Tal y como estaba programado se llevó este martes 23 de enero la la comparecencia ante la Primera Comisión de la Permanente del Procurador Eduardo Medina Mora.
El debate fue de muy buen nivel, contra lo que muchos esperaban.
Buenas intervenciones de los legisladores y bien conducida la moderación por el Presidente de la Comisión Javier González Garza. (PRD)
Incluso, se pensaba una reunión ríspida, sobretodo por el posicionamiento "oficial" unos días antes del vocero del PRD, Fernández Noroña, sobre los operativos conjuntos y la politización de los mismos. Por cierto, y se comprobó ayer, ese no es el posicionamiento de todo el PRD, ni de todos los legisladores, ni mucho menos de todos los gobernadores.
Y salvo un incidente menor que llevo a la interrupción de la sesión por un momento no paso a mayores. Mucho de ello se debió a la habilidad de moderación del Presidente.
Buenas intervenciones de los legisladores y bien conducida la moderación por el Presidente de la Comisión Javier González Garza. (PRD)
Incluso, se pensaba una reunión ríspida, sobretodo por el posicionamiento "oficial" unos días antes del vocero del PRD, Fernández Noroña, sobre los operativos conjuntos y la politización de los mismos. Por cierto, y se comprobó ayer, ese no es el posicionamiento de todo el PRD, ni de todos los legisladores, ni mucho menos de todos los gobernadores.
Y salvo un incidente menor que llevo a la interrupción de la sesión por un momento no paso a mayores. Mucho de ello se debió a la habilidad de moderación del Presidente.
La interrupción se dio cuando el diputado del PRD José Antonio Almazán González, dijo "voy a interrumpir esta sesión, en mi carácter de diputado federal, porque están conmigo cuatro invitados de la APPO, a los cuales se les impide el paso. Esto es la Cámara de Diputados. No aceptamos el estado de sitio de la Cámara de Diputados. Están mis invitados afuera, tienen el gafete y exijo su entrada."
El Presidente de la Comisión instruyó "todo mundo que tenga gafete puede estar dentro. Por favor, diputado Almazán, puede subir con ellos."
Empero, el diputado Juan de Dios Castro Muñoz del PAN, dijo: Yo quisiera hacer una moción. Usted es el responsable de los trabajos de esta Comisión y se aprobó un punto de acuerdo que da formato a la misma. Yo espero que la presencia de estas personas que están debidamente acreditadas y tienen su derecho a salvo para pertenecer en esta reunión, no vaya a descomponer los trabajos de la misma...."
Empero, el diputado Juan de Dios Castro Muñoz del PAN, dijo: Yo quisiera hacer una moción. Usted es el responsable de los trabajos de esta Comisión y se aprobó un punto de acuerdo que da formato a la misma. Yo espero que la presencia de estas personas que están debidamente acreditadas y tienen su derecho a salvo para pertenecer en esta reunión, no vaya a descomponer los trabajos de la misma...."
El Presidente: Coincido con usted. Vamos a intentar una sesión con todo respeto.
Y a partir de ahí muy bien. Incluso el PRD, aunque critico, fue respetuoso ante la caballerosidad del procurador, quien hasta invito a comer públicamente al Senador Leonel Godoy para hablar de las reformas pendientes.
Al termino del encuentro el Presidente señaló: "vamos a tener la oportunidad de poderlo discutir y de verdad quisiera agradecerle en todo lo que vale su presencia y sobre todo su disposición al diálogo. Muchísimas gracias, señor procurador."
Antes del inicio de la comparecencia, 10 de los 15 legisladores de la Primera Comisión, aprobaron por unanimidad el formato de comparecencia.
Al termino del encuentro el Presidente señaló: "vamos a tener la oportunidad de poderlo discutir y de verdad quisiera agradecerle en todo lo que vale su presencia y sobre todo su disposición al diálogo. Muchísimas gracias, señor procurador."
Antes del inicio de la comparecencia, 10 de los 15 legisladores de la Primera Comisión, aprobaron por unanimidad el formato de comparecencia.
Rescato sólo la siguientes intervenciónes:
El senador Leonel Godoy Rangel: Licenciado Eduardo Medina Mora, Procurador General de la República. Qué bueno que está usted intercambiando puntos de vista con miembros de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Eso se hace necesario y más en un tema tan delicado que en este momento centra la atención de los mexicanos, que es el asunto de la inseguridad.
Quisiera compartir con usted primero una afirmación, luego una pregunta y finalmente una reflexión que me gustaría su opinión, señor procurador.
Lo primero es que me parece injusto que en los estados de la República donde tenemos una escalada violentísima del crimen organizado, fundamentalmente en su modalidad del narcotráfico, estén cargando políticamente con esta responsabilidad las autoridades estatales y municipales porque creo —sin duda y en eso consiste mi afirmación— que el crimen organizado y el narcotráfico en particular, o delitos contra la salud como lo dice el Código Penal, son delitos federales y que es obligación del Gobierno federal combatirlos y en todo caso, de las autoridades estatales y municipales el coadyuvar, como lo establecen las leyes respectivas.
Por eso, también creo que hay que cuidar afirmaciones como las que se están señalando de que esta violencia sólo es entre bandas y no cuando menos con el número de víctimas que hay. Me parece que no es una afirmación correcta. La muerte de policías, en el caso de Michoacán, niega que este sea un asunto solo de violencia entre bandas sino que están actuando también contra autoridades y hay que eso señalarlo.
Quisiera preguntarle, señor procurador, concretamente sobre el operativo Conjunto Michoacán que inició el 11 de diciembre. Obviamente que los michoacanos deseamos que este operativo tenga éxito porque eso nos ayudaría, y también decirle que esperamos que sea permanente porque un operativo que tenga una temporalidad en el estado, a ese efecto cucaracha que llamaba el diputado, tendríamos un bumerang que regresaría con más violencia la estado de Michoacán.
