El cártel de Juárez, “más fuerte que nunca”
J. Jesús Esquivel, reportero
Revista Proceso, 1634, 24/02/2008;
El presidente Felipe Calderón se ufana frívolamente de su lucha contra el narcotráfico, al grado de compararla con un partido de futbol en el que su gobierno le está metiendo “muchos goles” a los cárteles de la droga. Pero no todos son tan optimistas. La agencia antinarcóticos de Estados Unidos, la DEA, tiene una opinión distinta… John Riley, jefe de la división de esta agencia en El Paso, Texas, asegura que el cártel de Juárez –sólo un ejemplo– se encuentra “más sólido y fuerte que nunca”.
CIUDAD JUÁREZ-EL PASO.-
“Ciudad Juárez está en guerra”, afirma John Riley, agente especial a cargo de la división de la agencia federal antidrogas del gobierno de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) en El Paso, Texas.
En lo que va del año, medio centenar de personas han sido ejecutadas en la ciudad fronteriza mexicana por sicarios de los cárteles de Juárez y de Sinaloa, incluidos 26 policías municipales, según informaciones de medios de comunicación de Ciudad Juárez y de El Paso.
Riley, conocido como Jack, asegura que estos dos poderosos cárteles del narcotráfico en México, el de Juárez, encabezado por Vicente Carrillo Fuentes, y el de Sinaloa, comandado por Joaquín El Chapo Guzmán Loera, están confrontados “por la plaza”, lo que explica que haya “tanta ejecución y secuestros de policías municipales y estatales”.
Respecto del cártel de Juárez, Riley advierte: “Está más fuerte que nunca...”.
Narcoviolencia en Texas
Juárez, contigua a El Paso, parece una ciudad sin ley. Militarizada y amenazada día tras día por los narcotraficantes, nadie en el gobierno del estado se atreve a explicar las razones de la creciente narcoviolencia registrada ahí en las últimas semanas.
“Eso es lo raro”, comenta Jack a Proceso durante una entrevista realizada en sus oficinas centrales en El Paso, ubicadas en la zona comercial más conocida de esa ciudad texana. “Lo que estamos viendo es una lucha muy extraña entre las organizaciones”.
Explica: “Es extraña porque está ocurriendo a todos los niveles y no necesariamente es orquestada por los jefes de los cárteles; es decir, creemos que la lucha es diaria, pero en las calles; la contienda es por el control de este corredor”.
Jack, encargado de la vigilancia en 45% de la frontera que comparten Estados Unidos y México, señala que esta narcoguerra se intensificó a partir del pasado 16 de enero, cuando fue arrestado Saulo Reyes Gamboa, quien fue director operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez durante el trienio 2004-2007. Los agentes de la Oficina de Aplicación de las Leyes de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que lo arrestaron lo acusan de haber sobornado a un agente aduanero de Estados Unidos para que permitiera el cruce de varios cargamentos de mariguana a ese país.
Cuando fue detenido, a Reyes Gamboa se le decomisaron 447 kilogramos de mariguana que tenía escondidos en una casa en la ciudad de Horizon propiedad de Karina Tarango, quien también fue detenida por agentes de la ICE.
Al día siguiente del arresto, en el centro de Ciudad Juárez fueron localizados los cadáveres de dos policías municipales. Ambos fueron ejecutados a tiros con armas de alto calibre. Y el 21 de enero Francisco Ledesma Salazar, director operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, fue asesinado a balazos cuando salía de su casa.
El 24 de enero, en la esquina de Plutarco Elías Calles y Hermanos Escobar, el teniente de la Policía Municipal Julián Chairez Hernández fue encontrado dentro de su patrulla con el tiro de gracia. Siete horas más tarde, en el interior de una casa ubicada en las calles Monte Rainer y Monte Colón fue hallado el cuerpo desnudo de Mirna Yesenia Muñoz Ledo Marín, quien murió a causa de las heridas provocadas por un arma punzocortante.
