21 may. 2017

Incondicionales de Calderón y Peña buscan “combatir” la corrupción

Entre los aspirantes está Benjamín Guillermo Hill Mayoral, esposo de Alejandra de la Sota,  forma parte de una lista de 11 candidatos..
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Revista Proceso # 2116, a 21 de mayo de 2017
Incondicionales de Calderón y Peña buscan “combatir” la corrupción/
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
Once personajes buscan llegar a la Secretaría Técnica del Sistema Nacional Anticorrupción, el arma con la cual el gobierno federal pretenderá combatir las redes de corrupción que corroen al país. Pero varios de esos aspirantes a controlar el nuevo mecanismo tienen algo en común: han hecho carrera burocrática en secretarías de Estado (sobre todo en la de Función Pública) durante este sexenio y el anterior.
El sector empresarial y organizaciones no gubernamentales (ONG) afines pretenden acaparar la operación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). En ese empeño están también otras organizaciones civiles y funcionarios de la Secretaría de la Función Pública de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Lo que buscan es la Secretaría Técnica del SNA, el organismo que se espera sea el principal medio para combatir las redes de corrupción en México.
Entre los aspirantes está Benjamín Guillermo Hill Mayoral, esposo de Alejandra de la Sota, quien fue vocera y estratega de Calderón en Los Pinos entre 2006 y 2012 y ahora es asesora privada de la campaña para gobernador de Alfredo del Mazo, en el Estado de México (Edomex).

Hill Mayoral fue el responsable de la Oficina de Ética y Prevención de Conflicto de Interés, creada ex profeso por el presidente de la República en la Secretaría de la Función Pública (SFP) luego de que en agosto de 2015 su titular, Virgilio Andrade, lo exonerara del escándalo de la llamada Casa Blanca.
Ahora Hill trabaja en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la Unidad de Mejoras Regulatorias, desde donde pretende alcanzar el preciado y poderoso cargo de operador del SNA. Quien lo ocupe tendrá toda la información oficial que el sistema genere sobre la corrupción en el Estado mexicano.
Hill Mayoral forma parte de una lista de 11 candidatos seleccionados la semana pasada por el Comité de Participación Ciudadana del SNA, concebido como el vínculo entre la sociedad civil y las instancias de gobierno para vigilar el funcionamiento de lo que es la gran apuesta para enfrentar la corrupción en el país.
Otros de los postulados pertenecen a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y a organizaciones vinculadas al sector privado como el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
También hay aspirantes procedentes del Centro de Análisis e Investigación (Fundar) y Transparencia Mexicana. Pero predomina un grupo de funcionarios y exfuncionarios de la SFP de los gobiernos de Calderón y Peña Nieto.
Las funciones
La selección del secretario técnico es crucial para el funcionamiento del SNA. Tendrá que echar a andar los acuerdos del Comité Coordinador del sistema, en el que participan representantes de los tres poderes del Estado, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Quien se haga cargo de la Secretaría Técnica será un poderoso funcionario por la información que tendrá en sus manos. Además de ejecutar las decisiones del Comité Coordinador, será responsable de desarrollar la Plataforma Digital Nacional. Ahí se concentrarán las declaraciones de los servidores públicos, el registro de los encargados de las contrataciones públicas, el de los funcionarios públicos sancionados y las denuncias públicas e información pública sobre esas contrataciones.
Según la ley del SNA, aprobada el año pasado, esa plataforma tendrá que estar lista en menos de dos años a partir de que empiece a operar la Secretaría Técnica.
Quien se quede también hará “la medición y el seguimiento de los fenómenos de corrupción en el país” y creará los índices y mediciones para evaluar las políticas anticorrupción.
Por si fuera poco, será el intermediario entre el Comité Coordinador del SNA, los órganos que lo integren y la participación ciudadana. Durará en el cargo cinco años.
El encargado de la designación es el Comité de Participación Ciudadana que preside la expresidenta del INAI, Jacqueline Peschard. Sus otros cuatro miembros son Mariclaire Acosta, directora en México de Freedom House; Alfonso Hernández Valdez, profesor e investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente; José Octavio López Presa, fundador de la ONG Causa en Común; y Luis Pérez de Acha, socio fundador del despacho PDeA Abogados. Todos ellos fueron seleccionados con el aval del Senado.
