“Las
instituciones, por debajo del desafío”/José Gil Olmos..
Revista Proceso # , 20 de septiembre de 2015..
Convencido
de que México padece una crisis de derechos humanos, el secretario ejecutivo de
la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, explica en entrevista que el gobierno mexicano
no debe sentirse atacado con las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes. Para él, las estructuras de procuración de justicia
deben aprovechar sus recomendaciones para ofrecer resultados sólidos en el caso
Ayotzinapa y cambiar la forma de investigar los miles de casos pendientes u
olvidados, en muchos de los cuales ha existido una “injerencia muy crítica” de
autoridades de los tres niveles de gobierno.
Pocos
días antes de que visite México el pleno de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), su secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza,
advierte que las estructuras de justicia no han respondido al desafío de la
crisis que el país enfrenta en esa materia.
Reconoce
que el crimen organizado es una amenaza para el Estado mexicano y muestra su
preocupación porque autoridades de los tres niveles de gobierno estén
involucradas en casos de desaparición forzada, como puede ser el caso de
Ayotzinapa.
Además,
reitera el apoyo al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)
que en su reciente informe señaló que los estudiantes podrían no haber sido
incinerados en el basurero de Cocula, como lo expuso la Procuraduría General de
la República (PGR) a principios de año.
Respecto
de la petición del GIEI de entrevistarse con los integrantes del 27 Batallón,
instalado en Iguala, que supieron del ataque a los 43 normalistas en septiembre
de 2014, manifiesta: “Ojalá pueda resolverse”.
Para
Álvarez Icaza, la investigación de GIEI es sólida y seria. En referencia a la
descalificación hecha al respecto por “agoreros oficiosos”, dice que lo mejor
es poner atención a las recomendaciones de seguir investigando el caso, que ya
es emblemático para la justicia en México.
“No
es la intención del grupo generar una condición de amenaza, de ataque o de
desprestigio a institución alguna. El objetivo es hacer un análisis de cómo se
investiga y emitir recomendaciones.
“Hay,
ciertamente, un debate a partir de que la versión oficial es cuestionada, igual
que la manera de investigar, y eso obviamente abrió un debate de cómo se
investiga en México. Pero la intención de la comisión y del grupo de expertos
no es generar un ataque al gobierno o a las instituciones, sino contribuir a la
búsqueda de la justicia y tratar de generar una explicación de qué paso con los
muchachos desaparecidos.
“Hay
un tema crítico de justicia para los padres, para las víctimas. Las otras
lecturas, de que hay ataques, de que son derrotas o triunfos, no forman parte
de la agenda de la CIDH ni del grupo de expertos”, precisa.
–¿Se
descartan las opiniones de que hay ataques a la soberanía mexicana?
–Esa
no es la agenda, es todo lo contrario. La CIDH interviene en estricto uso de la
soberanía mexicana, es decir, el principio y fundamento de un organismo
internacional es que hay un país libre y soberano que determina que esos
instrumentos internacionales forman parte de su ley en su práctica jurídica.
“El
principio de soberanía es precisamente la base de la existencia del derecho
internacional de derechos humanos y de cuerpos como la CIDH. Por eso no se
trata de ningún ataque a la soberanía mexicana, sino todo lo contrario.”
Explicó
que para el caso Ayotzinapa la CIDH emitió únicamente medidas cautelares o de
protección, a fin de no entrar en conflicto con el Estado mexicano:
“Para
no prejuzgar o limitar su asistencia, se encontró la fórmula de un grupo de
expertos independientes. Así no se genera un conflicto de competencia de las
atribuciones de la comisión y, con la confianza del Estado y de los
beneficiarios, se tiene la asistencia técnica del grupo que hace la
investigación.
“La
comisión no tiene entonces elementos para calificar el fondo del asunto porque
no quiere generar una condición de prejuzgamiento en caso de que el asunto
llegara a la propia CIDH. De ahí que la comisión no interviene pero sí acepta
que formó al grupo de expertos, lo avala y reconoce su capacidad, integridad
académica, profesional e intelectual”.
Agrega
que el caso de Ayotzinapa, junto con los de Ecuandureo, Tlatlaya, San Fernando
y la recurrente desaparición forzada de personas, son expresiones de la crisis
de derechos humanos en México, la cual en parte resulta de la falta de
respuesta del gobierno a las recomendaciones emitidas hace cuatro años por el
Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas, de la ONU.
