Un mundo distraído/entrevista

La tercera parte de la población mundial ya es 'internauta'.
La revolución digital crece veloz.
Nicholas Carr exdirector del Harvard Business Review, nos alerta en su tercer libro, Superficiales. ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes? (Taurus).
Un mundo distraído/BÁRBARA CELIS
29/01/2011

Babelia El País,

La tercera parte de la población mundial ya es 'internauta'. La revolución digital crece veloz. Uno de sus grandes pensadores, Nicholas Carr, da claves de su existencia en el libro Superficiales. ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes? El experto advierte de que se "está erosionando la capacidad de controlar nuestros pensamientos y de pensar de forma autónoma".

Túnez

Túnez, nuevo horizonte del mundo árabe

Por Josep Borrell, presidente del Instituto Universitario Europeo de Florencia
Publicado en EL PERIÓDICO, 28/01/11;
Paradojas de la historia: mientras el dictador Ben Alí huye de su país, otro tirano, Jean-Claude Duvalier, regresa sin que nadie le moleste. Mientras la esperanza florece en Túnez, Haití está demasiado desesperado por su presente como para pedir cuentas por el pasado. Ambos han rivalizado en represión y corrupción. Duvalier se mantuvo gracias al apoyo de EEUU, que le consideraba, como a tantas dictaduras latinoamericanas, un baluarte frente al comunismo. Ben Alí se ha mantenido gracias al de los europeos, especialmente Francia, que lo consideró, como a tantas dictaduras árabes, un dique de contención del islamismo.

Los colegas de ‘Mad Max’: Savater

Los  colegas de ‘Mad Max’/Fernando Savater, escritor
Publicado en EL PAÍS, 28/01/11;

Haciéndose eco de una aspiración eterna y universal, escribió Borges: “Creo que un día los hombres merecerán no tener Gobiernos”. Y tampoco leyes, reglamentos y cortapisas de cualquier tipo a la libertad. Si todos tuviésemos buena voluntad, nos coordinaríamos sin coacción ni sanción. No hay generación que no haya apetecido ese día sin Gobiernos ni leyes. Después, hartos de esperar, esos mismos aprenden a contentarse con Gobiernos menos malos y leyes mejores. Les fuerzan a tal resignación los desmanes cometidos por quienes en cada momento saben aprovecharse del aplazamiento de esas beatas ilusiones.

El 60% de las mujeres mexicanas han sufrido alguna vez la violencia machista

EE UU, contra la impunidad del maltratador en México

Los cables denuncian que el 60% de las mujeres mexicanas han sufrido alguna vez la violencia machista

JUAN JESÚS AZNÁREZ - Madrid - El País, 28/01/2011;

En torno al 60% de las mujeres mexicanas ha sufrido violencia doméstica alguna vez en su vida, miles han sido asesinadas, y la impunidad de los agresores, facilitada por las disputas entre competencias federales o estatales, malogra los esfuerzos del gobierno de Felipe Calderón contra la erradicación de la lacra. Las mujeres son tratadas con cierta frecuencia como "objetos de usar y tirar", y sufren discriminación en la política y en otros ámbitos, según un duro informe de la embajada de Estados Unidos sobre la desprotección de la mujer mexicana. El problema no solo es alarmante en Ciudad Juárez, sino en todo el país: "cada seis horas una mujer es asesinada en México".

El despacho enviado al Departamento de Estado (250019) deja en mal lugar al país pues además denuncia los incumplimientos legales en la composición de las listas electorales. La ley establece que ningún género acapare más del 60% de candidatos de las listas de partidos y agrupaciones.

El fraude más revelador ocurrió el año pasado cuando 11 mujeres (las denominadas "juanitas") renunciaron a sus escaños, una vez elegidas, para que sus asientos fueran ocupados por 11 hombres de sus formaciones políticas. La trampa fue urdida antes de los comicios al Congreso Federal, que cuenta con un 25% de mujeres en sus bancos. "Aprobar leyes no es suficiente", dice la diplomacia norteamericana, que insta a armonizar las políticas federales y estatales para facilitar el acceso de las mujeres a la justicia y garantizar que los asesinos y maltratadores, amparados por comportamientos machistas muy arraigados en la sociedad, sean castigados.

La protección continúa siendo una asignatura pendiente en México, habitado por 107 millones de personas, pues la impunidad es generalizada, indican los cables, cuando la agresión ha sido perpetrada por las parejas, grupos delictivos, policías o soldados. Siete de cada diez mujeres mexicanas ha padecido malos tratos alguna vez en su vida, según los datos de Organizaciones No Gubernamentales y, entre enero de 2007 y julio de 2008, fueron asesinadas 1.014 en Ciudad Juárez. Otras fuentes, sin embargo, reducen hasta 388 esa cifra en 2009. De todas formas, "un gran número de casos sigue sin castigo, lo que permite que esa violencia continúe", resume el documento diplomático, que pide una mejor preparación de policías, fiscales y jueces en la persecución de los delitos contra las mujeres y advertencias claras a los asesinos y maltratadores, es decir que sepan que serán castigados.