Le decía que le preguntaba sobre la operación Conjunta Michoacán porque el 11 de diciembre ustedes informaron que iba a haber siete mil elementos en este operativo; que iba a haber 400 vehículos terrestres; que iba a haber 19 aviones y 28 helicópteros.
Yo recorro el estado y no veo ese número de elementos, mucho menos ese número de recursos materiales que refiere. La pregunta la hago porque me gustaría que fuera cierto y si eso fuera cierto pues evidentemente que los resultados serían mayores a las detenciones que ha habido solamente de algunos pistoleros de los que actúan en las bandas que están en el estado de Michoacán.
Por eso quisiera que nos informara, si fuera usted tan amable señor procurador, de esto porque, como abogado, yo creo que este operativo conjunto, por ser delito federal, debería de encabezarlo el Ministerio Público federal y no comandantes policiacos ni mucho menos mandos militares.
En los pocos retenes que yo visto sorpresivos que se ponen, nunca he visto al Ministerio Público federal. Ojalá que sí participe porque eso le daría, sin duda, el elemento constitucional que requieren estos operativos.
Finalmente, le quiero compartir una reflexión que es competencia del Poder Legislativo, pero que me gustaría que la Procuraduría definiera una posición al respecto. Está claro que necesitamos una profunda reforma del sistema de justicia penal, señor procurador, y el asunto, en mi opinión, tiene que ver, en el caso del crimen organizado, con la piedra angular del sistema de justicia penal, que es la pena de prisión, que fue concebida para delincuentes individuales y nosotros, ante el crimen organizado, evidentemente nos estamos enfrentando a personas morales, no a personas físicas.
Hay personas físicas y obviamente para ellas debe de seguir existiendo la pena de prisión. Pero en mi opinión el principal defecto de nuestro sistema de justicia penal, que tiene 300 años, ante este moderno fenómeno delincuencial, es que está previsto para el delincuente individual y no para la persona moral como delincuente, que ahora está actuando.
El asunto es que nosotros consideramos que debe de haber reformas a la Constitución para que, aparte de la pena de prisión, haya una sanción penal económica, que debería de tener varias modalidades: la disolución de las empresas delictivas, la incautación de los bienes, no sólo de los que se consideran responsables directos de esta actividad criminal, viéndolo como un asunto de organización, como sucede con cualquier sociedad anónima o mercantil.
Darle, pues, un giro en ese sentido al tema de la justicia penal, en el caso de la sanción privativa de la libertad, que me parece no es suficiente ni siquiera para detener este terrible flagelo, que es el crimen organizado.
Finalmente, le quisiera también compartir nuestra posición de que, en el caso del narcomenudeo, nosotros creemos que debe de haber facultades concurrentes. En Michoacán, le decía en su comparecencia ante el Senado, señor procurador, que hay 90 policías de la AFI, de la Agencia Federal de Investigación. Pues son 113 municipios; no alcanza ni a uno por municipio y el narcomenudeo es un fenómeno nuevo, de unos años para acá en México, que ha explotado terriblemente. Se da en cualquier comunidad, no sólo en las grandes ciudades, y no tendría capacidad la Procuraduría General de la República, para combatir esta modalidad del crimen organizado que es el narcomenudeo.
Por eso nosotros pensamos en las facultades concurrentes, que es obviamente el Ministerio Público federal y Ministerio Público del orden común.
Quisiera compartir con usted primero una afirmación, luego una pregunta y finalmente una reflexión que me gustaría su opinión, señor procurador.
Lo primero es que me parece injusto que en los estados de la República donde tenemos una escalada violentísima del crimen organizado, fundamentalmente en su modalidad del narcotráfico, estén cargando políticamente con esta responsabilidad las autoridades estatales y municipales porque creo —sin duda y en eso consiste mi afirmación— que el crimen organizado y el narcotráfico en particular, o delitos contra la salud como lo dice el Código Penal, son delitos federales y que es obligación del Gobierno federal combatirlos y en todo caso, de las autoridades estatales y municipales el coadyuvar, como lo establecen las leyes respectivas.
Por eso, también creo que hay que cuidar afirmaciones como las que se están señalando de que esta violencia sólo es entre bandas y no cuando menos con el número de víctimas que hay. Me parece que no es una afirmación correcta. La muerte de policías, en el caso de Michoacán, niega que este sea un asunto solo de violencia entre bandas sino que están actuando también contra autoridades y hay que eso señalarlo.
Quisiera preguntarle, señor procurador, concretamente sobre el operativo Conjunto Michoacán que inició el 11 de diciembre. Obviamente que los michoacanos deseamos que este operativo tenga éxito porque eso nos ayudaría, y también decirle que esperamos que sea permanente porque un operativo que tenga una temporalidad en el estado, a ese efecto cucaracha que llamaba el diputado, tendríamos un bumerang que regresaría con más violencia la estado de Michoacán.
Le decía que le preguntaba sobre la operación Conjunta Michoacán porque el 11 de diciembre ustedes informaron que iba a haber siete mil elementos en este operativo; que iba a haber 400 vehículos terrestres; que iba a haber 19 aviones y 28 helicópteros.
Yo recorro el estado y no veo ese número de elementos, mucho menos ese número de recursos materiales que refiere. La pregunta la hago porque me gustaría que fuera cierto y si eso fuera cierto pues evidentemente que los resultados serían mayores a las detenciones que ha habido solamente de algunos pistoleros de los que actúan en las bandas que están en el estado de Michoacán.
Por eso quisiera que nos informara, si fuera usted tan amable señor procurador, de esto porque, como abogado, yo creo que este operativo conjunto, por ser delito federal, debería de encabezarlo el Ministerio Público federal y no comandantes policiacos ni mucho menos mandos militares.