Pocos minutos después, en la esquina que forman las calles Cutzamala y Marcos Martínez, el coordinador de Operaciones de la Policía Municipal, Francisco Ledesma Salazar, fue acribillado por un grupo de sicarios que viajaba a bordo de una minivan. En un operativo similar, la noche del 25 de enero Fernando Lozano Sandoval, jefe de investigaciones de la policía del estado de Chihuahua, enfrentó a un grupo de pistoleros, quienes le metieron más de una decena de balazos. Pese al ataque, el investigador sobrevivió.
Los asesinatos continuaron en febrero. El sábado 1, los oficiales del Centro de Investigación Policial (Cipol) Luis Alfonso Rivera Villa y Jesús García Rodríguez cayeron a manos de un comando que, según el peritaje, les disparó alrededor de 90 tiros de proyectiles calibre 7.62 que usan los rifles llamados “cuerno de chivo”. El miércoles 6, dos policías municipales fueron ultimados; el jueves 7, otros tres; el viernes 8, dos, y el lunes 11 un comando acribilló a tiros al subdirector de Seguridad Pública de Juárez, Carlos Mario Parra Gutiérrez.
“Esto no ocurría antes”
Según Jack Riley, cuando la DEA confisca un cargamento importante de droga en territorio estadunidense obtiene información que la guía hacia los proveedores. Pero “ahora vemos que se da una represalia casi inmediata; eso no ocurría antes”, subraya en referencia a las recientes ejecuciones de policías mexicanos.
Las oficinas de la ICE en El Paso se niegan a dar detalles en torno al caso de Reyes Gamboa, sobre todo en lo que se refiere al origen de la droga que le confiscaron y a los cargamentos que planeaba cruzar de Ciudad Juárez a El Paso.
Sin embargo, un agente que pidió confidencialidad asegura: “No tenemos duda de que los asesinatos de policías de las últimas dos semanas en Juárez están ligados a la detención de Reyes Gamboa”. Incluso aventura que los narcotraficantes intentan acabar con los policías que ellos mismos tenían a su servicio, ante el temor de que Reyes Gamboa los denuncie a cambio de recibir una sentencia menor.
Para contener la narcoviolencia en esa ciudad fronteriza mexicana, el 23 de enero el gobierno de Felipe Calderón envió a decenas de soldados a patrullar las calles. En la zona centro hay retenes que revisan a los automovilistas y vigilan las calles aledañas; los militares incluso montan guardia frente al Centro Médico de Especialidades, donde se encuentra internado el teniente Lozano Sandoval.
A Riley le complace la decisión del presidente Calderón de militarizar Ciudad Juárez. Es algo que la DEA había venido pidiendo desde el sexenio de Vicente Fox. “Creo que es el primer paso en la dirección correcta. Nunca habíamos visto tan agresivo al gobierno de Calderón en el combate al narcotráfico; debo confesar que esto ha dado como resultado un mejor intercambio de información de inteligencia de nuestra parte”.
Considera que la policía municipal de Ciudad Juárez, y por extensión las demás corporaciones del estado, están infiltradas por los cárteles de la droga, y sostiene que desde que la gente de El Chapo Guzmán comenzó a aparecer por la zona para arrebatarle la plaza a Carrillo Fuentes, la droga –en particular la mariguana– comenzó a llegar en grandes cantidades a El Paso.
“Creemos que las policías municipales están tan corrompidas que cuando las vemos colaborando con las agencias policiales federales de México nos provocan escalofríos. Eso es casi una sugerencia de que los federales también pueden ser víctimas de la corrupción de El Chapo y de Carrillo Fuentes”, señala el agente especial de la DEA en El Paso.
