Opiniones y notas sobre la salida de Amérigo

Alientan salida de Incalcaterra/ Sergio Aguayo Quezada
Publicado en Reforma, 28-May-2008;

El representante en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Amerigo Incalcaterra, fue despedido por defender a las víctimas y denunciar las incongruencias de un Estado con discurso florido y compromiso escuálido. Es también una confirmación de la tibieza de la ACNUDH, que optó por complacer a las autoridades mexicanas.
Los funcionarios internacionales se rigen por normas tan rígidas como sus procedimientos burocráticos. Su prioridad es mantener las formas y los buenos modales. Incalcaterra llegó a México el 28 de octubre del 2005 y como es de hablar suave parecía ser otro de esos funcionarios que han encontrado en la complicidad con el gobierno su modus vivendi.
Muy pronto Incalcaterra demostró ser diferente porque desplegó una intensa actividad en la capital y los estados. Entre sus últimos logros estuvo la elaboración del Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal. Aplaudido en algunos círculos, hubo también quienes se irritaron con sus pronunciamientos.
Fiel a su estilo, Incalcaterra se despidió del país publicando una columna en el último número de Proceso (25 de mayo) en la cual pone el dedo en la llaga al señalar la distancia entre retórica y realidad. También advierte del riesgo de que los derechos humanos "se queden tan sólo plasmados en el discurso y en las normas jurídicas".
Un alto funcionario -que como el resto de los entrevistados en México y Ginebra prefirió el anonimato por lo sensible del caso- reconoció la esquizofrenia de la política oficial mexicana en el tema.
"El mandato de la CNDH es defender los derechos humanos y, sin embargo, su presidente pidió al ACNUDH que silenciara o despidiera a quien expresa una opinión legítima sobre un informe que le disgusta", señaló.
Las fuerzas armadas también se molestaron con las declaraciones de Incalcaterra sobre el fuero militar o los riesgos para los derechos humanos del protagonismo castrense en el combate al crimen organizado. La Secretaría de la Defensa Nacional escribió una carta a Relaciones Exteriores a finales del 2007 y los abogados militares estuvieron a punto de descarrilar la firma del acuerdo entre la ACNUDH y el gobierno de México.
Un ángulo poco resaltado es que Incalcaterra empezó a ser visto con desagrado en su propia organización. En opinión de un diplomático que conoce en detalle el affaire Incalcaterra, la ACNUDH de Louise Arbour prefirió darle prioridad a su relación con el Estado mexicano. Eso explica la prestancia con la cual respondieron a las inconformidades oficiales que tuvieron su punto culminante en la carta de Soberanes.
Para obtener la versión de la ACNUDH se solicitó una entrevista telefónica a la mexicana María Francisca Ize-Charrin, la funcionaria responsable de las oficinas de la ACNUDH en el exterior. Respondió con un texto formal en el cual se entusiasma al justificar la "rotación" de Incalcaterra ("representa renovados retos y desafíos profesionales", dice). Cambia de talante al aclarar que las Naciones Unidas no discuten "cuestiones relativas al personal, incluyendo rotaciones". Notable la opacidad en el principal organismo promotor de los derechos humanos.
Para Ize-Charrin todo está tan bien que la ACNUDH obtuvo la "renovación del mandato" y tiene una sólida "relación con el Gobierno de México". Nada dijo sobre un aspecto fundamental: su oficina también está obligada a defender a las víctimas de los abusos.

Descalifica Soberanes a funcionario de ONU/Sergio Aguayo

Reforma, 28-May-2008;

José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), acusó a Amerigo Incalcaterra, representante en México de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de incumplir su mandato y pidió a la alta comisionada del organismo internacional evitar en el futuro ese tipo de actuaciones.
En una carta enviada el 24 de marzo a Louise Arbour, alta comisionada de la ONU de Derechos Humanos, Soberanes le pide tomar medidas ante lo que consideró una conducta inadecuada de Incalcaterra.
A los pocos días, el funcionario internacional fue removido y se le dieron menos de dos meses para dejar el País.
La CNDH nunca vio con simpatía la presencia de la ACNUDH ni el estilo de Incalcaterra, quien, al poco tiempo de iniciar su misión en México (octubre de 2005), desplegó una intensa actividad a favor de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
La molestia hizo crisis cuando Incalcaterra calificó públicamente de valioso el informe de la organización no gubernamental Human Rights Watch "La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México: Una Evaluación Crítica", dado a conocer el 13 de febrero, y sugirió a la CNDH tomar en cuenta sus recomendaciones. Justamente ese documento enfrentó a la comisión mexicana con la ONG.
"A nuestro parecer, el señor Amerigo Incalcaterra cometió un grave error" al validar el informe, indica Soberanes en su texto.
Se solidarizan en cena con Incalcaterra