En los pocos retenes que yo visto sorpresivos que se ponen, nunca he visto al Ministerio Público federal. Ojalá que sí participe porque eso le daría, sin duda, el elemento constitucional que requieren estos operativos.
Finalmente, le quiero compartir una reflexión que es competencia del Poder Legislativo, pero que me gustaría que la Procuraduría definiera una posición al respecto. Está claro que necesitamos una profunda reforma del sistema de justicia penal, señor procurador, y el asunto, en mi opinión, tiene que ver, en el caso del crimen organizado, con la piedra angular del sistema de justicia penal, que es la pena de prisión, que fue concebida para delincuentes individuales y nosotros, ante el crimen organizado, evidentemente nos estamos enfrentando a personas morales, no a personas físicas.
Hay personas físicas y obviamente para ellas debe de seguir existiendo la pena de prisión. Pero en mi opinión el principal defecto de nuestro sistema de justicia penal, que tiene 300 años, ante este moderno fenómeno delincuencial, es que está previsto para el delincuente individual y no para la persona moral como delincuente, que ahora está actuando.
El asunto es que nosotros consideramos que debe de haber reformas a la Constitución para que, aparte de la pena de prisión, haya una sanción penal económica, que debería de tener varias modalidades: la disolución de las empresas delictivas, la incautación de los bienes, no sólo de los que se consideran responsables directos de esta actividad criminal, viéndolo como un asunto de organización, como sucede con cualquier sociedad anónima o mercantil.
Darle, pues, un giro en ese sentido al tema de la justicia penal, en el caso de la sanción privativa de la libertad, que me parece no es suficiente ni siquiera para detener este terrible flagelo, que es el crimen organizado.
Finalmente, le quisiera también compartir nuestra posición de que, en el caso del narcomenudeo, nosotros creemos que debe de haber facultades concurrentes. En Michoacán, le decía en su comparecencia ante el Senado, señor procurador, que hay 90 policías de la AFI, de la Agencia Federal de Investigación. Pues son 113 municipios; no alcanza ni a uno por municipio y el narcomenudeo es un fenómeno nuevo, de unos años para acá en México, que ha explotado terriblemente. Se da en cualquier comunidad, no sólo en las grandes ciudades, y no tendría capacidad la Procuraduría General de la República, para combatir esta modalidad del crimen organizado que es el narcomenudeo.
Por eso nosotros pensamos en las facultades concurrentes, que es obviamente el Ministerio Público federal y Ministerio Público del orden común.
El Procurador General de la República, licenciado Eduardo Medina Mora Icaza: Muchas gracias, diputado presidente. Quisiera referirme, en primer lugar —lo saludo con todo aprecio y respeto, senador Leonel Godoy; hemos tenido oportunidad de dialogar y también de trabajar juntos en estos temas en más de una ocasión y quiero reiterarle mi respeto y aprecio.
En términos del tema de facultades concurrentes del narcomenudeo, yo estoy absolutamente de acuerdo. De hecho, el Congreso de la Unión en la Legislatura anterior legisló por unanimidad sobre esta materia. Hubo observaciones del Ejecutivo federal en un tema muy puntual, en términos del tratamiento del consumo, bajo una impresión quizás no deseada y ciertamente no compartida por nadie de que no hubiera consecuencias de ningún tipo para el consumo, que pudiera interpretarse como un incentivo incluso al consumo, cosa que ciertamente no era la intención.
El Senado de la República, la Comisión de Justicia y la Comisión de Salud están trabajando sobre este particular y yo espero y exhorto al Senado y después a la Cámara de Diputados para que se atienda esto con prontitud, porque esta reforma es la que precisamente da la base jurídica a esta facultad concurrente en materia de atención al narcomenudeo.
El despliegue federal es muy limitado, son 25 mil elementos entre la AFI y la PFP, contra 340 mil que tenemos en policías municipales y policías estatales. De tal suerte que tenemos que poner todos los esfuerzos y todo el despliegue que el Estado mexicano tiene en esta materia y esto ciertamente tiene que ser motivo de prioridad.
Comparto con usted esta reflexión inicial, la afirmación en términos de que la expresión formal del narcotráfico es un delito federal ciertamente. Éste es uno de los valores tutelados que la legislación federal plantea, pero los delitos federales no se dan solos, aislados ni de las comunidades, ni de los delitos del orden común. Para los ciudadanos, la distinción entre un delito federal y un delito del orden común resulta conceptual y ajena.
Los ciudadanos nos sentimos ofendidos en nuestra integridad física, patrimonial, en nuestra certidumbre. Y aquí por esta razón tenemos que construir —y creo que es la única manera de generar efectividad— que es lo que debe orientar nuestro quehacer como Estado mexicano, de construir una respuesta corresponsable entre todos los órdenes de gobierno y ciertamente todos los Poderes. De otra suerte será imposible para el Estado mexicano atender su responsabilidad.
No estoy eludiendo la responsabilidad federal, estoy señalando que sólo sumando esfuerzos podremos ser efectivos y convengo en ese sentido que tenemos que estar cerca de la autoridad local, no eludir nuestra responsabilidad sino al contrario, poner todas nuestras capacidades detrás de estos objetivos compartidos.
En cuanto al operativo Michoacán. Ciertamente hay resultados interesantes. El despliegue más importante es un despliegue militar en la parte de erradicación que ciertamente no se ve en las calles, las ciudades, las carreteras, porque va a las zonas en donde se cultivan las drogas y éste ha sido el componente más importante numéricamente. Por esta razón, si ustedes comparan el operativo Michoacán con el de Tijuana o lo comparan con el operativo Guerrero, hay una diferencia importante en el número de elementos y responde a esta lógica.
Ciertamente hay un despliegue importante de fuerzas federales de diverso orden —desde luego el cuerpo de policía, tanto AFI como PFP— y en ese sentido los elementos que han participado en el esfuerzo están ahí, claro, por secuencias y componentes.