En abril, el Comité de Participación Ciudadana lanzó la convocatoria para la Secretaría Técnica del SNA. Se inscribieron 24 aspirantes. Fueron seleccionados 11. Después de entrevistarlos la próxima semana, se hará el anuncio del primer responsable de esa pieza clave del SNA.
Entre los seleccionados, destaca el nombre de Benjamín Guillermo Hill Mayoral, quien después de servir a Calderón en la Presidencia renunció junto a su militancia en el PAN y se volcó al PRI, mediante millonarios contratos, como estratega de comunicación del gobierno de Eruviel Ávila en el Edomex y de Peña Nieto en el gobierno federal, como reveló este semanario en diciembre de 2015 (Proceso 2042).
Integra, Metas Estratégicas, su empresa, le vende ahora asesoría al candidato del PRI en esa entidad, Alfredo del Mazo Maza.
Hill Mayoral se acomodó en la administración de Peña Nieto. Como panista trabajó entre 2007 y 2010 en la SFP cuando el titular era el hoy senador blanquiazul Salvador Vega Casillas. Durante los dos siguientes años, al final del sexenio de Calderón, se fue a la Secretaría de Hacienda con José Antonio Meade, a quien Peña Nieto regresó a esa dependencia en septiembre pasado.
Hill fue asesor de Ernesto Cordero en el Senado, pero en 2015, ya despojado de su militancia panista, se incorporó a la SFP con Virgilio Andrade, quien deslindó a Peña del escándalo de la llamada Casa Blanca de la esposa del presidente, Angélica Rivera.
Ese inmueble le fue vendido por uno de los contratistas más beneficiados por Peña Nieto desde que fue gobernador del Edomex: Juan Armando Hinojosa Cantú. El constructor quedó también exhibido en mayo del año pasado cuando la investigación internacional Panama Papers, en la que participó Proceso, reveló que creó empresas offshore para esconder ese mismo año al menos 100 millones de dólares.
El esposo de Alejandra de la Sota salió de la SFP y desde este año trabaja en el IMSS como encargado de “proponer e implementar políticas de mejora institucional”, cargo por el que cobra 151 mil 592 pesos mensuales.
Egresado del ITAM, se presentó ante el Comité de Participación Ciudadana como un funcionario con “experiencia relevante” de más de 14 años, “en puestos de dirección en el gobierno federal y en consultoría en áreas de transparencia gubernamental, control de corrupción, monitoreo y evaluación de políticas públicas, ética e integridad pública, prevención de conflictos de interés”, además de conocimiento en la vinculación del gobierno con organizaciones de la sociedad civil, empresariales y académicos.
Más candidatos
El sector empresarial tiene al menos tres candidatos: María Rebeca Félix Ruiz, directora jurídica de la Coparmex y quien creó el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el gobierno de Baja California, en manos del PAN desde 1989.
También con vínculos empresariales está Max Kaiser Aranda, director anticorrupción del Imco, un centro de investigación financiado por organismos y organizaciones internacionales y que tiene a varios empresarios mexicanos como parte de su Consejo Directivo. Entre ellos Gerardo Gutiérrez Candiani, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial y a quien Peña Nieto designó en julio del año pasado Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales.
Kaiser Aranda, también egresado del ITAM, es asesor de la ONU en el tema de corrupción. Entre 2002 y 2005 fue director de Enlace Legislativo en la Secretaría de Gobernación (Segob), cuando el titular era el panista Santiago Creel Miranda.
En 2006 fue abogado del consejo general del Instituto Federal Electoral (hoy INE) cuando lo encabezaba Luis Carlos Ugalde. En el gobierno de Calderón trabajó en la SFP como contralor en las secretarías de Medio Ambiente y de Educación Pública y como titular de la Unidad de Auditoría Gubernamental.
