Licitación dolosa
Raúl Monge, reportero
Raúl Monge, reportero
Revista Proceso, No. 1634, 24/02/2008;
Para constituir el Sistema Único de Información Criminal o Plataforma México, la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal, que encabeza Genaro García Luna, le asignó un millonario contrato a la empresa Mainbit. De esa forma, la SSP dejó el manejo de información vital para la seguridad nacional en manos de una empresa que arrastra una cola de denuncias, multas e inhabilitaciones.
De manera poco transparente, sin el menor cuidado y con inusual rapidez, el 28 de diciembre pasado la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), encabezada por Genaro García Luna, le asignó a la empresa Mainbit S.A. de C.V., un contrato multianual de servicios informáticos por más de mil 300 millones de pesos.
De acuerdo con la licitación pública 00022001-017-07, la empresa se comprometió a establecer, en un plazo de cinco años, un Centro de Administración Tecnológica para “proveer a los usuarios de la dependencia y sus órganos desconcentrados de capacidad de cómputo y conectividad con altos niveles de servicio”.
El objetivo de la SSP es fortalecer la infraestructura de telecomunicaciones que utilizan las instituciones de seguridad pública, mediante la interconexión de sus redes con el Sistema Único de Información Criminal (SUIC), también llamado Plataforma México. Con éste podrán uniformarse los métodos, compartir la información de inteligencia policial y crear una base de datos que puedan consultar autoridades de los tres niveles de gobierno.
El 8 y el 9 de enero pasados, el representante legal de la empresa Integradores de Tecnología, Enrique Miguel Samper Aguilar, y la de Arrendamientos y Servicio en Computación, Diana Hernández Almeida, interpusieron sendos recursos de inconformidad ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por considerar que la SSP favoreció “de manera dolosa” a Mainbit al otorgarle el contrato mencionado.
Los abogados señalaron, por ejemplo, que entre la publicación de la convocatoria y la emisión del fallo sólo transcurrieron 17 días hábiles. Esto, pese al cuidadoso análisis que exige el monto del contrato y lo delicado de los servicios en cuestión, que implican el manejo de información clasificada, reportes de inteligencia, investigación policial y el padrón de policías de todo el país, entre otras bases de datos de acceso restringido.
Pero lo más sospechoso para los inconformes es que el fallo se publicó tan sólo 48 horas después de que las cinco empresas participantes entregaron sus propuestas, que en conjunto sumaron más de 8 mil 41 hojas, las que tuvieron que estudiarse en ese corto lapso.
La convocatoria para el concurso se publicó el pasado 6 de diciembre; los días 11 y 12 del mismo mes se desahogaron las juntas de aclaraciones; el 24, las empresas presentaron sus ofertas, y el 28 la SSP emitió el fallo que favoreció a Mainbit, una de las cuatro compañías que en los últimos tres años acapararon casi 70% de las compras de equipo que se realizaron por licitación pública internacional.
En la queja que Samper y Hernández presentaron ante la SFP detallaron que Mainbit, fundada en 1990 por José Antonio Sánchez, arrastra varias demandas, descalificaciones, rescisiones e inhabilitaciones por incumplimiento de contratos con diversas dependencias del sector público.
Entre otros casos refirieron que en marzo de 2006 la SFP inhabilitó y multó a Mainbit por no cumplir un contrato firmado con el Instituto Mexicano del Seguro Social para el mantenimiento de equipos de cómputo. En 2007, agregaron, la empresa participó en una licitación convocada por la delegación Gustavo A. Madero del Gobierno del Distrito Federal para la compra de computadoras, pero fue descalificada por no presentar los “documentos legales correspondientes”.
Sin embargo, el mayor escándalo en que se ha involucrado Mainbit ocurrió durante el último tramo del sexenio anterior, con Enciclomedia, el programa educativo más ambicioso (por su uso político) de la presidencia de Vicente Fox.
Éxitos amañados
Empresas como Qualita, Intel y Foliservis –que participaron en la licitación para proveer de servicios informáticos a Enciclomedia, programa que en muchas escuelas nunca funcionó (Proceso 1628)– denunciaron en su momento los criterios injustos de descalificación, el favoritismo y el uso irregular de información confidencial que mancharon la asignación de los contratos.
En noviembre de 2007 la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados dio a conocer el resumen ejecutivo de la revisión y fiscalización de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal de 2005, realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En este documento se registró una serie de irregularidades en la planeación y aplicación del programa Enciclomedia, en perjuicio del erario, puesto que las empresas ganadoras de la licitación para la primera fase del programa –Mainbit, Tecnología Editorial, Tecno Programadores Humanos Especializados y Corporativo Lanix– presuntamente incurrieron en tráfico de influencias y actos de “colusión” al ajustar sus precios en 10% para beneficiarse entre ellas y obtener los contratos de manera diferenciada.