Cuando se termina la tareas de erradicación no tiene sentido que el despliegue siga ahí, porque no tiene tarea que realizar y en cambio la tarea que realiza la gente que hace los filtros, los patrullamientos, evidentemente tiene que permanecer.
Yo convengo con usted, senador, que el esfuerzo tiene que ser permanente. Los operativos —y quizás el nombre no sea muy afortunado porque denota de suyo algo temporal— tienen componentes y secuencias que deben irse articulando para generar realmente efectividad y en este sentido no quisiera desperdiciar o usar el tiempo en repetir los resultados, que me parecen significativos.
En el caso de Michoacán, el número de plantíos destruidos, el número de kilogramos de marihuana en greña destruidos o decomisados —en fin— sí es significativo, son el cálculo alrededor de… si se consideran en el operativo Michoacán el decomiso que se hizo de pseudoefedrina en el puerto de Lázaro Cárdenas, precisamente ya en las operaciones inmediatamente anteriores al inicio del mismo, en los primeros días de diciembre, estaríamos hablando prácticamente de una afectación a los delincuentes de alrededor de 30 mil millones de pesos, que no es ciertamente una afectación menor.
Claro, con este cargamento de pseudoefedrina ocupando una parte significativa de este valor, pero al final de lo que se trata aquí es de comprender cómo se conciben estratégicamente y cómo se articulan y se secuencian.
Estuve en Michoacán, he estado varias veces desde el inicio del operativo con los señores presidentes municipales y con el señor gobernador, con los diputados locales, con los representantes de la sociedad civil, y la reflexión que hacíamos en conjunto es, bueno, desde luego el esfuerzo tendrá que ser permanente, porque aquí hay un problema severo de pérdida de soberanía o de riesgo de pérdida de soberanía en extensiones importantes del estado y por consecuencia, tenemos que hacer un esfuerzo que sea consistente con esta circunstancia, y esto es una tarea de largo aliento, no puede pensarse que será una tarea inmediata aunque haya componentes y secuencias, insisto.
La pregunta es, ¿qué nos toca hacer también a los michoacanos, en términos de generación de fortalezas institucionales que nos permitan una mejor circunstancia? Porque lo que hace el operativo, en términos de ocupación territorial es simplemente recuperar una circunstancia de tranquilidad, pero no reconstruye a las instituciones locales y en su caso, la expresión de las federales que tienen que actuar ahí de manera permanente, y este es el punto que nos ocupa con mayor elemento.
La última cosa que quisiera señalar es que esto tiene que ir acompañado también y necesariamente de una estrategia política, de una estrategia de articulación social. Cuando hay una penetración de policías municipales o una expresión de dominio territorial por parte de expresiones criminales, como la que ocurre en estas zonas del país, implica necesariamente que haya una penetración de la sociedad. No hay una penetración de una policía municipal en lugares donde no haya consistentemente una penetración también de la sociedad, y en este sentido tenemos que generar una estrategia de rescate de nuestras comunidades que implica necesariamente un componente ciudadano central, un componente de inversión pública, de política social, que rescate también nuestro sentido de formar y administrar nuestras comunidades, porque nuestras comunidades son las que se pueden defender de este tipo de agresiones. Una estrategia policial operacional sola, no funciona si no se tiene también un esfuerzo de una estrategia político social, que necesariamente tiene que dirigirse desde el liderazgo local, desde el liderazgo municipal, desde el liderazgo estatal.
Es lo que podría decirle por ahora, senador. Le agradezco de verdad su pregunta y sus reflexiones.
Réplica del senador Leonel Godoy Rangel: Ojalá que en otra ocasión, señor Procurador, pueda usted darnos una opinión sobre esta —a mi juicio necesaria—, reforma profunda del sistema de justicia penal, que sólo di uno de los muchos elementos que la deben de componer.
Quisiera usar estos minutos para dos cosas, señor Procurador. Primero, me parece que los operativos estos conjuntos si no están bajo el mando del Ministerio Público federal, a mi juicio seguirán siendo anticonstitucionales. Creo que esto debería de hacerse, está en manos del Procurador, porque es el que debe de encabezar estos operativos, no las respetables Fuerzas Armadas, que por cierto, también no tienen facultades en este tipo de combates al crimen organizado.
La otra, que creo que también está en manos del Procurador, cuando menos plantearlo legalmente, es el tema del mando único, que a mi juicio es anticonstitucional mientras no se reformen las leyes, porque además, le da el mando a un jefe policíaco de una fuerza policial, que debe de estar bajo el mando directo del Ministerio Público, que así lo establece claramente el artículo 21 constitucional.
Quisiera finalmente, señor Procurador, pedirle que en Michoacán, como en muchas partes del país, hay detenidos que a juicio nuestro son injustos. En el caso de Michoacán, hay un caso que su anterior o el anterior secretario de Seguridad Pública conoció muy bien de pescadores de Janitzio, cuatro, que terminaron por cierto con la intervención, la participación también de una senadora panista, siendo excarcelados porque estaban procesados por delitos federales injustamente, están dos todavía en esta situación.
Señor procurador, yo quisiera que usted tuviera la amabilidad de pedirle a algún funcionario de alto nivel de los que lo acompañan, que se hiciera cargo de atender este asunto porque tiene implicaciones sociales muy importantes. Igual que comuneros de Tingambato, de la comunidad indígena de Tingambato y de la comunidad indígena de Tcheranaztico. Son tres casos que sería conveniente de que aparte de la correcta decisión de la energía de la Procuraduría, dedicarla al combate al crimen organizado, fueran atendidos estos porque son delitos federales por los que están procesados varios de ellos y que no son delincuentes de ninguna manera sino han sido cuestiones de tierra, fundamentalmente y en el caso de los pescadores, por defensa del lago de Pátzcuaro.
