Justicia

Revista Proceso # 2116, a 21 de mayo de 2017

LA REDACCIÓN

Años de gritos ciudadanos y altísimas dosis de sangre ha necesitado el gobierno de Enrique Peña Nieto para dignarse volver la vista al cementerio de periodistas mexicanos sacrificados.

El asesinato de Javier Valdez, cofundador de Ríodoce, semanario sinaloense que eventualmente comparte sus textos con Proceso, ocurre cuando una cauda demencial de agravios contra periodistas se acumula a la sombra del clima de violencia e inseguridad que prevalece en el país, cuyos habitantes han sido abandonados a su suerte por gobiernos sucesivos.

Que las autoridades pretendan hacer creer a los mexicanos que la justicia se ejerce con discursos y ofertas de ocasión es no querer ver el punto muerto en que se halla México como producto del descontrol, la incapacidad, la corrupción, la falta de voluntad política y, en no pocos casos, la complicidad del Estado con los grupos fácticos y el crimen organizado.

Insensibles social y políticamente, faltos de cultura, gobernantes y funcionarios de todos los niveles y partidos se hallan muy lejos de comprender que la libertad de expresión es expresión misma de un Estado que aspira a ser democrático. Y si así ocurre es porque, con toda seguridad, la democracia les importa un bledo.

Si a raíz del asesinato de Javier Valdez el gobierno federal ha declarado que habrá una “respuesta de Estado” ante las siempre impunes agresiones contra los periodistas, el gobierno de Enrique Peña Nieto debería tener claro que las garantías y el respeto a la libertad de expresión son inmanentes a un auténtico estado de derecho: aquel que en el antes y el ahora, y con vistas al después de una realidad social, se afana en garantizar a toda costa las libertades ciudadanas, la seguridad de los periodistas y los defensores de derechos humanos, de los líderes opositores y los activistas sociales.

Como es su costumbre, el gobierno mexicano destapa tarde sus oídos a los gritos de los ciudadanos y del gremio periodístico, a las condenas de un sinnúmero de organismos internacionales y de gobiernos del mundo entero, pero lo hace cuando su margen de eficacia contra el crimen organizado se encuentra en ceros y cuando ha perdido todo indicio de credibilidad.