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Faltan otros 22 mil/

Revista Proceso No. 1996, 31 de enero de 2015
Faltan otros 22 mil/LUCIANO CAMPOS GARZA
Más allá de la “verdad histórica de los hechos” –según la expresión del procurador Jesús Murillo Karam para dar carpetazo al caso Ayotzinapa–, activistas y familiares de desaparecidos de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila piden al gobierno federal atender también los otros 22 mil casos que llevan años demandando justicia. Lamentan que la presión internacional haya motivado al presidente y sus colaboradores a investigar ese acto de barbarie cometido la noche del 26 de septiembre en Iguala, pero se hayan olvidado de los otros miles de desaparecidos.
MONTERREY, NL.- Durante semanas el presidente Enrique Peña Nieto aguantó la andanada de críticas dentro y fuera del país por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, hasta que el procurador Jesús Murillo Karam declaró que los estudiantes habían sido calcinados y eso era la “verdad histórica de los hechos”.
 Activistas de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila consideran indignantes las declaraciones del funcionario federal, cuyas conclusiones, dicen, son más confesionales que científicas y no convencen a nadie; ni a los padres de los estudiantes ni a la comunidad científica ni a la sociedad. Y se preguntan: ¿por qué Peña Nieto no demuestra el mismo denuedo para buscar a los casi 22 mil desaparecidos reportados en todo el país?
 Jorge Verástegui González, asesor jurídico del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, de Saltillo, acusa a la Procuraduría General de la República (PGR) de dar carpetazo. Cada vez es más evidente la participación del Ejército en el secuestro y desaparición de los normalistas, sostiene.
 Explica: “La autoridad militar –que encabeza el combate al crimen organizado en el país– no hizo nada en el caso de los 43 desaparecidos la noche del 26 de septiembre pasado. Entonces, ¿de qué sirven sus servicios de inteligencia? Esto exhibe la relación del crimen organizado con la institución castrense”.


Irma Leticia Hidalgo, madre de un desaparecido y coordinadora del grupo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (Fundenl), considera insultante el uso político que se le da a la tragedia de Ayotzinapa.

La estrategia de las autoridades federales, comenta, no debe concentrarse sólo en las investigaciones de un solo caso; hay miles más en espera de justicia que no se pueden descuidar.

“Murillo Karam declaró que tenía a la mitad de los agentes de la SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) buscando a nuestros 43 estudiantes. Lo más lamentable es que para todos los demás desaparecidos no designaron ni un solo agente. Es muy lamentable que ni con media corporación hayan encontrado a los normalistas”, comenta.

Cifras vagas

Hoy el número de desaparecidos en México es incierto. En mayo de 2014, integrantes de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México demandaron información completa al gobierno federal.

Según esa organización, en febrero de 2013 la Secretaría de Gobernación habló de 26 mil 121 casos. Meses después, en su comparecencia del 20 de mayo de 2014 en el Senado, el entonces ómbudsman nacional Raúl Plascencia Villanueva mencionó 24 mil 800: la PGR sólo 13 mil 195, mientras que el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sólo admitió 8 mil desaparecidos.

Respecto a Tamaulipas, Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), contabiliza 4 mil 800 casos, aunque admite que la cifra es vaga porque nadie ha levantado un censo; ninguna autoridad se preocupa por localizarlos, pese a que la entidad es asolada desde hace años por los cárteles de la droga.

Y aun cuando se observan algunos esfuerzos en Coahuila, Nuevo León y Michoacán, el Estado carece de una política pública para la búsqueda de personas, sostiene Ramos. De ahí que el caso de los normalistas de Ayotzinapa haya exhibido a México como un país de barbarie, afirma el presidente del CDHNL, fundado hace 15 años.

“La búsqueda de los estudiantes en Guerrero es una respuesta a los reclamos internacionales. Obviamente, al gobierno federal se le salió de control Ayotzinapa, de ahí su intento de quedar bien ante el mundo. Esas acciones no son necesariamente para atender los reclamos de los padres de familia.”

Cuando el gobierno federal se involucra en las búsquedas, sus acciones se concentran en llenar formularios: lo hacen para cumplir con el requisito burocrático, pero no se ve que emprendan una exploración física para encontrar víctimas vivas, cuerpos, cadáveres o restos, comenta Ramos al reportero.

El 21 de junio de 2013 la PGR creó la Unidad Especial de Búsqueda de Personas Desa­parecidas, pero hasta ahora el organismo se comporta como “oficina presupuestívora”, dice el entrevistado, pues se desconocen sus acciones; la página web de la PGR tampoco tiene ningún vínculo con ella.

Para el caso del noreste, Ramos propone empezar la búsqueda de restos humanos en los campamentos que tiene la Marina en Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León. Sólo en la autopista que conecta Monterrey con Nuevo Laredo, a lo largo de 220 kilómetros hay 40 denuncias de desapariciones. Nadie se ocupa de ellas.

Y si bien en Tamaulipas se creó la Fiscalía Especial para Desaparecidos, sus acciones son infructuosas pues carece de infraestructura; además, la Policía Ministerial Investigadora fue desmantelada recientemente. Hoy las indagatorias las hacen agentes federales, pero no les dan seguimiento.

“La fiscalía nació sin brazos ni piernas, porque apenas integran al personal, capacitándolo. Pero Tamaulipas no tiene Policía Ministerial Investigadora, ¿quién los va a buscar? ¿La Policía Federal? No hay quién persiga delitos como robo, lesiones o los del fuero común”, señala el presidente del CDHNL.

También critica a Osorio Chong porque, aun cuando se comprometió a revisar los expedientes de los desaparecidos, no ha cumplido.