El diputado Juan de Dios Castro Muñoz: Haciendo un marco de referencia con el tema de los operativos, señor procurador, todos sabemos que en Colombia, Pablo Escobar desató una ola de violencia después de que iniciaron las extradiciones. Asesinaron a más de 40 jueces y a más de 550 policías.
¿Existe, por parte de la dependencia que usted dirige, la probabilidad de que esta situación se presente con el anuncio y la acción de extraditar a delincuentes a Estados Unidos?
En este mismo tema, todos sabemos también que en Colombia al extraditar narcotraficantes, el Gobierno de Estados Unidos ponía a disposición de algunos de los extraditados, la posibilidad de entrar al sistema de protección a testigos, lo que cambiaba substancialmente la pena.
A este respecto, me gustaría escuchar sus comentarios además de dos preguntas más: primero, cuál ve usted que sean los beneficios a largo plazo de los operativos y si han medido y pulsado la inquietud de la ciudadanía ante esta presencia policial que nosotros como fracción parlamentaria de Acción Nacional no sólo avalamos sino que la vemos con optimismo y con buenos ojos.
De antemano, felicitarlo señor procurador por esta contundencia en las acciones que ha llevado al inicio de este sexenio. Muchas gracias.
El Presidente diputado Javier González Garza: Muchísimas gracias señor diputado. Tiene la palabra el Procurador General de la República, hasta por cinco minutos.
El Procurador General de la República. licenciado Eduardo Medina Mora Icaza: Muchas gracias diputado presidente. Muchas gracias diputado Juan de Dios Castro Muñoz por su comentario y pregunta.
Quisiera simplemente robar 30 segundos para decirle al senador Godoy que me dará muchísimo gusto invitarlo a conversar, lo invito a comer para que podamos profundizar en las inquietudes que ha señalado alrededor de la reforma, porque me parece que las reflexiones que hace alrededor, no sé si compartir el concepto de persona moral pero ciertamente la colectividad organizada que constituye la lógica del crimen organizado, para hacer una mayor efectividad en la lucha del Estado contra estas organizaciones y ciertamente, precisamente lo que hemos planteado de una nueva estrategia tiene que ver con ir a afectar las creaciones de valor y desde luego el uso de los recursos.
Eso tiene que extender su alcance más allá de lo que nuestra legislación actual nos permite. Si no incidimos sobre eso, difícilmente vamos a lograr una verdadera desarticulación.
Cuando se atrapa a un líder, pues evidentemente hay un efecto político mediático, incluso de disrupción de la organización, que si se aprovecha en un esquema operacional adecuado funciona. Pero no es suficiente. Ha quedado claro, creo, para todos, a lo largo de todos estos años.
Tenemos que encontrar una perspectiva mucho más integral y en ese sentido la reforma o las reformas posibles alrededor del tema de delincuencia organizada, sin duda revisten una importancia toral. Gracias, senador. Le ruego me disculpe, diputado Juan de Dios Castro, por esta disgregación.
A propósito de las extradiciones. Primero quisiera referirme a la legalidad de las mismas. En primer lugar, a nuestro juicio —y ciertamente por esa razón se tomó la determinación—estas extradiciones están plena y absolutamente apegadas a derecho.
El Tratado de Extradición entre México y los Estados Unidos establece, en su artículo 15, que el Estado requerido, la parte requerida podrá diferir las extradiciones cuando existan procedimientos internos o estén en ejecución penas que hayan impuesto tribunales del orden local. Pero ésta es una facultad potestativa. Por eso el Tratado habla de "podrá"; no es una obligación del Estado. En este sentido, el Estado tiene que tomar la determinación cuando lo estime oportuno y pertinente, en términos de los propios intereses nacionales.
En segundo lugar, la Ley de Extradición no establece ninguna condicionante, salvo el agotamiento de los recursos de amparo en todas sus instancias. No hay en la Ley de Extradición ningún requisito para efectuarla, para actualizarla, salvo haber agotado todas las instancias de los recursos de amparo, cosa que ha sido cabalmente respetada.
Quisiera decir además que la idea, el proyecto, la determinación que se tomó en el gobierno de la República para hacer estas extradiciones en paquete, responde a consideraciones unilaterales y soberanas de México, respondiendo a la tutela del interés nacional.
Quisiera señalar algunos de los conceptos. Desde luego, lo que se ha dicho ya de la señal de firmeza y contundencia del Estado mexicano con respecto a la actividad delictiva de estas organizaciones y ciertamente la expresión de violencia inusitada con la cual se afecta a otros miembros de bandas, pero también a policías, como atinadamente lo señalaba el senador y la determinación del gobierno de la República de no tolerar la violencia y responder con toda la fortaleza del Estado mexicano contra estas organizaciones criminales.
En segundo lugar, coadyuvar a la seguridad y gobernabilidad de los penales. Los penales de alta seguridad tienen evidentemente una mejor estructura para poder acotar la interfase que estas personas tienen con sus organizaciones criminales, sobre todo después de la reforma reglamentaria que se llevó a cabo el año anterior, en donde se acota de una manera muy importante el tiempo que ellos tienen para hacer interacción con sus abogados, que también son conducto para generar órdenes o indicaciones a sus propias estructuras criminales.
Pero en los penales locales, en donde también se alojan personas que pertenecen a estas organizaciones, ciertamente no se tiene esta circunstancia. Y esto genera problemas severos de gobernabilidad.
De hecho, en las estrategias que surgen de la Convención de Palermo de Combate al Crimen Internacional Organizado, esta idea de internacionalizar las prisiones ha ido tomando un elemento importante en el debate, es decir, cuando se separa a los miembros y líderes de estas organizaciones de su entorno geográfico natural, del entorno geográfico en el cual tienen una base social o una base criminal, ciertamente se genera un efecto de mucho mayor efectividad. Esto es parte de las nuevas corrientes del tratamiento internacional en esta materia.
