Sobre Ever Villafañe

La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) cateó tres inmuebles ubicados en el DF y estado de México, relacionados con el presunto narcotraficante colombiano Marco Antonio Espinoza Tovalli o Ever Villafañe Martínez.
El agente del Ministerio Público federal aseguró las propiedades e inició el inventario de los artículos encontrados en el interior, como pruebas para fortalecer las investigaciones iniciadas contra el presunto narcotraficante, detenido el pasado 31 de julio en la colonia Jardines del Pedregal, en la ciudad de México.

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SIEDO CATEA MÁS PROPIEDADES RELACIONADAS CON EL COLOMBIANO
Lunes, 11 de Agosto de 2008 Boletin 663/08
• Las diligencias se realizaron en el Distrito Federal y Naucalpan, Estado de México

• El Fiscal de SIEDO fue apoyado por elementos de la Policía Federal

La Procuraduría General de la República informa que personal ministerial, adscrito a la SIEDO, con auxilio de peritos de la Institución y Policía Federal cumplimentó tres cateos en igual número de inmuebles ubicados en el Distrito Federal y Estado de México. Derivado de la orden de cateo 32/2008, otorgada por el Juez Décimo Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federal en el Distrito Federal el Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, realizó el cateo en el domicilio Presidente Masarik número 298 colonia Polanco, Delegación Miguel Hidalgo. Asimismo, dio cumplimiento a la orden de cateo 21/2008, otorgada por el Juez Décimo Primero en el Estado de México en los domicilios ubicados en la Calle tres número 29 colonia Industrial Alce Blanco y Calle Prolongación 5 de Mayo número 37 A-1 Colonia Modelo, ambos en el municipio de Naucalpan Estado de México para continuar con las investigaciones iniciadas en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/256/2008.

El AMPF aseguró dichos inmuebles e inició el inventario de los artículos encontrados en el interior de los domicilios como pruebas para fortalecer las acusaciones contra Marco Antonio Espinoza Tovalli o Ever Villafañe Martínez. Como se informó a la opinión pública, el jueves 31 de julio de 2008 la SIEDO inició la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/256/2008 con motivo de la detención y puesta a disposición del colombiano Marco Antonio Espinoza Tovali y/o Ever Villafañe Martínez y Alta Gracia Espinoza Aguilar, quienes se encuentran en el Centro de Investigaciones Federales de la PGR.

La Procuraduría General de la República continuará informando del desarrollo de la investigación, de acuerdo al cumplimiento de las actividades ministeriales correspondientes.

China y Cuba

China y Cuba: tiempo de herejías/ Xulio Ríos, director del Observatorio de la Política China

Publicado en EL PAÍS (www.elpais.com) , 11/08/2008;

Los vínculos entre China y Cuba han crecido de forma significativa en los últimos años. China es ya, después de Venezuela, el segundo socio comercial de la isla caribeña y el comercio bilateral aumenta a un ritmo superior al 15% anual.
Pero ¿cuánto hay de ideológico en ese aumento del intercambio? ¿Esa evolución refleja una hipotética apuesta cubana por el modelo chino de desarrollo?
Cerca del 1% de la población cubana es de ascendencia china. Dicha circunstancia ha servido para mantener una relación que, a pesar de sus altibajos, ha facilitado la presencia cultural y económica en la isla del gigante oriental.
En los años sesenta del siglo pasado, la visita del Che Guevara a Pekín abrió una nueva etapa. Los chinos recuerdan la generosidad de aquel ministro que les dejaba explorar prácticamente sin límites las capacidades tecnológicas de la Cuba post-Batista, haciéndose entonces, sin ser conscientes de ello los cubanos, con muchos avances técnicos que les resultaron de gran utilidad para superar los desafíos que encontraban, por ejemplo, para desarrollar el importante complejo petrolífero de Daqing, descubierto en 1956 en la norteña provincia de Heilongjiang con la ayuda de los soviéticos.
China no olvida esos aportes, como tampoco la visita del entonces presidente Osvaldo D. Torrado, el primer mandatario de América Latina que visitó la República de Mao.
Pero ni tan valiosas contribuciones, que tanto cuentan en el discurso oficial chino, ni el supuesto ideal común compartido pudieron con la rivalidad chino-soviética que se fue abriendo camino en los años sesenta y en la que Cuba se vio atrapada.
Resuelto ese diferendo, ¿sobre qué bases nuevas puede establecerse la recuperación de la normalidad en las relaciones bilaterales?
Es bien sabido que el pragmatismo es una de las claves del proceso chino, no sólo en el ámbito interno, sino también en la conducción de su política exterior y, muy esencialmente, en su diplomacia económica. Quiere ello decir que, por principio, la ideología, a diferencia de Cuba, ocupa una posición secundaria a la hora de condicionar sus relaciones internacionales.
China diferencia planos de colaboración y, aun coincidiendo en la defensa teórica de unos mismos ideales, procura diferenciar las áreas y sus contenidos. Pero posición secundaria no quiere decir nula influencia.
En lo político, cabe señalar que en los últimos años se han multiplicado las visitas de alto nivel de dirigentes chinos a la isla, lo que ha permitido reforzar las coincidencias y el apoyo mutuo en la escena internacional (Tíbet, Taiwan, los derechos humanos, el multilateralismo). El propio Fidel Castro, aún convaleciente, ha agasajado personalmente a cuantos ha podido.
Hoy, ambos países reconocen la pluralidad de las experiencias que desarrollan, respetan su autonomía, comparten incluso la necesidad de alejarse del modelo de socialismo real, y sus planteamientos insisten en la virtualidad de alcanzar modelos propios. En suma, aunque un tanto asimétricamente por el momento, se ha pasado del canto a la ortodoxia a las loas a la herejía.
En el campo económico es donde mejor puede apreciarse el tono de las relaciones bilaterales entre los dos países. El comercio bilateral ha pasado de 533,3 millones de dólares (335,6 millones de euros) en el año 2000 a 2.562 millones (1.612,5 millones de euros) en 2007.
Pese a la relativa contundencia de dichos datos, bueno es recordar su modesta significación en el conjunto latinoamericano, tanto en términos absolutos como porcentuales (el comercio de China con Brasil, por ejemplo, creció en 2007 un 46,4%). Tampoco pasemos por alto que dicha cifra supone la mitad del comercio sostenido con Panamá en el mismo ejercicio, país con el que China no mantiene relaciones diplomáticas.
A la escasa significación del intercambio comercial, que ha crecido pero desde bases muy modestas, se suma la escasa diversidad de los bienes objeto de intercambio por parte cubana (azúcar, medicinas y níquel, esencialmente) y la inexistencia de inversiones chinas significativas en la isla, ya que no encuentra, al menos por el momento, ámbitos de atracción específicos, a excepción del petróleo o del ya citado níquel, unos sectores en los que también se advierte la presencia de otros inversores internacionales de peso, como son Canadá, Noruega, India o España, sin ir más lejos.
He ahí un límite pragmático que evidencia con claridad la frontera de la identificación china con la política y el régimen cubano, a la espera de que los anunciados “ajustes” abran perspectivas para un nuevo enfoque de la cooperación bilateral, quizás reproduciendo las zonas económicas especiales que en China han servido para captar inversiones extranjeras, nuevas tecnologías y una experiencia empresarial de la que Cuba carece.
Pero ¿es sólo economía o hay algo más? China ha facilitado a Cuba numerosos créditos, siempre a muy bajo interés o sin intereses, y numerosas facilidades para la liquidación de la deuda acumulada, lo que ha permitido a La Habana desarrollar amplios programas de reanimación de la economía, así como proyectos sociales, especialmente en el ámbito educativo.
La formación de empresas mixtas (un total de nueve actualmente) apunta ámbitos de colaboración que pudieran ampliarse en los próximos años, especialmente en el orden tecnológico y sanitario. También han aumentado los intercambios militares.
Por otra parte, La Habana mima a Pekín con el propósito de asegurarse el apoyo de un socio importante en el campo internacional.
En China, que celebra las palabras del vicepresidente Machado Ventura cuando admite que “no hay que temer los salarios elevados” y califica de “alentadores” los cambios impulsados por Raúl Castro, con la boca pequeña se dice que la tozudez ideológica impide aprovechar y optimizar las oportunidades. De seguir ese camino, China podría gozar de una influencia privilegiada en la transformación del régimen de la isla, a poco que sus autoridades pasen de los gestos simbólicos a lo real.
Aun así, no obstante la admiración por el modelo chino en el frente económico, en Cuba no pocos consideran que la sacralización del mercado y la exacerbación de las desigualdades han alejado a China del ideal de justicia e igualitarismo del socialismo, si bien admiran la capacidad de las autoridades comunistas, tanto para restaurar la economía como para programar un cambio gradual en el marco del sistema.
En resumen, la China de hoy ni mucho menos ambiciona desempeñar en Cuba el rol de la Unión Soviética de antaño, pero el avance de las relaciones bilaterales y la proximidad política e ideológica les reservan un papel significativo que se sustenta en compartir una similar visión del mundo y la afirmación de un espacio económico común.
No es poco, pero señala los límites que, ni por una parte ni por otra, interesa rebasar a la espera de una mayor definición del cambio auspiciado en La Habana.
Por su parte, Washington, al que China no osa desafiar, al menos por el momento, debería aceptar esta aproximación como una contribución cualitativa y de gran valor que puede evitar una transición caótica en Cuba y no interpretarla como una mera reedición de su pérdida de influencia en la isla, a manos, esta vez, de su nuevo rival estratégico más importante.

China por Javier Cremades

La antorcha de la contradicción/Javier Cremades, abogado. Autor de «China y sus libertades»

Publicado en el periódico español ABC, 11/08/2008;

Los Juegos Olímpicos de 2008 tratan de ser la presentación en sociedad de la China moderna. La espectacular ceremonia de inauguración, de tres horas y media de duración, trató de exaltar los cinco mil años de cultura china. Ese fue el encargo a su director, el cineasta Zhang Yimou, en cuyas tres películas históricas puede preverse la imagen que los Juegos quieren transmitir al mundo. En 1991, Lámpara roja presentaba a un protagonista que se volvía loco a causa de la claustrofobia. Fluch de las flores doradas (2006) muestra, por otra parte, el protagonismo de la masa, de los movimientos coordinados, de la música y de las armas. Pero la verdadera clave interpretativa está en Hero (2002) donde el héroe, enviado para acabar con un tirano, renuncia, sin embargo, ante la perspectiva de que el magnicidio debilite y arruine su país, y termina por aceptar su propia muerte como castigo al atentado que planificó.
La emotividad de la ceremonia de apertura de los Juegos dará nuevas alas al régimen chino para impulsar su proyecto. Los Juegos Olímpicos de 2008 son para China, y desde luego para su Gobierno, algo más que un escaparate del país: con ellos pretende influir en su pueblo y en el extranjero para mover la historia en la dirección que apunta su proyecto.
China cuenta con una Constitución del año 1982 modificada en varias ocasiones. La reforma más reciente, de 2004, reconoce la propiedad privada. China, según declara sin ambajes el propio texto constitucional, es un Estado socialista bajo la dictadura democrática del pueblo, dirigido por la clase trabajadora y fundado en la alianza de trabajadores y campesinos. El órgano supremo de la República, la Asamblea Popular Nacional, está integrado por unos tres mil miembros, elegidos por períodos de cinco años en representación de provincias y territorios autónomos.

El 25 de junio de 2007, Hu Jintao afirmó en la escuela central del Partido que «desarrollar la democracia socialista es nuestro objetivo a largo plazo, el Gobierno debe aumentar los canales de participación política para la gente ordinaria, enriquecer las formas de participación y promover el proceso de toma de decisiones científicas y democráticas». Pero al acercarse el Congreso, los debates sobre democracia se pusieron en sordina. Los líderes tenían preocupaciones mucho más pragmáticas: reforzar su poder, asegurar la promoción de sus hombres, conseguir medios para poner por obra sus políticas.

