Ante las desapariciones, Chihuahua bloquea a los forenses argentinos

Revista Proceso # 2056, 26 de marzo de 20016..

Ante las desapariciones, Chihuahua bloquea a los forenses argentinos/Patricia Mayorga

Chihuahua enfrenta una catástrofe de derechos humanos: sólo en el municipio de Cuauhtémoc, al menos 350 personas han sido desaparecidas en los últimos años. Pero el gobierno de César Duarte aseguró que durante su gestión sólo se ha documentado un caso y fue resuelto. Como sea, los familiares de las víctimas lograron que el Equipo Argentino de Antropología Forense acudiera a revisar los restos de tres fosas. La administración duartista les puso condiciones ridículas para laborar, los desprestigió y les impide trabajar.

 CHIHUAHUA, Chih.- El gobernador César Duarte Jáquez conoce desde 2011 que las desapariciones forzadas en el municipio de Cuauhtémoc repuntaron, pero se empeña en negarlo.

 Así, no ha ofrecido resultados a las familias de las víctimas, quienes desde 2013 crearon organizaciones civiles y solicitaron la presencia del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que ya había trabajado con el gobierno estatal en el esclarecimiento de los feminicidios del campo algodonero en Ciudad Juárez.

 Pero ahora la administración ha intentado evitar que los forenses intervengan, pese a que inicialmente Duarte y sus funcionarios firmaron documentos en los que aceptaron la petición.

 En enero pasado, Amnistía Internacional difundió la realidad de Cuauhtémoc, que equiparó con la de Ayotzinapa: en los últimos cinco años al menos se han perpetrado 350 desapariciones forzadas. El 26 de enero, el mandatario respondió que durante su gestión sólo ha habido una desaparición forzada y está resuelta, según se consigna en un informe de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

 El deslinde fue recibido con indignación por las familias que durante años han entregado evidencias e información que ayude a localizar a sus hijos, esposos y hermanos.

 En entrevista, Perseo Quiroz, director ejecutivo de Amnistía, señala que lo que ocurre en Cuauhtémoc es una muestra de la realidad que se vive en todo el país: miles de desaparecidos y familias abandonadas, ignoradas por las autoridades.

 Los obstáculos

 En octubre de 2011 se localizó una fosa clandestina en el rancho Dolores, Cuauhtémoc, con numerosos cadáveres calcinados. En noviembre de ese año se hallaron más restos en El Montero (municipio de Cusihuiriachi), y en febrero de 2012 se detectó una tumba ilegal más en el poblado El Porvenir, del municipio de Carichí.

 Desde que apareció la primera fosa, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) solicitó la identificación de los cuerpos. Las autoridades les indicaron que estaban quemados y no había tecnología en la entidad para determinar quiénes eran.

 El 25 de marzo de 2013, en una reunión con el Movimiento Estatal de Mujeres, unas 20 organizaciones de parientes de víctimas le solicitaron al gobernador contratar a los especialistas argentinos, y aceptó.

 Firmó un acuerdo junto con otros cinco funcionarios. El tercer compromiso era: “Realizar la gestión para la contratación de un equipo de forenses argentinos respecto a casos presentados en la Zona Occidente de la entidad, concretamente la situación de restos no identificados, informando de los resultados a las familias de las víctimas, así como a sus representantes”.

 La segunda vez que las asociaciones se reunieron con el gobernador fue el 10 de marzo de 2014, en Cuauhtémoc, donde le entregaron otra carta urgiéndolo a concretar el convenio con el EAAF. Él firmó de recibido.

 En noviembre de 2014 las autoridades refrendaron el compromiso de traer a los especialistas. Y el 3 de diciembre de ese año se pactó un plan de búsqueda, según se lee en la minuta firmada por servidores públicos y tres representantes legales de víctimas.

 En el punto cuarto acordaron: “Se establece que la mejor vía para la contratación del EAAF es que ésta se realice en dos etapas: en la primera, se realizará la identificación del ADN de los restos óseos calcinados de rancho Dolores, El Montero y brecha El Porvenir, y los demás lugares que resultasen de una información ulterior; y en la segunda, en caso de que el resultado de la primera etapa lo amerite, se realizará un programa de toma de muestras genéticas a los ofendidos, para lo cual se realizará una reunión informativa con los familiares, así como una campaña de difusión en la zona con la finalidad de obtener la mayor cantidad de información genética de familiares”.

 Ruth Fierro, abogada del Cedehm, explicó que ellos pidieron incluir a todas las partes afectadas. “Era la única posibilidad para que se involucrara la mayor cantidad de gente posible”.

 Como encargada de contactar al equipo argentino, la Fiscalía General del Estado nombró a María del Refugio Dowz Torres, de la Dirección General Jurídica de esa dependencia.

 La comunicación entre Dowz y la coordinadora del EAAF, Mercedes Doretti, fue por correo electrónico. En un borrador del convenio enviado por la fiscalía, Doretti encontró varios problemas.

 Así, respondió el 19 de noviembre de 2015: “Lamentablemente, observé con preocupación que la mayoría de las solicitudes fundamentales para la realización de nuestro trabajo, como el acceso a los expedientes correspondientes, la libre selección de muestras óseas, la transmisión de los resultados a los familiares de víctimas involucradas y sus representantes legales, el diálogo con servidores públicos intervinientes en la investigación, los plazos de trabajo, la reciprocidad en las cláusulas sobre obligaciones y derechos de cada una de las partes, entre otras, han sido todas retiradas de su versión en el contrato. En particular, la cláusula donde el gobierno prohíbe al equipo compartir los resultados del trabajo con las familias involucradas y sus representantes legales desafía el mismo propósito de nuestra intervención, toda vez que estamos realizando este trabajo a pedido de ellos”.