Hasta el momento eso no ocurre en la mayoría de las situaciones. Las ciudades de Chihuahua y Juárez, donde ocurrió el 35% de los asesinatos, son famosas por los casos no resueltos, pero las estadísticas tampoco salvan a los estados de México, Veracruz, Chiapas, Guerrero o el Distrito Federal, donde se ubica la capital mexicana. De hecho, el pasado año la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México por no haber investigado a fondo el asesinato de tres jóvenes en Ciudad Juárez y haber fabricado pruebas contra dos hombres.

El 80% de los asesinatos fue obra de la violencia doméstica, según fuentes oficiales. "México necesita promover una cultura de respeto en la relación de género a través de la educación y campañas contra la discriminación", pide otro de los documentos enviado al Departamento de Estado (195530).

El número de denuncias presentado por las mujeres aumenta, pero de cada diez hasta ocho son retiradas por miedo a las represalias o al carecer la demandante de recursos para empujar el caso. Otras son ignoradas. Paralelamente, el índice de denuncias juzgadas "continúa siendo desalentador" para los diplomáticos norteamericanas, "en parte porque la actitud social complica los esfuerzos de los fiscales para construir casos sólidos", pero también por la negligencia de los juzgadores y la ausencia del debido proceso. Y contrariamente a lo que cabía esperar en una sociedad donde millones de mujeres prosperan social y profesionalmente, esos triunfos desencadenan la violencia de muchas parejas masculinas "que temen ser dejados atrás".

El repaso diplomático a la violencia de género es exhaustivo y alerta contra la mayor vulnerabilidad de las mujeres durante la guerra entre el ejército y los cuerpos de seguridad mexicanos contra el delito organizado y el narcotráfico. Por otra parte, representantes de la sociedad civil y funcionarios de la Fiscalía Especial para los Delitos de delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, creada en 2008, se quejaron de la carencia de medios y de los problemas de jurisdicción en una reunión sostenida con Andrea G. Bottner, directora del departamento de la mujer en la Secretaria de Estado de EE UU (164782).

Teresa Ulloa, directora regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niños en América Latina y el Caribe, y Pilar Vallejo, directiva de Red Nacional de Mujeres de México, lamentaron ante la funcionaria norteamericana que, en general, el tema de la violencia de género no recibe suficiente atención por parte de los funcionarios federales y estatales. Tampoco las ONG que se ocupan del tema reciben fondos suficientes. La embajada norteamericana envía a Washington el dato proporcionado por Vallejo y Ulloa: el 60% de las mujeres ha sufrido violencia de género.

Los funcionarios de la Fiscalía Especial denunciaron en su reunión con la delegación norteamericana las complicaciones legales para que los casos de violencia contra las mujeres lleguen a sus manos. Las denuncias suelen ser competencia de las autoridades de los 32 estados mexicanos, incluido el Distrito Federal, y para trascender ese ámbito y llegar a la Fiscalía Especial deben condiciones, que limitan la eficacia de la lucha encomendada.

Las causas de la violencia de género en la zona metropolitana de la capital, Ciudad de México, habitada por más de 19 millones de personas, y en otros lugares, "son tan profundas" que es imposible discutir el tema sin considerar los efectos de la pobreza, las costumbres o la creciente inseguridad e inestabilidad nacional, según resumen los cables. Esos factores explican también el tráfico de mujeres, hacia la prostitución o la explotación laboral, pero no agotan las causas de un fenómeno todavía persistente.

Y a pesar de que las autoridades se manifiestan genuinamente comprometidas en la protección de los derechos humanos de las mujeres mexicanas, según agrega la embajada norteamericana, la guerra del gobierno contra los carteles de la droga y el delito organizado han forzado a la a la sociedad civil a presionar más por los temas de seguridad nacional. Los esfuerzos de la sociedad civil y el gobierno son encomiables, dice la embajada, pero sin una coordinación de esfuerzos para erradicar la violencia, será difícil mantener las crecientes demandas para asistir a las víctimas.

Reforma penal ¿a la deriva?

