecas para hacer frente al contraataque del cártel del Golfo.
“A nosotros lo que nos gustaría es que no fuera tan fuerte esa presencia militar ni tan ostentosa”, reitera Almanza.
Los narcocementerios
Manuel E. Aguirre
CHIHUAHUA, CHIH.- Varias fosas clandestinas, en las que miembros del crimen organizado tenían sepultadas a 49 personas, entre ellas tres mujeres, han sido descubiertas en lo que va del año en Ciudad Juárez y en esta capital.
La primera fue localizada en el patio trasero de una vivienda ubicada en la calle Luz Villa 1201, colonia Veteranos, de esta ciudad.
En el boletín 027/08 del pasado 18 de enero, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que la finca está “relacionada con el cártel de Juárez” y que ahí localizó seis cadáveres.
Entre esos cuerpos estaban los de dos agentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y uno de Vialidad de esta capital.
Los dos primeros, Jorge Anchondo y Jesús Morales, fueron levantados en diciembre de 2006 en la misma ciudad. Según las autopsias que llevaron a cabo peritos de la Procuraduría General de Justicia de la entidad, ambos policías fueron asesinados seis meses después del secuestro. Durante el tiempo que permanecieron plagiados fueron sometidos a múltiples torturas.
El agente de Vialidad Socorro Alberto Aguilar y las otras tres personas arrojadas a la misma fosa habían sido levantados sólo unas semanas antes del hallazgo.
Según la PGR (boletín 041/08), ese descubrimiento vinculado al cártel de Juárez derivó en una solicitud de cateo, el cual se realizó el 21 de febrero en la calle Cocoyoc, fraccionamiento Cuernavaca, de Ciudad Juárez. Ahí se halló primero una fosa con un cuerpo; al día siguiente, en la misma casa, fue descubierta otra fosa con tres cuerpos. Además, el 23 de febrero se descubrió otro cuerpo en una fosa aparte, y el día 25 fueron localizados tres tórax y dos cabezas. La PGR aún no da a conocer la identidad de los restos.
A partir del primer hallazgo en la ciudad de Chihuahua y después en la colonia Cuernavaca, de Juárez, las autoridades federales iniciaron la averiguación previa (PGR/SIEDO/UEIDO/0912008) sobre otra finca también vinculada con el cártel de Juárez.
Se trata de una casa en la calle Pedregal sin número, colonia La Cuesta, de Ciudad Juárez, en cuyo patio se excavaron 14 fosas entre el 1 y el 12 de marzo. Se desenterraron 33 cadáveres, el mayor hallazgo de este tipo en el estado.
“El perito de antropología forense informó que los restos encontrados tienen aproximadamente cinco años de inhumados y que sólo tres de ellos, por sus características, corresponden a mujeres”, asentó la PGR.
El Operativo México Seguro no sólo sigue mostrando su ineficacia en Sinaloa, entidad que, paradójicamente, está más insegura que nunca. Este conjunto de acciones de las fuerzas federales contribuyó al recrudecimiento de la violencia, ahora imparable, y fomentó en particular los levantones o desapariciones de personas, con el agravante de que en estos actos toma parte no sólo el narcotráfico sino, presumiblemente, las propias fuerzas federales.
CULIACÁN, SIN.- La violencia ha trastocado la vida cotidiana en esta entidad, sobre todo desde que el gobierno de Felipe Calderón emprendió sus operativos contra el narcotráfico.
Las cifras son elocuentes: del 1 de diciembre de 2006 a la fecha han muerto más de 400 sinaloenses en hechos relacionados con el crimen organizado. Tan sólo en la Semana Santa hubo 27 ejecuciones, incluidos dos multihomicidios en Culiacán, ocurridos entre el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. Y el jueves 27, en Badiraguato, un enfrentamiento entre soldados y un grupo armado dejó seis muertos, dos de ellos militares.