Y ciertamente estamos cumpliendo con nuestras obligaciones internacionales en términos del Tratado de Extradición y también de la Comisión de Palermo de Combate al Crimen Transnacional Organizado.
Esta circunstancia de lo que sucedió en Colombia creo que no tiene un paralelismo con lo que sucede en nuestro país, porque nosotros venimos trabajando en términos de extradiciones desde hace tiempo. En Colombia fue la primera vez que se planteó la posibilidad de extraditar a nacionales. No es el caso de nuestro país, hemos venido extraditando nacionales y recibiendo en extradición nacionales de los Estados Unidos y de otros países.
Simplemente quisiera decir, en el año 2005 se extraditaron a 41 mexicanos; en el año 2006 a 63; en el año 2007 llevamos 17, 16 a los Estados Unidos, de manera que el hecho de que se haga en paquete responde a una circunstancia de oportunidad, de cuidado en razón del propio riesgo que estas personas representaban, pero no es una circunstancia nueva.
En cualquier caso el Estado mexicano ha tomado precauciones con respecto a la protección de los jueces que ventilan estos procedimientos en los juzgados federales; ha tomado también determinaciones de fortalecimiento de la seguridad en los penales federales y ha ofrecido la colaboración para fortalecer también la seguridad en los penales locales. Lo mismo en todas las instancias públicas que tienen intervención en esta materia. Es cuanto, diputado.
En términos del tema de facultades concurrentes del narcomenudeo, yo estoy absolutamente de acuerdo. De hecho, el Congreso de la Unión en la Legislatura anterior legisló por unanimidad sobre esta materia. Hubo observaciones del Ejecutivo federal en un tema muy puntual, en términos del tratamiento del consumo, bajo una impresión quizás no deseada y ciertamente no compartida por nadie de que no hubiera consecuencias de ningún tipo para el consumo, que pudiera interpretarse como un incentivo incluso al consumo, cosa que ciertamente no era la intención.
El Senado de la República, la Comisión de Justicia y la Comisión de Salud están trabajando sobre este particular y yo espero y exhorto al Senado y después a la Cámara de Diputados para que se atienda esto con prontitud, porque esta reforma es la que precisamente da la base jurídica a esta facultad concurrente en materia de atención al narcomenudeo.
El despliegue federal es muy limitado, son 25 mil elementos entre la AFI y la PFP, contra 340 mil que tenemos en policías municipales y policías estatales. De tal suerte que tenemos que poner todos los esfuerzos y todo el despliegue que el Estado mexicano tiene en esta materia y esto ciertamente tiene que ser motivo de prioridad.
Comparto con usted esta reflexión inicial, la afirmación en términos de que la expresión formal del narcotráfico es un delito federal ciertamente. Éste es uno de los valores tutelados que la legislación federal plantea, pero los delitos federales no se dan solos, aislados ni de las comunidades, ni de los delitos del orden común. Para los ciudadanos, la distinción entre un delito federal y un delito del orden común resulta conceptual y ajena.
Los ciudadanos nos sentimos ofendidos en nuestra integridad física, patrimonial, en nuestra certidumbre. Y aquí por esta razón tenemos que construir —y creo que es la única manera de generar efectividad— que es lo que debe orientar nuestro quehacer como Estado mexicano, de construir una respuesta corresponsable entre todos los órdenes de gobierno y ciertamente todos los Poderes. De otra suerte será imposible para el Estado mexicano atender su responsabilidad.
No estoy eludiendo la responsabilidad federal, estoy señalando que sólo sumando esfuerzos podremos ser efectivos y convengo en ese sentido que tenemos que estar cerca de la autoridad local, no eludir nuestra responsabilidad sino al contrario, poner todas nuestras capacidades detrás de estos objetivos compartidos.
En cuanto al operativo Michoacán. Ciertamente hay resultados interesantes. El despliegue más importante es un despliegue militar en la parte de erradicación que ciertamente no se ve en las calles, las ciudades, las carreteras, porque va a las zonas en donde se cultivan las drogas y éste ha sido el componente más importante numéricamente. Por esta razón, si ustedes comparan el operativo Michoacán con el de Tijuana o lo comparan con el operativo Guerrero, hay una diferencia importante en el número de elementos y responde a esta lógica.
Ciertamente hay un despliegue importante de fuerzas federales de diverso orden —desde luego el cuerpo de policía, tanto AFI como PFP— y en ese sentido los elementos que han participado en el esfuerzo están ahí, claro, por secuencias y componentes.
Cuando se termina la tareas de erradicación no tiene sentido que el despliegue siga ahí, porque no tiene tarea que realizar y en cambio la tarea que realiza la gente que hace los filtros, los patrullamientos, evidentemente tiene que permanecer.
Yo convengo con usted, senador, que el esfuerzo tiene que ser permanente. Los operativos —y quizás el nombre no sea muy afortunado porque denota de suyo algo temporal— tienen componentes y secuencias que deben irse articulando para generar realmente efectividad y en este sentido no quisiera desperdiciar o usar el tiempo en repetir los resultados, que me parecen significativos.
En el caso de Michoacán, el número de plantíos destruidos, el número de kilogramos de marihuana en greña destruidos o decomisados —en fin— sí es significativo, son el cálculo alrededor de… si se consideran en el operativo Michoacán el decomiso que se hizo de pseudoefedrina en el puerto de Lázaro Cárdenas, precisamente ya en las operaciones inmediatamente anteriores al inicio del mismo, en los primeros días de diciembre, estaríamos hablando prácticamente de una afectación a los delincuentes de alrededor de 30 mil millones de pesos, que no es ciertamente una afectación menor.
Claro, con este cargamento de pseudoefedrina ocupando una parte significativa de este valor, pero al final de lo que se trata aquí es de comprender cómo se conciben estratégicamente y cómo se articulan y se secuencian.
