Revista
Proceso
No. 1996, 31 de enero de 2015
La versión
oficial se cae a golpes/ANABEL HERNÁNDEZ Y STEVE FISHER
Lo
que la PGR no pudo demostrar con pruebas periciales y científicas lo armó con
testimonios de policías de Iguala y Cocula y del presunto radiocomunicador
igualteco David Hernández Cruz que “confesaron” mediante tortura física y
psicológica su presunta participación en el arresto de los 43 jóvenes de la
Normal Rural Raúl Isidro Burgos que posteriormente entregaron a sicarios de
Guerreros Unidos, quienes los desaparecieron. La “verdad histórica” del
procurador Jesús Murillo Karam no se sostiene, según se desprende de los
documentos consultados por Proceso.
La
Procuraduría General de la República (PGR) ha recurrido sistemáticamente a
golpes y tortura para incriminar a los presuntos responsables del ataque y
desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos la noche
del pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, y sustentar la versión del
gobierno de Enrique Peña Nieto.
Uno
de ellos es David Hernández Cruz, un empleado de 20 años a quien el procurador
Jesús Murillo Karam identificó como radio-operador de Iguala. Él fue el testigo
estrella para involucrar al exalcalde José Luis Abarca Velázquez en la agresión
a los normalistas.
Durante
los interrogatorios a los que lo sometieron efectivos de la Policía Federal
(PF), Hernández Cruz “confesó” que con la clave A5 Abarca ordenó por radio el
ataque. Y aunque el declarante admitió ser miembro de Guerreros Unidos, la PGR
ordenó su liberación el 14 de octubre pasado, según los documentos consultados
por Proceso.
Las
averiguaciones previas abiertas por la dependencia sobre el caso Ayotzinapa
revelan la sistemática violación a derechos humanos cometidos por uniformados
de la PF y elementos de la Marina con la complicidad de la agente del
Ministerio Público Lourdes López Lucho Iturbide, responsable principal de la
investigación.
Los
reporteros consultaron los dictámenes médicos de 10 policías municipales de
Iguala detenidos el 14 de octubre en el Centro de Adiestramiento Regional de la
Sexta Región Militar, en Tlaxcala, y otros tantos de Cocula.
En
sus declaraciones ministeriales hay una constante: prácticamente todos
sufrieron golpizas; algunos incluso se desmayaron por los toques eléctricos.
También fueron torturados psicológicamente para que se autoincriminaran o
denunciaran a sus compañeros. Al final, todos fueron liberados.
En
el reportaje “La verdadera noche de Iguala”, publicado en su edición 1989,
Proceso mencionó que por lo menos cinco presuntos integrantes del grupo
criminal Guerreros Unidos: Eury Flores, Francisco Javier Lozano, Napoleón
Martínez, Carlos Canto y Raúl Núñez Salgado, cuyo expediente está en la causa
penal 48/2014-E-II fueron torturados para que admitieran su participación en el
ataque y desaparición de los normalistas.
La
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) envió el oficio registrado con
folio 17675 al Juzgado Quinto de Distrito en Iguala para solicitar información
sobre el estado que guardaba la causa penal 4872014-E-II, así como copias
certificadas de los expedientes clínicos.
El
20 de enero pasado el juzgado fue notificado por la PGR que dos días antes se
abrió en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia
Organizada (SEIDO) la averiguación previa AP/1483/ UEIDAPLE/3/2014 por el
delito de tortura de la que pudieron ser víctimas tres de los presuntos
delincuentes: Flores, Lozano y Martínez.
Este
reporte es la segunda entrega de la investigación realizada con el apoyo del
Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California, en
Berkeley, sobre el caso de los normalistas atacados y desaparecidos; la primera
fue publicada por Proceso en su edición 1989.
Los
dictámenes médicos realizados a los policías detenidos por la PGR –quienes
mostraban lesiones provocadas por la tortura– contrastan con los peritajes
previos realizados por el Ejército, pues los uniformados no tenían ninguna
huella de tortura, según la información consultada. Asimismo, los testimonios
proporcionados por sus familiares permiten conocer los horrores cometidos por
el gobierno federal.
El
testigo estrella de Murillo Karam
El
10 de octubre de 2014 la PGR giró la orden de localización en calidad de
testigo de David Hernández Cruz o Cruz Hernández. Los policías federales
ministeriales Jesús Omar Maciel Álvarez y Miguel Ángel Romero Hernández lo
arrestaron ese mismo día en Iguala a las 15:30 horas.
Según
dijeron, el detenido admitió ser miembro de Guerreros Unidos. Dijo que era
operador logístico en Iguala y que se encargaba de pagar la nómina de los
halcones y funcionarios locales. Incluso mencionó los nombres de los supuestos
jefes del grupo criminal; narró lo que ocurrió la noche en que desaparecieron
los estudiantes normalistas y que los restos óseos localizados en las primeras
fosas no eran los de ellos.