Doble plagio sin resolver

Verástegui González señala que el delito de desaparición forzada está incluido en el Código Penal Federal y en algunos estados de la República.

“Es un delito de lesa humanidad que lo persigue, por decirlo así, la comunidad internacional. Y puede configurarse en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa porque en ese caso intervinieron agentes del estado –policías municipales de Iguala–, y probablemente elementos del Ejército y hasta un alcalde –José Luis Abarca Velázquez.

“Una de las razones por las que no se hace la clasificación del delito en Ayotzinapa, es porque las implicaciones internacionales son muy fuertes, porque es de los más graves que pueden ocurrir en el mundo”, comenta en entrevista telefónica.

A escala internacional, la desaparición forzada está regulada por tratados multilaterales, por lo que México se vería en aprietos si las desapariciones de los normalistas de Ayotzinapa llegan a configurarse como delito de lesa humanidad. De ahí la prisa del gobierno federal por archivarlo.

Respecto a Coahuila, la procuraduría estatal mencionó mil 600 desaparecidos, aunque la cifra es oscura pues no hay criterios para tipificar los delitos. Hasta ahora no se conoce en la entidad ningún caso en el cual los investigadores federales hayan encontrado a un desaparecido.

El Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, presidido por el obispo Raúl Vera, documentó 324 casos de 2007 a 2014. Las autoridades sólo integraron los expedientes pero no hicieron las investigaciones; cuando consideran que se trata de un asunto grave lo canalizan a la SEIDO o a la Unidad Especial de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR, dice Verástegui.

El activista, quien desde hace más de un año trabaja en el centro, es hermano de Antonio de Jesús Verástegui González, de 50 años, quien fue secuestrado en un retén el 24 de enero de 2009 en Parras, Coahuila, junto con uno de sus hijos de 18 años, por unos encapuchados que huyeron en una camioneta con torreta.

Según los testigos, los autores del doble plagio eran policías municipales vinculados con algún grupo criminal.

Las exclusiones

Liz Sánchez Reyna, coordinadora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), organismo civil con sede en Monterrey, observa que en el caso de Ayotzinapa el procurador Murillo Karam aceptó la participación de expertos e instituciones de otros países, motivado por la presión internacional que le exige a la administración de Peña Nieto presentar vivos a los normalistas.

Sin embargo reprocha a las autoridades federales la exclusión de los familiares de los estudiantes desaparecidos y a sus asesores del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

En otros estados, dice la activista, algunos colegas les comentan que las procuradurías locales tampoco atienden las denuncias. En Nuevo León, por ejemplo, desde 2011 la procuraduría estatal se ha reunido con familiares de desaparecidos y con representantes de organismos ciudadanos, como CADHAC y el Grupo Amores, integrado por madres de víctimas, para reactivar las investigaciones.

Gracias a ello se localizaron 107 personas – 60 con vida y 47 muertas–. Sin embargo, CADHAC tiene en su registro mil 275 casos de 2009 a la fecha.

Sánchez Reyna lamenta que el gobierno de Peña Nieto haya actuado por motivos políticos en el caso Ayotzinapa, mientras las decenas de miles de víctimas de los otros estados están en el olvido.

Y aun cuando han pasado cuatro meses de la desaparición de los normalistas guerrerenses, otras 22 mil personas llevan años sin ser localizadas.

En Nuevo León, según las estadísticas del Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata de la procuraduría estatal, creada en marzo de 2014 a instancias de CADHAC, hasta noviembre de ese año recibieron mil 162 denuncias y localizaron a mil 35 personas, aunque se desconocen los detalles de los expedientes.

Irma Leticia Hidalgo, activista del Fundenl y madre de Roy Rivera Hidalgo, estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León desaparecido el 11 de enero de 2011 en el municipio de San Nicolás, estima que la desaparición de los 43 normalistas guerrerenses ha sido un golpe muy duro para el Estado mexicano.

La indignación generalizada por ese acto de barbarie despertó la conciencia ciudadana y llamó la atención del mundo. La prensa internacional se fijó en México y el gobierno de Peña Nieto no tuvo más remedio que emprender una investigación.

Para los familiares de los desaparecidos, dice Hidalgo, la Unidad Especial de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR es una oficina que no les ha servido de nada. Por eso, son los mismos familiares los que han tenido que emprender sus propias investigaciones, como lo hicieron los padres de los normalistas.

En Nuevo León las familias agrupadas en el Fundenl acordaron organizarse para emprender por su cuenta la búsqueda de fosas clandestinas. Ya tienen localizados algunos lugares donde sospechan que puede haber restos humanos y se lo notificaron a la procuraduría estatal para que anexe el dato a los expedientes y las acompañe el Ministerio Público cuando se realice alguna excavación.

La búsqueda de desaparecidos en México se convirtió en un tópico que ingresó a la agenda nacional cuando el escritor Javier Sicilia organizó el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y encabezó las caravanas de la esperanza, entre ellas la del 7 de junio de 2011, que recorrió varios estados para demandar a la autoridad la correcta aplicación de la ley.

En un acto masivo en la Plaza Colegio Civil, en el centro de Monterrey, Sicilia cedió el micrófono a decenas de personas que durante horas expusieron sus casos.

Poco después de la medianoche de ese 7 de junio, acompañado de la religiosa Consuelo Morales, fundadora de CADHAC, y familiares de los desaparecidos, Sicilia se entrevistó con el entonces procurador de Justicia, Adrián de la Garza, quien se comprometió a revisar y reactivar los expedientes.

El funcionario cumplió. De entonces a la fecha ha habido 20 reuniones para revisar expedientes.



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