Reacciones tardias en Washington

John P. Walters, director de la Oficina Nacional de Políticas para el Control de las Drogas (NDCP) de la Casa Blanca y Michele Lehonhart, administradora en funciones de la agencia Antinarcóticos (DEA) acusaron a los legisladores de su país de sabotear el Plan Mérida.

Durante una conferencia de prensa pidieron al Congreso de Estados Unidos "no sabotear las relaciones con México" en un "momento crítico" de la guerra contra los cárteles de la droga. Pidieron a los senadores dar marcha atrás a sus intentos de condicionar la ayuda a una estricta observancia de los derechos humanos.

La lucha contra el narcotráfico “es una encomienda común y no vamos a dejar que se impongan sanciones que pudieran estar diseñadas por otros intereses políticos”, declaró Walters. Ya que "corremos el riesgo de darnos un tiro en nuestro propio pie", advirtió a los congresistas: "no podemos actuar como si nosotros fuéramos el Congreso de México, imponiendo condiciones grotescas e insultantes para un país y un gobierno que han puesto los recursos y las vidas para combatir una de las más brutales ofensivas de los cárteles de la droga", dijo.

Tanto Walters como Leonhart pidieron a los legisladores "no desaprovechar la oportunidad histórica" que ha ofrecido el gobierno de Felipe Calderón "para dejar fuera del negocio" a una estructura criminal que hoy "se encuentra en desbandada", tras la ofensiva lanzada por las autoridades mexicanas.

“En la lucha contra el narcotráfico el presidente Calderón es una roca… y él es la evidencia de que se ganará esta guerra”, subrayó Walters.
Walters y Leonhart reaccionaron así a la decisión del gobierno de México de rechazar toda ayuda condicionada de recursos para combatir al narcotráfico. Una decisión que, reconocieron, se explica por el lenguaje y el tipo de provisiones que han introducido congresistas como el senador demócrata por Vermont, Patrick Leahy.

"Si México nos pidiera a nosotros cambiar nuestra Constitución, como condición para ser un aliado estratégico con ellos, ya veríamos si esto no sabotearía nuestras relaciones", insistió Walters en alusión en algunas de las provisiones que obligarían al gobierno de México a realizar reformas constitucionales en el ámbito judicial para garantizar, por ejemplo, que miembros del ejército mexicano estén obligados a responder ante tribunales civiles por la violación de los derechos humanos.

El pasado 18 de mayo el pleno del senado estadounidense aprobó una propuesta de la Iniciativa Mérida que condiciona 350 millones de dólares para el combate al narcotráfico a nuestro país a que el Departamento de Estado garantice que hay "procedimientos de escrutinio" para verificar que los elementos del Ejército y de la policía mexicana no estén involucrados en casos de corrupción ni de violación a los derechos humanos.

En el Congreso federal estadunidense está pendiente la definición de la versión bicameral del proyecto presupuestal del Plan Mérida, aunque la Cámara de Representantes ya aprobó sin condiciones un paquete de 400 millones de dólares para el primer año de los tres del proyecto.

En tanto el Senado dio su aval para una ayuda de 350 millones, pero vinculó el apoyo a la certificación de respeto a los derechos humanos de parte de militares y policía mexicanos.

Dice una nota de J. Jesús Esquivle para la agencia APRO. que "varias fuentes legislativas sostienen que la versión final terminará aprobando los 400 millones de dólares con las condiciones ya establecidas por la Cámara de Senadores, pese a los tardíos intentos de la Casa Blanca por modificarlas."

Y es que según Equivel "en la oficina del senador demócrata por Vermont, Patrick Leahy (...) se auguró que el error de los presidentes George Bush y Calderón fue no consultar con el Legislativo estadunidense desde el momento en que pensaron diseñar la estrategia común de combate al narcotráfico."

Leahy, presidente de la mesa de aprobaciones del Senado, encargada de decidir el financiamiento de operaciones en el extranjero, ha dicho que los contribuyentes esperarían que su dinero sea protegido de policías o militares abusivos. "El Congreso no es el cajero automático de la Casa Blanca", afirmó Leahy. "Asegurar que nuestros dólares de impuestos sean empleados de forma efectiva, de acuerdo con los derechos humanos básicos, es lo menos que el Congreso y los contribuyentes tienen derecho a insistir."