 El último correo que el EAAF recibió de Dowz está fechado el 30 de noviembre. La comunicación se retomó el pasado viernes 18, un día antes de que Doretti viajara a Chihuahua para acordar los puntos del convenio, el pasado 19 de marzo. El boleto ya estaba comprado y la cita acordada.

 En febrero, luego de la visita de Amnistía Internacional a Chihuahua, la fiscalía comenzó a buscar a las familias, incluidos los representados por el Cedehm, para que firmaran y permitieran procesar los restos, con el objetivo de que se consiguieran resultados genéticos… pero sin ninguna obligación de informárselos a los parientes.

 Ante esto, el Cedehm promovió nueve amparos para evitar que se “procesaran” los restos mencionados, y varios juzgados federales les otorgaron la suspensión provisional. También la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió medidas cautelares que se mantendrán hasta que peritos independientes los analicen.

 El sábado 19, el secretario de Gobierno, Mario Trevizo Salazar, y la titular del Instituto Chihuahuense de la Mujer, Emma Saldaña, citaron a una reunión a Mercedes Doretti y a representantes de varias organizaciones.

 En la junta, Fernando Romo Salas, padre de un joven desaparecido, denunció que la coordinadora de agentes del Ministerio Público de la Unidad de hombres ausentes de la Fiscalía Zona Centro, Marely Vianey Ochoa Torres, lo visitó a él y a sus parientes para que firmaran la autorización de procesar los restos.

 “Dijeron que nos iban a ayudar pero era una mentira. Algunas de las personas de la familia firmaron para que dieran resultados porque los presionaron. Me dijeron que el caso de mi hijo iba a quedar rezagado por no firmar; fue a principios de marzo. Ahora resulta que estamos todos divididos en la familia porque unos firmaron y otros no”, detalló.

 Albino, familiar de los Muñoz, explicó que el día que los visitaron llegaron Ochoa y un comandante para decirles que debían signar. “Les dijimos que estábamos esperando a los antropólogos argentinos y nos dijeron que cómo les íbamos a creer. Nos dijo: ‘Van a firmar o tu hijo se queda fuera’. Primero nos dijeron que en 15 días tendríamos resultados y luego que en ocho meses”.

 El Cedehm demandó a la coordinadora del Ministerio Público porque en el documento que les dieron a rubricar se incluía una renuncia a la coadyuvancia, es decir, nadie los podría asesorar formalmente.

 Doretti hizo del conocimiento de Trevizo los correos que intercambió con Dowz y las condiciones que le pretendían imponer. Le informó también que, un día antes de su visita, la funcionaria le dijo que ya habían contratado a otros peritos y que no requerían más de sus servicios.

 Trevizo preguntó por qué los expertos tardaron más de un año y medio en llegar a Chihuahua, y Doretti explicó que primero fue por las polémicas condiciones que querían imponerles y luego porque atendieron casos en Ayotzinapa, Tamaulipas y Veracruz.

 Luz Estela Castro Rodríguez, directora del Cedehm, recordó al secretario que pasaron tres años desde que se localizaron los primeros restos hasta que solicitaron el trabajo del EAAF, y en ese lapso las autoridades estatales no hicieron nada, por lo que no tiene sentido que se critique la demora de los argentinos.

 Acordaron que el 1 de abril Doretti regresará a Chihuahua para firmar el convenio, ya corregido.

 En entrevista, Castro Rodríguez acusa que el gobierno también impulsó una campaña radiofónica contra familias y defensores: “Decían que cobrábamos a los parientes. Dijeron que debido a que se expuso el caso a la luz pública ya no van a invertir las maquiladoras. Responsabilizaron a las mamás de los desaparecidos…”.

 Problema sistemático

 Castro informa que, de acuerdo con cifras oficiales, a la fecha hay cerca de 370 casos de desaparición en Cuauhtémoc, “pero un alto funcionario, un exfiscal, nos aseguró que hay 900 carpetas de investigación. Hay subregistro y ocultamiento”.

 El gobernador Duarte ha asegurado que el problema es que el alcalde de Cuauh­témoc, el panista Heliodoro Juárez, no ha querido instaurar el mando único como en otros municipios. Sin embargo, el diputado local Humberto Pérez Mendoza reprocha que las autoridades estatales no tengan voluntad para coordinarse con Seguridad Pública Municipal.

 Tampoco han atendido, abunda, una iniciativa presentada en septiembre pasado con el fin de crear una fiscalía especial para personas desaparecidas.

 videncias escondidas

 En agosto del año pasado, la familia de Gustavo Parra Perea pidió llevar una ofrenda floral a la fosa donde las autoridades encontraron sus restos, en el rancho privado Providencia, propiedad de Julio Escárcega.

 “Pero, un día antes, el comandante Rocha mandó limpiar todo. Encontraron como 3 mil restos y nadie dijo nada. Había cráneos, casquillos, embolaron todo y dejaron limpio”, relató un agente estatal que pidió mantener el anonimato.

 Cuando la familia y los activistas llegaron, encontraron la tierra movida y todo limpio. “Darinel, el director de la Policía Investigadora, le habló al segundo comandante para darle la orden de Rocha. Le dijo: ‘Saquen esas osamentas porque no quiero que encuentren evidencia’”.

 Gabino Gómez Escárcega, encargado del Área de Personas Desaparecidas en el Cedehm, confirmó que el día que se iba a colocar la cruz del joven encontraron la tierra movida y el terreno limpio, y preguntaron qué había sucedido, pero no obtuvieron respuesta.