Y para ilustrar su afirmación de que El Chapo le declaró la guerra a Carrillo Fuentes para apropiarse de la plaza de la frontera norte que colinda con Texas y Nuevo México, Riley proporciona al reportero las estadísticas sobre los decomisos de drogas que lograron los agentes a su cargo durante 2007:
En Albuquerque, Nuevo México, los agentes de la DEA confiscaron 7.4 kilos de heroína, 145.9 kilos de cocaína, 9 mil 238 kilos 200 gramos de mariguana y 42.8 kilos de metanfetaminas; en Alpine, Texas, 100 gramos de heroína, 1.7 kilos de cocaína y 12 mil 428 kilos de mariguana; en El Paso, 3.8 kilos de heroína, 434.9 kilos de cocaína, 30 mil 270.3 kilos de mariguana y 800 gramos de metanfetaminas; en Las Cruces, Nuevo México, 119.8 kilos de cocaína, 15 mil 46.2 kilos de mariguana y 5.6 kilos de metanfetaminas, y en Mindland, Texas, 21.1 kilos de cocaína, 509.7 kilos de mariguana y 400 gramos de metanfetaminas.
Corrupción policiaca
Riley admite que la cantidad de drogas confiscada en la zona fronteriza a su cargo quizá sea inferior a la cantidad de narcóticos que logra entrar diariamente a Estados Unidos. Pero considera que ello se debe a “la corrupción policiaca”.
La oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de El Paso es muy renuente a hablar sobre la narcoviolencia en Ciudad Juárez. Un agente afincado en esta ciudad tejana comenta al reportero que “por el momento la plaza está controlada por los narcotraficantes”. Según él, la presencia del Ejército sólo los repliega, pero no los anula. Es posible, dice, “que algunos militares sean aliados del narcotráfico, sobre todo al del cártel de Vicente (Carrillo Fuentes)”.
Jack asegura que el cártel de Juárez está “más sólido y fuerte que nunca” debido a que los militares no fueron enviados a Ciudad Juárez durante el sexenio foxista. En ese período, insiste, las policías municipales y estatales de Chihuahua operaron bajo las órdenes de Carrillo Fuentes.
Esa organización delictiva “está ganando fortaleza todos los días; mucha gente pensó que estaba en declive, pero creo que se fortalece a diario y está en una posición sólida para defender su territorio. Eso es lo que estamos viendo”, comenta.
Sus declaraciones contrastan con las del presidente de México, Felipe Calderón, quien el pasado miércoles 20 elogió su lucha contra el narcotráfico al señalar que “si bien hay bajas”, se le están “metiendo muchos goles a la criminalidad”.
Riley admite que no obstante que sus agentes intentan infiltrar al cártel de Carrillo Fuentes y utilizan informantes para conocer el paradero del capo, no logran cercarlo.
Por lo que atañe a la presencia de miembros del cártel de Sinaloa, la DEA afirma que El Chapo está enviando de manera rutinaria a lugartenientes, y sobre todo a sicarios, para cumplir con trabajos pendientes en El Paso.
Un documento clasificado de la DEA sobre los capos que dominan la plaza Juárez-El Paso obtenido por Proceso indica que Carrillo Fuentes y Guzmán Loera son los más importantes de la región.
Otros de los cabecillas de las organizaciones del narcotráfico que controlan el corredor Juárez-El Paso son Ignacio Nacho Coronel Villarreal, Armando Corral Herrera –ligado a Carrillo Fuentes–, Juan Esparragoza Moreno El Azul e Ismael El Mayo Zambada, así como Alejandro Flores Cacho. A este último el documento lo señala como socio de El Azul y asegura que él es el encargado de introducir toneladas de cocaína a Estados Unidos y a Europa.
Un paso seguro
Las autoridades de El Paso se enorgullecen de que su ciudad esté considerada como una de las más seguras de Estados Unidos. Sin embargo, desde que el cártel de Sinaloa irrumpió en Ciudad Juárez para enfrentar a la organización de Carrillo Fuentes, comenzaron a tomar acciones preventivas para evitar que la narcoviolencia mexicana los contagie.
Hace poco más de dos semanas invitaron al reportero a un recorrido por la región oeste de la zona limítrofe que divide El Paso de Ciudad Juárez. Ahí, policías estadunidenses recomendaban a sus ciudadanos –quienes cruzaban los puentes internacionales para ingresar al territorio mexicano– que tuvieran mucho cuidado porque la presencia del Ejército en Ciudad Juárez demostraba que en esta zona los narcotraficantes estaban ejecutando a personas a cualquier hora del día.