En octubre de 2007 el XVII Congreso del Partido Comunista Chino mostró un continuismo esencial, con el acento en la lucha contra la corrupción (las manifestaciones de mayo de 1989 en Tiannamen criminalmente reprimidas fueron para reclamar medidas contra la corrupción política) y un matiz de defensa del medio ambiente, en busca del «desarrollo científico» y una «sociedad armoniosa». El PCCh, según el discurso presidencial, mantendrá su «papel como centro del liderazgo» hacia un «socialismo con características chinas». La reforma del sistema político no formo parte de la agenda. El Congreso marcó la toma definitiva del poder del Presidente Hu Jintao, un líder modernizador pero que no toca casi nada del sistema. Los dos nuevos personajes fueron Xi Jinping, de 54 años, secretario del Partido en Shangai, y Li Kequiang, de 52, secretario del partido en Liaoning. Ambos accedían al comité permanente del buró político, restringidísimo club de los nueve dirigentes mas poderosos de China.

Hasta 2012 no hará falta tener sucesor para Hu Jintao. Entonces se pasará de la cuarta generación (tras Mao, Den Xiaoping y Jian Zeming), la de los ingenieros, a la quinta, la de los economistas, politólogos o juristas, que escaparon de la Revolución Cultural y que en muchos casos se formaron en el extranjero. Pero el Partido tiene experiencia en equilibrar las ideas y limitar la influencia de los individuos.
La modernidad de China es una realidad peculiar y compleja. China se ha integrado en el mundo globalizado. En Occidente, tendemos a entender esa frase como sinónima de integración en nuestro mundo. Tal interpretación sería un gran error. No cabe esperar a corto plazo una reforma del sistema político en esa dirección. Ciertamente, China se ha integrado en la economía de mercado. Al menos en buena parte de sus aspectos formales, esta afirmación sería cierta. Pero China, y sobre todo su gobierno, no ha aceptado los valores que, en la civilización occidental, hicieron surgir la economía de mercado. En China, como muchos quieren poner de manifiesto precisamente con ocasión de los Juegos Olímpicos, la libertad personal -en sus aspectos espirituales, culturales, políticos, etc.- sigue estando notablemente restringida. Parece como si la única libertad que hubiera admitido el régimen chino fuera la de hacerse rico, o al menos intentarlo. En agosto de 2007, cuarenta intelectuales chinos publicaron una carta de protesta frente a lo que consideran una nueva oleada de nacionalismo y propugnaron, frente al lema oficial de los Juegos -Un mundo, un sueño- la exigencia de ¡un estandar de derechos humanos!
Para algunos, los límites a la libertad en China son inaceptables y deberían conllevar un boicot de todo lo que proceda en dicho país o allí se organice, Juegos Olímpicos incluidos. Otros -la mayoría- confían en que lo que aparece como apertura económica del régimen, conlleve tarde o temprano la caída de las demás restricciones a las libertades personales y sociales. A los primeros, hay que responderles que la realidad económica y política es terca: los hombres estamos obligados a compartir el mismo planeta y, por encima de las discrepancias y salvo breves períodos bélicos, a lo largo de la historia sociedades y regímenes muy distintos han convivido, comerciado y negociado a muchos niveles.
A los segundos, es decir, a quienes piensan que las libertades políticas son consecuencia de la apertura económica o de la prosperidad, también habría que advertirles de lo irreal de su planteamiento, tanto en general como respecto a China. Como apuntamos arriba, la democracia occidental no es una improvisación. Más bien han sido las garantías de desarrollo de las libertades individuales y sociales las que han permitido la expansión del sistema económico que denominamos de libre mercado. La libertad, en su raíz, se refiere a la forma de pensar, al reducto de la conciencia en la que sólo cada persona entra. Y esa libertad necesita garantías para su ejercicio, sin las cuales el hombre no llega a desarrollar las capacidades de creación de que está dotado. Una libertad, por tanto, sólo aparente, o que sólo permitiera comerciar con los logros del genio humano, sería una carcasa improductiva con respecto al verdadero desarrollo humano. En China es particularmente válida esta apreciación, ya que ese inmenso país nunca ha desarrollado en su historia -ajena todavía al humus cristiano- una cultura que considere sagrada la libertad personal. Si la prosperidad económica no genera automáticamente libertades individuales, mucho menos lo hará en un país donde la cultura reinante no apunta en esa dirección.
Por todo ello puede hablarse de China como de un país con dos velocidades. O, si se prefiere, de un país que marcha a la misma velocidad que nosotros en algunos aspectos, o que viaja en un vehículo parecido al nuestro. Pero que no viene del mismo lugar que nosotros ni, necesariamente, se dirige al mismo destino.

Los narcosumergibles

Buen reportaje!

El ‘capitán’ del narcosumergible/Reportaje

Publicado en la Revista SEMANA (http://www.semana.com/), No. 1371, 09/08/2008;

En el hogar de Rodrigo Olaya Cuero, un curtido pescador de Buenaventura, nunca les sorprendió que se perdiera durante semanas enteras en las aguas del Pacífico colombiano. Por el contrario, esa era la rutina obligada para garantizar el sustento de su esposa y sus 10 hijos.

Por esa razón, el pasado miércoles 16 de julio no lo extrañaban en su casa del barrio Las Palmas de la ciudad portuaria en el Valle del Cauca, pues apenas cumplía nueve días de jornada pesquera. Sin embargo, la tranquilidad de su familia se rompió cuando esa misma noche vieron a Rodrigo en las noticias. "No lo podíamos creer. En principio pensamos que era otra persona, pero cuando lo mostraron bien y dijeron su nombre, todos quedamos perplejos", recordó el mayor de los hijos, que trabaja como obrero de construcción. Su padre, de 59 años, fue capturado junto con otros tres colombianos por la guardia costera mexicana navegando una especie de pequeño semi sumergible en el que transportaban seis toneladas de cocaína.

El joven asegura que su 'viejo' escasamente cursó la primaria y lo único que sabe hacer en la vida es pescar. Por esa razón no se explica cómo resultó embarcado en esa odisea. Lo que su padre ha dicho es que varios hombres armados lo contactaron a él y a sus otros compañeros en altamar y los llevaron a un sitio costero. "En Colombia nos amenazaron. Nos dijeron que si no traíamos ese aparato, igual iban a matar a nuestras familias", dijo uno de los compañeros de viaje de Rodrigo, Rafael Jiménez Biojó, de 27 años. Irónicamente, hoy los hermanos Olaya están recibiendo amenazas.

Si bien este no es el primer caso de un semi sumergible incautado por las autoridades en las aguas del Pacífico, llama la atención que sí es el primero de esos aparatos que es interceptado luego de llegar tan lejos de las costas colombianas. Los navegantes recorrieron durante ocho días un total de 4.800 kilómetros y lo más sorprendente es que aún les quedaba combustible para dos jornadas más. "Lo que nos dijeron, y por la comida y la gasolina que teníamos, era que íbamos a hacer un viaje de 10 días", les contó uno de los cuatro tripulantes a los oficiales mexicanos.

No es fácil imaginar cómo pudieron soportar tanto tiempo en un aparato con un espacio interior tan asfixiante: apenas 120 centímetros de ancho por 180 de largo. "Nos tocaba dormir en tablas de 60 centímetros. Y lo hacíamos por turnos de seis horas. Mientras tres estaban trabajando, uno dormía", sigue el relato. Las tres tareas que se turnaban eran vigilar el timón, controlar la ruta de navegación con un aparato GPS de los que se encuentran en el mercado y estar pendiente del consumo de combustible.

Como estos pequeños 'submarinos' no tienen autonomía de oxígeno y la capacidad de sumergirse y flotar, propia de los submarinos, sino que navegan a una profundidad no mayor a los tres metros, durante todo el recorrido debían estar atentos para equilibrar las cargas. Para eso llevaban piedras en bultos y en la medida en que se consumía el combustible de un sector de la embarcación, movían las piedras para un lado o para el otro para compensar el peso. En el día avanzaban a media marcha para evitar que las olas que produce el semi sumergible los delataran. Y en la noche aumentaban la velocidad hasta 25 kilómetros por hora. Comían frutas, verduras, atún, carne enlatada. Bebían agua embotellada y gaseosa. Hacían sus necesidades fisiológicas en la cubierta del artefacto, sólo en las noches, para no ser detectados. Debían guardar la basura.

Todo ello describe una nueva odisea en la que se mezcla la ingeniería desarrollada por la desmedida ambición de los narcotraficantes, la malicia indígena de los tripulantes y la inmensa paciencia de un pescador.

Más de 40 incautados

Los datos del Departamento de Defensa de Estados Unidos dicen que en 2006 capturaron tres semi sumergibles colombianos, y en 2007 la cifra se disparó a 40. La Armada Nacional incautó 22 de esos artefactos el año pasado: nueve cayeron en manos de la Fuerza Naval del Pacífico y otros 13 fueron hundidos. En ellos, según los cálculos, transportaban en total al menos 105 toneladas de coca. En 2008 ya van cuatro artefactos incautados.

El tema es tan preocupante, que hace parte del reciente informe que el Grupo de Fuerza de Tarea Conjunta del Sur (Jiatfs, por su sigla en inglés) le entregó en marzo pasado al Departamento de Estado de Estados Unidos. "Las estimaciones indican que hasta el 40 por ciento de la cocaína en Colombia se mueve por la compleja red fluvial hasta el sur de la costa occidental".

Recientemente Joseph Nimmich, almirante guardacostas de Estados Unidos y director de la Fuerza de Tarea Interagencial del Sur, dijo en una entrevista en Internet que hoy la mafia está usando un promedio de 80 pequeños 'submarinos' para transportar la droga. Según el almirante, ya se detectan tres generaciones de semi sumergibles: los primeros eran de fibra y un motor y los nuevos son de acero y con dos motores diesel.

Tanto en Estados Unidos como en Colombia la pregunta sin respuesta es el origen de la tecnología naval con la que construyen esos artefactos. Muchos se inclinan a pensar que la misma puede estar en la propia Armada, pues son ellos quienes tienen el conocimiento para hacerlo. Pero hay voces que dicen que sencillamente fue tecnología importada, tal como se evidenció con un sumergible hallado en septiembre de 2000, en las goteras de Bogotá, cuya tecnología aplicada motivó la presencia de autoridades rusas.

Lo que sí es claro para la Armada es dónde los hacen. Departamentos como Nariño, Cauca, Valle y Chocó cuentan con al menos 15 ríos navegables que son utilizados para transportar la droga y en muchos casos para montar astilleros clandestinos. José Gómez, comandante de la Regional Tres de la Policía en el suroccidente colombiano, explicó que tras esa estructura naviera están los 'Rastrojos', al mando de Luis Enrique Calle Serna, sucesor del capo Wílber Varela, y el Frente 30 de las Farc. Bajo sus órdenes reclutan pescadores a quienes les ofrecen entre 30 millones y 60 millones de pesos, dependiendo de su función durante el viaje.

Si bien las autoridades avanzan en cerrarles el cerco a los narcotraficantes, éstos no se quedan atrás y evolucionan, así sea con tecnologías rústicas como esta. Parece repetirse la historia de los últimos 25 años, cuando Colombia ha visto cómo el narcotráfico sigue siendo tan buen negocio, que no se agota la inventiva de los delincuentes para ingeniarse maneras de enviar la droga a Estados Unidos. Desde la maleta de doble fondo, la pionera de las trampas, se ha pasado, entre múltiples sistemas, a los postes de cemento, a los estómagos de seres humanos y a las populares lanchas Go Fast, hasta llegar a la última moda, la de los semi sumergibles.

La ¿perfecta? Operación Jaque

Mentiras, pero blancas
La aparición del video de la Operación 'Jaque' abrió una controversia política que, aunque legítima, no debería opacar el éxito del rescate de los secuestrados.
Publicado en la revista SEMANA, No.1371, 9/08/2008;

Operación 'Jaque', que logró la liberación de Íngrid Bentancourt, tres estadounidenses y 11 secuestrados más, no fue perfecta. Pero fue casi perfecta. Luego de los aplausos y los abrazos, vino la curiosidad sobre los pormenores de un operativo militar hollywoodesco que despertó la admiración del mundo. Pero no hubo que esperar los best sellers, ni los documentales, ni las películas que iban a protagonizar Matt Daimon o Di Caprio, para saber como se planeó semejante golpe.