Estuve en Michoacán, he estado varias veces desde el inicio del operativo con los señores presidentes municipales y con el señor gobernador, con los diputados locales, con los representantes de la sociedad civil, y la reflexión que hacíamos en conjunto es, bueno, desde luego el esfuerzo tendrá que ser permanente, porque aquí hay un problema severo de pérdida de soberanía o de riesgo de pérdida de soberanía en extensiones importantes del estado y por consecuencia, tenemos que hacer un esfuerzo que sea consistente con esta circunstancia, y esto es una tarea de largo aliento, no puede pensarse que será una tarea inmediata aunque haya componentes y secuencias, insisto.
La pregunta es, ¿qué nos toca hacer también a los michoacanos, en términos de generación de fortalezas institucionales que nos permitan una mejor circunstancia? Porque lo que hace el operativo, en términos de ocupación territorial es simplemente recuperar una circunstancia de tranquilidad, pero no reconstruye a las instituciones locales y en su caso, la expresión de las federales que tienen que actuar ahí de manera permanente, y este es el punto que nos ocupa con mayor elemento.
La última cosa que quisiera señalar es que esto tiene que ir acompañado también y necesariamente de una estrategia política, de una estrategia de articulación social. Cuando hay una penetración de policías municipales o una expresión de dominio territorial por parte de expresiones criminales, como la que ocurre en estas zonas del país, implica necesariamente que haya una penetración de la sociedad. No hay una penetración de una policía municipal en lugares donde no haya consistentemente una penetración también de la sociedad, y en este sentido tenemos que generar una estrategia de rescate de nuestras comunidades que implica necesariamente un componente ciudadano central, un componente de inversión pública, de política social, que rescate también nuestro sentido de formar y administrar nuestras comunidades, porque nuestras comunidades son las que se pueden defender de este tipo de agresiones. Una estrategia policial operacional sola, no funciona si no se tiene también un esfuerzo de una estrategia político social, que necesariamente tiene que dirigirse desde el liderazgo local, desde el liderazgo municipal, desde el liderazgo estatal.
Es lo que podría decirle por ahora, senador. Le agradezco de verdad su pregunta y sus reflexiones.
Réplica del senador Leonel Godoy Rangel: Ojalá que en otra ocasión, señor Procurador, pueda usted darnos una opinión sobre esta —a mi juicio necesaria—, reforma profunda del sistema de justicia penal, que sólo di uno de los muchos elementos que la deben de componer.
Quisiera usar estos minutos para dos cosas, señor Procurador. Primero, me parece que los operativos estos conjuntos si no están bajo el mando del Ministerio Público federal, a mi juicio seguirán siendo anticonstitucionales. Creo que esto debería de hacerse, está en manos del Procurador, porque es el que debe de encabezar estos operativos, no las respetables Fuerzas Armadas, que por cierto, también no tienen facultades en este tipo de combates al crimen organizado.
La otra, que creo que también está en manos del Procurador, cuando menos plantearlo legalmente, es el tema del mando único, que a mi juicio es anticonstitucional mientras no se reformen las leyes, porque además, le da el mando a un jefe policíaco de una fuerza policial, que debe de estar bajo el mando directo del Ministerio Público, que así lo establece claramente el artículo 21 constitucional.
Quisiera finalmente, señor Procurador, pedirle que en Michoacán, como en muchas partes del país, hay detenidos que a juicio nuestro son injustos. En el caso de Michoacán, hay un caso que su anterior o el anterior secretario de Seguridad Pública conoció muy bien de pescadores de Janitzio, cuatro, que terminaron por cierto con la intervención, la participación también de una senadora panista, siendo excarcelados porque estaban procesados por delitos federales injustamente, están dos todavía en esta situación.
Señor procurador, yo quisiera que usted tuviera la amabilidad de pedirle a algún funcionario de alto nivel de los que lo acompañan, que se hiciera cargo de atender este asunto porque tiene implicaciones sociales muy importantes. Igual que comuneros de Tingambato, de la comunidad indígena de Tingambato y de la comunidad indígena de Tcheranaztico. Son tres casos que sería conveniente de que aparte de la correcta decisión de la energía de la Procuraduría, dedicarla al combate al crimen organizado, fueran atendidos estos porque son delitos federales por los que están procesados varios de ellos y que no son delincuentes de ninguna manera sino han sido cuestiones de tierra, fundamentalmente y en el caso de los pescadores, por defensa del lago de Pátzcuaro.
El diputado Juan de Dios Castro Muñoz: Haciendo un marco de referencia con el tema de los operativos, señor procurador, todos sabemos que en Colombia, Pablo Escobar desató una ola de violencia después de que iniciaron las extradiciones. Asesinaron a más de 40 jueces y a más de 550 policías.
¿Existe, por parte de la dependencia que usted dirige, la probabilidad de que esta situación se presente con el anuncio y la acción de extraditar a delincuentes a Estados Unidos?
En este mismo tema, todos sabemos también que en Colombia al extraditar narcotraficantes, el Gobierno de Estados Unidos ponía a disposición de algunos de los extraditados, la posibilidad de entrar al sistema de protección a testigos, lo que cambiaba substancialmente la pena.
A este respecto, me gustaría escuchar sus comentarios además de dos preguntas más: primero, cuál ve usted que sean los beneficios a largo plazo de los operativos y si han medido y pulsado la inquietud de la ciudadanía ante esta presencia policial que nosotros como fracción parlamentaria de Acción Nacional no sólo avalamos sino que la vemos con optimismo y con buenos ojos.
De antemano, felicitarlo señor procurador por esta contundencia en las acciones que ha llevado al inicio de este sexenio. Muchas gracias.
El Presidente diputado Javier González Garza: Muchísimas gracias señor diputado. Tiene la palabra el Procurador General de la República, hasta por cinco minutos.