Así mismo, el sábado 9 y el domingo 10, Proceso hizo un recorrido por el centro de Juárez y por el mercado de artesanías que regularmente se encuentra abarrotado y lleno de turistas los fines de semana. La presencia de los soldados y vehículos militares era notable. En el mercado de artesanías la mayoría de puestos permanecían cerrados y sólo había unos cuantos turistas mexicano-estadunidenses.
Para el agente especial de la DEA, Carrillo Fuentes y El Chapo están violentando la tranquilidad que caracterizaba a El Paso. “Los narcotraficantes cruzan la frontera y se establecen aquí (en territorio estadunidense). Meten la droga, la embodegan y después la envían a otros condados. En El Paso, por ejemplo, los narcotraficantes compran propiedades, se establecen dentro de la comunidad y lo hacen con naturalidad, pues El Paso es una ciudad bicultural”.
Asegura que el arresto de Reyes Gamboa atizó la narcoguerra. Y ahora los cárteles de Juárez y de Sinaloa se aprovechan de que los policías o expolicías municipales mexicanos tienen varios familiares al otro lado de la frontera para comenzar a narcotizar El Paso.
Explica: “Simplemente convencen a las personas para que les permitan guardar en sus casas por unos días el cargamento de drogas. La gente accede porque se los pide un policía o un expolicía que les paga varios miles de dólares”. Sería diferente, agrega, si se los pidiera directamente un narco, pues él sí podría obligarlos a embodegar la droga bajo amenaza de muerte.
La policía de El Paso ya amplió sus operativos antinarcóticos para detectar las narcobodegas de los capos mexicanos en esta región. También lo hace la DEA, que en los últimos meses detectó, dice Riley, que “los cárteles mexicanos cuentan con células mejor organizadas para lavar dinero”. Y eso, afirma, “no pasaba antes”.
El jueves 22, el Ejército Mexicano detuvo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a 18 sicarios que se ocultaban en una casa de seguridad y formaban parte de La Línea, una red del cártel de Juárez dedicada a tareas de inteligencia.
"Los Zetas” y los “Gatekeepers”, aliados fronterizos
J. Jesús Esquivel, reportero
EL PASO, TEXAS.- A la agencia federal antidrogas de Estados Unidos, la DEA, le preocupa el hecho de que “muy frecuentemente” Los Zetas se muevan con tanta facilidad en la frontera norte de México para después entrar clandestinamente en Estados Unidos a cometer ejecuciones y secuestros en ciudades como El Paso, Houston y Dallas, en Texas, dice en entrevista el jefe de la División de la agencia en El Paso, John Jack Riley.
“La presencia de Los Zetas no es un fenómeno recurrente en esta parte de la frontera, pero con base en el resultado de nuestras investigaciones hemos detectado que están involucrados aquí en Estados Unidos en secuestros de personas que después son llevadas a México”, comenta.
Entre estas víctimas se cuentan colaboradores de cárteles rivales, como el de Juárez y el de Sinaloa. El secuestro es la “actividad delictiva que está dando más fortaleza a Los Zetas sobre el resto de las organizaciones criminales. Los Zetas son básicamente mercenarios”, destaca el agente especial.
Sin dar detalles de las operaciones que realiza la DEA para detectar a Los Zetas, Riley explica que la frontera de México se está plagando de agrupaciones criminales similares a la que formó el cártel del Golfo para asesinar personas y facilitar el trasiego de las drogas. Pero se niega a decir si su corporación ha detenido a zetas o a personas que trabajen para ellos.
El jefe de la DEA en El Paso señala a los Gatekeepers (Guardianes) como ejemplo de los grupos criminales que operan en la frontera. Se trata de una organización delictiva tan importante como los propios cárteles; de hecho se dedica a pasar droga a Estados Unidos de manera independiente y a distribuirla entre estos grupos (Proceso 1606).
–¿Quiénes son los líderes de los Gatekeepers? –se le pregunta a John Riley.