La semana pasada, el Canal RCN divulgó -en un especial de una hora y media- todos los videos y las fotos que filmaron los propios protagonistas del operativo. Desde la pintada de los helicópteros de blanco hasta las lágrimas de la libertad. Fueron decenas de videos y más de mil fotos que muestran, minuto a minuto, como se planeó y se ejecutó la operación.

Después de la emisión, quedaron dos cosas claras: la primera, que no participó directamente ningún servicio de inteligencia extranjero estilo CIA, FBI, MI6 o Mossad. Es evidente que si hubieran participado, no se habría permitido el ingreso de tal cantidad de videos, cámaras, camarógrafos y fotos desde todos los celulares. Filmaban y posaban como si fueran a salir en televisión. Lo segundo que quedó claro es que no se utilizó la insignia de la Cruz Roja porque "un militar, equivocadamente, por nerviosismo y contradiciendo órdenes oficiales, se puso un peto con el símbolo humanitario", como dijo el presidente Álvaro Uribe en su momento, sino que este emblema hizo parte de un engaño milimétricamente planeado en el que también se utilizaron los distintivos de la cadena venezolana Telesur y la ecuatoriana Ecuavisa.

Lo paradójico del episodio de la Cruz Roja es que acabó siendo casi más grave la forma como se manejó la información sobre el uso de la insignia, que la utilización misma. Si el Presidente o el Ministro de Defensa les hubieran dicho al país y a la comunidad internacional que estos emblemas se usaron sin intención de suplantar a dichas entidades, ni con perfidia, sino como piezas importantes para darle credibilidad a una operación de engaño cuyo fin altruista era proteger las vidas de los 15 secuestrados, y de un grupo de oficiales que valientemente se metió en la boca del lobo sin armas; si el gobierno colombiano, en lugar de dar versiones a cuentagotas, hubiera explicado el contexto de infame cautiverio que estaban sufriendo los rehenes y, pidiendo disculpas, se hubiera comprometido a no abusar de estos emblemas en el futuro, otra sería la situación.

Presentado en esos términos, ni siquiera Chávez habría podido armar una pataleta. En la forma como se hizo, el Presidente quedó como un mentiroso ante Colombia y el mundo. Internamente, esto no es muy grave, pues los colombianos creen que en este caso el fin justifica los medios. Pero lo ocurrido tiene un costo. Haber inventado el cuento del soldado asustado cambiando de camiseta en la mitad del vuelo no sólo desafiaba la credibilidad, sino que dejaba la sensación de un engaño. Como el mismo Presidente dijo la semana pasada: "los errores se perdonan, los engaños no". Esto ha generado varios cortocircuitos dentro del gobierno. Ha torpedeado la confianza entre el Presidente y el Ministro de Defensa. Pero también ha afectado las relaciones entre el ministro y su comandante del Ejército, el general Mario Montoya. El ministro Juan Manuel Santos ha dicho que no conocía el video y ha dado a entender que, de haber tenido toda la información desde el principio, no se habrían cometido los errores en las declaraciones.

Obviamente, este nuevo escándalo no se hubiese producido sin la filtración de los videos, que al parecer fue un acto de corrupción de alguien que participó del rescate. Es grave porque se supone que en la Operación 'Jaque' participaron sólo oficiales de probadas trayectoria y confianza, y que ni siquiera en un grupo elite puede haber confianza plena. En segundo lugar, el alto mando tendrá que valorar si se ha puesto en juego la seguridad nacional, y eso sí que podría constituir una traición a la patria, como lo señaló el ministro Santos. Algo que seguramente tendrá que determinar, pruebas en mano, la justicia militar.

Pero, más allá de este talón de Aquiles y sus coletazos, el debate político no puede opacar el éxito militar de la operación. La polémica sobre el peto de la Cruz Roja -necesario, sin duda- palidece al lado del desenlace fatal que han tenido las más grandes operaciones de rescate de rehenes en el mundo. El secuestro de 11 atletas israelíes por parte del grupo Septiembre Negro en las olimpíadas de Munich 1972 acabó con un fallido intento de rescate de la Policía alemana en el que murieron todos los rehenes. La toma de un teatro de Moscú por rebeldes chechenos en 2002 llevó a las fuerzas especiales rusas a usar un gas que mató a 128 rehenes. Dos años después, también en Rusia, el confuso asalto a la escuela de Beslan donde estaban secuestradas más de mil personas terminó con 338 muertos, entre ellos 156 niños. Incluso las operaciones que son tomadas como referencia han tenido muertos. El sofisticado asalto del Ejército israelí al aeropuerto ugandés de Entebbe, en 1976, consiguió liberar a casi todos los israelíes secuestrados días antes en un avión de Air France, pero murieron 13 terroristas, 33 soldados ugandeses que les daban apoyo, un comando israelí y un rehén. Incluso en la celebrada operación de rescate de los rehenes de la casa del embajador de Japón en Lima, en 1997, murieron dos comandos y un rehén, además de los 14 guerrilleros del Mrta, algunos de los cuales, según testimonios, habrían sido ejecutados.

Si a estos antecedentes les sumamos que la operación colombiana se hizo en medio de la selva, en pleno territorio del enemigo y sin disparar un solo tiro, eso le da más validez al rescate. El riesgo que se corre lo ha sufrido el país con la muerte de ex ministro Gilberto Echeverri y el ex gobernador Guillermo Gaviria, en el fallido rescate de Urrao en Antioquia. O con los malentendidos de rescate, como ocurrió con el fusilamiento de los 11 diputados del Valle cuando las Farc entraron en combate con otro frente guerrillero y creyeron que era un operativo militar.

Nadie puede negar que las Fuerzas Armadas colombianas han dado un salto cualitativo en los últimos 20 años. De una retoma a sangre y fuego del Palacio de Justicia, donde murieron más de 100 rehenes y todos los guerrilleros, se ha pasado a operaciones limpias, de precisión, basadas en la inteligencia y cuyo principal objetivo es humanitario.

No obstante, se puede decir que el gobierno colombiano actuó con la lógica del mal menor. Cometió una infracción al Derecho Internacional Humanitario -usar los emblemas- para ponerle fin a un crimen de guerra y de lesa humanidad, como era el infame secuestro que vivían 15 personas. Pero el mal menor no se puede convertir en doctrina, ni en regla, con el pretexto de los avances en la guerra que se están teniendo. Ya en marzo se había violado la soberanía de un país vecino para matar a un jefe guerrillero. Ahora se admite el uso indebido de los emblemas humanitarios. Algo que en el futuro no se puede repetir.

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Al margen:

Recomiendo de mi bitácora:

http://fredalvarez.blogspot.com/2008/08/as-fue-la-operacin-jaque.html

http://fredalvarez.blogspot.com/2008/08/gobierno-colombiano-condena-filtracin.html

http://fredalvarez.blogspot.com/2008/08/la-filtracin-traicin-la-patria-santos.html

http://fredalvarez.blogspot.com/2008/08/no-se-puede-decir-mentiras.html

http://fredalvarez.blogspot.com/2008/08/no-se-puede-decir-mentiras.html

Sobre la Tragedia en Beslán, recomiendo:

http://fredalvarez.blogspot.com/2005/09/un-ao-de-beslan.htmltp://fredalvarez.blogspot.com/2005/12/tragedia-en-besln.html

Libranos del mal

Líbranos del mal/Por Ian Gibson, historiador y escritor

Publicado en EL PERIÓDICO, 10/08/2008;

Pensaba que iba a escribir esta columna inmediatamente después de ver la película. Pero solo cuatro días después me siento con la suficiente tranquilidad de ánimo para poder hacerlo.
Empezaré diciendo que sé por amarga experiencia lo que es vivir en un país, nominalmente democrático, dominado por la Iglesia católica. En aquella Irlanda, hoy muy cambiada, mandaban y cortaban los obispos, había censura de libros, obras de teatro y películas, un clérigo era casi Dios… y –hoy lo sabemos de sobra– la jerarquía encubría religiosamente muchos atropellos contra los derechos humanos cometidos impunemente por los suyos.
Vinieron, por fin, con los nuevos tiempos –y el nuevo periodismo– las escandalosas revelaciones de altos dignatarios eclesiásticos con amantes y hasta familias, clérigos sádicos, crueldades monjiles y demás miserias. Y el resultado fue que uno de los países más católicos del mundo empezó a no serlo, o a serlo de manera mucho más crítica.
TODO ELLO lo he recordado viendo Líbranos del mal (2006), el estremecedor documental de Amy Berg sobre el caso de Oliver O’Grady, el cura irlandés pederasta y violador trasplantado a Estados Unidos, en cartelera hasta hace poco en Barcelona y Madrid. Caso atroz por el terrible daño hecho y por la actitud ante la cámara de O’Grady, que cuenta casi complacido, y sin excesivo remordimiento, sus viles procederes. Pero mucho más, si cabe, por la negativa de sus superiores, al tanto de lo que ocurría, a tomar las medidas necesarias para apartarle de todo contacto con los niños. Y por su negativa también, una vez en marcha la investigación judicial, a admitir su complicidad.
Para su primer documental, Amy Berg, curtida en la preparación de reportajes para las cadenas CNN y CBS, decidió localizar a O’Grady, tras su excarcelación y deportación, y tratar de conseguir su participación en el mismo. Lo logró, y con la plena colaboración del interesado empezó a investigar la corruptela, el cinismo y el ocultamiento que habían hecho posible, a lo largo de 20 años, su persistencia en el crimen. ¡Si le enviaban de parroquia en parroquia sin avisar a los fieles de la extremada peligrosidad de quien llegaba a su nuevo destino!
Entre los participantes en el documental aparecen víctimas de O’Grady y padres de víctimas. Hay momentos desgarradores, hay lágrimas, rabia, desesperación e incluso imprecaciones contra un Dios capaz de permitir que sus siervos mientan y tergiversen para proteger a un manifiesto criminal. En el caso de Oliver O’Grady, a un criminal capaz hasta de violar a un bebé de 9 meses.
De los malos de la pieza, quien llama especialmente la atención, después de su protagonista, es el arzobispo de Los Ángeles, Roger Mahony, que en el momento del juicio de O’Grady se encontraba a la espera de que Juan Pablo II le nombrara cardenal (algo que hizo poco después). Lo que menos necesita un candidato a la púrpura es un escándalo pederasta, y los fragmentos de la deposición de Mahony ante la justicia –documentado por Berg gracias a un metraje nunca visto antes– le muestran como un ser desdeñoso y cauteloso, solo igualado en maquiavelismo por su antiguo colaborador, el monseñor Cain. Mahony negó haber estado al tanto de lo que hacía O’Grady, alegando, además, una memoria deficiente. Pero el peso de la documentación es contundente.
Para que no desesperemos del todo, ahí está otro cura católico, experto en derecho canónico, Tom Doyle, igualmente de procedencia irlandesa, que ha dedicado muchas horas de su vida a luchar contra el silencio culpable de la Iglesia. Me será muy difícil olvidar el momento patético cuando, acompañado de algunos de los damnificados, Doyle se presenta en Roma con una carta de protesta para el Papa y es rechazado por los guardias en las mismas puertas del Vaticano. Al fondo, se yergue la inmensidad granítica de San Pedro, ajeno al dolor y al sufrimiento.
EL DOCUMENTAL surtió efecto. Me entero por internet de que hace un año, en julio del 2007, el cardenal Mahony y la Iglesia católica de Los Ángeles, después de llegar a un acuerdo por el valor de 666 millones de dólares con las 508 víctimas de abusos cometidos por sacerdotes en la diócesis a partir de la década de los años 40, ofrecieron sus disculpas a los afectados. Cuando ya no había más remedio, admitieron lo que nunca debieron haber ocultado y escamoteado al conocimiento público.
Ello me conduce a una reflexión final. Freud ha demostrado que, tarde o temprano, la líbido reprimida vuelve por sus fueros, queramos o no y pese a cualquier obstáculo. La Iglesia, al imponer el celibato sin justificación evangélica alguna, hizo inevitable que algunos de sus ministros cometiesen abusos sexuales. Hoy debería ser la primera interesada en impedir que lo puedan seguir haciendo. No ha puesto particular celo en el empeño. Se precisan más católicos valientes como Tom Doyle, dispuestos a hacer frente a los curas que traicionan al Cristo en que dicen creer. Al Cristo que recomendó: “Dejad que los niños vengan a mí y no los estorbéis, porque de los tales es el reino de Dios”.