Para
ocultar sus actividades ilícitas, de acuerdo con la versión de la PGR, el
detenido trabajaba como bombero en la Dirección de Protección Civil de Iguala;
también confesó de manera espontánea que el entonces alcalde José Abarca
recibía dinero de Guerreros Unidos.
Ese
mismo día en la SEIDO el perito médico oficial Francisco J. Ramírez Reyes
elaboró el dictamen forense a las 20:30 horas, cinco horas después de la
detención del “testigo estrella”.
Visiblemente
golpeado Hernández Cruz hizo su primera declaración a las 21:00 horas ante el
MP Antonio Suany López (AP/PGR/SEIDO/UEIDMS/816/2014). Su jefe inmediato,
expuso, era Federico León y “confesó” que era halcón y trabajaba para Berlín y
El Chuky; también involucró a Núñez Salgado, a otros presuntos criminales y a
policías de Iguala.
Dijo
que desde la desaparición de los estudiantes no había hablado con El Chuky ni
mencionó a Abarca Velázquez.
A
las 4:30 de la madrugada del 11 de octubre rindió una segunda declaración de
nueve fojas. Dijo que los estudiantes iban armados y que le había llamado El
Chuky o Choky y añadió: “Después de esa llamada escuché por el radio Matra que
el director de la policía municipal (de Iguala) de apellido Valladares dijo que
por órdenes de A5 (Abarca Velázquez)” había que detener a los estudiantes.
Días
después, el 7 de noviembre en conferencia de prensa Murillo Karam afirmó: “El
expresidente municipal de Iguala, quien tenía designada en la comunicación
interna de la policía municipal el código A5, dio la orden a los policías
municipales de contener a las personas que viajaban en esos cuatro camiones,
según declara el propio operador de radio de la central de la policía municipal
de Iguala, David Hernández Cruz…” .
El
procurador no mencionó que el joven había sido torturado por elementos de la
Marina. Hoy se sabe que Hernández Cruz no trabaja ni trabajó en la policía
municipal de Iguala y que era bombero, no radio-operador. Hasta ahora, su
declaración es la única “prueba” de que Abarca Velázquez ordenó el ataque el 26
de septiembre.
El
14 de octubre a las 8:40 horas la PGR ordenó la libertad inmediata con las
reservas de ley de David Cruz Hernández porque “no se habían reunido elementos
para mantenerlo detenido”. A las 20:00 horas la orden se cumplimentó.
Policías
de Iguala
El
27 de septiembre fueron detenidos los primeros 22 policías de Iguala por su
presunta participación en el ataque, aunque muchos de ellos estaban de
descanso. Los municipales no arrestados ese día fueron convocados a un curso al
campo de adiestramiento número 2 de la Sexta Región Militar, en Tlaxcala.
El
14 de octubre y de manera sorpresiva, 10 agentes de Iguala fueron arrestados
por la Policía Militar y llevados a la SEIDO: Héctor Aguilar, Alejandro Mota,
Verónica Bahena, Alejandro Lara, Santiago Socorro Mazón, Édgar Vieyra, Óscar
Augusto Pérez Carreto, Enrique Pérez Carreto, Édgar Magdaleno Navarro y Leodan
Fuentes Pineda.
Antes
de ser trasladados a las 20:00 horas de ese día, la “mayor médico cirujano”
Flor María Ayala –en apoyo del centro de adiestramiento regional de la Sexta
Región Militar, que dirige el general Cuauhtémoc Eduardo Ruiz– examinó a cada
policía detenido. Ninguno tenía golpes ni lesiones.
De
acuerdo con los familiares de los policías agredidos, sus parientes les
contaron que la tortura que sufrieron ocurrió en las instalaciones de la SEIDO
por parte de hombres corpulentos vestidos de negro y encapuchados. Durante el
maltrato les preguntaban por los estudiantes desaparecidos y Guerreros Unidos.
“¿Por qué los mataste?”, un golpe, “¿por qué se los llevaron?”, otro golpe, y
así hasta dejarlos en el suelo.
En
documentos de la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/816/2014 aparece el
dictamen médico elaborado por la PGR el 15 de octubre de 2014, por las peritos
María Guadalupe Cázares Ontiveros y Lizbeth Hernández. Las palizas eran
evidentes.
Édgar
Vieyra presentó golpes en la boca, seis moretones lineales en el estómago,
lesiones puntiformes que abarcan un área de 12 por tres centímetros en la
pelvis y múltiples costras en el abdomen –según la PGR, “por arrastrarse en el
piso durante el curso de adiestramiento”, pero en el informe militar no tenía
ninguna lesión.
Alejandro
Mota tenía marcas de golpes de 11 por 5.5 centímetros en el lado derecho de la
cara y el cuello, además de un golpe de ocho por siete centímetros en la
mandíbula. En el hombro izquierdo, tres marcas de 1.5, uno y 0.5 centímetros.