–El problema con ellos es que cambian con mucha frecuencia sus métodos de operación y su estructura está compartimentada. Lo que están haciendo es contratar a gente que haga las labores de pasaje de droga o dinero, personas que ni siquiera se conocen entre ellas, para evitar que dejen más evidencias.
Según la DEA y algunos documentos obtenidos por el FBI a los que tuvo acceso este semanario, los Gatekeepers podrían estar colaborando ya con Los Zetas, complicando el trabajo de las autoridades de ambos lados de la frontera por contener el paso de narcóticos a Estados Unidos, así como el secuestro y las ejecuciones.
Lo grave, dice Riley, es que han avanzado:
“En la década de los ochenta los colombianos fueron verdaderos maestros en el manejo de operaciones como las que ahora realizan los Gatekeepers. Los colombianos tenían grupos como éstos en Chicago; sus distribuidores de droga y sus lavadores de dinero no se conocían entre ellos, y sus métodos de comunicación eran independientes.
“Este tipo de organización en células es la que están desarrollando aquí en la frontera los narcos mexicanos, aunque debo reconocer que hasta están un poco mejor organizados que los colombianos.”
Contacto militar
Cauteloso al hablar del tema de la corrupción en las corporaciones federales de México y sobre todo en las Fuerzas Armadas, Riley afirma que la DEA ha detectado una asociación delictiva entre Los Guardianes y elementos del Ejército Mexicano, como ha ocurrido con Los Zetas:
“Los Gatekeepers transitan las frontera con mucha regularidad, no tienen un comando central asentado en México y esto es importante para controlar su estructura. Muchos de sus miembros son exmilitares y expolicías o tienen contactos con ambas fuerzas, esto les facilita un cruce rápido de la frontera sin que nadie los detecte.”
Según el jefe de la DEA en El Paso, Los Zetas y Los Guardianes cuentan con una amplia zona de control en la región de Ciudad Juárez-El Paso, ya que están aprovechando como una mina de oro la guerra que se desató entre el cártel de Juárez y el de Sinaloa por el control de la plaza.
Riley argumenta que estas conclusiones son el resultado de la infiltración de agentes de la DEA que operan en México en las organizaciones del crimen organizado, así como del intercambio de información de inteligencia que la agencia estadunidense realiza con autoridades federales mexicanas.
“Estamos siendo más quirúrgicos en la información que les damos, por eso algunas de las unidades especiales del Ejército Mexicano ahora trabajan de manera más directa con nosotros, y hemos visto los resultados. La información de inteligencia es únicamente favorable si se le pasa a gente que toma decisiones con base en la información que recibe. Estamos recolectando mejor información y la estamos analizando más rápido”, señala.
La DEA no confía en todas las autoridades de México, admite Riley, y descarta de la lista de aliados confiables a las policías estatales y municipales, así como a funcionarios de algunos estados, aunque se niega a identificarlos.
“En Juárez, por ejemplo, nuestros agentes tienen a un grupo de contactos muy bien investigados, pero la confianza se logra con base en el trabajo diario entre las agencias, y obviamente con la habilidad de poder identificar a gente con la cual podemos trabajar”, sostiene.
En este sentido, dice el agente, “contamos no sólo con la gente del gobierno mexicano que trabaja con nuestros agentes, sino también con los informantes. Por eso les estamos dando más dinero a nuestros agentes, para que puedan contar con los contactos necesarios y más efectivos, así como con los funcionarios mexicanos, para garantizar que los tenemos en una posición que pueda ser útil para nosotros. Esto cambia de ciudad a ciudad”.
Gracias a ese intercambio de información, las autoridades estadunidenses lograron detectar la presunta nueva alianza entre Los Zetas y Los Guardianes, pero Riley insiste en que sólo es el principio, ya que se necesitan más acciones para detener al crimen organizado y la narcoviolencia que priva en los estados mexicanos, que según el agente de la DEA constituyen una amenaza de contagio para el lado estadunidense.
–¿Qué requiere la DEA para detener ese riesgo?