***

Comentario, al margen:

El daño causado por la traición a la confianza de los feligreses y la destrucción de la inocencia de la niñez no tiene precio. Vidas enteras fueron destruidas por el abuso sexual de parte de aquellos que gozaban de un sitio especial en la sociedad.

La Iglesia Católica prefirió ayudar al culpable en vez de proteger al inocente. Es el momento de purgar los pecados.

El acuerdo extrajudicial de 666 millones de dólares para más de 500 víctimas de abuso por parte de religiosos es una resolución extraordinaria para una tragedia. Es una de las páginas más oscuras en la larga historia de la Iglesia Católica.

Destacamos el cambio en el cardenal Roger Mahony, que pasó de una insensibilidad inicial a una postura de contrición y arrepentimiento. No es para menos, el prelado tuvo un papel relevante en proteger a sacerdotes sospechosos de abuso infantil y el acuerdo millonario evitó que Mahony tuviera que testificar bajo juramento.

También es importante que la arquidiócesis de Los Angeles, haya aceptado entregar a los tribunales documentos de su personal, que había mantenido en secreto. La transparencia en este caso es tan importante como la compensación.

De nada serviría la indemnización si la Iglesia continuara protegiendo de la ley a quienes cometieron delitos aberrantes contra niños, ya sea escondiendo los hechos o moviendo irresponsablemente a los perpetradores de una diócesis a otra.

Las nuevas medidas, como tomar huellas digitales e investigar a quienes trabajan con niños es algo positivo, pero se requiere vigilancia y compromiso por parte de la Iglesia.

La compensación económica a las víctimas es significativa, pero no cerrará el dolor de lo sufrido, que perdurará toda la vida. Al mismo tiempo, la confianza hacia la Iglesia tampoco se restablece automáticamente con el pago de dinero. En estos casos, como con las cuestiones del espíritu, la reparación material llega hasta un punto y nada más.

El Celibato

Benedicto XVI ha rechazado una y otra vez los llamados, incluyendo los de obispos de su Alemania natal, para permitir que los católicos divorciados que vuelven a casarse participen plenamente en la iglesia."Tened siempre presente que el celibato sacerdotal es un don "que la Iglesia recibió y quiere guardar, convencida de que él es un bien para ella y para el mundo" (Directorio para el ministerio y la vida de los presbíteros, N. 57); Benedicto XVI, en Sao Paulo, 11/02/2007"

Ha advertido a los políticos católicos que deben decidir en cuestiones como el aborto, la eutanasia y el matrimonio, y que los valores de la fe ''no son negociables''.

Y ha cerrado las puertas a toda flexibilización del requisito del celibato sacerdotal. Ni mucho menos pensar en uniones de sociedades de convivencia, Su defensa por la ''familia tradicional'' ¡es a morir!
Según datos de la Congregación vaticana para el Clero, cada año unos mil sacerdotes abandonan el ministerio sacerdotal.
Mis datos -de Fred Alvarez- son que existen alrededor de 100,000 curas católicos casados (no 80 mil como dice Juan G. Bedoya); de esa cifra, unos 20,000 viven en EE UU, 10,00 en Italia y 6,000 en España.

Hay aproximadamente 400 mil sacerdotes católicos, lo que supone, que el 25 por ciento no respeta la normativa difundida por la Santa Sede.
Hay que recordar que el celibato eclesiástico fue introducido por Gregorio VII hace 800 años.

CIS

El glamour en torno al sida/Jordi Casabona, copresidente de la 14ª Conferencia Internacional del Sida. Presidente de la Fundación Sida y Sociedad

Publicada en EL PERIÓDICO, 11/08/2008;

Se ha clausurado en México la 17ª Conferencia Internacional del Sida (CIS), que ha tenido el mérito de ser la primera realizada en un país de América Latina, de haber contado con traducción al castellano y de haber dado la oportunidad de participar a las comunidades de esta región. Pero, como en las últimas ediciones, la reunión no ha estado exenta de polémica.

Por un lado, la falta de novedades científicas y la creciente presencia mediática han convertido las CIS en una plataforma para que gobiernos y agencias internacionales compitan por hacer visibles su contribución a la lucha contra la enfermedad, y en la que las oenegés reivindican la inclusión de sus opiniones en las agendas técnicas y políticas. Por otro, el coste cada vez más elevado (la CIS de México ha costado más de 24 millones de dólares), junto con el glamur de las recepciones que la industria farmacéutica y las agencias internacionales ofrecen, contrasta con las necesidades de los millones de personas de las que se habla.

Pese a los entusiasmos de afectados y oenegés, entristece ver cómo a menudo el discurso políticamente correcto no es otra cosa que una estrategia hacia el beneficio. Ha llegado el momento de revisar la relación de coste y efectividad de las CIS y, si acaso, concretar sus objetivos y reducir su magnitud.
A DIFERENCIA de lo ocurrido en el 2002, cuando se celebró en Barcelona la 14ª –y el Gobierno español dejó pasar la oportunidad para entrar en la escena internacional de la lucha contra el sida–, el actual Ejecutivo ha hecho un claro esfuerzo para estar presente. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y el ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, participaron en la inauguración y anunciaron la contribución de España con 600 millones de euros al Fondo Global en los próximos años y un aumento de 10 millones en la aportación a Onusida. Pese a que estas aportaciones nos convierten en el séptimo país donante del mundo, se necesita también otro tipo de actuaciones para asegurar la presencia e influencia de la comunidad científica y las organizaciones españolas en la escena internacional. España sigue teniendo un papel privilegiado por tener un papel básico en la cooperación con América Latina, pero para hacerlo hay que concretar líneas estratégicas y apostar por proyectos a medio y largo plazo, técnicamente sólidos y efectivos en el territorio.

En la conferencia de México se han dicho muchas cosas, y entre ellas, ¡oh sorpresa!, una vez más, que no hay ni vacuna ni microbicidas efectivos, y que se va a tardar bastante en tenerlos. Sin que esto quiera decir que no tengan que estar en las agendas de investigación, sí hay que tenerlo claro a la hora de dar prioridad los recursos y los mensajes. Podemos afirmar de nuevo que con los tratamientos antirretrovirales no se parará la epidemia, y que la infección por el virus –y su impacto– nos acompañará bastantes años. En la conferencia de Barcelona introdujimos dos componentes nuevos: la prevención y la implementación de programas. En México se ha reforzado el mensaje de que, además de garantizar el acceso a los tratamientos, hay que poner énfasis en la prevención basada en la evidencia científica y su correcta evaluación.

En España existe una gran desproporción entre los recursos destinados a los tratamientos y los de prevención, que a menudo se reducen a campañas de promoción de la salud. La prevención también tiene una base científica y hay intervenciones que se han demostrado efectivas. Por ello, los políticos deberían apoyar y exigir que las intervenciones preventivas se hagan con el mismo rigor con que se hace el trabajo clínico.

Es la ocasión idónea para los programas con objetivos concretos y evaluables que integren prevención y asistencia. Esto significa movilizar más recursos y favorecer espacios interdisciplinares de consenso. Como no tenemos tradición, es un reto organizativo y económico, pero es la única forma de asegurar los derechos de las personas con riesgo, la reducción del número de nuevas infecciones y la sostenibilidad del tratamiento de los infectados.
PASADOS 26 años desde los primeros casos de sida, estamos ante algo que es mucho más que una enfermedad. El sida se ha convertido en un fenómeno social, político y económico sin precedentes que ha contribuído a incentivar la investigación biomédica, la metodología epidemiológica y la reivindicación de los derechos humanos y civiles, como ninguna otra enfermedad ha hecho en la historia. El sida da visibilidad y genera recursos, y si bien –como tanto ha reclamado Onusida– el liderazgo y la movilización de recursos son básicos para articular una respuesta efectiva, cuando la visibilidad y los recursos se convierten en objetivos, la dificultan.El sida y las CIS seguirán teniendo glamur, pero sería una negligencia que este nos alejara de los objetivos de la salud pública. Hay millones de personas que no se lo merecen.

Sergio Aponte Polito

Columna Plaza Pública/Miguel Angel Granado Chapas

El general incómodo

Publicado en Reforma (www.reforma.com), 11 de agosto de 2008;

Si el comandante de la Segunda Región Militar con sede en Mexicali fue trasladado porque sus denuncias contra la corrupción policiaca y ministerial en Baja California lesionaron intereses poderosos, todos debemos preocuparnos.

El general Sergio Aponte Polito dejó la comandancia de la Segunda Región Militar con sede en Mexicali, que comprende los estados de Sonora, Baja California y Baja California Sur. La noticia podría ser simplemente parte de la normalidad militar, y así la presenta la Secretaría de la Defensa Nacional, que en su comunicado de prensa número 151, fechado el viernes 8, incluye el cambio de destino del general mencionado dentro del "movimiento de 7 generales, 48 jefes y 15 oficiales" que obedece "a la rotación de mandos superiores, mandos de corporación y subalternos" que la Sedena "realiza en forma constante".

Aponte Polito, general de división diplomado de Estado Mayor, será a partir de ahora presidente del Supremo Tribunal Militar con sede en la Ciudad de México, la más importante autoridad judicial del fuero de guerra. Como no se requiere tener formación jurídica para desempeñar esa función jurisdiccional (digamos de paso que ése es uno de los defectos de que los delitos contra la disciplina militar sean juzgados dentro de la estructura castrense) y Aponte Polito no la tiene, su designación por el alto mando puede ser en efecto simplemente consecuencia de la rotación burocrática. Pero es imposible no tener en cuenta el paso por Baja California del ahora juez supremo y, por lo tanto, preguntarnos por los motivos de su traslado. La respuesta que nos demos dirá si su salida de la entidad peninsular es una victoria de la formalidad, que había sido infringida por el militar, o es un triunfo de la delincuencia organizada en beneficio de autoridades locales corruptas, no sólo minadas por el hampa sino enteramente puestas a su servicio.

A su llegada a Tijuana hace 2 años, Aponte Polito se percató pronto de que las autoridades policiacas, ministeriales y judiciales en Baja California incumplían sus deberes de garantizar la seguridad de las personas. Más allá del auxilio que, previa petición, la autoridad militar ha de prestar a las civiles, se atribuyó facultades que, además, implicaban una permanente crítica al poder estatal. Estableció un sistema de denuncia ciudadana a través de Internet, cuya contraseña electrónica era una oferta y un reproche: Llame, nosotros sí vamos. Instalado en enero, en abril el servicio había sumado más de dos mil llamadas, muchas de las cuales proporcionaron al comandante de la región militar información sobre el funcionamiento de las corporaciones de seguridad pública y de procuración de justicia del estado. (Hay que decir, para completar la información sobre ese mecanismo, que por lo menos en un caso incumplió su promesa en circunstancias graves: los secuestradores del ingeniero Enríquez Nishikawa insatisfechos por el monto del rescate recibido asaltaron a balazos en mayo pasado la casa familiar de su víctima. Su hermana Aiko denunció el ataque ante la región militar y nadie acudió en su auxilio).

