CALENDARIO DE AUDIENCIAS DEL 137o PERÍODO DE SESIONES
Solicitante: Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDHN) / Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH)
México
El círculo de impunidad
GLORIA LETICIA DíAZ,
Proceso # 1722, 1 de noviembre de 2009;
El jueves 5, México estará nuevamente en el banquillo de los acusados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las torturas cometidas por militares en el combate al narcotráfico. A esta denuncia se suma el encubrimiento de la CNDH, a la que señalan por presionar e intimidar a las familias de las víctimas para que no presenten quejas contra el Ejército. “Si ellos se burlan de nosotros, ¿qué podemos esperar de las demás autoridades?”
TIJUANA, BC.- Las reiteradas violaciones a los derechos humanos y el “círculo de impunidad” que protege a los elementos del Ejército y a autoridades de los tres niveles de gobierno en esta frontera del país será motivo de análisis en la 137ª Sesión Ordinaria de Audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), este jueves 5 de noviembre.
La principal denuncia no es sólo por la práctica sistemática de tortura, sino porque a las víctimas de agravios se les impide denunciar los hechos incluso en instancias como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual –para colmo– cuando llega a admitir una queja, encubre a los presuntos responsables.
La audiencia denominada “Seguridad Pública y Derechos Humanos en Tijuana, Baja California” fue solicitada el 8 de agosto por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste A.C. (CCDH). El 5 de octubre, la CIDH notificó su admisión a través de su secretaria ejecutiva adjunta, Elizabeth Abi-Mershed.
Juan Carlos Gutiérrez Contreras, director de la CMDPDH, resalta que la solicitud de medidas cautelares para 25 policías municipales de Tijuana que fueron detenidos ilegalmente, torturados por militares en el cuartel del 28º Batallón de Infantería de la II Zona Militar y trasladados al penal de alta seguridad en El Rincón, Nayarit, desde el 7 de mayo, “generó interés en la CIDH por conocer a fondo la situación y permitió que se admitiera la presentación de testimonios de familiares y víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos”.
En Proceso 1701 se publicaron testimonios de las torturas practicadas por militares contra los 25 policías municipales, a quienes se les procesa por su presunta vinculación con el narcotraficante Teodoro El Teo García Semental.
Entre el 21 y el 27 de marzo, los agentes fueron entregados al Ejército por el secretario de Seguridad Pública municipal, teniente coronel Julián Leyzaola Pérez, y por el director general de Policía y Tránsito Municipal, capitán Gustavo Huerta Martínez, quienes según algunas víctimas presenciaron las torturas.
En el documento de solicitud de audiencia, los directores de la CMDPDH y de la CCDH, Juan Carlos Gutiérrez Contreras y Raúl Ramírez Bahena, así como la abogada Mayra López, resaltan que se han disparado las violaciones a los derechos humanos “de civiles y policías por parte de elementos militares”, a partir de la intervención del Ejército en los operativos del combate a la delincuencia.
“Detenciones arbitrarias, arraigos en cuarteles militares, incomunicación y torturas físicas y psicológicas, que han sido aplicadas en esta zona fronteriza de manera sistemática por el Ejército para obtener confesiones y, a decir de las víctimas, fabricar culpables bajo el pretexto del combate al narcotráfico, redundan en detenciones carentes de investigación previa y violatorias del debido proceso legal”, señala el documento.
Gutiérrez Contreras apunta que “el ciclo de impunidad y resistencia de autoridades a recibir denuncias contra servidores públicos por violaciones a derechos humanos, como la tortura, lleva a la necesidad de acudir a las instancias internacionales para denunciar los hechos, como un mecanismo de contención para que el patrón no se siga dando y para que se rompa con el Estado fallido en materia de derechos humanos en Tijuana”.
Los casos de los 25 policías municipales víctimas de este “ciclo de impunidad” no son los únicos.
Después de las detenciones de marzo, la CMDPDH y la CCDH documentaron quejas de cuatro civiles trasladados al penal de Nayarit, dos exagentes ministeriales que fueron liberados y 11 policías municipales actualmente arraigados, que aseguran haber sido torturados por militares en instalaciones castrenses, donde permanecieron arraigados, a los que se les ha negado su derecho a interponer denuncias penales y se les ha obstaculizado presentar quejas en la CNDH.
Gutiérrez Contreras lamenta que la CNDH no actúe en favor de las víctimas, a pesar de que en mayo pasado envió una queja al ombudsman José Luis Soberanes contra quien encabezaba la coordinación de la CNDH en Tijuana, Heriberto García García, por negarse a recibir las quejas contra el Ejército. García García es ahora titular de la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California.
Proceso recabó denuncias de familiares y víctimas de violaciones a los derechos humanos en una reunión organizada por el Observatorio Ciudadano de Derechos Humanos en Baja California, que encabeza el exprocurador de Derechos Humanos de la entidad, Francisco Javier Sánchez Corona, quien participará en la audiencia del 5 de noviembre en Washington.