–Necesitamos más gente operando en México. Los mismos mexicanos han visto lo valioso e importante que es el trabajo de los agentes de la DEA en su territorio. Juárez, de entre todas las ciudades, es sin duda el punto ideal donde la DEA debe contar con más personal, y soy optimista en que esto pueda ocurrir.
De las pistolas a las armas de asalto
J. Jesús Esquivel, reportero
La agencia encargada de controlar el tráfico de armas en Estados Unidos admite que las flexibles leyes de su país facilitan que pasen a México municiones y equipo de alto poder, pero aclara que para cortar el abasto de los principales “importadores” –los cárteles del narcotráfico– es necesario que el gobierno mexicano mejore radicalmente la vigilancia en la frontera y el rastreo del armamento.
HOUSTON.- Los cárteles mexicanos del narcotráfico cambiaron la dinámica del mercado negro de las armas de alto poder que se manufacturan en Estados Unidos; su creciente demanda forzó a los proveedores a robar este tipo de equipo bélico a ejércitos de Centroamérica y Sudamérica, asegura Dewey Webb, encargado de combatir el contrabando de armamento en Houston, McAllen, Laredo y otros puntos fronterizos.
Webb, jefe del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) en la división de Houston, Texas, rechaza que algunas de las armas de alto poder que utilizan los narcotraficantes mexicanos hayan sido robadas en bases militares de Estados Unidos, como se ha señalado en reportes periodísticos recientes.
“Esto no quiere decir que los narcotraficantes mexicanos no cuenten con armas de uso militar que han sido robadas, estoy seguro de que este tipo de cosas han ocurrido. Tengo la seguridad de que hay armas militares que llegan a México a través de otras fuentes, y cuando digo otras fuentes me refiero a otros países”, dice Webb en entrevista con Proceso.
Agrega: “Probablemente han sido armas que Estados Unidos vendió o regaló a varios países y que han sido robadas y traficadas a México”.
–¿A que países se refiere usted? –se le pregunta.
–Estados Unidos ha trabajado de manera muy cercana con los países de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, y en muchas ocasiones ha sido el proveedor de armas para las fuerzas armadas de esos países. Hay armas de Estados Unidos por todo el mundo que se venden en el mercado negro.
Para el ATF, dependencia del Departamento del Tesoro encargada de investigar el contrabando de armas, la mayor parte del equipo de alto poder entra a México por la frontera sur y por mar, no por la frontera estadunidense.
Potencia de fuego
De acuerdo con el ATF, el equipo bélico favorito de los narcotraficantes mexicanos son los rifles de asalto AK-47, la pistola FM 57 (bautizada por los criminales mexicanos como la “matapolicías”), el lanzacohetes RPG-22, el lanzagranadas M72-A3, los morteros de 40 milímetros y las subametralladoras P-90.
“Hemos visto el cambio en las perspectivas del trafico de armas a México, que ha sido de armas pequeñas a las de tipo militar, que son las armas de asalto”, abunda Webb.
La agencia federal estadunidense no ha identificado a los proveedores de ese armamento, pero el agente especial aclara que los narcotraficantes han desarrollado una complicada red para el tráfico ilegal de armas en la que participan grupos criminales.
El jefe del ATF en Houston señala que agentes a su cargo han detectado que “Los Zetas cuentan con personas que les compran armas aquí en Estados Unidos y también contratan a criminales para que les hagan algunos trabajos (asesinatos)”.
Acota: “Los Zetas es uno de los principales grupos con más demanda de armas porque las usan. Obviamente, como son una parte importante en las operaciones de algunos de los cárteles, Los Zetas necesitan las armas y van a utilizar sus conexiones y contactos criminales para adquirirlas. Son parte de la estructura misma de los cárteles del narcotráfico y son utilizados para el contrabando de armas”.
En cuanto al reclamo del gobierno de Felipe Calderón al de George W. Bush por el flujo ilegal de armas de Estados Unidos a México, Dewey Webb explica que este fenómeno detonó a partir de que México restringió legalmente el uso y la portación de armas en 1968, lo que provocó el súbito aumento de la demanda de armas estadunidenses, como las pistolas calibre .45 y .38 súper, así como rifles calibre .22.