Provocado por el procurador del estado Rommel Moreno Manjarrez, el general Aponte Polito hizo en abril pasado una denuncia pormenorizada de insuficiencias y corruptelas de cuerpos policiacos, pues el funcionario estatal había desdeñado apreciaciones genéricas del militar sobre el tema. De allí que recibiera pelos y señales, nombres y circunstancias de actos delictuosos perpetrados por quienes debían hacer observar la ley y castigar a los infractores. Aunque la posición del general fue apoyada por sus superiores (que llamaron a cuentas al gobernador José Guadalupe Osuna, que compareció en la Sedena ante el general Guillermo Galván y el secretario de Gobernación) no se desprendieron consecuencias de los señalamientos del comandante de la zona. La reacción estatal se expresó apenas en algún despido y en la apertura de averiguaciones previas que no han prosperado, no obstante, o quizá por ello mismo, que un ex procurador de Justicia cuenta entre los señalados por Aponte Polito.

En cambio, se pretendió poner en mal ante la opinión pública al militar. Se deslizó la información de que en un restaurante el general había disparado un arma de fuego en circunstancias que, como suele suceder con filtraciones de ese género, no se precisan para que las configure la libre imaginación de quien las conoce. El infundio parece haber convencido a la Sedena de que era hora de apartar de allí al comandante, sea porque se había excedido en sus funciones o porque incomodaba a los negros poderes fácticos que tanto peso tienen en aquella entidad.

Ya una vez Aponte Polito fue desplazado de un puesto de mando en circunstancias parecidas. En diciembre de 2005 era jefe de la Novena Zona Militar con sede en Culiacán cuando reprochó al gobernador Jesús Aguilar Padilla el que no atacara la corrupción policiaca. Aunque el Ejecutivo local fingió recibir en buenos términos las palabras del militar (hasta hizo editar el discurso de marras) consiguió que Aponte Polito saliera de su entidad inmediatamente. Antes de dos semanas de su denuncia había sido hecho comandante de la Decimoséptima Zona Militar con sede en Querétaro.

El tono de la carta de abril del entonces jefe de la región militar era preocupante porque, implícita pero claramente, insistía en la superioridad de los mandos castrenses en el combate a la delincuencia, inmunes a la corrupción y se arrogaba el derecho de supervisar a los civiles. Pero su contenido daba cuenta del poder de las mafias sobre los cuerpos de seguridad. Si esto último fue la causa de su traslado, en Baja California y en todo México hemos de lamentarlo.

El ejército de Lugo

El ejército de (Fernando) Lugo
Marcelo Izquierdo
Publicado en la revista Proceso (http://www.proceso.com.mx/), No. 1658, 10 de agosto de 2008;

En San Pedro Norte –región en la que fue obispo Fernando Lugo, quien este viernes 15 tomará
posesión como presidente de Paraguay– unos 30 mil campesinos instalan campamentos frente a haciendas, la mayoría propiedad de brasileños. Amagan con invadirlas. Buscan ejercer presión para que Lugo, ya en el poder, realice una reforma agraria y frene a los terratenientes que contaminan sus comunidades, muchas de las cuales corren el riesgo de desaparecer.
SAN PEDRO DE YCUAMANDIYYU, PARAGUAY.- Un ejército de campesinos pobres y armados con machetes se distribuye en campamentos montados a la vera de las rutas y caminos del interior profundo de Paraguay. Aguarda la asunción del presidente electo Fernando Lugo, el próximo 15 de agosto.
Su objetivo: presionar por una reforma agraria y luchar contra el uso indiscriminado de agrotóxicos que contaminan el medio ambiente y afectan a pueblos enteros que, a juicio de la Iglesia local, están condenados a la “extinción”.
Son campesinos “sin tierra” o pequeños productores que viven hundidos en la miseria en San Pedro Norte, el territorio más olvidado del país. Ahí Lugo predicó y, durante los 12 años en que fue obispo, ayudó a los pobladores a organizarse y a reclamar sus derechos. La mayoría son descendientes de indígenas guaraníes. Muchos de ellos no hablan una palabra de español. Dicen que están con Lugo “a muerte” y que el exobispo respalda sus protestas.
Lugo fue obispo de San Pedro Norte desde 1994 hasta 2006, año en que renunció a su investidura para lanzarse a la política. Lideró la organización Resistencia Ciudadana –formada por partidos políticos, sindicatos y organizaciones civiles— que encabezó masivas protestas contra el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, del Partido Colorado.
Un año después, Lugo fue candidato presidencial de la Alianza Patriótica para el Cambio (APC), una coalición de organizaciones sociales y campesinas que obtuvo el respaldo del principal partido de oposición, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA, de centroderecha). El pasado 20 de abril ganó las elecciones presidenciales y con ello acabó con 61 años de gobiernos ininterrumpidos del Partido Colorado, el mismo del exdictador Alfredo Stroessner (1954-1989). El próximo viernes 15 asumirá la presidencia de este país, uno de los más pobres de Sudamérica.
Los “brasiguayos”
Llegar a San Pedro de Ycuamandiyyu –capital de la provincia de San Pedro Norte— es una pequeña odisea: el viaje de unos 400 kilómetros dura más de ocho horas en un autobús colmado de pasajeros. El calor, en pleno invierno austral, es sofocante.
La ciudad es de casas bajas y humildes, calles polvorientas y desiertas. Su plaza principal es similar a la de otros pueblos de provincia: la rodean el edificio del gobierno municipal, la Iglesia, el servicio de correos y la sede del gobierno provincial.
“Aquí los campesinos están a muerte con Lugo”, dice a Proceso el gobernador electo de San Pedro Norte, José Ledesma, del PLRA. “Lugo ha salido de las bases, ha luchado con los campesinos, pero tiene el compromiso de todos los paraguayos”, añade Ledesma, que asumirá su cargo el mismo día que Lugo tome posesión de la presidencia.
El alcalde actual, Pastor Vera Bejarano –de 40 años y también del PLRA– dice ser “amigo cercano” de Lugo. En su despacho convida al reportero un “tereré”, una infusión típica paraguaya a base de yerba mate y agua fría. Explica: “La Iglesia aquí es un poder importante, y Lugo empezó a despertar a la gente, a trabajar con los más desposeídos, los ayudó a organizarse y lideró sus luchas sociales”.
En esta región la posesión de la tierra es el principal motivo de conflicto. Los hacendados brasileños y sus descendientes han comprado gran parte de las estancias más ricas del territorio. Cultivan sobre todo soya. Se les conoce como “brasiguayos” y son unos 600 mil.
Según organizaciones campesinas, adquirieron las tierras de manera irregular. Las protestas de los campesinos han derivado en enfrentamientos violentos.
“No es xenofobia –aclara el alcalde–; los brasileños nos han invadido siempre. Entran por todos lados. Son migraciones financieras impulsadas por el Banco de Brasil. Compran las mejores tierras. Es una invasión pacífica. Lo grave es que no respetan las leyes ambientales. Fumigan con agrotóxicos, prohibidos por ley, y contaminan arroyos y ríos”, sostiene.
Su hermano, Cándido Vera Bejarano, será el ministro de Agricultura de Lugo. Desde Asunción, y vía telefónica, dice a Proceso que el nuevo gobierno sabe lo que pasa en San Pedro y está dispuesto a combatirlo. “Hay empresarios inescrupulosos, irrespetuosos de las leyes ambientales. Vamos a exigir el respeto de las leyes y terminar con esta irracionalidad en el cultivo de la soya. No hay cálculos precisos, pero estimamos que 50% de la tierra de San Pedro está en manos de brasileños”, sostiene.
Y agrega: “si es necesario” el gobierno impulsará una reforma agraria. “Si es necesario habrá expropiaciones en una última instancia. Es una posibilidad. Vamos a entrar en diálogo con ellos para construir consenso. Privilegiaremos la compra directa de tierras”.
La sede del obispado es una construcción humilde y colonial. Allí vivió Lugo durante 12 años. El vicario general de la diócesis y cura párroco, Celso Mena Maidana, dice que la Iglesia de San Pedro “siempre se ha preocupado por las cuestiones sociales” y asegura que la mayoría de los dirigentes campesinos “es gente de la Iglesia”.
“Lugo siempre estuvo con ellos. Era la voz de los sin voz. Su presencia era como un sacramento. El gobierno le temía. Su palabra era una espada afilada atravesada en la política. La gente perdió el miedo y empezó a participar, a organizarse. Se sentía protegida por Lugo. Ahora él tendrá el poder para aplicar lo que predicó. Es la misma persona: lo único que ha cambiado es que ahora ya no es libre y vive rodeado de guardias”, indica a Proceso.
Mena Maidana, como todos los sacerdotes de San Pedro, no viste los hábitos tradicionales y se pasea con ropas de civil, una vieja costumbre de la Iglesia local “para estar cerca de la gente”. Resume:
“Aquí hemos perdido la soberanía, la cual está en manos de los hacendados brasileños, por culpa de gobiernos corruptos que vendieron tierras mal habidas. La gente se muere, los ríos y arroyos están contaminados por los agrotóxicos y ya no hay más peces. No hay más bosques.
“Ellos vienen sólo a ganar plata. Son un cáncer generalizado. La situación sanitaria de los campesinos es calamitosa. Los niños mueren de fiebre amarilla, dengue, meningitis. No hay nada, no hay hospitales con terapia intensiva. Hemos tocado fondo. Si no salimos de esto, es el acabose”.
“En vías de extinción”
Cruce Liberación es un pequeño pueblo ubicado a unos 130 kilómetros al norte de la capital provincial. Ahí vive el sacerdote Cristian Paiva, de 33 años, quien llegó a la parroquia del lugar en febrero pasado. Fue el último cura ordenado por Lugo antes de renunciar a sus hábitos. Y lo cuenta con orgullo.
Paiva recorre cada semana varios pueblos y comunidades de la zona. En uno de ellos, Virgen del Carmen, la parroquia ha quedado en medio de una plantación de maíz perteneciente a un hacendado brasileño. En realidad todo el pueblo está rodeado.
Las avionetas y tractores fumigadores están acabando con el pueblo, donde 30 familias campesinas apenas subsisten con sus plantaciones de sésamo, mandioca, fríjol y maíz. Al menos una vez por semana los agrotóxicos “invaden” el pueblo llevados por el viento, y entonces la escuela se cierra y los niños corren a refugiarse en sus casas.
Teodolinda Coronel, de 40 años y con cinco hijos, describe los efectos de estos compuestos químicos: “Todos tenemos dolores de cabeza, mareos y vómitos. Cuando fumigan tenemos que alejarnos del pueblo. Los niños tienen llagas en la piel y los doctores dicen que es por envenenamiento”.
Coronel es una de las pocas campesinas que habla español. Está sentada ante una gran olla popular, en un campamento campesino. Éste, dice Paiva, está frente a la hacienda “de un brasileño que nadie nunca vio y que nadie sabe cómo se llama”. Las familias se turnan para vivir en grupos dentro de dos carpas improvisadas para protestar contra el uso de agrotóxicos. En promedio, cada familia pasa una semana en el campamento.
Mario Jiménez, de 56 años, apenas sabe unas palabras en castellano. “Agrotóxico fuerte, agrotóxico fuerte”, repite antes de lanzar un discurso en guaraní. El cura Paiva traduce: “Estamos aquí, en este campamento campesino, para protestar por las fumigaciones que nos están destruyendo. Se nos mueren las gallinas, las vacas. No aguantamos más”.
Comienza a llover, pero Jiménez sigue su relato: “Cuando les pedimos que no fumiguen, aparece una camioneta con cinco matones armados con ametralladoras que nos intimidan. Aparecen cada tanto por el pueblo, de noche, con sus armas largas”.
Eugenio Medina, de 45 años, es el más locuaz del grupo. En buen español afirma que siete familias decidieron vender sus tierras al hacendado brasileño, pero asegura que los demás seguirán luchando para no desaparecer.
–¿Y Lugo? –pregunta el reportero.
–Estamos esperanzados con él. Tengo confianza, pero no creo en la gente que lo rodea –afirma.
Desde lejos se acerca, rengueando, Noelia Rojas, de ocho años. Llagas enormes y profundas en su pierna derecha no la dejan caminar. Luce muy enferma, pero nadie la lleva al hospital. “¿Para qué? Si no hay nada, no hay medicinas, nada”, dice en guaraní su vecina Fanny.
Noelia se aleja mientras Medina asegura: “En la última semana se nos murieron ocho vacas”. La expresión de sus caras denota angustia. El sacerdote Paiva es contundente: “Ellos, los campesinos de Virgen del Carmen, están en vías de extinción”.
A unos 20 kilómetros de allí, los pobladores de la comunidad de San Pedro, en el distrito Guayayví, también están movilizados. Varios de ellos montaron un campamento frente a la hacienda del grupo estadunidense Cargill. Sus líderes, Menelio Jiménez y Francisco Centurión Peña, dicen que su protesta es contra la hacienda que rodea a su pueblo. Se quejan de que los desechos del silo, ubicado a 20 metros de la escuela y de la Iglesia, contamina su comunidad.
“Muchos de nuestros niños sufren ya de alergias”, dice Marino Mendoza.
El pueblo es pequeño. La escuela, a unos pasos del alambrado de la compañía, tiene un cartel donde se anuncia que recibe la ayuda de Cargill. “Nos dieron últiles escolares”, precisa Jiménez. Por ahora no piensan en invadir la hacienda, pero no descartan hacerlo posteriormente.
Silfrido Baumgarten es el presidente de la Sociedad Rural de San Pedro Norte, que aglutina a los hacendados de la región. Afirma:
“Como todos los paraguayos, tenemos esperanza en el nuevo gobierno y en las palabras de Lugo de que se respetará la propiedad privada, aunque no compartimos su afirmación de que la invasión es el último recurso. Creemos que si la intención es mejorar la situación económica de un país, hacen falta inversionistas, y que en un clima de inestabilidad y zozobra como el que provocan las invasiones no se podrán captar inversiones y menos para San Pedro, de donde provienen la mayoría de noticias de conflictos sociales”.
Desde su punto de vista, “hoy la situación no ha variado en relación con los últimos meses, o sea que sigue el censo de parte de seudolíderes de los ‘sin tierra’ para invadir las propiedades privadas de la región. Además de las casi 60 propiedades amenazadas en un comienzo, hoy suman y siguen”.
Refiere que “la Asociación Rural del Paraguay solicitó a una firma especializada en imágenes satelitales un estudio sobre el uso de la tierra en la región. En este estudio puede comprobarse que, de las 2 millones 58 mil hectáreas que posee San Pedro, 511 mil están en manos de las colonias de pequeños productores. Pero sólo se cultiva entre 20% y 25% de esas tierras. El resto está abandonado y sin producción. O sea que lo que falta aquí es organización, que las instituciones del Estado encargadas de estas colonias funcionen”.
Las “invasiones”
El discurso de los terratenientes provoca el rechazo de los campesinos. En la medida en que se recorre la ruta número 3, los campamentos van apareciendo en el camino. En la comunidad de Toro Piru, unos 25 campesinos sin tierra acampan frente a una hacienda de la familia Barset, de origen francés.
“Era una antigua reserva natural de mil 200 hectáreas. Nosotros denunciamos esa propiedad por mal uso. Queremos conocer si tiene títulos legales. Estamos aquí para luchar por una reforma agraria”, dice el líder del grupo, Vicente Rolón, de 24 años y miembro del Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), una de las organizaciones que respaldó la candidatura del exobispo.
“Ya hablamos con el propietario. Nos propuso esperar a que asuma Lugo para negociar. Ahora tenemos que decidir si ocupamos la hacienda antes de la asunción. Tenemos que presionar a Lugo para que cumpla lo que prometió”, agrega.
Más al norte, en el poblado de Santa Rosa, está la sede de la Coordinadora de Productores Agrícolas de San Pedro Norte (CPA-SP). Su líder, Elvio Benítez, de 42 años, invitó al reportero a una asamblea. El bolígrafo y la libreta no sirvieron de mucho: todos hablaron guaraní, aunque en sus discursos saltaban palabras en español como “ocupación”, “lucha política” e “ideología”, que no tienen equivalente en el idioma nativo.
“Nosotros apoyamos a Lugo, pero desconfiamos del PLRA”, el partido que acompaña la alianza del futuro gobierno paraguayo, dice Benítez.
Y agrega: “La situación del campesinado es muy difícil. Hay un abandono total por parte del Estado. La lucha de los campesinos por la tierra termina siempre en enfrentamientos y sobre cadáveres de compañeros. Calculamos que hay 300 mil campesinos sin tierra en Paraguay y que 70 mil de ellos viven aquí en San Pedro Norte”.
Benítez es conocido por ser uno de los líderes campesinos más combativos de la región. La gente lo reconoce por las calles, aun en los pueblos más remotos. “¿Ese es el Elvio, no?”, pregunta un joven en la parada de autobús del pueblo de Nueva Germania cuando lo ve.
“Aquí no hay caminos ni salud. Al hospital de Santa Rosa (el más grande de la zona) se lo conoce como el hospital de la muerte. Esto responde a una política oficial para aniquilar al campesinado. Los grandes capitales quieren hacernos desaparecer. Los brasileños vienen con sus esclavos a trabajar en sus grandes haciendas. Son unos 600 mil brasiguayos en todo el país. El atropello es inmenso. No hay más bosques. Utilizan fumigación aérea con agrotóxicos. Mucha gente se está muriendo por la contaminación. La ocupación de tierras es una forma de defensa que tenemos los campesinos”, afirma.
Sin embargo, aclara, “hay una especie de tregua” en la ocupación de tierras. Los campesinos esperan la asunción de Lugo. “Lo que hacemos ahora es montar campamentos frente a las grandes haciendas. A veces atacamos: quemamos cultivos y tractores. Entonces aparecen los matones para amedrentarnos, a pesar de que ellos (los “brasiguayos”) son los invasores que violan nuestras leyes”, dice Benítez.
Y añade: “Nosotros ya hablamos con Lugo. Tenemos que mantenernos movilizados y él está de acuerdo. El 13 de agosto, dos días antes de la asunción, ocuparemos la hacienda de un brasileño de apellido Mendonça, de 6 mil hectáreas, en el pueblo de Choré. Será un ataque coor-dinado a un maizal por parte de 2 mil campesinos. Lugo utilizará esa presión para a su vez presionar por una reforma agraria. En todo San Pedro Norte tenemos movilizados a más de 30 mil campesinos. Ellos, los hacendados, tienen sus propios ejércitos armados con escopetas, rifles y ametralladoras”.
Benítez invita al reportero a visitar un asentamiento campesino que prepara la invasión de una hacienda. Son casi tres horas de viaje entre rutas asfaltadas y caminos de tierra. En el recorrido aparecen más campamentos con sus tradicionales carpas de techo naranja. En la zona conocida como Lorena-í, una decena de campesinos armó dos carpas frente a una hacienda de 28 mil hectáreas, propiedad del argentino Maximiliano Cabezas. Ahí nadie habla español. Su líder, Salustiano Carmona, prepara la ocupación para el 15 de agosto, día de la asunción de Lugo.
Ante ellos, Benítez da un discurso en guaraní, alaba la lucha del campesinado y los instruye: “Primero deben entrar sigilosamente, elegir la zona donde se montará el campamento, hacer un pozo de agua y crear las condiciones para aguantar la ocupación”, señala.
A su vez, Carmona repite las tres palabras en español que conoce: “Sí, señor, exactamente”. Los demás asienten con la cabeza. El campesino ronda los 60 años y avisa: “Ya tenemos el nombre del futuro asentamiento”, anuncia.
–¿Y cuál es? –pregunta Benítez.
–Asentamiento Presidente Lugo.