En este agitado escenario, el pasado 22 de enero fue levantado José Luis Ramírez Ibarra, un joven de 24 años. Su padre, José Luis Ramírez Meraz, explica: “Cuando escuché decir al presidente (Felipe Calderón) que acabar con las bandas del narcotráfico iba a costar muchas vidas, nunca pensé que se refería a gente como mi hijo”.
La víspera, dice, fuerzas federales sitiaron la región y capturaron a Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo, operador de Joaquín El Chapo Guzmán. Según vecinos de la colonia Prados del Sur, en Culiacán, el 22 de enero cuatro hombres que viajaban en un automóvil Sentra blanco se le emparejaron a Ramírez Ibarra, vendedor ambulante de plantas de ornato.
“Lo llamaron para preguntarle por su mercancía –cuenta Ramírez Meraz– y, cuando se acercó, los sujetos se bajaron para mostrarle una hoja de papel. Supongo que era una orden de aprehensión. Quienes vieron la acción dicen que mi hijo veía el papel y les decía: ‘Yo no soy, me están confundiendo’. Después lo esposaron y lo subieron al vehículo”.
La familia Ramírez Ibarra se enteró del levantón de su hijo horas después, cuando el diario local Noroeste publicó la noticia, por lo que de inmediato acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a presentar una queja, y ante las autoridades ministeriales de Culiacán a interponer la denuncia.
Cuenta Ramírez Meraz que conocidos suyos que trabajan en la policía intermunicipal le dijeron que los autores del levantón eran agentes federales, lo que lo llevó a recorrer durante varios días las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR) en busca del joven. Ante su insistencia, el delegado Miguel Ángel Campos Ortiz le permitió ingresar a los separos de la corporación.
Ahí, explica, sólo vio a dos muchachos. Después, el delegado le dijo que hay grupos especiales del gobierno federal que se mueven por Sinaloa sin avisarle qué hacen. “Yo quiero pensar que (a José Luis) se lo llevaron cuando detuvieron al Mochomo (el 21 de enero), porque en esos días estuvieron esos grupos especiales en Culiacán”.
Reitera que su hijo no cometió ningún delito, pero que trabajó con el dueño de una purificadora de agua, quien fue levantado hace poco y después apareció muerto en Guasave; no sabe si su muchacho vio algo y por eso se lo llevaron.
Tras agotar sus recorridos por las cárceles regionales y al ver que las autoridades no avanzaban en la investigación sobre el paradero de José Luis, durante varias semanas la familia Ramírez Ibarra realizó movilizaciones en Culiacán, así como un plantón a las puertas de la casa del gobernador, Jesús Aguilar Padilla.
A esas movilizaciones se sumaron los familiares de otro desaparecido, Jesús Armando Sarabia Mendívil, de 29 años, quien es padre de dos menores (de siete y de un año) y trabajaba en una fábrica de ladrillos. Él fue detenido en su casa el lunes 10 por presuntos agentes de la Policía Ministerial del Estado (PME), dice su esposa, Cristina Castañeda Alvarado.
Días antes de su desaparición, Jesús Armando obtuvo una carta de no antecedentes penales. Además, cuando su mujer lo buscó en las instancias judiciales locales y federales, no había órdenes de aprehensión ni de presentación contra él. Cristina Castañeda narra:
“A las 6 de la mañana de ese día (lunes 10) tocaron a la puerta de mi casa y gritaron el nombre de mi esposo. Salió descalzo y en ropa interior. Eran unos 15 hombres encapuchados, vestidos con uniformes camuflados, quienes se fueron sobre él. Lo golpearon y patearon hasta que quisieron.
“Cuando les pregunté por qué se lo llevaban dijeron que mi esposo era testigo de un secuestro. Lo subieron a una camioneta Ram blanca. En otro vehículo, una Suburban, iba otro muchacho esposado con las manos hacia atrás, quien hasta la fecha está desaparecido”.
El mismo día de la detención, Cristina solicitó un amparo a favor de Jesús Armando e interpuso denuncias ante la procuraduría estatal y la CEDH. Y aunque afirma que los agentes del Ministerio Público le dicen que cualquier persona puede comprar uniformes y armas para hacerse pasar por policías, “luego me dijeron que a lo mejor mi esposo estaba arraigado y que no nos avisaban para no entorpecer la investigación”, señala.