Nota de Reforma, 29-May-2008;

Eran las 20:30 horas del martes, cuando el Embajador de Austria en México, Werner Druml, abrió las puertas de la sede diplomática para ofrecer una cena privada en honor a Amerigo Incalcaterra.
Luego de que el anfitrión llamara a los invitados a un brindis -donde remarcaría la labor del ex representante de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el País- el italiano tomó la palabra y agradeció de manera emotiva la hospitalidad de la Embajada, y a los invitados la generosidad con la cual habían compartido ideas.
No hubo más discursos. Uno a uno, los cerca de 40 invitados aprovecharon para acercarse y expresar su solidaridad personalmente.
Ahí estuvieron, entre otros, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Álvarez Icaza; la presidenta de Incide Social, Clara Jusidman; la senadora Rosario Ibarra; el académico del ITAM, Miguel Sarre; Jorge Castañeda; el presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Miguel Concha; la periodista Lydia Cacho y el presidente de Fundar, Sergio Aguayo.
Amerigo Incalcaterra se esforzó por contener el llanto ante las palabras de Rosario Ibarra, quien le expresó que nunca había confiado en ningún funcionario de la ONU, más que en él.
"Fue un signo de solidaridad de un grupo muy nutrido de personas vinculadas al tema de los derechos humanos, un acto de apoyo y de reconocimiento a su labor", reconoció Miguel Sarre.

Réplica / Aclara el PNUD
(29-May-2008).-
Sr. Director:
En su columna de opinión publicada el día de ayer, miércoles 28 de mayo, el señor Sergio Aguayo asegura que la representación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México no hizo pública información relacionada con sus proyectos de apoyo a la observación electoral nacional, por una parte, y de protección de programas sociales en el contexto de las elecciones de julio de 2006, por la otra. Al respecto, quisiera aclarar que, de conformidad con la normatividad que le rige, el PNUD ha presentado oportunamente toda la información relevante sobre estos proyectos. Los boletines, conferencias de prensa, así como información sobre las actividades realizadas en el marco de estos proyectos y que respaldan esta difusión amplia y pública pueden ser consultados en la página web del Centro de Información de las Naciones Unidas (CINU) en México: www.cinu.org.mx y en www.undp.org.mx/programassociales/. En el apego a su mandato y valores, el PNUD ha venido y seguirá trabajando junto con sus contrapartes mexicanas en pos de una democracia consolidada y con dividendos para las y los mexicanos. Sin más por el momento, le agradezco se sirva publicar esta precisión.
Cordialmente,
Arnaud Peral
Representante residente adjunto, PNUD-México
Réplica / Responde Sergio Aguayo al PNUD
(30-May-2008).-
El señor Arnaud Peral, representante adjunto del PNUD-México, dio una lectura errónea a mi razonamiento. En ningún lado aseguré en mi columna del pasado miércoles ("Dos italianos") que el PNUD no entregaba información. Por supuesto que la hacen pública.
Lo que sostuve, y sostengo, es la necesidad de prestar más atención a lo que hacen y dejan de hacer los organismos multilaterales en México. Puse dos ejemplos sobre el PNUD. (1) Desde hace 14 años el señor Nguyen Dong impulsa un proyecto de apoyo a la observación electoral: ¿cuánto dinero mexicano ha recibido y cómo lo ha utilizado? (2) En el 2006 el PNUD recibió de la Secretaría de Desarrollo Social 13 millones de pesos, ¿por qué publicó con tanto retraso las encuestas sobre el uso de los programas sociales para comprar votos?
Reitero lo escrito en la columna: no imputo a esas instituciones o funcionarios actos de corrupción o complicidad con el gobierno. Señalé, simplemente, la importancia de saber lo que han hecho, cuánto han costado y de qué han servido para mejorar la calidad de la democracia.
Cordialmente,
Sergio Aguayo Quezada