Se busca líder/

Ana Laura Magaloni Kerpel

Reforma, 29 de enero de 2011;

A pesar del trágico desenlace del caso de Rubí, hay algo novedoso y esperanzador en el nuevo sistema: la apertura de los tribunales ha permitido un escrutinio social
Nadie ha asumido la paternidad (o maternidad) de la reforma al sistema de justicia penal en México. Es una reforma huérfana en términos políticos. El presidente Calderón, quien era el líder natural de esta reforma, no cree que sea el momento oportuno de un cambio de esta envergadura. Si los gobernadores le quieren entrar a la implementación de la reforma, es asunto de ellos y se pueden ir por la libre. No hay quien esté poniendo los estándares mínimos de calidad ni las rutas críticas obligadas para su implementación. La reforma penal en México está a la deriva.
Esta orfandad política hace que errores como los que cometieron los jueces de Chihuahua en el caso de Rubí Frayre adquieran una dimensión extraordinaria. La tentación de colocar en el banquillo de los acusados a la reforma penal es enorme. Muchos creen que los jueces absolvieron a Sergio Barraza porque la confesión que rindió ante el MP, en donde admitía haber asesinado a su esposa, no tiene valor probatorio en el juicio oral. Éste ha sido en parte el argumento de los tres jueces que dictaron la sentencia.
La aseveración esconde un veneno peligroso. Implícitamente parece sugerir que la única manera de tener éxito en casos tan dramáticos como el de Rubí es a través de preservar la vieja práctica autoritaria de recabar evidencia con pleno valor probatorio sin la supervisión del juez. Es decir, de seguir construyendo acusaciones penales en lo oscurito y a la mala.
En el viejo régimen el sistema penal operaba de la siguiente manera. La policía judicial tenía una especie de cheque en blanco para incomunicar, intimidar y hasta torturar a detenidos. Muchos de ellos confesaban su participación en el delito a base de tehuacanes en los separos de las procuradurías. Por su parte, el MP se dedicaba a simular que se había investigado legalmente el caso. Su trabajo consistía en armar un expediente, lleno de papeles y diligencias innecesarias. En realidad la única prueba relevante era la confesión del propio acusado. Finalmente, los jueces preferían cerrar los ojos frente a la arbitrariedad: todo lo que el MP había anexado al expediente, inclusive la confesión, tenía pleno valor probatorio ante el juez. No hacía falta nada más.
La reforma de juicios orales busca terminar con este modelo de persecución criminal. Por tanto, una de sus reglas centrales es prohibir que el MP y la policía puedan construir acusaciones en lo obscurito. En el nuevo sistema de enjuiciamiento penal las únicas pruebas que puede valorar el juez son las que se desahogan frente a él. La confesión de Barraza ante el MP no puede ser prueba en un juicio oral. Sin embargo, yo creo que su absolución no tuvo que ver con ello.
Denise Maerker, hace dos semanas, entrevistó a los tres jueces que absolvieron a Barraza. Me invitó a escuchar las entrevistas y a que diera mi opinión sobre lo que ellos argumentaban. Una y otra vez los jueces sostenían que la evidencia no había sido suficiente. Sin embargo, el MP aportó testimonios que daban cuenta de los incidentes de violencia entre la víctima y el acusado, también el testimonio de un tal Ángel que aseguraba que Barraza le había pedido ayuda para deshacerse del cadáver de Rubí, existía la declaración del propio acusado pidiéndole perdón a la madre y, por si fuera poco, un abogado defensor que no pidió la absolución del acusado sino que la pena fuera de 20 años y no de 50. ¿Cuál era exactamente la prueba que estaban esperando los jueces para condenar a Barraza?
Yo creo que los jueces estaban operando con el chip autoritario. En el viejo sistema, los jueces no valoraban la evidencia propiamente. Su trabajo consistía en revisar que el MP hubiese anexado a la averiguación previa un catálogo fijo de diligencias que se estimaba deberían existir para cada delito. La absolución o la condena dependía en buena parte de la habilidad del MP para cumplir con dicho catálogo. En el nuevo sistema los jueces tienen que aprender a valorar la evidencia. Este ejercicio pasa por entender que las pruebas no hablan por sí solas. No hay tal cosa como que la prueba "revela la verdad", ni mucho menos un catálogo fijo de pruebas. Más bien, lo que existe es una teoría del caso que propone el MP y otra la defensa y una estrategia de litigio para convencer al juez de cómo deben interpretarse y valorarse las pruebas ofrecidas. Lo que plantean las partes es un punto de vista posible para mirar el caso. Al juez le toca la última palabra. A diferencia del viejo régimen, en el nuevo sistema el juez tiene poder y autoridad.
Los jueces de Chihuahua no entendieron la responsabilidad que conlleva su nuevo poder. Se equivocaron. Sin embargo, a pesar del trágico desenlace del caso de Rubí, hay algo novedoso y esperanzador en el nuevo sistema: la apertura de los tribunales a la ciudadanía ha permitido un escrutinio social y mediático sobre la actividad de los jueces nunca antes visto. Frente a las miles de hojas incomprensibles de la averiguación previa, el juicio oral hace que el mundo del derecho y la justicia pueda ser entendible por todos y que lo que sucede en los tribunales se inserte en la vida colectiva. Posiblemente éste sea un nuevo camino para reconstruir la autoridad de la ley y del Estado. Se busca un líder político que le apueste a este camino, a esta reforma.