Antes de dejar su cargo como ombudsman local, el 31 de mayo pasado, Sánchez Corona denunció ante el Congreso de Baja California que el nombramiento de su sucesor, García García –a quien identificó con el “ingeniero (Carlos) Hank Ronh”–, fue negociado por José Luis Soberanes con el gobernador panista José Guadalupe Osuna Millán.
En entrevista, Sánchez Corona resalta que en el último año, al incrementarse la presencia militar en las calles, se “multiplicaron las quejas contra el Ejército”. Sostiene que los elementos de las Fuerzas Armadas “actuaban como ‘barredoras’ en sus operativos, detenían ilegalmente y sin criterio a cuanta persona se les atravesaba, además de que empezaron a sustituir las funciones de la Procuraduría de Justicia y de la policías Estatal y Municipal”.
Ante el cúmulo de denuncias ciudadanas, trató de intervenir, pero fue parado debido a que “no teníamos facultades para conocer de esos casos, por lo que no nos quedó otra alternativa que enviar las quejas a la CNDH, que no las atendía; cuando me pronuncié públicamente en contra de las actuaciones militares en funciones que no le competen, fui mal visto por el Ejército y cortaron toda comunicación con la Procuraduría de Derechos Humanos”.
Ni le muevan
Los exagentes ministeriales Julio César Magdaleno Meza y Jorge Lomelí Guillén –torturados en el cuartel de la II Zona Militar en Tijuana el 24 de junio pasado– narran los obstáculos a los que se han enfrentado para que la CNDH dé seguimiento a la queja que pusieron el 8 de agosto, registrada en el expediente 2009/4350/Q.
“Dos semanas después de que pusimos nuestra queja en la coordinación de la CNDH en Tijuana –cuenta Magdaleno Meza– me llamó Luis Perea Laseca –visitador adjunto, adscrito a la segunda visitaduría– para pedirme que desistiera de denunciar a los militares; me dijo que él tenía mucha experiencia en esos asuntos y que había visto cosas muy feas contra los denunciantes, o sea que podría haber represalias contra nosotros.”
A Lomelí Guillén, Perea le llamó el martes 27 de octubre. “Me dijo que si queríamos continuar con la queja le mandáramos por escrito los testimonios de los agentes que nos detuvieron con violencia y nos llevaron al cuartel militar, y que si no llegaban los documentos en ocho días iban a archivar la queja”.
Magdaleno Meza le recordó a Perea que ese era su trabajo; en la queja venían los nombres, era su responsabilidad buscarlos. “Me puso trabas, dijo que no podía venir a Tijuana porque no tenía viáticos y me insistió en que mejor dejara el asunto por la paz”.
Durante las torturas a que fueron sometidos los exagentes ministeriales, que estaban adscritos a la comandancia de San Felipe, se les interrogó sobre su colaboración con el cártel de los Arellano Félix. Nunca lo admitieron y fueron liberados, pero más tarde, “por órdenes del procurador Rommel Moreno Manjarrez”, el subcomandante Juan Antonio Rocha Salazar y las funcionarias del Asuntos Internos de la Procuraduría, Olga Manuela Olguín Alarid y Nancy Miriam Velásquez Limón, intentaron involucrarlos en actos de extorsión, que tampoco procedieron.
Asesorados legalmente desde el momento en que fueron arrestados en San Felipe, Magdaleno y Lomelí –despedidos injustificadamente– interpusieron una denuncia por abuso de autoridad, lesiones, tortura, privación ilegal de la libertad, uso indebido del servicio público, amenazas, intimidación, tráfico de influencias, coalición de servidores públicos y los que resulten, contra los funcionarios de la procuraduría estatal así como contra el comandante de la II Zona Militar, el general Jorge Alonso Garrido. Interpusieron también una queja contra las autoridades locales en la Procuraduría de Justicia de Baja California y otra en la Contraloría General estatal, pero sostienen que no se les ha dado seguimiento.
Las maniobras de la CNDH para encubrir al Ejército fueron padecidas también por Luis Castellanos Hernández, cuyo hermano Ricardo, policía municipal, está arraigado en un hotel en Tijuana, después de haber sido torturado del 16 al 20 de septiembre en el cuartel de la II Zona Militar.
Ricardo Castellanos y otros 10 policías municipales están acusados de brindar protección al cártel de los Arellano Félix, según denuncia del exagente Gustavo Adolfo Rodríguez Magaña.
Decepcionado, Luis Castellanos cuenta que, ante la resistencia de autoridades municipales, federales y militares por informar sobre el paradero de su hermano, el 17 de septiembre acudieron a la coordinación de la CNDH en Tijuana, donde el visitador adjunto Iván Curiel Villaseñor le confirmó que Ricardo estaba en la II Zona Militar, a donde acudió a entrevistarlo un día después.
El viernes 18, Curiel le dijo que Ricardo estaba muy bien y que no quería interponer queja contra los soldados, “sólo contra los que lo detuvieron por órdenes del teniente coronel Julián Leyzaola y el capitán Gustavo Huerta”.
