En el caso Tlatlaya, el futuro de la relación con Washington

En el caso Tlatlaya, el futuro de la relación con Washington/J. JESÚS ESQUIVEL, corresponsal en Washington DC

Publicado en la revista Proceso No. 1979, 4 de octubre de 2014

WASHINGTON.- La investigación de las autoridades civiles sobre la masacre de Tlatlaya y el castigo que reciban los responsables determinará el futuro inmediato de la asistencia que Estados Unidos aporta al gobierno de Enrique Peña Nieto en la lucha contra el narcotráfico, advierte el senador Patrick Leahy.

“En el pasado ha habido muchos casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por policías y militares mexicanos, pero con frecuencia nadie resulta castigado”, subraya en entrevista con Proceso uno de los principales asesores de Leahy, senador demócrata por el estado de Vermont.

“Los efectos en los fondos que proporciona Estados Unidos a México a través de la Iniciativa Mérida dependerán del resultado de la investigación”, puntualiza el asesor, autorizado para hablar en nombre del legislador estadunidense.

Leahy, presidente de Comité Judicial del Senado y del Subcomité de Asignaciones para Operaciones Extranjeras del Departamento de Estado, está muy atento al caso de la aparente ejecución extrajudicial de una veintena de civiles cometida el pasado 30 de junio en el pueblo de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México.

+El asesor de Leahy, quien solicitó no se le identificara por su nombre, afirma que su jefe no sólo está enterado por los reportes periodísticos: “El senador Leahy le ha pedido más información al Departamento de Estado; incluso pidió que le aclaren si alguno de los militares involucrados en el caso recibió entrenamiento o equipo militar de Estados Unidos”.

 En el Capitolio existe preocupación porque la de Tlatlaya sería la primera masacre masiva de civiles a manos de soldados en el gobierno de Peña Nieto y podría implicar indirectamente a Estados Unidos por el apoyo de financiamiento y equipo militar que proporciona a las Fuerzas Armadas mexicanas mediante la Iniciativa Mérida.

 El pasado 19 de septiembre, Jeff Ratkhe, vocero del Departamento de Estado, exigió al gobierno de Peña Nieto que realizaran la investigación autoridades civiles y no castrenses.

 “Como en todos los casos en que las fuerzas de seguridad utilizan fuerza letal, creemos que es imperativo que exista una revisión creíble de las circunstancias en respuesta a ésta y que las autoridades civiles apropiadas lleven a cabo esas investigaciones”, declaró Ratkhe, en la primera reacción pública del gobierno estadunidense al caso Tlatlaya.

 Para entonces organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch y familiares de los civiles muertos ya exigían que se hiciera justicia a fondo por las ejecuciones extrajudiciales. Además, se habían difundido estremecedoras revelaciones sobre la matanza en un despacho de la agencia noticiosa Associated Press (AP) y la edición mexicana de la revista estadunidense Esquire publicó el testimonio de una sobreviviente que incriminó directamente a un grupo de militares.

 Sin embargo, sólo la exigencia de Ratkhe provocó que el gobierno de Peña Nieto ordenara a la Procuraduría General de la República (PGR) que investigara los hechos, pese a que el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) habían intentado cerrar el caso afirmando que los civiles habían muerto en un enfrentamiento armado con los militares.

 Presión estadunidense

 En los pasillos del Capitolio se califica de “muy mala” la reacción del gobierno de Peña Nieto en la masacre de Tlatlaya, pues fue “muy obvio que reaccionó sólo porque el Departamento de Estado exigió la intervención de las autoridades civiles”.

 El reportero Mark Stevenson, autor del despacho periodístico de AP que destacó la primeras sospechas de que la escena de Tlatlaya parecía una ejecución extrajudicial, más que de un enfrentamiento entre criminales y soldados, fue entrevistado por el Congreso de Estados Unidos para que ofreciera detalles de lo que vio y lo que investigó el 8 de julio pasado en San Pedro Limón.

 En cambio, la versión avalada por el gobierno de Ávila Villegas, la Sedena y hasta por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se considera en Washington una burla a la lógica. Los congresistas estadunidenses enterados han comentado que es casi imposible que en un enfrentamiento el saldo fuera de 22 civiles muertos y un soldado herido. “No tiene sentido. Allí en Tlatlaya ocurrió algo muy malo”, dijo un legislador.