El Procurador General de la República. licenciado Eduardo Medina Mora Icaza: Muchas gracias diputado presidente. Muchas gracias diputado Juan de Dios Castro Muñoz por su comentario y pregunta.
Quisiera simplemente robar 30 segundos para decirle al senador Godoy que me dará muchísimo gusto invitarlo a conversar, lo invito a comer para que podamos profundizar en las inquietudes que ha señalado alrededor de la reforma, porque me parece que las reflexiones que hace alrededor, no sé si compartir el concepto de persona moral pero ciertamente la colectividad organizada que constituye la lógica del crimen organizado, para hacer una mayor efectividad en la lucha del Estado contra estas organizaciones y ciertamente, precisamente lo que hemos planteado de una nueva estrategia tiene que ver con ir a afectar las creaciones de valor y desde luego el uso de los recursos.
Eso tiene que extender su alcance más allá de lo que nuestra legislación actual nos permite. Si no incidimos sobre eso, difícilmente vamos a lograr una verdadera desarticulación.
Cuando se atrapa a un líder, pues evidentemente hay un efecto político mediático, incluso de disrupción de la organización, que si se aprovecha en un esquema operacional adecuado funciona. Pero no es suficiente. Ha quedado claro, creo, para todos, a lo largo de todos estos años.
Tenemos que encontrar una perspectiva mucho más integral y en ese sentido la reforma o las reformas posibles alrededor del tema de delincuencia organizada, sin duda revisten una importancia toral. Gracias, senador. Le ruego me disculpe, diputado Juan de Dios Castro, por esta disgregación.
A propósito de las extradiciones. Primero quisiera referirme a la legalidad de las mismas. En primer lugar, a nuestro juicio —y ciertamente por esa razón se tomó la determinación—estas extradiciones están plena y absolutamente apegadas a derecho.
El Tratado de Extradición entre México y los Estados Unidos establece, en su artículo 15, que el Estado requerido, la parte requerida podrá diferir las extradiciones cuando existan procedimientos internos o estén en ejecución penas que hayan impuesto tribunales del orden local. Pero ésta es una facultad potestativa. Por eso el Tratado habla de "podrá"; no es una obligación del Estado. En este sentido, el Estado tiene que tomar la determinación cuando lo estime oportuno y pertinente, en términos de los propios intereses nacionales.
En segundo lugar, la Ley de Extradición no establece ninguna condicionante, salvo el agotamiento de los recursos de amparo en todas sus instancias. No hay en la Ley de Extradición ningún requisito para efectuarla, para actualizarla, salvo haber agotado todas las instancias de los recursos de amparo, cosa que ha sido cabalmente respetada.
Quisiera decir además que la idea, el proyecto, la determinación que se tomó en el gobierno de la República para hacer estas extradiciones en paquete, responde a consideraciones unilaterales y soberanas de México, respondiendo a la tutela del interés nacional.
Quisiera señalar algunos de los conceptos. Desde luego, lo que se ha dicho ya de la señal de firmeza y contundencia del Estado mexicano con respecto a la actividad delictiva de estas organizaciones y ciertamente la expresión de violencia inusitada con la cual se afecta a otros miembros de bandas, pero también a policías, como atinadamente lo señalaba el senador y la determinación del gobierno de la República de no tolerar la violencia y responder con toda la fortaleza del Estado mexicano contra estas organizaciones criminales.
En segundo lugar, coadyuvar a la seguridad y gobernabilidad de los penales. Los penales de alta seguridad tienen evidentemente una mejor estructura para poder acotar la interfase que estas personas tienen con sus organizaciones criminales, sobre todo después de la reforma reglamentaria que se llevó a cabo el año anterior, en donde se acota de una manera muy importante el tiempo que ellos tienen para hacer interacción con sus abogados, que también son conducto para generar órdenes o indicaciones a sus propias estructuras criminales.
Pero en los penales locales, en donde también se alojan personas que pertenecen a estas organizaciones, ciertamente no se tiene esta circunstancia. Y esto genera problemas severos de gobernabilidad.
De hecho, en las estrategias que surgen de la Convención de Palermo de Combate al Crimen Internacional Organizado, esta idea de internacionalizar las prisiones ha ido tomando un elemento importante en el debate, es decir, cuando se separa a los miembros y líderes de estas organizaciones de su entorno geográfico natural, del entorno geográfico en el cual tienen una base social o una base criminal, ciertamente se genera un efecto de mucho mayor efectividad. Esto es parte de las nuevas corrientes del tratamiento internacional en esta materia.
Y ciertamente estamos cumpliendo con nuestras obligaciones internacionales en términos del Tratado de Extradición y también de la Comisión de Palermo de Combate al Crimen Transnacional Organizado.
Esta circunstancia de lo que sucedió en Colombia creo que no tiene un paralelismo con lo que sucede en nuestro país, porque nosotros venimos trabajando en términos de extradiciones desde hace tiempo. En Colombia fue la primera vez que se planteó la posibilidad de extraditar a nacionales. No es el caso de nuestro país, hemos venido extraditando nacionales y recibiendo en extradición nacionales de los Estados Unidos y de otros países.
Simplemente quisiera decir, en el año 2005 se extraditaron a 41 mexicanos; en el año 2006 a 63; en el año 2007 llevamos 17, 16 a los Estados Unidos, de manera que el hecho de que se haga en paquete responde a una circunstancia de oportunidad, de cuidado en razón del propio riesgo que estas personas representaban, pero no es una circunstancia nueva.
En cualquier caso el Estado mexicano ha tomado precauciones con respecto a la protección de los jueces que ventilan estos procedimientos en los juzgados federales; ha tomado también determinaciones de fortalecimiento de la seguridad en los penales federales y ha ofrecido la colaboración para fortalecer también la seguridad en los penales locales. Lo mismo en todas las instancias públicas que tienen intervención en esta materia. Es cuanto, diputado.