Quería ONU distribuir dls. 1 millón.- Soberanes
Publucado en Reforma, 29-May-2008
REFORMA / Staff
El presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, relacionó la salida del País de Amerigo Incalcaterra con los fondos que, por un millón de dólares, pretende entregar EU a la representación del alto comisionado de los Derechos Humanos de la ONU.
"Entre las propuestas del Plan Mérida, se menciona la asignación de fondos de Estados Unidos, por el equivalente a un millón de dólares, a la oficina en México del alto comisionado de los Derechos Humanos de la ONU para distribuirlos prácticamente a discreción, conforme a criterios que hasta ahora no han sido dados a conocer. ¿Cuál sería la base jurídica para que organizaciones privadas asuman de ese modo un papel no sólo peligroso, sino, además, ilegal?", señaló.
El ombudsman entró en comunicación con REFORMA luego de que se difundiera la carta que envió a la alta comisionada de la ONU, Louise Arbour, para cuestionar algunas acciones de Incalcaterra que provocaron su salida del País y optó por entregar un artículo que se publica en páginas interiores de este periódico.
"Diversos grupos de presión, en México y en EU, han insistido en condicionar la cooperación financiera bilateral contra el crimen organizado mediante el establecimiento de acciones de monitoreo, supervisión y certificación en materia de derechos humanos. Al igual que ocurrió con el Plan Colombia, los cuantiosos recursos financieros puestos en juego atrajeron múltiples intereses políticos y económicos, legítimos y no", establece Soberanes.
El martes, de gira por Durango, Soberanes justificó la salida del funcionario internacional de México.
"Eso explica el coraje de Incalcaterra cuando le dijeron que se fuera: ya no iba a disfrutar de ese millón de dólares, y por eso se agarraba de uñas y dientes", comentó.
Más allá de la anécdota/José Luis Soberanes Fernández

Reforma, 29-May-2008:

Consultado por Reforma sobre la salida de Amérigo Incalcaterra de nuestro país, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes, prefirió responder a través del siguiente artículo:
Un somero análisis de los condicionamientos del Senado de Estados Unidos aprobados el pasado 22 de mayo como parte de la denominada Iniciativa Mérida -y que aún deben ser analizados y discutidos por una conferencia bicameral en el Congreso de aquel país- bastaría para indicar que algunas de esas pretensiones son contrarias a nuestro orden jurídico y pueden significar, incluso, el renacimiento de las llamadas certificaciones unilaterales que terminaron hace más de un lustro.
Nadie puede dudar de que la sociedad nacional -toda- debe cerrar filas en muchos frentes contra el poder disolvente del narcotráfico, pero ¿tiene esto que hacerse mediante la sujeción, el acatamiento o la supervisión a las directrices de algunos grupos de interés gubernamentales del vecino del norte? ¿No sería mejor, en todo caso, atender, de arranque, a un concepto de corresponsabilidad que necesariamente debería partir del respeto al orden constitucional mexicano?
Si la iniciativa, en su estado actual, pretende hacer renacer las conocidas certificaciones que terminaron hace más de un lustro, no sólo podrá resultar contraria al orden constitucional sino que podrá exacerbar también, en poco tiempo, el clima de relación diplomática y el de la necesaria cooperación y el entendimiento operativo entre instancias e instituciones involucradas en la lucha contra el crimen organizado.
Con una relación tan susceptible a ser afectada por visiones particulares y de grupos de interés no podría aspirarse a construir una buena corresponsabilidad en el combate al narcotráfico. Los principios de cualquier negociación en éste y en otros temas estratégicos y de alta sensibilidad deben pasar, necesariamente, por el respeto al orden constitucional.
Diversos grupos de presión, en México y en Estados Unidos, han insistido en condicionar la cooperación financiera bilateral contra el crimen organizado mediante el establecimiento de acciones de monitoreo, supervisión y certificación en materia de derechos humanos. Al igual que ocurrió con el Plan Colombia, los cuantiosos recursos financieros puestos en juego atrajeron múltiples intereses políticos y económicos, legítimos y no.
Un esquema de supervisión social para una tarea a todas luces necesaria -garantizar que la guerra contra el narcotráfico no signifique violaciones a los derechos humanos o se desvíe por los anchos caminos de la corrupción- resulta muy conveniente y, de hecho, existe ya en un grado considerable por el papel acucioso que tienen los medios de comunicación. De ahí a suponer que necesariamente esa supervisión deben efectuarla algunas agrupaciones es distinto, sobre todo cuando se trata de colocar sobre el terreno la intervención y vigilancia de ciertas organizaciones civiles de Estados Unidos, que tienen fuertes lazos con algunas organizaciones no gubernamentales mexicanas y con grupos de interés similares.
Entre las propuestas del Plan Mérida se menciona la asignación de fondos de Estados Unidos, por el equivalente a un millón de dólares, a la oficina en México del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU para distribuirlos prácticamente a discreción, conforme a criterios que hasta ahora no han sido dados a conocer. ¿Cuál sería la base jurídica para que organizaciones privadas asuman de ese modo un papel no sólo peligroso sino además ilegal?
No es función de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hacer una caracterización de quienes han decidido jugar sus propias cartas en este asunto tan trascendental. Algunas ONG internacionales y nacionales, al parecer bajo la lógica de buscar mejorar en sus posibilidades de resultar elegibles para las funciones antes mencionadas, optaron por el camino de denostar la labor del organismo autónomo creado por el Estado mexicano para atender las quejas por abusos de las autoridades y elevar el conocimiento, el respeto y la vigencia de los derechos fundamentales en nuestro país.
Ante el Plan Mérida, el director para las Américas de Human Rights Watch detalló la posición que adoptarían sus trabajos ante los legisladores, "El Congreso estadounidense debería oponerse al paquete de asistencia a México -señaló en un comunicado- para combatir el narcotráfico si éste no incluye fuertes condiciones que busquen terminar con los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad mexicanas".
Terminar con los abusos que cometen integrantes de las fuerzas de seguridad es, ciertamente, un propósito esencial y general que muchos compartimos. Al respecto, ¿alguien puede poner en duda la severidad de las resoluciones de la CNDH en las quejas planteadas contra miembros del Ejército desde que sus integrantes participan directamente en tareas de seguridad pública?
La CNDH se ha esforzado en mantener buenos y estables niveles de aceptación y confianza ciudadana ante la sociedad a la que debe servir. Con o sin aprobación a lo propuesto en la Iniciativa Mérida; con o sin modificaciones en el fuero de guerra -debate pendiente pero, a la vez, asunto cuya base legal está en el artículo 13 de la Constitución- los abusos cometidos durante las operaciones de combate al narcotráfico deben ser investigados y juzgados de manera efectiva y rigurosa.
En éste y en otros asuntos, la CNDH no aceptará, por ningún motivo, explicaciones simples para hechos complejos. Más allá de la anécdota debe estar la historia y, en este caso, bien podríamos tratar de esforzarnos más en escribir, sin simplismos ni reduccionismos absurdos, la parte que cada quien quiere que le toque.

Critican actitud de Soberanes

Por Silvia Garduño
Nota de Refoma; 02-Jun-2008;

Organismos civiles reprocharon ayer a José Luis Soberanes sus señalamientos en torno a Amerigo Incalcaterra, ex representante en México de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La semana pasada, el Ombudsman relacionó la salida de Incalcaterra del País con los fondos que, por un millón de dólares, pretende entregar Estados Unidos a esa oficina de la ONU.
"Entre las propuestas del Plan Mérida se menciona la asignación de fondos de Estados Unidos, por el equivalente a un millón de dólares, a la oficina en México del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU (OACNUDH) para distribuirlos prácticamente a discreción, conforme a criterios que hasta ahora no han sido dados a conocer", señaló.
Jorge Romero, director ejecutivo de Fundar, dijo ayer que Soberanes actuó con dolo al tratar de descalificar el trabajo del funcionario, sobre todo cuando Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es el organismo público de derechos humanos más caro del mundo, y no hay criterios ni principios para evaluar sus resultados.
"La CNDH no opera con los mecanismos de rendición de cuentas formales.
"Este año, por concepto de estímulos y bonos, se tiene pensado ejercer 105.5 millones de pesos. Si volvemos a la afirmación original que hizo el presidente de la Comisión en relación con el millón de dólares que en teoría quería operar discrecionalmente la OACNUDH, multiplicado por 10, es lo que opera la CNDH discrecionalmente, solamente para bonos y estímulos a su personal", aseguró.
Los activistas manifestaron en rueda de prensa que en México impera un clima de regresión en el tema de los derechos humanos, al que contribuye la CNDH.
Édgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red de Organismos Civiles "Todos los Derechos para Todos y Todas", expresó que la remoción de Incalcaterra es parte de ese proceso, que se suma a otras regresiones en el campo de los derechos humanos, tales como la presencia militar extensiva en el País, el repunte de las desapariciones forzadas y las agresiones contra defensores de los derechos humanos.
Al evento asistieron también Miguel Concha, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; Clara Jusidman, presidenta de Incide Social; Gerardo Sauri, director de la Red por los Derechos de la Infancia; Consuelo Mejía, directora de Católicas por el Derecho a Decidir, y Diego Lorente, director de Sin Fronteras.Así lo dijo