En
2011, ese grupo, encabezado por Ariel Dulitzky, criticó la falta de capacidad
de las autoridades mexicanas para investigar las desapariciones forzadas y
emitió recomendaciones para todos los niveles de gobierno.
Algunas
de ellas fueron: mejorar los protocolos de investigación, integrar una base de
datos confiable, crear una sola definición legal sobre quién es un desaparecido
en las leyes federales y estatales, otorgar mayor protección a familiares e
investigar las violaciones a los derechos humanos realizadas por las fuerzas
armadas.
Desde
entonces la ONU cuestionó la actuación del Ejército y de la Marina en tareas de
seguridad pública, y sobre todo que no existiera un plan para su retiro de las
calles, así como la falta de independencia en la investigación de delitos
cometidos por militares.
El
viernes 11 el grupo de la ONU emitió un nuevo comunicado sobre el seguimiento a
sus 34 recomendaciones; destaca los pocos avances:
“Especialmente
preocupante resulta constatar que la mayoría de las recomendaciones
fundamentales para enfrentar los problemas estructurales en materia de
desaparición forzada no han sido plenamente implementadas (…) El Grupo de
Trabajo constata que el incipiente reconocimiento discursivo al problema de la
desaparición forzada no ha sido consistente, uniforme y homogéneo entre todas
las autoridades del Estado mexicano, ni al más alto nivel.”
Extraoficialmente
la PGR ha reconocido desde 2012 la existencia de 22 mil desaparecidos en el
país, pero hasta ahora sólo tiene abiertas alrededor de 300 averiguaciones
previas por ese delito, según informes dados a conocer a través del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
(Inai).
El
Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas de 2014, la
investigadora Ximena Antillón, del Centro de Análisis Fundar, indicó que más de
12 mil de los casos se registraron en el sexenio de Felipe Calderón y más de 9
mil en la administración de Enrique Peña Nieto.
En
opinión de Álvarez Icaza, hasta ahora estas recomendaciones no se han atendido
adecuadamente por la enorme dimensión que cobró el problema de la desaparición
forzada de personas a manos de autoridades municipales, estatales y federales.
Crisis
estructural
Para
Álvarez Icaza, la crisis de derechos humanos en México se manifiesta en las
desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, abuso de autoridad,
torturas como método de investigación, la tensión entre el combate a la
delincuencia y la promoción del derecho, la violación a los derechos de los
migrantes, trata de personas e impunidad de los ataques a periodistas.
“Es
una serie de indicadores que van reflejando en la agenda municipal, estatal y
nacional, un tema muy crítico de injerencia en materia de violaciones a los
derechos humanos: la participación de autoridades en la comisión de delitos o
la colusión de algunos servidores públicos.
“Eso
refleja, en la percepción de algunos actores nacionales o internacionales, que
México vive una crisis en materia de derechos humanos”, sostiene quien fue
presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Secretario
ejecutivo de la CIDH desde 2012, Álvarez Icaza señala que México está en una
encrucijada, pues en los últimos años ha tenido cambios muy significativos con
reformas constitucionales, nuevas leyes estatales, la construcción de
mecanismos de protección y una colaboración importante con los sistemas de la
ONU y de la OEA, pero la situación de derechos humanos no cambia.
Explica
que una parte sustantiva del quehacer público en materia de derechos humanos no
se ha transformado debido a que muchos funcionarios mexicanos se niegan a
reconocer que hay una crisis estructural, pues creen que se trata sólo de “una
crisis de sobreexposición”.
Comenta
que hasta ahora no se ha querido reconocer la participación de autoridades en
la comisión de delitos ni la colusión de algunos servidores públicos en la
violación de derechos humanos.
–Creo
que México vive una crisis de derechos humanos. Y yo diría que la apertura y la
colaboración con instancias internacionales es un medio eficaz para enfrentar
las crisis. Lo que corresponde es que se atiendan las recomendaciones, las
observaciones. Está muy bien que México tenga una política de colaboración;
además eso le da autoridad moral en los foros globales y nacionales. Pero lo
que no haga México, no lo hará nadie.