De acuerdo con su información pública, al Consejo del Imco también pertenece María Amparo Casar, exfuncionaria de la Segob también con Creel, en el gobierno de Vicente Fox, y académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Actualmente es presidenta ejecutiva de MCCI.
Encabezada por Claudio X. González Guajardo, hijo el exdirigente empresarial Claudio X. González Laporte, MCCI logró la selección de Janet de Luna Jiménez, directora de Investigación Aplicada de esa ONG.
Egresada del CIDE, De Luna Jiménez trabajó con Calderón en la Presidencia, donde coincidió con Alejandra de la Sota. También estuvo en la Unidad para el Desarrollo Político de la Segob con la académica del CIDE, Blanca Heredia, bajo la gestión de Fernando Gómez-Mont.
Entre 2008 y 2009 trabajó para la entonces delegada en Miguel Hidalgo, Gabriela Cuevas, ahora senadora panista. Con el cambio de gobierno, De Luna se incorporó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) hasta que el año pasado se sumó a MCCI.
Otra candidata con vínculos a gestiones del PAN es Alejandra Rascón Rodríguez, actual coordinadora de asesores y secretaria técnica del Consejo Directivo de SuperISSSTE. Durante siete años, entre 2008 y 2015 fue coordinadora en la ONG Transparencia Mexicana, que como testigo social ha avalado numerosas licitaciones gubernamentales.
Durante el gobierno de Fox trabajó en la Dirección General Adjunta de Legalidad y Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) con Josefina Vázquez Mota, la actual candidata del PAN al gobierno del Edomex.
Fundar aparece vinculado con la candidatura de Óscar Arredondo Pico, quien de 2011 a 2016 fue investigador de esa ONG surgida hace18 años para la revisión de políticas públicas. Arredondo Pico creó este año Simetría, Centro de Estrategia e Innovación Política. Su experiencia como funcionario público ha sido en la SFP, la Secretaría de Hacienda y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde fue subdirector de Comunicación Social.
En sentido opuesto a la prevalencia de candidatos que han trabajado para los gobiernos del PAN, está el actual el titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, Gregorio Guerrero Pozas, quien ocupa ese cargo desde 2008 y que desde hace dos décadas se ha desempeñado como contralor.
Guerrero Pozas fue el encargado de hacer la transición entre la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), como ente autónomo del Congreso, en 2000.
Identificado como priista por el entonces nuevo gobierno del PAN, los legisladores de ese partido propiciaron su salida de la ASF. Desde entonces ha sido titular del OIC de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Pemex y Financiera Rural, hasta que llegó hace nueve años al ahora INE.
Otro candidato con experiencia en la fiscalización es Miguel Ángel Vega García, quien desde 2015 es el titular del OIC en Sedatu. Antes lo fue en Sedesol y en la Secretaría de Energía. En la SFP fue subdelegado y comisario en el Sector de Desarrollo Económico y director de normatividad de Recursos Humanos y Profesionalización.
Ricardo Salgado Perillat, actual titular de la autoridad investigadora del Instituto Federal de Telecomunicaciones es otro candidato. Entre 2011 y 2014 fue director jurídico del INAI, bajo la presidencia de Jacqueline Peschard, cargo que también ocupó entre 2003 y 2008.
En el gobierno de Calderón estuvo a cargo de asuntos legales de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y fue director de Asuntos Contenciosos en la Comisión Federal de Competencia, ahora de Competencia Económica. En el gobierno de Fox, entre 2001 y 2003, fue director general de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.
Guillermo López Jiménez es otro de los seleccionados. Desde mayo de 2015 y hasta febrero pasado fue responsable del OIC de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.
Al inicio del sexenio fue secretario operativo de Tecnologías de Información en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y director adjunto de Recursos Humanos en la CNBV.
Como último candidato fue incluido Alejandro Tuirán Gutiérrez, cuyo hermano Rodolfo es el subsecretario de Educación Media Superior de la SEP. Hasta enero pasado fue director de Planeación y Evaluación del Consejo Nacional de Fomento Educativo. También trabajó en la SFP como director de Políticas de Evaluación de los Órganos de Vigilancia.



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