Actualmente, ese tipo de contrabando se concentra en los rifles de asalto de alto poder, como el calibre .50, y en pistolas calibre .40, .45 y 9 milímetros, armamento que utilizan los narcotraficantes y otros grupos del crimen organizado.
Para dar una idea del peligro que representan esas armas, Webb describe los fusiles calibre .50: “Hemos logrado detener varios de estos rifles antes de cruzar la frontera. Tienen un alcance de una milla (mil 609.3 metros), si la persona que lo utiliza tiene el entrenamiento adecuado. No se fabrican muchos calibre 50, son caros; adquirir uno legalmente en Estados Unidos cuesta unos 5 mil dólares”.
Estado estratégico
Para combatir el flujo ilegal de armas de fuego a México, el ATF cuenta con cuatro divisiones: Houston (que es la más grande) y Dallas, en Texas; Phoenix, en Arizona, y Los Ángeles, en California.
Webb señala que su división, la de Houston, es la más activa en esta labor, pues considera que el estado de Texas es el almacén predilecto de los narcos mexicanos.
Así mismo, dice, “la mayoría de las armas que se confiscan en México (y que se contrabandean desde Estados Unidos) proviene aparentemente del estado de Texas. La razón de eso tiene que ver con la posición geográfica. Texas está pegado a los dos principales corredores para el tráfico: el de Laredo y el de Brownsville”, explica el jefe del ATF en Houston.
Es precisamente esta ciudad texana el origen del mayor número de armas para los cárteles mexicanos. Webb explica por qué:
“Houston es la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos. Aquí se llevan a cabo grandes exhibiciones de armas, y los cárteles de la droga de México cuentan con infraestructuras importantes en esta ciudad. Los narcotraficantes contratan a muchas personas aquí para que les compren las armas. Dallas es la fuente número dos y McAllen la número tres.”
Aunque el ATF, al igual que otras agencias estadunidenses, desconoce la cifra precisa de armas que ilegalmente entran a México desde su país, tiene claro que ese negocio les deja millones de dólares en ganancias anuales a los contrabandistas.
Éstos, continúa el agente especial, operan de una manera muy similar a las redes de tráfico de personas o de drogas. Las investigaciones del ATF en los últimos cuatro años muestran que los grupos del crimen organizado contratan a ciudadanos estadunidenses con licencia para portar y adquirir armas, y éstos las adquieren en ciudades como Houston, Dallas, El Paso y San Antonio.
Estos intermediarios aceptan un pago promedio de “unos 500 dólares” por comprar de tres a cinco armas (en su mayoría pistolas calibre .45, .40 o 9 milímetros) y 100 dólares adicionales por cada caja de balas o municiones.
“Los narcotraficantes cuentan con una red de 30 o 40 personas en varios vecindarios donde compran las armas. Muchas de estas personas ni siquiera saben para quién están comprando las armas. Tienen seguramente idea de que las armas irán a parar a México, pero no saben para quién son porque los tienen muy aislados”, aclara Webb.
Cuando los traficantes reúnen cargamentos de más de 200 armas, las reparten en vehículos conducidos por ciudadanos mexicanos o estadunidenses que entran legalmente a territorio mexicano.
“Con una distribución así, los narcotraficantes pasan más de 90% de las armas que compran. Esos viajes son también aprovechados para meter a México el dinero proveniente de la venta de drogas”, agrega el entrevistado.
Eso es posible, dice Webb, porque “si uno se para a observar lo que ocurre en cualquier cruce de la frontera, puede darse cuenta de que los agentes de aduana o de inmigración de Estados Unidos revisan a todos los vehículos que salen de México y entran a Estados Unidos. En el mismo punto de cruce, es fácil darse cuenta de que los agentes aduaneros mexicanos solamente revisan a cinco de 100 vehículos que salen de Estados Unidos para entrar a México”.