Inseguridad insegura

Inseguridad segura/Ernesto Villanueva

Publicado en la revista Proceso (http://www.proceso.com.mx/), No. 1658, 10 de agosto de 2008;
Se ha vuelto lugar común hablar, escuchar y escribir sobre la inseguridad. Decir más de lo mismo no es decir nada, pero es oportuno, y por desgracia necesario, precisar algunos puntos sobre este problema social. Veamos.
Primero. Con el aparente propósito de combatir el crimen, las autoridades federales y locales han desarrollado algunos esquemas de importación, como el bloqueo de teléfonos celulares en las cárceles a efecto de combatir extorsiones, secuestros reales y virtuales, entre otros delitos. Esa medida no es más que una tomadura de pelo y una ofensa a la inteligencia de los mexicanos. Sustento lo que afirmo.
Imagínese por un momento que no existen problemas técnicos y que los bloqueadores de celulares en las cárceles no afectan la señal de los reclusos: ¿Qué pasa si los internos no hablan por celulares? Es evidente que la delincuencia no sufre un retraso mental. Los malosos pueden hablar por teléfono satelital, si el negocio reditúa bien, o por redes de internet, que es la solución más barata y segura (para los delincuentes) a fin de comunicarse con el exterior. Pero suponiendo que las autoridades mexicanas hayan descubierto sistemas de rastreo y bloqueo que la sociedad occidental desconoce, el verdadero poder se encuentra en quien prende o apaga el bloqueador, es decir, en las propias autoridades. ¿Usted confiaría en ellas?
Segundo. Más por razones de ventaja política que por cualquier otra cosa, los legisladores priistas y otros más proponen que se legisle para que los teléfonos celulares sean dotados de un chip localizador. De nueva cuenta se ofende a la sociedad. Cabe recordar que los teléfonos celulares son en este momento, sin necesidad de chip alguno, verdaderas antenas portátiles que reciben y transmiten señales por células y, por ende, pueden ser localizables. Cualquier delincuente sabe que es mejor hablar por skype desde un café internet donde es prácticamente imposible que lo localicen que hacerlo por celular o por un teléfono fijo. Sorprende que los legisladores, que conocen muy bien esta circunstancia, hagan iniciativas de este tipo para darle cierta seguridad psicológica a la población, pero sólo eso.
Tercero. Por si lo anterior fuera poco, la Procuraduría General de la República tiene al aire en radio y televisión una campaña en la cual se indica que en lo que va del sexenio se ha decomisado más droga que en otras épocas, y se mencionan cifras que no dicen nada a nadie. El problema de esta acción es grave: a) no hay parámetros de medición y comparación; b) se trata sólo del dicho de la PGR, sin vitrina metodológica alguna, y c) la PGR se vuelve parte de la publicidad engañosa como si de una empresa comercial se tratara por posicionar un producto.
Aun si fueran ciertas las cifras de la PGR y México ha ganado la partida al narcotráfico y al crimen (algo que nadie ve, sino todo lo contrario), es su obligación legal hacer esa labor. Resulta absurdo que con los recursos de la sociedad se hagan anuncios de posicionamiento de una institución pública para mentirle o para decirle, en el mejor de los casos, que hizo algo que le ordena la ley y que el pueblo le paga. ¿Se imagina alguien un anuncio de Telmex o de Bimbo hecho con recursos de los empleados de estas empresas privadas para informarles que todos cumplieron con sus horas de trabajo, como si ello fuera la excepción y no la regla?
Los orígenes de los males no se localizan en la tecnología ni en campañas publicitarias con recursos públicos, sino en la corrupción que día con día se incrementa. Ello empieza con una distribución irracional del presupuesto público: ¿Cómo resolver las dobles nóminas en las policías si el Estado les paga cualquier cosa y el crimen organizado tres o cuatro veces más? ¿Cómo justificar, por ejemplo, que en la PGR un oficial técnico gane 5 mil 229 pesos mensuales y el procurador 145 mil 609; es decir, ¡casi 30 veces más!? Es obvio que un mejor o peor sueldo no determina que alguien reciba o no dinero de la ventanilla de enfrente, pero la distancia que separa al que menos gana del que gana más es un indicador que no puede ser echado por la borda cuando del combate a la corrupción se trata.
Y si la corrupción es acaso un mal endémico sin solución, la impunidad viene a agravar este problema. México se ha vuelto cada vez más un país sin consecuencias. Se asiste a un estado de derecho más testimonial que efectivo. Así, lo único seguro es que la inseguridad adquiera carta de naturalización para mal de todos.
Posdata: El próximo miércoles 13 de agosto se presentará a las 19:00 horas el libro Medios de servicio público y transparencia, de Fidela Navarro y del autor de estas líneas, en la sede del Senado de la República en Xicoténcatl, con la participación de Carlos Sotelo, Santiago Creel, Francisco José Paoli y Javier Solórzano.