Dos días después, la esposa de Ricardo fue a verlo al hotel donde lo habían trasladado: “Estaba tirado en el suelo, esposado de pies y manos, su cara y su cuerpo hinchado de los golpes, y destrozado psicológicamente. Ricardo le dijo a su esposa que cuando lo visitó el licenciado Curiel claramente le dijo que estaba dispuesto a acusar a los soldados que lo dejaron así, que lo habían torturado tanto que lo obligaron a declarar contra otros de sus compañeros”, cuenta Luis.
Saberse timado por el representante de la CNDH, dice, “da rabia, me hace pensar que cuando fui a ver a Curiel, por dentro se estaba riendo de mí y de mi familia. Si ese cuate, que se supone está en esa oficina donde le pagan para atender a las víctimas, se burla de nosotros, ¿qué podemos esperar de las demás autoridades?”.
La desesperación la comparten también las familias de Orlando Santaolaya Villarreal, Ramiro López Vásquez y los hermanos Ramiro y Rodrigo Ramírez Martínez, detenidos en un operativo militar el pasado 16 de junio en Playas de Rosarito y remitidos el 31 de julio al penal de máxima seguridad en El Rincón, Nayarit, acusados de secuestro y delincuencia organizada.
Detenidos aproximadamente a las 12 del día del 16 de junio, los cuatro fueron presentados un par de horas más tarde ante los medios de comunicación en instalaciones de la II Zona Militar con visibles huellas de tortura y con un arsenal de por medio.
La familia de Rodrigo y Ramiro Ramírez no pudo verlos hasta el 6 de julio en el 28º Batallón de infantería, conocido como Aguaje de la Tuna, “y estaban todos lastimados y asustados”, dice su madre, María Isabel Reyna Martínez.
“Nos contaron las torturas que sufrieron, primero en la II Zona y después en el Aguaje de la Tuna, y que en varias ocasiones una persona con bata blanca, al parecer un médico militar, los había revivido.
“Nos dijeron que cada vez que llevaban a detenidos al cuartel los sacaban para que los reconocieran, y que si no decían lo que los soldados querían, los golpeaban, les daban toques eléctricos en sus genitales o les ponían una bolsa en la cabeza.”
María de los Ángeles García Torres, esposa de Orlando Santaolaya, amigo de Ramiro y Rodrigo, destaca que ella pudo ver a su marido el 24 de junio, y que también está muy dañado física y psicológicamente por las torturas. “En las oficinas de la PGR nos dijeron que no metiéramos abogados y que no hiciéramos ruido si queríamos que salieran, pero todo era mentira”.
Martha Alicia Vázquez Jiménez y Wendy Isabel Rivera Ramos, madre y esposa de Ramiro López Vázquez, resaltan que él fue detenido en la calle mientras hablaba por su teléfono celular con Wendy, y que no conocía a los otros jóvenes. “Lo que nos han dicho es que lo agarraron para poder configurar el delito de delincuencia organizada, porque para eso se necesitan cuatro o más personas”, dice Martha.
Por los golpes en la cabeza, añade Wendy conteniendo el llanto, “mi esposo quedó sordo de un oído para siempre”.
Las familias de los cuatro jóvenes intentaron interponer denuncias contra el Ejército por las torturas y la detención arbitraria en la delegación de la PGR, donde sólo recibieron la de Ramiro López, pero con la advertencia de que no procedería.
No más impunidad
En cuanto a los familiares de los 25 policías municipales detenidos en marzo, Blanca Mesina, quien funge como vocera, destaca que en la primera quincena de octubre les informaron que el caso está en un juzgado federal de Nayarit, y que hasta ahora no han tenido acceso al expediente porque ya no tienen abogados para defenderlos, “se nos acabó el dinero”, dice.
En Nayarit, según sus esposas, los policías denunciaron en el juzgado que habían sido torturados por militares y que fueron entregados por el teniente coronel Julián Leyzaola, quien aseguran que ya fue llamado a comparecer, pero se niega a viajar porque “no puede desatender sus funciones” como secretario de Seguridad Pública.
Angustiadas por la falta de recursos económicos, denuncian que fueron engañadas por el alcalde panista Jorge Ramos, quien a cambio de su silencio ofreció becas para sus hijos y trabajo para ellas, promesas que no cumplió.
Juan Carlos Gutiérrez resalta que a la audiencia de la CIDH en Washington del 5 de octubre acudirán seis personas, entre familiares y víctimas, además de representantes de organizaciones de derechos humanos. También participarán representantes del gobierno de Felipe Calderón y de Guadalupe Osuna Millán.
“Se busca que la CIDH pida al Estado mexicano que la PGR reciba las denuncias e investigue; que impida que las personas sean arraigadas en instalaciones militares; que la CNDH agilice las quejas y emita pronto recomendaciones; que a nivel estatal, la procuraduría inicie las investigaciones de los delitos cometidos por el secretario de Seguridad Pública municipal así como por los funcionarios municipales y estatales que participaron en las ilegalidades, y que se garantice la protección e integridad de las víctimas.
“Se trata, en suma, de acabar con el círculo de impunidad en el que los encargados de proteger a la ciudadanía fallan”, advierte Gutiérrez Contreras.
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