Otro golpe a la derecha del pecho.
Santiago
Socorro Mazón, según el dictamen de la PGR, presentó huellas de un golpe de
cinco por cuatro centímetros en el abdomen y lesiones en la espalda; y Héctor
Aguilar Ávalos tenía marcas lineales rojas que abarcaban un área de ocho por
cinco centímetros en el vientre.
Cuando
Verónica Bahena fue evaluada tenía moretones en el antebrazo izquierdo, en la
rodilla izquierda y golpes en la parte alta del muslo derecho. Según sus
compañeros durante varios días padeció una severa hemorragia uterina por los
golpes.
Alejandro
Lara tenía dos marcas rojas lineales de cinco y de 1.5 centímetros cerca del
oído derecho, marcas de golpes en ambos párpados y en el oído izquierdo, golpes
en el labio inferior, dos marcas puntiformes rojas en la mucosa de la mejilla
derecha y tres en la izquierda, amén de cinco lesiones enrojecidas lineales en
el abdomen, entre otras.
Édgar
Magdaleno Navarro presentó tres costras en el antebrazo y en la cara anterior
de la pierna izquierda. Y Óscar Augusto Pérez Carreto tenía costras en la cara
anterior del antebrazo, mano derecha y codo. Empero, según el dictamen de PGR,
ninguno de los dos “presentaba huellas de lesiones traumáticas externas
recientes”.
Leodan
Fuentes Pineda tenía golpes de 2.5 por un centímetro en la mandíbula, lesiones
en el abdomen y golpes en los muslos y un hombro.
Según
el dictamen, Enrique Pérez Carreto no presentaba huellas de lesiones
traumáticas externas, aunque según sus colegas fue uno de los más lesionados.
Los
familiares hablaron para esta investigación sobre la tortura sufrida por los
policías, luego de meses de silencio por miedo de que sus familiares sufran represalias.
Aracely
Mota, hermana de Alejandro Mota, señala que su hermano tenía entre 13 y 15 años
trabajando en la policía de Iguala. Acusa que su familiar fue golpeado en la
SEIDO y asienta que, al igual que los estudiantes de Ayotzinapa, su hermano es
una víctima.
Alejandro
Mota laboró el 26 de septiembre pero su hermana asegura que no participó en el
ataque ni en la desaparición. Una vez que lo encarcelaron “estuve todo el día
esperando a que me dieran la visita, sólo pude hablar con él tres minutos, me
dijo que lo habían golpeado mucho y le habían dado toques eléctricos. Tenía la
cara hinchada. ¿Por qué lo golpearon? ¿Para echarle la culpa de algo que no
hizo? ¿Porque el gobierno lo dice?”.
Sue
Martínez es esposa de Héctor Ávalos desde hace 13 años. Platica que su marido
había sido militar. No le gustaba pero era la única forma de salir adelante en
su pueblo. Había una vacante para ser policía y entró. Iba a ser sólo un año
pero decidió quedarse. Su compañero estaba franco el 26 de septiembre y, de
acuerdo con el documento oficial de labores, efectivamente estaba de descanso.
Era chofer de una patrulla.
La
mujer recuerda que el 26 de septiembre su marido estuvo todo el día en la casa.
Por la tarde pasaron al zócalo al acto de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa
del alcalde Abarca. Aproximadamente a las 8:40 de la noche regresaron a su
casa.
Al
día siguiente, la llamó a las nueve de la mañana para avisarle que había habido
una balacera la noche anterior y que los iban a acuartelar en las instalaciones
de la policía estatal. Le comentó que estaban arrestando a algunos compañeros.
Luego se los llevaron a Tlaxcala, donde lo detuvieron. Sólo hasta el 16 de
octubre, a las cuatro de la mañana, el hombre le pudo decir que estaba en la
SEIDO y que lo habían golpeado mucho. El 20 de octubre logró verlo, ya
internado en el penal de Nayarit.
“Mi
esposo estaba desesperado porque sentía que se iba a morir ahí de como lo
habían golpeado”. Le comentó que a causa de las tundas se desmayó dos veces,
pero lo levantaron a patadas. “Querían que se echara la culpa”.
Laura
Martínez, esposa de Alejandro Lara, manifiesta que su esposo también estaba de
descanso y que el 26 de septiembre estuvieron juntos todo el día. A las nueve
de la noche se encontraban en un entrenamiento de basquetbol de su hija, lejos
del centro.
De
acuerdo con la documentación a la que se tuvo acceso, en las declaraciones
ministeriales rendidas por los 10 policías de Iguala al menos uno de ellos
pidió al abogado de oficio que interpusiera una queja ante la CNDH “contra los
policías federales que nos detuvieron, nos golpearon y querían a fuerzas que
dijéramos dónde estaban los cuerpos, pero esos policías fueron diferentes a los
que nos trajeron”.
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