(evillanueva99@yahoo.com)

El "Quinazo"; retrospectiva

El “Quinazo”, una venganza políticaDaniel Lizárraga.

Publicado en la revista Proceso (http://www.proceso.com.mx/), No. 1658, 10 de agosto de 2008;La organización The National Security Archive consiguió que el gobierno de Estados Unidos desclasificara un informe de 1989 en el cual el entonces líder de la CTM, Fidel Velázquez, admite ante el personal de la embajada en México que las razones del presidente Carlos Salinas para encarcelar a Joaquín Hernández Galicia fueron políticas. Y aunque La Quina era su “amigo”, Velázquez no dudó en denostarlo y apoyar a Sebastián Guzmán Cabrera, el hombre de Salinas, para sucederlo en el cargo.
El gobierno de Estados Unidos desclasificó un informe basado en el testimonio directo de Fidel Velázquez, en el cual éste reveló que el encarcelamiento del dirigente petrolero Joaquín Hernández Galicia, La Quina, obedeció a motivos políticos, ya que no guardó lealtad al PRI y desafió al gobierno de Miguel de la Madrid, pero sobre todo al sucesor, Carlos Salinas de Gortari.
El 25 de enero de 1989, cuando La Quina, Salvador Barragán Camacho y alrededor de 20 personas más llevaban dos semanas en prisión, la embajada de Estados Unidos buscó a Fidel Velázquez para elaborar un informe al respecto. Se rumoreaba que habría desabasto de gasolina en el país y los petroleros sindicalizados amenazaban con realizar paros.

Los "narcosubmarinos"

Historia de los “narcosubmarinos”
Édgar Téllez, reportero

Publicado en la revista Proceso (http://www.proceso.com.mx/), 10 de agosto de 2008;
BOGOTÁ.- El tráfico ilegal de drogas mediante el uso de semisumergibles –o narcosubmarinos, como se les ha comenzado a llamar en México– se convertirá en un “dolor de cabeza” para América Latina, “porque ahora van con coca, pero no tardarán en perfeccionar el método para llevar de regreso armas y dinero en efectivo”.
La declaración corresponde al general en retiro y exdirector de la policía de Colombia Luis Enrique Montenegro, quien la externó en enero último durante una reunión que tuvo en privado con mandos de la Policía Federal Preventiva (PFP) mexicana asignados a los estados de Sinaloa y Aguascalientes.
En el encuentro, realizado en Culiacán, la capital sinaloense, le preguntaron a Montenegro acerca de los antecedentes y particularidades del tráfico de cocaína en “submarinos”.
El exjefe policiaco, quien desempeñó un papel protagónico en las guerras contra los cárteles de la droga de Medellín y Cali en la década anterior, comentó que el primer caso del empleo de una nave como éstas data del 22 de mayo de 1993.
Entonces, una patrulla de la Armada Nacional de Colombia decomisó en la Isla de Providencia –al norte del archipiélago de San Andrés, no lejos de las costas de Nicaragua– un artefacto sumergible cuando era remolcado por una pequeña embarcación. Si bien no transportaba droga, el episodio alertó a las autoridades colombianas.
Estos aparatos, explicó Montenegro, se convirtieron en una alternativa a las lanchas go fast (de alta velocidad), que “están en desuso porque muchas han caído en manos de las autoridades en altamar. Por esta razón, a comienzos de los noventa los mafiosos inventaron los semisumergibles para transportar grandes cantidades de cocaína de una forma más segura”.
El militar asegura que la idea de construir esos artefactos nació en Colombia a mediados de los noventa por iniciativa de un ingeniero ruso amigo del narcotraficante Félix Chitiva, quien trabajó al lado de los principales capos colombianos del narcotráfico, entre ellos Pablo Escobar Gaviria y los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela.
Luego de una ascendente carrera delincuencial, Chitiva fue detenido y condenado a 30 años de cárcel en Estados Unidos, de los cuales cumplió menos de 10 porque llegó a un acuerdo con las autoridades judiciales estadunidenses: delatar a sus socios y revelar sus rutas a cambio de la reducción de la pena.
El pasado 16 de junio Chitiva fue entrevistado en la W Radio de la cadena Caracol. El narcotraficante declaró a la radioemisora que su amigo ruso concibió el proyecto de construir semisumergibles para el transporte de cocaína. Dijo que la idea le pareció tan buena que presentó a su amigo con los capos Miguel Ángel y Víctor Manuel Mejía Múnera, Los Mellizos, quienes de inmediato adquirieron la tecnología necesaria para fabricar este tipo de naves, las cuales tenían que estar habilitadas para burlar los radares y contar con la mayor autonomía posible para llegar a las costas mexicanas.
“Esta gente siempre pensaba en grande –relató Chitiva–, por lo que hizo sumergibles con capacidad para desplazar más de 10 toneladas”.
Proliferación y decomisos
Entre 1993 y 1999 las autoridades colombianas decomisaron varias de estas unidades –casi una por año– en la costa atlántica nacional. En 2000, la policía localizó una bodega ubicada entre los municipios de Facatativa y Madrid, departamento de Cundinamarca, donde estaba siendo fabricado un semisumergible enorme. La tecnología usada era rusa y podía desplazar 200 toneladas de carga.
El entonces director de la oficina de la DEA –la agencia antidrogas de Estados Unidos– en Colombia, Leo Arreguín, dijo que en 32 años de carrera nunca había visto algo semejante.
Para evitar más confiscaciones, los traficantes trasladaron el uso de esas naves a la costa del Pacífico, sobre todo en las localidades de Buenaventura y Tumaco, dominios de los capos del norte del Valle y, en particular, del poderoso narcotraficante y empresario naviero Jorge Eliécer Asprilla, El Negro, quien fue extraditado a Estados Unidos en noviembre de 2000.
Mediante labores de inteligencia la Armada colombiana descubrió la estrategia de los narcos y logró decomisar cinco unidades, tres de las cuales estaban en etapa de alistamiento y dos en tránsito, pero sin narcóticos.
La guerra contra los semisumergibles se intensificó en 2007, cuando las autoridades colombianas incautaron nueve naves y detuvieron a 25 personas. En total, los aparatos transportaban siete toneladas de cocaína.
De acuerdo con reportes de la Armada, en lo que va de 2008 ha interceptado cuatro semisumergibles de gran capacidad. La operación más reciente se efectuó el 16 de junio a 60 millas al norte de Tumaco, cuando oficiales colombianos alertaron al guardacostas estadunidense USS Mcinerney en torno a la presencia de una nave sospechosa, que finalmente fue capturada. En ésta viajaban cuatro tripulantes, quienes al verse copados abrieron las válvulas de la nave –que cargaba nueve toneladas de cocaína– y la hundieron.
Las autoridades de Colombia prevén que la creciente intercepción de semisumergibles como éstos no desanimará a los narcotraficantes, que continuarán usándolos.
Semisumergibles, no “submarinos”

Las personas detenidas durante los operativos de detención han aportado información que le permitió a la Armada elaborar un documento de inteligencia –al que el reportero tuvo acceso– en el que se detallan las características de estos aparatos, a los que se denomina “semisumergibles”.
El documento señala que “casi todos estos artefactos semisumergibles tienen una autonomía de 500 a 800 millas náuticas, por lo que deben reaprovisionarse de combustible en varias ocasiones para llegar hasta las costas de México, donde los esperan los enlaces del cártel de Sinaloa. Además, como deben cruzar el Canal de Panamá, se ha detectado que utilizan barcos que a cambio de dinero los remolcan hasta llegar a mar abierto”.
“En este tipo de artefactos –explica el documento– se emplea pintura gris o azul oscuro con el fin de mimetizarlos en el mar; ofrecen una mínima sección transversal, lo que impide que sean descubiertos con facilidad por unidades de superficie mediante el empleo de radares. Para un avión de patrullaje marítimo es difícil su localización, ya que no tiene radares con capacidad para ubicar a estas naves”.
El informe de la Armada concluye que a estos aparatos de ninguna manera puede llamárseles submarinos. “Los artefactos encontrados no son submarinos (…) son semisumergibles. El submarino es un tipo especial de buque, capaz de navegar bajo el agua y por la superficie gracias a un sistema de flotabilidad variable. El semisumergible es un artefacto que no permite un hundimiento total y se mimetiza por estar a flor de agua; por tal razón no tiene una autonomía como la del submarino. Es construido artesanalmente con fibra de vidrio y su costo oscila entre 1 y 1.5 millones de dólares”.
El 15 de julio último, la Armada mexicana capturó uno de estos aparatos, que transportaba seis toneladas de cocaína enviadas desde Colombia. La embarcación, de 10 metros de eslora, fue construida con fibra de vidrio y madera. Además, estaba dotada de un motor diesel de seis cilindros y de un localizador GPS para la navegación

El caso de Zhenli Ye Gon

El gobierno de México, omiso ante el caso Ye Gon
Jorge Carrasco Araizaga, reportero.

Publicado en la revista Proceso (http://www.proceso.com.mx/), 10 de agosto de 2008;

