21 may. 2017

Propósitos y medidas que jamás se cumplen

Revista PROCESO # 2116, 21 de mayo de 2017…
 Propósitos y medidas que jamás se cumplen/ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
El penúltimo de los asesinatos de periodistas en México, el de Javier Valdez, aparentemente le dio una sacudida al gobierno federal. Obligado por las circunstancias a hacer algo, lo que fuera, Peña Nieto convocó a una reunión en la que anunció una serie de medidas para proteger a los comunicadores –procedimientos que ya existen y no han servido de nada– y de paso su equipo de seguridad intimidó a los reporteros gráficos que osaron protestar durante el acto solemne el pasado miércoles 17.

Con 35 asesinatos de periodistas desde que se inició su sexenio, con 70 casos heredados no resueltos y agresiones en distintas modalidades que se cuentan por cientos, por primera vez el presidente Enrique Peña Nieto expresó sus condolencias por el asesinato de un comunicador y convocó a un acto para anunciar acuerdos con los gobernadores de los estados.
El homicidio del periodista sinaloense Javier Valdez Cárdenas, el pasado lunes 15 en Culiacán, provocó como nunca una amplia reacción de ira y dolor y una amplia cobertura informativa nacional y extranjera. Y como nunca, el mandatario federal dedicó tres tuits al respecto y dio su pésame, aunque no lo hizo igual con el ataque en el que perdieron la vida Jonathan Rodríguez Córdova y su madre, Sonia Córdova, reportero y subdirectora de El Costeño, un semanario de Autlán, Jalisco, horas después del asesinato de Javier.