En respuesta a las movilizaciones de las familias Ramírez Meraz y Sarabia Castañeda, el procurador del estado, Luis Antonio Cárdenas Fonseca, se comprometió a resolver los casos de José Luis y Jesús Armando y nombró como encargado especial a José Antonio Sainz León, un agente que en 1996 estuvo al frente de las indagaciones sobre la desaparición de tres jóvenes en la colonia Las Quintas, que aún no se resuelve.
Cifras de miedo
En noviembre pasado, durante la Reunión Plenaria de Secretarios de Seguridad Pública realizada en Morelia, Michoacán, se dio a conocer un documento en el que se menciona a Sinaloa como el estado con más ejecuciones entre diciembre de 2006 y noviembre de 2007.
De acuerdo con ese reporte, hasta el 8 de noviembre pasado los muertos relacionados con la violencia sumaban 434. De éstos, 1.6% fueron policías, y el resto civiles cuyas edades oscilan de 12 a 68 años. Un tercio de la cifra total corresponde a personas que fueron levantadas y luego ejecutadas.
Los funcionarios participantes en el encuentro de Morelia admitieron que no cuentan con datos precisos acerca de las desapariciones forzadas, debido a que muchas veces los familiares de las víctimas no hacen la denuncia correspondiente por temor a represalias.
Al respecto, dirigentes de organizaciones no gubernamentales en Sinaloa no tienen cifras completas sobre la violencia en la entidad. Para el expresidente de la CEDH y de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, A.C. (CDDHS), Óscar Loza Ochoa, las desapariciones forzadas “podrían ser unas 90 de 1994 a la fecha”. Esto, dice, “sin dejar de reconocer que existe una cifra negra por el temor de la gente a denunciar”.
Los familiares de José Luis y Jesús Armando le plantearon sus problemas a Loza Ochoa, decano de los defensores de derechos humanos en la entidad y autor del libro Tiempo de espera (UAS-CEDH, 2003), en el que analiza las 42 desapariciones forzadas ocurridas en Sinaloa durante la “guerra sucia” de 1975-1979, y de otras 51 ocurridas entre 1994-2003.
El especialista dice que los casos de José Luis y Jesús Armando le permiten actualizar su estudio: “Después de 2003 tengo la impresión de que disminuyeron un poco las desapariciones forzadas, pero a partir de los operativos de México Seguro se vuelven a crear las condiciones para que arrecie el fenómeno e inicia una tercera etapa”.
Para el también regidor municipal, las desapariciones forzadas se dan con participación de la autoridad: “Así lo presumen los testigos, y también por grupos de particulares vinculados al crimen organizado que, de acuerdo con la forma que actúan, lo hacen con la tolerancia y connivencia de la autoridad; la impunidad no habla de otra cosa”.
Él mismo ha tenido desencuentros con las autoridades por sus investigaciones y su activismo, pero admite que no ha recibido amenazas: “Sólo he sido blanco de campañas de desprestigio por la tensión de los organismos defensores de los derechos humanos con autoridades judiciales y militares”.
Para él, esas campañas negativas se deben a que interviene en casos de denunciantes relacionados con el narcotráfico, o por acudir a operativos militares en comunidades donde residen los capos o sus familias.
El 25 septiembre de 2006 el periódico El Universal publicó una nota en la que se mencionaba a Loza Ochoa en una lista de padrinos de la boda de Joaquín López Calderón, un pariente suyo que purgó una pena por delitos presuntamente relacionados con el narcotráfico. En aquella lista figuraban Javier Torres Félix, hijo del capo Javier Torres (El JT, operador del Mayo Zambada), y Agustín Beltrán Vega. También acudieron a aquella fiesta Raúl Meza Ontiveros y Juan Carlos Beltrán Quintero, ambos con antecedentes penales.