En el caso del empresario Zhenli Ye Gon, que se encuentra preso en Estados Unidos bajo la acusación de introducir metanfetaminas a ese país, una serie de dilaciones por parte de las autoridades estadunidenses, así como la pobre cooperación del gobierno de México, mantienen empantanadas las investigaciones y retrasado el juicio contra el chino naturalizado mexicano. Realizado con el apoyo del Programa de Becas para Periodistas de América Latina, emprendido este año por el diario The Washington Post y el Woodrow Wilson International Center, el presente trabajo revela los obstáculos y las contradicciones del caso.
WASHINGTON.- Cumplido un año de la detención de Zhenli Ye Gon, los gobiernos de México y de Estados Unidos no han aportado pruebas fehacientes de que el empresario farmacéutico preso en esta ciudad fuera proveedor del mercado estadunidense de metanfetaminas.
Sin embargo, el ciudadano chino naturalizado mexicano tampoco ha desvirtuado una de las principales acusaciones en su contra: que no fueron 205 millones de dólares en efectivo, sino 350 millones los que llegó a poseer en México, Estados Unidos, China y Hong Kong como producto de la venta de efedrina y seudoefedrina a laboratorios clandestinos.
El probable consentimiento oficial que Ye Gon tuvo en México en su actividad inicial como importador de toda clase de bienes, y luego como un empresario farmacéutico, se ha convertido en un obstáculo para que fluya la información desde México a Estados Unidos.
En varias ocasiones, el Departamento de Justicia, del que depende la agencia antidrogas estadunidense, la DEA, ha dicho ante la Corte que no ha podido acreditar y precisar todos los cargos contra el empresario de origen chino porque el gobierno de México le envía la información en partes.
Es más: el abogado de Ye Gon en México, Rogelio de la Garza, asegura que la administración de Felipe Calderón le ha escamoteado información al Departamento de Justicia. “La Procuraduría General de la República ha mandado a Washington pruebas diferentes a las que sirvieron para la causa penal que le sigue tanto a él como a su esposa y sus empleados”, asegura el también defensor de éstos.
Proceso consiguió tener acceso al expediente del caso (1:07-CR-00181-EGS), el cual se compone de más de mil páginas y se encuentra radicado en la Corte Federal para el Distrito de Columbia.
De la revisión de ese documento y de los pormenores del caso puede establecerse que el gobierno estadunidense tiene su propia estrategia: alargar tanto como pueda el período de alegatos antes de que se abra el juicio en contra de Ye Gon, quien se halla confinado en una cárcel de alta seguridad en Washington.
El propósito: lograr que alguno de los detenidos en México lo incrimine o que el empresario se convierta en testigo protegido, algo que sus abogados aseguran que no ocurrirá. La amenaza es una sentencia mínima de entre 10 y 30 años de prisión. La máxima puede ser cadena perpetua.
Desde su arresto, efectuado en las afueras de la capital estadunidense, el empresario ha intentado que el juez Emmet Sullivan, titular de la Corte Federal para el Distrito de Columbia, deseche la acusación por considerar que los cargos en su contra no tienen sustento.
Ye Gon ha hecho esta petición en cuatro ocasiones porque, después de un año de prisión preventiva, el Departamento de Justicia no ha presentado evidencias que demuestren que el empresario surtía al mercado ilegal estadunidense de drogas sintéticas ni que lavaba dinero en Las Vegas. De hecho, de los 126 millones de dólares que Ye Gon asegura haber apostado entre 2004 y 2007 en los casinos de Nevada, 80 están registrados como pérdidas.
Involucrada desde 2006 en la investigación de la PGR contra Ye Gon, la DEA alertó a la justicia estadunidense al estimar en 724 millones de dólares los recursos que Ye Gon pudo haber obtenido en el mercado ilegal de metanfetaminas por la venta de 86.885 toneladas de seudoefedrina que según la agencia antidrogas el empresario importó a México en un solo año.
La DEA asegura que esa cantidad se integró con 20 y 29.4 toneladas de N-metil-acetilamino importadas el 12 de diciembre de 2005 y el 6 de enero de 2006, respectivamente, y con 37.485 toneladas de hidroxi-benzil-N-methil-acetetamina, importadas del 28 de agosto al 2 de septiembre de 2006.
La DEA le explicó al juez Sullivan que, de acuerdo con sus análisis, la primera sustancia tiene un nombre químico parcial que no está identificada para la producción de analgésicos. Mientras que el segundo nombre, observa, no corresponde a ningún químico conocido; de acuerdo con las investigaciones del Laboratorio Central de la Administración Central de Aduanas de México, se trataba de seudoefedrina.
Lo que la agencia antidrogas no le dijo al juez es que esas casi 90 toneladas entraron a México con la autorización de la propia Administración de Aduanas –que depende de la Secretaría de Hacienda–, a pesar de que desde el primer embarque la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) le advirtió al entonces director de Aduanas, José Guzmán Montalvo, sobre la falsificación de permisos por parte de Unimed, empresa propiedad de Ye Gon.
Tampoco reveló que el Laboratorio Central demoró varios meses en informar de sus hallazgos ni que la PGR no hizo nada para detener esas importaciones, que según la DEA tuvieron como destino final el mercado estadunidense en forma de drogas sintéticas. Hasta ahora, sin embargo, el Departamento de Justicia no ha demostrado cómo, cuándo ni quiénes introdujeron las metanfetaminas a Estados Unidos.
Inconsistencias
Ye Gon ya fue indiciado por un gran jurado del Distrito de Columbia, no obstante que los cargos formulados por la DEA han sido vagos e imprecisos. Primero lo acusó de ser proveedor de los laboratorios clandestinos de metanfetaminas destinadas a Estados Unidos, y después de que él mismo era productor del estimulante.
Antes de que, en 2005, se estableciera en México la prohibición para importar seudoefedrina, entre 2002 y 2004 Ye Gon importó 81 toneladas de este químico, según constató la Secretaría de la Función Pública en la auditoría 50/07 practicada a la Cofepris. Sin embargo, de acuerdo con la misma auditoría, sólo 34 toneladas fueron registradas por el organismo. Las 47 restantes no se anotaron como importaciones autorizadas y se desconoce cuál fue su destino.
La acusación contra Ye Gon en Estados Unidos se apoya en esas 81 toneladas y en el intento de Unimed de introducir a México otras 19.797 toneladas de hidroxi-benzil-N-metil-acetetamina, una sustancia que lo mismo puede convertirse en metanfetaminas que en medicamentos.
Para desacreditar la acusación, la defensa de Ye Gon presentó ante la Corte la factura de esas importaciones. Según se lee en el documento, escrito tanto en chino como en inglés, el propio empresario viajó a Mongolia interior, casi en la frontera china con Rusia, para realizar la compra.
La operación la hizo el 18 de octubre de 2006. Compró 19.797 toneladas de hidroxi-benzil-N-metil-acetetamina a la empresa Chifeng Arker Pharmaceutical Technology, una subsidiaria de Shangai Industrial United Holdings, compañía que cotiza en la bolsa de valores de Hong Kong. El precio fue de 692 mil 895 dólares. De acuerdo con la factura, la mercancía salió del puerto de Tianjin, y aunque no lo precisa, llegó al puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en diciembre de 2006.
La defensa de Ye Gon sostiene que esa era la única empresa a la que le compraba ese tipo de sustancias. Establecida desde 1949, en 2000 Chifeng Arker empezó a producir series de seudoefedrina para uso médico.
En 2003, la Food and Drug Administration de Estados Unidos hizo una inspección a la compañía. Más aún, cuando en marzo de 2007 se desató el escándalo de los 205 millones de dólares, agentes de la DEA se trasladaron a la compañía. Un año después, el Departamento de Justicia no ha presentado pruebas contra Unimed por su relación con Chifeng Arker.
Un hecho extraño es que, si bien el juicio contra Ye Gon no se ha iniciado en Estados Unidos, el procurador mexicano, Eduardo Medina Mora, ordenó la destrucción de la sustancia. Otro hecho raro es que el gobierno de Calderón repartió entre la PGR, la Secretaría de Salud y el Poder Judicial los 205 millones de dólares incautados sin que mediara para ello una resolución judicial.
La incautación de las casi 20 toneladas de seudoefedrina derivó en el cateo a las propiedades de Ye Gon en México, donde además de esa millonaria cantidad la PGR aseguró 111 mil dólares y documentación de cuentas bancarias en Estados Unidos, China y Hong Kong, así como de transferencias de casas de cambio de México a Estados Unidos y Europa.
Todas esas cuentas están congeladas, además de que Estados Unidos le aseguró al empresario un Rolls Royce Phantom 2007.
No obstante, la imputación de la DEA es muy vaga. Dice que el acusado, “consciente e intencionalmente… conspiró… con otros coconspiradores conocidos y desconocidos para el gobierno”.
El único supuesto cómplice identificado es Michelle Wong, una exempleada del Mirage Hotel Casino en Las Vegas con la que Ye Gon se involucró sentimentalmente y a la que la DEA acusa de lavado de dinero. En una declaración presentada por esta agencia, pero que no está firmada por la testigo, se asegura que Ye Gon le contó que estaba lavando dinero para narcotraficantes mexicanos. Sin embargo, el abogado de Wong, George Allan Dale, niega que su clienta haya hecho esta imputación a Ye Gon.
El fiscal del Departamento de Justicia encargado del caso, Paul Laymon, ha intentado aplazar el comienzo del juicio, pues pretende que Ye Gon se declare culpable o que su esposa u otro de los detenidos en México lo incriminen. Uno de los argumentos que Laymon usa para retrasar el juicio es que el gobierno de China no ha entregado toda la información que se le ha solicitado en virtud de que se encuentra ocupado con motivo de los Juegos Olímpicos.
En su empeño por incriminarlo, Laymon se trasladó a México para interrogar a la esposa del acusado y a dos de sus exempleados, lo que constituye una violación al procedimiento penal mexicano. Con la anuencia de la PGR y sin la presencia del abogado De la Garza, Laymon y otros funcionarios del Departamento de Justicia y de la embajada de Estados Unidos en México se trasladaron el 25 de abril de 2007 al penal de Santiaguito, en el Estado de México, para pedir a esas personas su colaboración para incriminar a Ye Gon.
Por lo pronto, Laymon logró que el juez Sullivan alargue el período previo al inicio del juicio, pese a que el juzgador encontró “débiles” las pruebas presentadas por el Departamento de Justicia. El Código Federal estadunidense establece que un detenido debe ser procesado 70 días después de su arresto.
El conteo se ha interrumpido debido a una serie de acciones impulsadas por el Departamento de Justicia. De acuerdo con las estimaciones del propio gobierno estadunidense, el plazo para el comienzo del juicio se vencería a fin de año si es que no hay más acciones dilatorias. David Zapp, uno de los abogados de Ye Gon, calcula que podría pasar por lo menos otro año antes del juicio.
Antecedentes
Al empantanamiento de la causa penal contra Ye Gon contribuyó la estrategia inicial de la defensa, que intentó presentar a su cliente como víctima de una persecución política.
Tanto en sus respuestas a las imputaciones de la DEA como en su petición de asilo político, Ye Gon involucró a representantes del gobernante Partido Acción Nacional (PAN) de haberlo obligado a esconder en su casa los 205 millones de dólares que, afirmó entonces, fueron el sobrante de los recursos utilizados para financiar la campaña presidencial de Felipe Calderón.
En particular, señaló a Javier Lozano Alarcón, actual secretario del Trabajo y jefe de la campaña de Calderón, de haberlo amenazado de muerte si no cooperaba. Lozano rechazó la acusación y anunció que demandaría a Ye Gon en Estados Unidos por difamación. En medio del escándalo, Lozano incluso viajó a ese país. Pero en los registros judiciales estadunidenses no aparece ninguna acción legal del funcionario mexicano contra el empresario.
El escándalo político no le funcionó a Ye Gon, aunque uno de sus primeros defensores, Martin Mac Mahon, cuyo despacho litiga disputas comerciales internacionales, insiste en relacionar el caso con hechos de corrupción en México.
Sin embargo, Mac Mahon dejó de participar en la defensa de Ye Gon a petición de éste.
El segundo abogado del empresario, Ning Ye, quien ejerce entre Washington y Nueva York, asegura que se trata de un caso “frívolo” porque “de todos los documentos mostrados por el gobierno, no hay nada que incrimine” a su cliente.
El nuevo abogado contratado por Ye Gon es David Zapp, cuyo despacho en Nueva York se especializa en casos de lavado de dinero. Él asegura que lo más difícil para el gobierno estadunidense será probar el vínculo de las importaciones de Unimed con Estados Unidos. Pero advierte que el Departamento de Justicia insistirá para que alguien termine por incriminar a Ye Gon.
La detención del empresario puso en evidencia al gobierno de Vicente Fox, que le dio todas las facilidades para operar en México como importador a gran escala de mercancías desde China, en especial de sustancias químicas para la elaboración de medicamentos, incluida la efedrina y la seudoefedrina, precursores de las metanfetaminas.
De acuerdo con los registros de Unimed presentados en la Corte federal del Distrito de Columbia, durante cinco años Ye Gon logró introducir a México por lo menos 8 mil toneladas de sustancias químicas, para revenderlas a distintos laboratorios.
A partir de 1997, la Secretaría de Hacienda estuvo al tanto de sus operaciones comerciales, pues fue cuando dio de alta su empresa. A finales de ese año, el Instituto Nacional de Migración le otorgó permiso para que residiera en México como técnico farmacéutico de laboratorios Silanes.
Esta última compañía es propiedad de Antonio López de Silanes Pérez, amigo de Vicente Fox desde la universidad y contribuyente de la campaña del guanajuatense por medio de Amigos de Fox. Cinco años después, el entonces presidente le entregó a Ye Gon su carta de naturalización como mexicano.
Todas las facilidades
El empresario oriental operaba en México con autorización de la Cofepris, dependiente de la Secretaría de Salud. En 2005, el gobierno de Fox decidió controlar la importación de efedrina y seudoefedrina. Antes de ese año, todas las puertas estaban abiertas en México para que estas sustancias se desviaran hacia el mercado ilegal de las metanfetaminas.
La febril actividad importadora de Ye Gon durante el gobierno pasado no sólo contó con la autorización de la Cofepris, sino que tuvo permisos de la Secretaría de Agricultura, de la Secretaría de Salud y de la Procuraduría General de la República, que ahora lo acusa.
En octubre de 2006 obtuvo dos cartas de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) que le permitieron importar sulfato de gentamicina, materia prima para la elaboración de antibióticos.
La acusación formal contra Ye Gon, mediante una declaración jurada, la hizo Eduardo A. Chávez, agente especial de la DEA destacado en la Ciudad de México.