Valdez se convirtió en el segundo corresponsal de La Jornada en ser asesinado este año, luego de que el 24 de marzo mataran a la de Chihuahua, Miroslava Breach.
Peña Nieto, instalado en la perspectiva de transferir la responsabilidad a los estados –perspectiva que desde el miércoles 3 había delineado su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y que el propio Peña Nieto reiteró el jueves 4–, encabezó el miércoles 17 una reunión de emergencia con los integrantes civiles del gabinete de seguridad y 26 gobernadores.
Que Peña Nieto atribuya la competencia al fuero común respecto a los crímenes y agresiones contra periodistas es una novedad. En 2013 su gobierno, al responder a los cuestionamientos del Examen Periódico Universal (EPU) –mecanismo de evaluación entre pares sobre el estado de los derechos humanos, que realiza la ONU– expuso:
“De conformidad con una enmienda constitucional, las autoridades federales están facultadas para investigar delitos relacionados con violaciones de la libertad de expresión cometidos contra periodistas, u otras personas o instalaciones, y se ha establecido la Fiscalía Especial para este tipo de delitos. Además, se ha creado el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas.”
La declaración fue saludada por diferentes países participantes en el EPU que, sin embargo, hicieron al menos 20 observaciones respecto a la violencia, la inseguridad y las agresiones contra periodistas.
En particular 12 países le recomendaron al Estado mexicano incrementar los recursos para el Mecanismo de Protección; cuatro más que contratara personal calificado; cinco pidieron mejorar las medidas de protección; inclusive tres le recomendaron revisar la distribución de competencias; diez, que no dejara los crímenes impunes, y al menos cuatro se refirieron a la intervención de organismos internacionales para investigar asesinatos de periodistas.
En resumen, 30 países le recomendaron en 2013 hacer lo que hasta el pasado miércoles 17 anunció, en un acto al que convocó a varios embajadores y que en general se redujo a tres compromisos: aumentar los recursos al Mecanismo de Protección, apoyar a las entidades federativas para que formen sus propios mecanismos y crear fiscalías especiales de atención a crímenes contra periodistas.
Simulación en Los Pinos
La cita fue a las 12:00 horas del miércoles 17. En el salón Adolfo López Mateos de la residencia oficial se habían dispuesto unos 50 lugares para que Peña Nieto, en compañía de sus colaboradores y los gobernadores de los estados, anunciaran sus “Acciones por la Libertad de Expresión y para la Protección de Periodistas y Defensores”.
La prensa quedó confinada a los espacios reducidos que suelen asignarle a la fuente. La presencia de agentes del Estado Mayor Presidencial se incrementó para el acto, pues para la hora de la cita se había corrido el rumor de que habría una protesta de los reporteros gráficos en el graderío.
Los discursos fueron en general de pocos datos. Osorio Chong se limitó a dar la bienvenida y a soltar algunas frases sobre la libertad de expresión y la democracia. Según él, no se partía de cero pues desde 2012 funcionaba el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, así como la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).
“(La reunión) es indispensable para atender las demandas de justicia y no impunidad que reclama la sociedad, pero sobre todo para construir estrategias efectivas y evitar que estas situaciones se repitan”, dijo el titular de la Secretaría de Gobernación sin aludir a la protesta –un día antes– de periodistas frente a sus oficinas, cuyas rejas permanecieron cerradas y con agentes distribuidos entre el contingente.
El procurador general de la República, Raúl Cervantes, dijo que con base en las carpetas de investigación abiertas se había realizado un diagnóstico del que partía el anuncio presidencial. Como si recitara la función que por ley le corresponde desempeñar, añadió:
“Estamos convencidos de que el combate a la impunidad es el camino adecuado para lograr y prevenir nuevos ataques y agresiones a las y los periodistas.”
Fue a más. Cervantes dijo que era necesario reforzar acciones de investigación de manera coordinada; llegar al fondo de responsables materiales e intelectuales; agotar todas las líneas de investigación, obtener pruebas y determinar el móvil de cada agresión. O sea, lo que le toca hacer a una procuraduría en cualquier homicidio fue expuesto por el procurador general como una novedad.
En nombre de los gobernadores habló el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera. Fue el único que se refirió en concreto al asesinato de Javier Valdez, y a lo largo de su intervención fue insistente en que las agresiones provenían de la delincuencia organizada.
“El estado de derecho no existe sin orden público ni paz social. Que nadie se equivoque: estos lamentables hechos no acallarán las voces ni las notas que revelan o que demuestran dónde está el mayor desafío que tenemos. Y, por supuesto, esta tarea indiscutible de combate a la delincuencia.”
Más allá de las respectivas retóricas, el acto en sí mismo incluía a los responsables de las agresiones, la inseguridad y la impunidad.
Mancera, por ejemplo, desde que asumió el cargo convirtió a la policía capitalina en la más agresiva contra los periodistas, que son sometidos, golpeados, gaseados y retenidos con frecuencia. Sólo en 2016, de las 426 agresiones que documentó la organización Artículo 19, 71 ocurrieron en la Ciudad de México.
En general, por todo el país la situación es similar. El mismo informe de Artículo 19 establece que 53% de los ataques fueron perpetrados por servidores públicos en 2016, incluidas dos ejecuciones extrajudiciales.
Estaban ahí Miguel Ángel Yunes Linares, el gobernador veracruzano que heredó la estadística de 25 periodistas asesinados, 11 desaparecidos y a los que ya suma, en su administración, al menos el homicidio de Ricardo Monlui Cabrera, el pasado 19 de marzo. Todo impune.
También estaba el de Guerrero, Héctor Astudillo, en cuyo estado fue asesinado Cecilio Pineda y donde, apenas el fin de semana anterior, fueron retenidos, despojados y amenazados, siete reporteros, entre ellos el corresponsal de La Jornada, Sergio Ocampo, y Jair Cabrera; Jorge Alberto Martínez, de Quadratín; César Alejandro Lorenzo, de W Radio; Ángel Misael Galeana, de Grupo Imagen; el español Pablo Pérez García, de Hispano Post y el alemán, Hans Musielick, de Vice.
Naturalmente estaba Javier Corral, el de Chihuahua, cuyo gobierno no ha logrado esclarecer el caso de Miroslava Breach en un estado donde a partir de marzo se empezaron a generar desplazamientos de periodistas ante el riesgo de ser asesinados.
No estuvieron Francisco Javier Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas; ni el de Durango, José Rosas Aispuro; ni el de Tabasco, Arturo Núñez, a pesar de que en sus entidades el periodismo es una actividad imposible de practicar.
Y en el centro de la reunión, Peña Nieto.
Al iniciar su discurso el mandatario convocó a guardar un minuto de silencio; una breve protesta se alzó, efectivamente, en las gradas de los reporteros gráficos: “¡Justicia!”, se repitió a coro. “¡Ya no más discursos!”, “¡ya no más carpetas de investigación que no terminan!”
Peña Nieto, condescendiente, dijo entender el reclamo. Aseguró que como “ciudadano” le dolía, porque él se considera amigo de los periodistas.
“Me permito llamarles aquí, a quienes están presentes, amigos, porque éste ha sido un gobierno que se ha distinguido precisamente por ser respetuoso de la libertad de expresión.”
Con expresiones de cajón como “actuaremos con firmeza”, “no podemos permitir la censura”, “compromiso para combatir la impunidad”, Peña Nieto llevaba cifras preparadas. Según él, 538 personas estaban bajo protección, de las cuales 196 son periodistas. Un contraste: en su informe al EPU, el gobierno peñanietista había informado de 176 periodistas protegidos, o sea, sólo 20 más de 2013 a la fecha.
Después de anunciar las acciones ya mencionadas, se dirigió al área de los reporteros gráficos para dirigirles un mensaje, similar al que había pronunciado en público.
Al concluir el acto, ya con los embajadores encaminados hacia la casa Miguel Alemán, los agentes del Estado Mayor Presidencial fotografiaron los rostros de los fotoperiodistas del grupo del que salió la protesta. Un día después la fuente presidencial fue sometida a una revisión exhaustiva, obligada a dejar sus equipos en los vehículos oficiales y aceptar el manoseo de la revisión personal al cubrir una gira por Querétaro.
El modelo fallido a replicar
El EPU y otros mecanismos internacionales no son los únicos que identificaron las deficiencias del Mecanismo de Protección, la impunidad persistente ni la carencia de recursos. Organizaciones defensoras de derechos humanos los han documentado en los últimos años.
El jueves 4 una representación del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) había arrancado dos acuerdos a Peña Nieto: la salida del titular de la FEADLE, Ricardo Nájera, y la promesa de mayores recursos para el mecanismo de protección.
La razón del CPJ para ello es que desde finales del año pasado el Mecanismo se quedó sin recursos. A ese compromiso se refirió el mandatario el miércoles 17.

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