Loza Ochoa sospecha que el autor de “la intriga” fue el excomandante de la zona militar, Eugenio Hidalgo Eddy, quien poco antes de la publicación del artículo le mostró una copia del documento. “Me dijo que el Ejército estaba en todo, y le contesté que entonces estaría enterado de que no acudí a esa fiesta”, dice el activista.
Población indefensa
El actual presidente de la CDDHS, Federico Sauceda Ochoa, sostiene que otro de los problemas de esta guerra sin cuartel que afecta a la población sinaloense es “la autocensura de los defensores de derechos humanos para atender casos de desapariciones en los que se presuma que estuviera involucrado el crimen organizado, particularmente el narcotráfico”.
Y enumera los nombres de los defensores asesinados en los últimos años cuyos casos aún están impunes. Todos ellos eran de la CDDHS: Norma Corona, Jesús Michel Jacobo, Carlos Gilberto Morán Cortez y Jorge Meza. También menciona a Jesús Ricardo Murillo Monge, del Frente Cívico Sinaloense.
“No podemos ser ajenos a esos mensajes de violencia –explica Sauceda–, además corremos el riesgo del desprestigio o pérdida de calidad moral cuando, como organización, damos asesoría a una persona que haya sido delincuente. Esto se debe sobre todo a que el gobierno nos considera defensores de delincuentes”.
A su vez, el representante del Frente contra la Impunidad, Miguel Ángel García Leyva, afirma que el movimiento que aglutina a varias organizaciones civiles tiene documentados 200 casos en Sinaloa, pero advierte que no todos fueron denunciados ante las autoridades.
García Leyva agrega que no existe un perfil socioeconómico de los afectados: “Las víctimas son de todos los sectores sociales. Sobresale la gente muy humilde y los jóvenes, incluso se llega a pedir rescate y no aparecen los secuestrados. Es evidente que muchos de estos casos son parte de una estrategia de los grupos delincuenciales de infundir terror en la población”.
Señala que la organización a la que pertenece –la Asociación Esperanza contra las Desapariciones Forzadas y contra la Impunidad, integrante del Frente contra la Impunidad– se creó en Baja California en 2001 y se extendió a Sinaloa “ante la falta de respuesta de las autoridades para resolver estos casos que se han dado en el marco del combate al narcotráfico, y por esa circunstancia evaden su responsabilidad, alimentando la impunidad”.
Ante esta situación, formula su propuesta: “Creemos que deben crearse fiscalías especializadas en abordar este problema en todo el país, porque la violencia por el combate al crimen organizado va a durar muchos años”.
García Leyva está organizando, para el 9 de mayo próximo, un foro al que familiares de desaparecidos acudirán a exponer sus experiencias. El propósito es que lleguen personas de Sinaloa, Baja California, Sonora y Chihuahua, entre otras entidades.
Los promotores del encuentro dicen que uno de los factores que provoca más sufrimiento en las familias de las víctimas es la descalificación, lo mismo que las amenazas anónimas para que abandonen la búsqueda.
Tamaulipas: entre dos fuegos
La creciente violencia desatada por los cárteles de la droga en las ciudades fronterizas de Tamaulipas, así como la presencia de militares adscritos en esta zona al Operativo Noreste, mantienen a la población en vilo. Y a pesar de que empresarios locales y jefes policiacos admiten que los despliegues castrenses son necesarios, advierten que no deben prolongarse, pues quienes pagan las consecuencias adversas de sus acciones son los ciudadanos…
REYNOSA, TAMPS.- Desde que en enero pasado el gobierno federal puso en marcha el Operativo Noreste en esta entidad, la delincuencia organizada desplegó una contraestrategia en la que los habitantes de las ciudades fronterizas son las principales víctimas.
Así, por ejemplo, desde hace varias semanas grupos de pistoleros del cártel del Golfo irrumpen de manera simultánea en restaurantes y discotecas y despojan a los parroquianos de sus pertenencias; lo mismo les quitan relojes que celulares, joyas y dinero. Los comandos, dicen algunos testigos, suelen ir encapuchados y portar armas largas. Visten uniformes militares o de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y se movilizan en varios vehículos.