En el caso de Mainbit, las autoridades fiscalizadoras encontraron que dicha empresa había devengado casi mil millones de pesos hasta diciembre del año pasado por la habilitación de 23 mil 709 aulas. Ello, a pesar de que los equipos instalados –compuesto cada uno por una computadora personal, proyector, pizarrón interactivo, fuente de poder, impresora y mesa para computadora– no estaban en operación.
A raíz de las investigaciones de las autoridades federales sobre el caso, la Secretaría de Educación Pública (SEP) le rescindió a Mainbit el contrato de Enciclomedia para secundaria y le impuso una multa simbólica (de poco más de 60 mil pesos) por violar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Además, a partir de una queja de la empresa Innovación Millenium, el jueves 21 la SFP decretó “la nulidad total” de la licitación pública internacional 0001 1001-061/07 que realizó la SEP para adquirir computadoras para preparatorias. Una de las dos empresas favorecidas y que ahora deberá reponer 31 millones 523 mil pesos, Sistemas Digitales Jasy (representada por José Alberto Santos), es una filial de Mainbit.
Sin embargo, la SSP pasó por alto los oscuros antecedentes de Mainbit y puso en sus manos el armado del sistema de interconexión que enlazará todas las redes de las dependencias relacionadas con la seguridad pública.
De hecho, un día después de que la SFP anulara el contrato de Sistemas Digitales Jasy, la SSP emitió un boletín en el que se anuncia un acuerdo para “constituir a las secretarías de Seguridad Pública estatales como nodos de conexión primarios en cada entidad federativa a la Plataforma México”.
Esto, agrega la SPP, “permitirá garantizar la coordinación necesaria entre los tres niveles de gobierno para combatir a la delincuencia, con mayor alcance tecnológico y de manera más eficiente”.
De esta manera se integrará una base de datos con alrededor de 300 millones de registros, así como archivos e investigaciones claves para la seguridad nacional.
El representante legal de la empresa Integradores de Tecnología, Enrique Miguel Samper, acusó al secretario García Luna de actuar “de manera dolosa” durante todo el proceso de licitación.
En el recurso de inconformidad que el abogado presentó en la SFP, cuya copia obtuvo el reportero, se denuncia que la SSP no sólo efectuó el concurso con una celeridad inusual, sino que durante las juntas de aclaraciones modificó las bases de licitación para beneficiar a Mainbit.
Cabe señalar que la queja de Innovación Millenium que originó la nulidad de la licitación realizada por la SEP con Sistemas Digitales Jasy y Distek, señala que la SEP modificó la convocatoria para cambiar la fecha establecida en la junta de aclaraciones para abrir las propuestas.
En cuanto a la licitación de la SSP, Samper detalla que en las reglas iniciales la dependencia exigió que las compañías aspirantes presentaran la certificación Microsoft Partner Advantage, que sólo unas cuantas poseen. Mainbit no cumplió con este requisito, por lo que debió ser descalificada.
En la queja se añade que Mainbit no aparece en la lista de empresas certificadas por Microsoft y, en consecuencia, “carece de la capacidad técnica y operativa para ofrecer a la Secretaría de Seguridad Pública los servicios informáticos que requiere”.
Samper Aguilar considera en el documento que la SSP evaluó parcialmente las propuestas y que el dictamen en que fundamentó el fallo carece de “verdaderas y objetivas razones para admitir o desechar las propuestas”.
También la empresa Arrendamientos y Servicio en Computación señaló, en su recurso de inconformidad, que la SSP fue parcial en la licitación número 00022001-017-07.
La representante de esta compañía, Diana Hernández, denunció que la secretaría estableció requisitos que muy pocas empresas podían cumplir, modificó sobre la marcha las bases de licitación y realizó con gran celeridad –y seguramente con poco cuidado– el análisis de miles de documentos de las propuestas legales, administrativas y técnicas.
Hernández asegura que la SSP introdujo cambios confusos y parciales en las reglas, que “restaron transparencia, imparcialidad y claridad al procedimiento de licitación”. Por todas estas razones, solicitó a la SFP que revise en su totalidad el proceso de licitación, pues no hacerlo “tendría un costo muy alto para el gobierno federal”.
En su queja, enviada al director general de Inconformidades de la SFP, César Alejandro Chávez Flores, la abogada plantea que “es importante recordar que el programa sectorial de Seguridad Pública exige que todas las adquisiciones e inversiones en general se lleven a cabo con la mayor diligencia, siguiendo precisamente las instrucciones del presidente Felipe Calderón”.