Columna El Asalto a la Razón/Carlos Marin

Serviles y en montón
Publicado en Milenio Diario, 3 Junio, 2008;

En su apresuramiento por ser elegibles en el reparto del millón de dólares que hará la ONU si se destraba la Iniciativa Mérida, tres decenas de organismos no gubernamentales mexicanos cometieron un par de actos ominosos en 72 horas:
a) El 29 de mayo, en carta a los presidentes del Comité de Gastos y del Subcomité de Operaciones Ajenas de la Cámara de Representantes, se promovieron como ideales verificadores del intervencionismo yankee.
b) El 1 de junio pidieron que el Senado mexicano monte un juicio político para cortarle la cabeza al doctor José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
A los gringos les piden con ansia loca que se les tome en cuenta para que sean estas agrupaciones las que “supervisen” las operaciones del Ejército y las policías contra el crimen organizado.
Y al constitucionalista Soberanes no le perdonan la urticaria que les causa su modo de entender el orden jurídico nacional, en vez de los inexistentes “estándares internacionales” que ellas arguyen.
Su jugada es con chanfle: en 2009 se desgreñarán por la joya (y la lana) del Estado mexicano en derechos humanos.
cmarin@milenio.com

Columna Derechos y Urbanos/Adrían Andrade Jardí

Mentiras sobre Incalcaterra
Milenio Martes, 3 Junio, 2008;

Uno de los males de nuestra vida pública es que en no pocas ocasiones las insinuaciones pasan por verdades.
La salida del representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra, es un ejemplo de ello.
Desde hace semanas circula la especie, no confirmada por nadie, de que Incalcaterra fue removido porque “era incómodo al gobierno mexicano”.
Como el funcionario de la ONU declaró en público que “las rotaciones son normales en este tipo de misiones”, ahora se acusa al ombudsman nacional, José Luis Soberanes, de ser también culpable de las decisiones que toma la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, en Ginebra.
Para fortalecer esta hipótesis, Sergio Aguayo publicó un par de párrafos de la carta de cuatro cartillas que Soberanes le envió a la señora Arbour en el que se queja del apoyo que Incalcaterra le dio al informe de Human Rights Watch sobre la CNDH.
El informe de HRW, hay que recordarlo, fue especialmente severo con la institución que preside Soberanes.
En la carta, Soberanes le recuerda a Arbour que “el comité internacional de coordinación de instituciones nacionales de Derechos Humanes (CIC), en colaboración con su oficina en Ginebra, Suiza, llevó a cabo un examen exhaustivo sobre la situación de la CNDH y la acreditó, una vez más, como Institución Nacional de Derechos Humanos categoría A”.
De ahí el enojo de Soberanes, ya que resulta incoherente que se le elogie en Ginebra y se le ataque en México.
Por eso es importante leer en su contexto toda la carta. Otro tema que ha despertado suspicacia es el del destino de un millón de dólares de la Iniciativa Mérida para apoyar el trabajo de algunas ONG, vía la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México.
La partida está especificada en documentos del Senado de Estados Unidos, donde se señala que serán estas organizaciones (nacionales o internacionales) las que certificarán “los avances en derechos humanos” en nuestro país.
andrade@mileniodiario.com.mx