También asaltan residencias de familias adineradas de los municipios fronterizos. Las seleccionan cuidadosamente. Gran parte de sus ataques los realizan en lugares públicos, lo que a veces ocasiona balaceras en las calles, cuando se enfrentan con soldados. A ello se suman los excesos de los uniformados contra la población civil, lo que acrecienta el clima de terror en la frontera tamaulipeca.
De hecho, algunas ciudades llevan ya un mes en virtual toque de queda debido a que la mayoría de las personas evitan salir por las noches. Dueños de restaurantes y de antros de ciudades como Matamoros y Reynosa se quejan incluso de que sus ventas cayeron entre 60 y 70% por falta de clientes.
Lo anterior ha provocado que los jóvenes opten por cruzar la frontera para divertirse en McAllen o Brownsville, o que se vayan de fin de semana a Monterrey, Nuevo León.
El director de la Policía Ministerial del Estado (PME), Amarante Miranda Morato, reconoce que desde que se incrementó la presencia militar en esta frontera los hechos delictivos no sólo se dispararon, sino que la delincuencia adoptó un patrón más agresivo y de mayor impacto en la sociedad.
Las lecturas que se dan a los ataques contra la población, dice, van en dos sentidos: por una parte, se considera que el crimen organizado pretende exhibir la inoperancia de las estrategias federales para combatirlos, y, por otra, que quiere recuperar el dinero perdido por los decomisos de droga y armas que ha efectuado el Ejército, así como por las dificultades que enfrenta para cruzar cargamentos debido a la presencia de soldados en los puentes internacionales.
Los ataques de los comandos son “una forma de decirle al operativo federal: no sirves”, interpreta otra fuente policiaca consultada por Proceso que pidió el anonimato. “Ése –puntualiza– es un mensaje que le están enviando a la población para que acabe por considerar que la presencia del Ejército en las calles no le sirve”, y además fomentan el descontento popular hacia los militares.
El dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la región noreste del país, Jorge Pensado Robles, señala que en esta zona la población vive una situación ambivalente. Por un lado, dice, la mayoría de los ciudadanos están de acuerdo con la presencia militar porque se sienten más seguros; pero por otro, se quejan debido a que están en medio de esta guerra que el gobierno federal declaró a los cárteles de la droga, y son ellos quienes resienten los castigos de los grupos de pistoleros al servicio del narcotráfico.
Advierte que hay un clima de confusión creado por los mismos grupos delictivos, pues cuando atacan visten uniformes militares y de la AFI. Además, las manifestaciones ciudadanas de protesta, así como las quejas por los abusos contra los operativos federales, son manipuladas. “La gran mayoría están orientadas a desprestigiar a los militares y a tener bases para exigir que éstos regresen a los cuarteles”, afirma Pensado Robles.
¡Todos al suelo!
El director de la PME, Amarante Miranda, refiere que en las últimas semanas se recibieron unas 20 denuncias formales sobre la irrupción de comandos en residencias de los municipios de Reynosa, Matamoros, Río Bravo y Miguel Alemán, y otras dos sobre incursiones similares en restaurantes de Reynosa.
Comenta que cuando, a mediados de enero, el Ejército procedió al desarme de todos los policías preventivos de los municipios fronterizos, los grupos delictivos “hicieron su fiesta” en Matamoros, pues en una sola noche se denunciaron 45 robos contra establecimientos comerciales, depósitos y personas en la calle.
La PME sólo recibió denuncia formal de dos asaltos a restaurantes, pero se registraron más casos. En Nuevo Laredo, por ejemplo, la noche del 19 de enero comandos de sicarios atracaron de manera simultánea cuatro bares.
El caso más sonado fue el asalto masivo que cometieron contra cientos de personas que se encontraban en El Silverado, salón de baile de música grupera de esa ciudad. Hombres vestidos de militares sorprendieron a los concurrentes y, al tiempo que les apuntaban con armas AK-47 y R-15, les gritaron: “¡Todos al suelo!”.