Como ejemplo de esa deficiencia, Webb cuenta que recientemente un vehículo fue detenido por agentes del ATF en la ciudad fronteriza de Kingsville, Texas, con “varias armas y 1 millón de dólares en efectivo”. El agente especial admite que, si bien lo común es que pase a México un promedio de cuatro o cinco armas por vehículo, hay casos en que pasan 15 o 20.
Idiomas distintos
Respecto de la queja del gobierno mexicano en el sentido de que las autoridades de Estados Unidos no hacen todo lo posible para contener el tráfico ilegal de armas, Webb señala: “Si contáramos con un mejor sistema de rastreo de las armas podríamos tener una mejor idea de cuántas armas se trafican a México”.
Explica que las autoridades mexicanas tienen muchas dificultades para entregar información sobre las armas que confiscan, para que sean rastreadas en Estados Unidos.
Además, observa, la cifra de las armas confiscadas por el gobierno mexicano es muy pequeña, comparada con los cálculos del ATF sobre la cantidad que los cárteles compran e introducen a México:
“Obviamente, quisiéramos que hubiera más rastreo de armas en México. Se están dando muchas y recientes confiscaciones de armas, pero es pobre el nivel del rastreo para dar con su origen. El rastreo de armas cambia de un año al otro: en 2005 subió, bajó en 2006 y nuevamente subió en 2007. Pero para poner un número no tan alejado de la realidad, podemos decir que se ha rastreado el origen de unas 6 mil armas en los últimos tres años, y éstas no incluyen las rastreadas en 2008.”
Como parte de la estrategia de Estados Unidos para responder a las quejas del gobierno de Calderón por el tráfico de armas, el 16 de enero pasado el ATF y el Centro de Inteligencia de El Paso (EPIC) anunciaron que se instalará el sistema computarizado de rastreo de armas eTrace en nueve consulados estadunidenses en México.
Con este sistema las autoridades mexicanas tendrán acceso directo a la base de datos de Estados Unidos para rastrear e identificar armamento. Hasta ahora, este objetivo se ha topado con la barrera del idioma, pues se utilizan términos técnicos para la designación y clasificación de armas, su uso y sus componentes.
El objetivo de largo plazo es que eTrace esté disponible en todos los estados de la República Mexicana, para lo cual está desarrollándose el software de este sistema en español, pero “además de que es caro, lleva tiempo cambiarlo; costará unos 2 millones de dólares convertir el software de inglés a español”, explica el funcionario del ATF.
–Denos un ejemplo de los problemas que han tenido por el idioma con las autoridades mexicanas.
–Hemos tenido contratiempos en la colaboración con las autoridades mexicanas por los términos que se usan en español para la descripción de las armas y al traducirlos al inglés muchas veces nos confunden. Se cometen errores en la traducción de palabras como telescopio y cargador, por eso es muy importante que eTrace cuente con un software en español.
En cuanto a las autoridades mexicanas que tendrán acceso al sistema computarizado para el rastreo de las armas, Webb señala que serán la PGR (en particular el Centro Nacional de Análisis, Planeación e Información, Cenapi) y la Agencia Federal de Investigación (AFI).
El oficial reconoce que uno de los grandes problemas que genera el tráfico ilegal de armamento en Estados Unidos es la flexibilidad de las leyes estatales relativas a la venta de armas a personas que no tienen antecedentes penales y que cuentan con licencia para comprar armas y municiones.
Sin embargo, aclara, “algunos estados tienen leyes muy estrictas y las de otros son más flexibles, pero las leyes federales se aplican a todos, y si hay gente que compra armas para traficarlas a México, no importa en qué estado las adquieran: al hacerlo con este propósito están violando las leyes federales”.
A modo de conclusión, el agente especial Dewey Webb enfatiza las dos principales causas del problema: “Es más fácil comprar armas en Estados Unidos que en México y por eso es que existe el mercado negro. La otra razón es la gran demanda de armas por parte de los cárteles del narcotráfico mexicano, las usan para atacar a sus competidores, al Ejército y a la policía”.