“Es
decir, los foros e instancias internacionales son complementarios y
subsidiarios, pero son las estructuras de prevención del delito, procuración e
impartición de justicia las que tienen que hacer las cosas.”
Precisa:
“Ahí es cuando te estás enfrentando a los límites reales de una estructura de
justicia que no está respondiendo al tamaño del desafío que tiene. Yo lo veo
así de claro: si el aparato de justicia no responde, entonces las amenazas a
los periodistas funcionan y los matan”.
Prosigue:
“Ya no basta la autoprotección, se necesita un Estado en donde opere la
justicia. No se puede defender a los periodistas y a los defensores de derechos
humanos con celulares y escoltas, eso no es suficiente, tienes que defenderlos
con justicia”.
–¿Hay
impunidad?
–No
sólo impunidad, sino un ciclo de impunidad que empodera al agresor; entonces
pueden repetirse los ataques. Un fenómeno de continuidad genera un espectro de
espiral ascendente, que es un círculo muy pernicioso. Yo no quiero generar un
discurso maniqueo y no reconocer que hay esfuerzos y avances; lo que creo es
que la respuesta del Estado (las instituciones federales, estales y
municipales, así como los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial) han estado
muy por debajo del desafío.
–¿Esta
crisis de derechos humanos refleja otro tipo de crisis?
–Tiene
que ver con una crisis de cómo operan las instituciones y con la amenaza para
el Estado mexicano por parte del crimen organizado. Es un componente de esta
crisis; no tendría elementos para decir qué es lo más grave, pero claramente es
parte de la gravedad.
Del
discurso a los hechos
De
2011 a 2012 Álvarez Icaza participó en el Movimiento por la Paz con Justicia y
Dignidad, asesorando al poeta Javier Sicilia en los encuentros con el expresidente
Felipe Calderón y con los candidatos a la Presidencia, entre ellos Enrique Peña
Nieto. Fue testigo de las denuncias de miles de familiares de desaparecidos en
todo el país y del silencio de las autoridades de los tres niveles.
Aunque
señala que el tema de los desaparecidos no es nuevo, le preocupan las
declaraciones del titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación
de la Delincuencia Organizada, Felipe Muñoz, quien dijo que trataría de
persuadir a los integrantes de GIEI de que las investigaciones de la PGR son
correctas.
En
cambio, calificó de positiva la actitud del subsecretario de Derechos Humanos
de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, quien ha reconocido las labores
del GIEI para que trabaje otros seis meses en el caso de Ayotzinapa.
Se
le señala que el punto de debate entre el GIEI y la PGR es la presunta
incineración de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el basurero de Cocula, pues
los expertos independientes consideran imposible que ahí fueran quemados los
cuerpos, como aseguró el entonces procurador Jesús Murillo Karam basado en
testimonios de unos detenidos que después denunciaron que fueron obligados a
declarar bajo tortura.
El
secretario ejecutivo de la CIDH ataja y señala que debe considerarse que la
capacidad profesional y la autoridad moral del grupo de expertos le da
contundencia a su trabajo.
Es
necesario “analizar esas recomendaciones, pero no sólo es importante el caso de
Ayotzinapa, sino que el trabajo del grupo especial genere un modelo que ayude a
enfrentar el problema de la desaparición e ir mejorando la capacidad de
investigación del Estado mexicano sobre otros muchos casos”, precisa.
Admite
también que el presidente Peña Nieto se mostró dispuesto a atender las
recomendaciones del GIEI, pero lo importante es que se refleje en las
estructuras de la PGR y en otras relacionadas con la procuración e impartición
de justicia.
“Lo
que toca ahora es que los servidores públicos que han sido designados por el
presidente atiendan el mensaje de lo que eso significa y se generen condiciones
para revisar las recomendaciones del grupo de expertos”, sostiene.
–¿No
podría generarse un conflicto interno en la OEA con este caso?
–México
ha dado señales de cambio, y quiero seguir apostándole a la vitalidad, al
compromiso con los derechos humanos que se demuestra en la cooperación
internacional con los organismos en la materia. Es importante que México
mantenga esa apertura y liderazgo, porque no reconocer los problemas, lejos de
ayudar a resolverlos, los complica más.
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