“A una muchacha la desnudaron, y a todos nos empujaron y nos obligaron a tirarnos al suelo, todos amontonados. A varios los encañonaron y los golpearon; había muchas mujeres en crisis. Fue algo horrible, creíamos que nos iban a matar”, cuenta una de las víctimas del atraco.
En los días siguientes, los sicarios pusieron en práctica otra operación: entraron de manera simultánea en casas de agentes aduanales de Nuevo Laredo y las saquearon.
En Reynosa hubo asaltos similares en restaurantes concurridos como Chili’s, El Papalote, Sierra Madre, Applebee’s, Rico’s Bar y La Fogata. Sólo los clientes del Chili’s presentaron denuncia.
El pasado 25 de febrero, el priista César Humberto Issasi Cantú, excandidato a la Presidencia Municipal, denunció ante las autoridades que un grupo de hombres vestidos de negro que dijeron ser agentes de la AFI se metieron a su casa para robar. Aseguró que los sujetos lo amagaron con armas largas y cortas obligándolo a abrir la caja fuerte, de la cual sustrajeron 3 mil dólares en efectivo, monedas de oro, relojes y otras joyas.
Por esos días, Mario López Villarreal, propietario del local de pollos Buenos Aires, denunció que un grupo de encapuchados secuestraron el 24 de febrero a dos de sus trabajadores, a quienes golpearon y obligaron a que les dieran la combinación de la caja fuerte, de donde se llevaron 100 mil pesos.
Y el 26 de febrero, Carlos Manuel Anda denunció que su padre, Héctor Anda Ríos, propietario de la casa de cambio Drive In y excomandante del desaparecido Resguardo Aduanal Mexicano, fue secuestrado por un comando de hombres armados vestidos con uniformes similares a los de los agentes de la AFI. Días después Anda Ríos fue liberado.
Abusos de militares
Respecto a los atropellos de militares contra la población civil, en la Procuraduría General de Justicia del Estado han sido presentadas alrededor de 20 querellas por ese motivo.
Sergio Meza Varela murió en Reynosa el pasado 16 de febrero cuando un grupo de soldados le disparó desde un retén. Y José Antonio Barbosa, conductor del auto en el que viajaba Meza, resultó herido porque se negó a detener el vehículo en el puesto de revisión, pues los militares lo acusaban de portar unos cigarros de mariguana.
El homicidio de Meza causó tal indignación que sus familiares y amigos, acompañados de cientos de reynosenses, llevaron el féretro hasta el edificio de la Presidencia Municipal para exigir el retiro de los militares.
Los excesos de los soldados también causaron molestia al Episcopado Mexicano, que presentó una queja porque el sacerdote Guadalupe Barbosa Cruz y tres de sus colaboradores fueron golpeados por militares la madrugada del 17 de febrero.
Según la denuncia, el padre Barbosa y sus acompañantes viajaban en una camioneta Lobo 2007 con vidrios polarizados por la carretera de Valle Hermoso a San Fernando, cuando se toparon con unos soldados que acababan de tener un accidente. Los uniformados detuvieron el vehículo, bajaron a los ocupantes y los empezaron a golpear. Al parecer, el accidente fue provocado por un joven en estado de ebriedad que chocó por la parte trasera a una camioneta que llevaba en la caja a varios soldados, los cuales resultaron heridos al salir expulsados de la unidad.
El jefe de la PME, Amarante Miranda, manifiesta que en este caso todo indica que los militares se sintieron atacados al creer que el accidente se debió a una emboscada de narcotraficantes, por lo que sometieron al joven que lo provocó, a agentes de tránsito y a los conductores que pasaron en ese momento por el lugar.
Otro de los incidentes que causó protestas entre la población fue cuando dos trabajadores del periódico La Prensa de Reynosa, Martín Mendo Cantú y Eleazar Vaquera Herrera, murieron calcinados luego de que el vehículo en el que se dirigían a sus casas fue impactado por otro que era perseguido por policías federales.