 Conscientes de que la impunidad casi total de los soldados y los marinos que violan los derechos humanos se volvió un patrón desde que el entonces presidente Felipe Calderón militarizó la lucha contra el narcotráfico, los congresistas de Estados Unidos consideran que el gobierno mexicano debe abstenerse de hacer juicios inmediatos.

 Asimismo, consideran recomendable que las autoridades civiles se encarguen de hacer la investigación, que realicen pruebas balísticas, exámenes forenses con la mejor tecnología, preservar las escenas del crimen e interrogar sin coerción a los testigos oculares, sobre todo a los sobrevivientes.

 El asesor del senador Leahy recalca que éste no pretende utilizar la matanza de Tlatlaya para criticar al gobierno de Peña Nieto, sino que “bajo las leyes internacionales y las de México se requiere que las autoridades civiles lleven a cabo una investigación minuciosa, y lo que quiere el senador Leahy es ver que los responsables (de la masacre) sean llevados ante la justicia”.

 El pasado 24 de junio el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos aprobó un paquete de 148 millones de dólares para respaldar la lucha mexicana contra el narcotráfico en el marco de la Iniciativa Mérida.

 Esa suma, que aún no es refrendada por la Cámara de Senadores, casi duplica los 80 millones de dólares que solicitó al Capitolio el gobierno del presidente Barack Obama para financiar a la Iniciativa Mérida a partir del miércoles 1, día en el que inició el calendario fiscal 2015 del gobierno estadunidense.

 Hasta el último año del gobierno de Calderón, 15% de los fondos de la Iniciativa Mérida –en equipo militar, tecnológico, de inteligencia o entrenamiento bélico y policial, entre otros– estaba condicionado a que las fuerzas de seguridad mexicanas respetaran los derechos humanos.

 No obstante, desde el arranque del sexenio de Peña Nieto, el Congreso de Estados Unidos anuló esos requisitos. El día que se aprobaron los 148 millones de dólares en la Cámara de Representantes, los legisladores demócratas pidieron que se impusiera también al gobierno de Peña Nieto la obligación de garantizar el total respeto a los derechos humanos en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

 Es cierto que la acotación de los demócratas en el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes no fue motivada por la masacre de Tlatlaya, ésta puede provocar que en el Senado –donde Leahy tiene una gran influencia– se suspenda total o parcialmente el financiamiento de la Iniciativa Mérida.

 Según el asesor entrevistado, en el Capitolio se considera que, si la investigación de las autoridades civiles corrobora que en Tlatlaya se cometieron ejecuciones extrajudiciales, se debe imponer castigos ejemplares a los soldados responsables, ya que varios congresistas creen que la respuesta inicial de las autoridades militares y estatales demuestra que el gobierno mexicano trata de encubrir las violaciones a derechos humanos cuando está implicado el Ejército.

 También se insiste en que, aun cuando una investigación a fondo tome tiempo, es mejor esperar que tratar de minimizar el crimen.

 El asesor del senador Leahy comenta que expertos en materia de derechos humanos de varios comités de la Cámaras de Representantes y del Senado han concluido que calificar de mentira las insistentes versiones sobre una ejecución masiva fue un gravísimo error de las autoridades mexicanas.

 Y aclara: “Pese a que la respuesta inicial del gobierno de Peña Nieto en este caso parecía un intento de encubrir los hechos, los arrestos que han hecho son un paso positivo en una investigación en curso”.

 En la oficina del senador demócrata por Vermont no hay prisa por conocer los resultados finales de la investigación sobre la masacre de Tlatlaya. Los fondos para la Iniciativa Mérida en el año fiscal 2015 todavía ni siquiera son considerados en los comités del Senado, pero podrían reducirse o provocar que la cuota de 15% condicionada a los derechos humanos, hoy anulada, se reactivara e incluso aumentara.

 “Puede también haber consecuencias en otro sentido. No todo en la relación con México está sujeto a la responsabilidad mutua de combatir al narcotráfico y al crimen organizado. El gobierno mexicano, especialmente éste, tiene otros intereses con Estados Unidos y sería muy malo para ellos que todo se estropeara por encubrir un caso de violación de derechos humanos cometida por elementos de las Fuerzas Armadas”, añade un asesor de otro senador estadunidense, quien al igual que el colaborador de Leahy condicionó su declaración a que se mantuviera su nombre en el anonimato.