La SFP tiene 40 días hábiles para resolver si ratifica o modifica la asignación del millonario contrato a Mainbit.
De manera poco transparente, sin el menor cuidado y con inusual rapidez, el 28 de diciembre pasado la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), encabezada por Genaro García Luna, le asignó a la empresa Mainbit S.A. de C.V., un contrato multianual de servicios informáticos por más de mil 300 millones de pesos.
De acuerdo con la licitación pública 00022001-017-07, la empresa se comprometió a establecer, en un plazo de cinco años, un Centro de Administración Tecnológica para “proveer a los usuarios de la dependencia y sus órganos desconcentrados de capacidad de cómputo y conectividad con altos niveles de servicio”.
El objetivo de la SSP es fortalecer la infraestructura de telecomunicaciones que utilizan las instituciones de seguridad pública, mediante la interconexión de sus redes con el Sistema Único de Información Criminal (SUIC), también llamado Plataforma México. Con éste podrán uniformarse los métodos, compartir la información de inteligencia policial y crear una base de datos que puedan consultar autoridades de los tres niveles de gobierno.
El 8 y el 9 de enero pasados, el representante legal de la empresa Integradores de Tecnología, Enrique Miguel Samper Aguilar, y la de Arrendamientos y Servicio en Computación, Diana Hernández Almeida, interpusieron sendos recursos de inconformidad ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por considerar que la SSP favoreció “de manera dolosa” a Mainbit al otorgarle el contrato mencionado.
Los abogados señalaron, por ejemplo, que entre la publicación de la convocatoria y la emisión del fallo sólo transcurrieron 17 días hábiles. Esto, pese al cuidadoso análisis que exige el monto del contrato y lo delicado de los servicios en cuestión, que implican el manejo de información clasificada, reportes de inteligencia, investigación policial y el padrón de policías de todo el país, entre otras bases de datos de acceso restringido.
Pero lo más sospechoso para los inconformes es que el fallo se publicó tan sólo 48 horas después de que las cinco empresas participantes entregaron sus propuestas, que en conjunto sumaron más de 8 mil 41 hojas, las que tuvieron que estudiarse en ese corto lapso.
La convocatoria para el concurso se publicó el pasado 6 de diciembre; los días 11 y 12 del mismo mes se desahogaron las juntas de aclaraciones; el 24, las empresas presentaron sus ofertas, y el 28 la SSP emitió el fallo que favoreció a Mainbit, una de las cuatro compañías que en los últimos tres años acapararon casi 70% de las compras de equipo que se realizaron por licitación pública internacional.
En la queja que Samper y Hernández presentaron ante la SFP detallaron que Mainbit, fundada en 1990 por José Antonio Sánchez, arrastra varias demandas, descalificaciones, rescisiones e inhabilitaciones por incumplimiento de contratos con diversas dependencias del sector público.
Entre otros casos refirieron que en marzo de 2006 la SFP inhabilitó y multó a Mainbit por no cumplir un contrato firmado con el Instituto Mexicano del Seguro Social para el mantenimiento de equipos de cómputo. En 2007, agregaron, la empresa participó en una licitación convocada por la delegación Gustavo A. Madero del Gobierno del Distrito Federal para la compra de computadoras, pero fue descalificada por no presentar los “documentos legales correspondientes”.
Sin embargo, el mayor escándalo en que se ha involucrado Mainbit ocurrió durante el último tramo del sexenio anterior, con Enciclomedia, el programa educativo más ambicioso (por su uso político) de la presidencia de Vicente Fox.
Éxitos amañados
Empresas como Qualita, Intel y Foliservis –que participaron en la licitación para proveer de servicios informáticos a Enciclomedia, programa que en muchas escuelas nunca funcionó (Proceso 1628)– denunciaron en su momento los criterios injustos de descalificación, el favoritismo y el uso irregular de información confidencial que mancharon la asignación de los contratos.
En noviembre de 2007 la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados dio a conocer el resumen ejecutivo de la revisión y fiscalización de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal de 2005, realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En este documento se registró una serie de irregularidades en la planeación y aplicación del programa Enciclomedia, en perjuicio del erario, puesto que las empresas ganadoras de la licitación para la primera fase del programa –Mainbit, Tecnología Editorial, Tecno Programadores Humanos Especializados y Corporativo Lanix– presuntamente incurrieron en tráfico de influencias y actos de “colusión” al ajustar sus precios en 10% para beneficiarse entre ellas y obtener los contratos de manera diferenciada.