El descontento social ha crecido al grado de que tanto en Reynosa como en Matamoros se han realizado marchas con la participación de taxistas, prostitutas, meseros de bares y restaurantes, así como colonos. Su demanda es que los militares se retiren del estado.
Julio Almanza, vicepresidente de la Federación de Cámaras de Comercio en la Región Fronteriza, plantea: “Sabemos que esto es una guerra que tiene el gobierno federal y que todo mundo tiene que sacrificar algo… Nosotros estamos poniendo nuestra parte”.
Y se refiere a las bajas ventas que ha resentido el comercio fronterizo por la ausencia de turistas, así como a la reducción de horarios de negocios nocturnos, como discotecas, bares y restaurantes. Pese a ello, dice que la población se siente más segura por la presencia militar.
Pero también advierte: “Lógicamente, si el gobierno federal mantiene esta presencia militar de manera permanente, va a haber problemas sociales; si el operativo se prolonga, la sociedad va a sacrificar gran parte de su libertad y su tranquilidad, pero después será la economía de la frontera la que resienta (los efectos)”.
Por lo pronto, el viernes 14 de marzo se verificó otro despliegue militar: 2 mil 300 soldados, la mayoría encapuchados, llegaron vía área y terrestre a las ciudades fronterizas tamaulipecas para hacer frente al contraataque del cártel del Golfo.
“A nosotros lo que nos gustaría es que no fuera tan fuerte esa presencia militar ni tan ostentosa”, reitera Almanza.
Los narcocementerios
Manuel E. Aguirre
CHIHUAHUA, CHIH.- Varias fosas clandestinas, en las que miembros del crimen organizado tenían sepultadas a 49 personas, entre ellas tres mujeres, han sido descubiertas en lo que va del año en Ciudad Juárez y en esta capital.
La primera fue localizada en el patio trasero de una vivienda ubicada en la calle Luz Villa 1201, colonia Veteranos, de esta ciudad.
En el boletín 027/08 del pasado 18 de enero, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que la finca está “relacionada con el cártel de Juárez” y que ahí localizó seis cadáveres.
Entre esos cuerpos estaban los de dos agentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y uno de Vialidad de esta capital.
Los dos primeros, Jorge Anchondo y Jesús Morales, fueron levantados en diciembre de 2006 en la misma ciudad. Según las autopsias que llevaron a cabo peritos de la Procuraduría General de Justicia de la entidad, ambos policías fueron asesinados seis meses después del secuestro. Durante el tiempo que permanecieron plagiados fueron sometidos a múltiples torturas.
El agente de Vialidad Socorro Alberto Aguilar y las otras tres personas arrojadas a la misma fosa habían sido levantados sólo unas semanas antes del hallazgo.
Según la PGR (boletín 041/08), ese descubrimiento vinculado al cártel de Juárez derivó en una solicitud de cateo, el cual se realizó el 21 de febrero en la calle Cocoyoc, fraccionamiento Cuernavaca, de Ciudad Juárez. Ahí se halló primero una fosa con un cuerpo; al día siguiente, en la misma casa, fue descubierta otra fosa con tres cuerpos. Además, el 23 de febrero se descubrió otro cuerpo en una fosa aparte, y el día 25 fueron localizados tres tórax y dos cabezas. La PGR aún no da a conocer la identidad de los restos.
A partir del primer hallazgo en la ciudad de Chihuahua y después en la colonia Cuernavaca, de Juárez, las autoridades federales iniciaron la averiguación previa (PGR/SIEDO/UEIDO/0912008) sobre otra finca también vinculada con el cártel de Juárez.
Se trata de una casa en la calle Pedregal sin número, colonia La Cuesta, de Ciudad Juárez, en cuyo patio se excavaron 14 fosas entre el 1 y el 12 de marzo. Se desenterraron 33 cadáveres, el mayor hallazgo de este tipo en el estado.
“El perito de antropología forense informó que los restos encontrados tienen aproximadamente cinco años de inhumados y que sólo tres de ellos, por sus características, corresponden a mujeres”, asentó la PGR.