En el caso de Mainbit, las autoridades fiscalizadoras encontraron que dicha empresa había devengado casi mil millones de pesos hasta diciembre del año pasado por la habilitación de 23 mil 709 aulas. Ello, a pesar de que los equipos instalados –compuesto cada uno por una computadora personal, proyector, pizarrón interactivo, fuente de poder, impresora y mesa para computadora– no estaban en operación.
A raíz de las investigaciones de las autoridades federales sobre el caso, la Secretaría de Educación Pública (SEP) le rescindió a Mainbit el contrato de Enciclomedia para secundaria y le impuso una multa simbólica (de poco más de 60 mil pesos) por violar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Además, a partir de una queja de la empresa Innovación Millenium, el jueves 21 la SFP decretó “la nulidad total” de la licitación pública internacional 0001 1001-061/07 que realizó la SEP para adquirir computadoras para preparatorias. Una de las dos empresas favorecidas y que ahora deberá reponer 31 millones 523 mil pesos, Sistemas Digitales Jasy (representada por José Alberto Santos), es una filial de Mainbit.
Sin embargo, la SSP pasó por alto los oscuros antecedentes de Mainbit y puso en sus manos el armado del sistema de interconexión que enlazará todas las redes de las dependencias relacionadas con la seguridad pública.
De hecho, un día después de que la SFP anulara el contrato de Sistemas Digitales Jasy, la SSP emitió un boletín en el que se anuncia un acuerdo para “constituir a las secretarías de Seguridad Pública estatales como nodos de conexión primarios en cada entidad federativa a la Plataforma México”.
Esto, agrega la SPP, “permitirá garantizar la coordinación necesaria entre los tres niveles de gobierno para combatir a la delincuencia, con mayor alcance tecnológico y de manera más eficiente”.
De esta manera se integrará una base de datos con alrededor de 300 millones de registros, así como archivos e investigaciones claves para la seguridad nacional.
El representante legal de la empresa Integradores de Tecnología, Enrique Miguel Samper, acusó al secretario García Luna de actuar “de manera dolosa” durante todo el proceso de licitación.
En el recurso de inconformidad que el abogado presentó en la SFP, cuya copia obtuvo el reportero, se denuncia que la SSP no sólo efectuó el concurso con una celeridad inusual, sino que durante las juntas de aclaraciones modificó las bases de licitación para beneficiar a Mainbit.
Cabe señalar que la queja de Innovación Millenium que originó la nulidad de la licitación realizada por la SEP con Sistemas Digitales Jasy y Distek, señala que la SEP modificó la convocatoria para cambiar la fecha establecida en la junta de aclaraciones para abrir las propuestas.
En cuanto a la licitación de la SSP, Samper detalla que en las reglas iniciales la dependencia exigió que las compañías aspirantes presentaran la certificación Microsoft Partner Advantage, que sólo unas cuantas poseen. Mainbit no cumplió con este requisito, por lo que debió ser descalificada.
En la queja se añade que Mainbit no aparece en la lista de empresas certificadas por Microsoft y, en consecuencia, “carece de la capacidad técnica y operativa para ofrecer a la Secretaría de Seguridad Pública los servicios informáticos que requiere”.
Samper Aguilar considera en el documento que la SSP evaluó parcialmente las propuestas y que el dictamen en que fundamentó el fallo carece de “verdaderas y objetivas razones para admitir o desechar las propuestas”.
También la empresa Arrendamientos y Servicio en Computación señaló, en su recurso de inconformidad, que la SSP fue parcial en la licitación número 00022001-017-07.
La representante de esta compañía, Diana Hernández, denunció que la secretaría estableció requisitos que muy pocas empresas podían cumplir, modificó sobre la marcha las bases de licitación y realizó con gran celeridad –y seguramente con poco cuidado– el análisis de miles de documentos de las propuestas legales, administrativas y técnicas.
Hernández asegura que la SSP introdujo cambios confusos y parciales en las reglas, que “restaron transparencia, imparcialidad y claridad al procedimiento de licitación”. Por todas estas razones, solicitó a la SFP que revise en su totalidad el proceso de licitación, pues no hacerlo “tendría un costo muy alto para el gobierno federal”.
En su queja, enviada al director general de Inconformidades de la SFP, César Alejandro Chávez Flores, la abogada plantea que “es importante recordar que el programa sectorial de Seguridad Pública exige que todas las adquisiciones e inversiones en general se lleven a cabo con la mayor diligencia, siguiendo precisamente las instrucciones del presidente Felipe Calderón”.
La SFP tiene 40 días hábiles para resolver si ratifica o modifica la asignación del millonario contrato a Mainbit.
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