El
“corazón” de la delincuencia son los políticos/JESUSA
CERVANTES, reportera.
Revista Proceso No. 1979, 4 de octubre de 2014
Cada
semana surgen nuevos escándalos de diputados vinculados con el crimen
organizado. Edgardo Buscaglia, uno de los mayores estudiosos del narcotráfico
en México, lo tiene claro: “El corazón de la delincuencia” no son los narcos,
sino los políticos. Por esta razón el fenómeno empeorará y los legisladores
sólo actuarán cuando los asfixie el miedo de ser los siguientes asesinados. El
último caso involucra al PVEM, partido aliado con el PRI: el diputado Ricardo
Astudillo Suárez le abrió las puertas de San Lázaro a Germán Goyeneche Ortega,
presunto operador de Héctor Beltrán Leyva.
Al
Poder Legislativo ya lo infiltró el crimen organizado, como lo estuvo Italia y
Colombia en las décadas de los ochenta y noventa. En esos países, 68% de los
congresistas fueron procesados por vínculos con grupos criminales, y todo
indica que en México ocurrirá algo parecido, aunque aquí se actuará hasta que
“todos los legisladores sientan el temor de que pueden ser los próximos
asesinados… hasta que sientan el terror que sentían sus homólogos italianos y
colombianos”.
Así
resume Edgardo Buscaglia la vida política mexicana después del asesinato del
diputado federal priista Gabriel Gómez Michel y de las apariciones de los
legisladores Ricardo Astudillo (PVEM) y Ricardo Villarreal (PAN) junto a
presuntos operadores financieros del narcotráfico.
Investigador
en campo y aula del crimen organizado y la política, Buscaglia insiste: “Sí, el
Poder Legislativo está tan infiltrado como en esos países”. Y va más allá.
Revela que desde hace años “hemos observado indicios de infiltración al más
alto nivel en el Estado mexicano”.
Cuando
José Luis Santiago Vasconcelos estaba en la Procuraduría General de la
República (PGR, de 1993 a 2006), “en 90% de las causas penales contra grupos
criminales había indicios de corrupción política. Testimonios de testigos
protegidos y corroboradas por otros. Pero no se abrían investigaciones por
presiones políticas a pesar de que Santiago Vasconcelos lo deseaba. (No se
abrían) por obvias razones, para no generarle un dominó de inestabilidad
política a la élite en turno, al gobierno de turno”.
Adelanta:
vendrán más casos de legisladores manchados por el narco. Y como sucedió en
Colombia, Italia e Indonesia, cuando un grupo ataque a otro irá desenterrando
evidencia. “Saltarán videos y ahí vas a empezar a ver diputados de todos los
partidos porque, como en Colombia, ningún partido tiene el monopolio de la
corrupción”.
–Ya
asesinaron a un diputado federal, ya hay videos, fotografías… ¿Cuándo
reaccionará el Poder Legislativo? –se le pregunta.
–Cuando
todos tengan el temor de que pueden ser los próximos en ser asesinados por
grupos criminales adversarios a los que les pagan. Ahí vas a tener un
movimiento parecido al que sucedió en los países mencionados.
“Vas
a empezar a ver a estos diputados poniéndose las pilas y fomentando mecanismos
de control contra estas mafias. O sea, los diputados trabajando para la gente
de Sinaloa se van a juntar con los que le trabajan a la gente de Michoacán y
determinarán un mecanismo de contención y control de estos grupos, para que no
se estén asesinando los unos y los otros.”
Uno
esperaría que no se llegue a esto, detalla, pero “estos políticos corrompidos
no son ni buenos ni malos, son incorregibles. Entonces van a tener que esperar
a sentir ese terror que sentían sus homónimos italianos antes de poner estos
controles y no la simulación, la cortina de humo que ves en México”.
Buscaglia
sugiere que la PGR instale una unidad especial para desmantelar las redes
políticas de corrupción y delincuencia organizada. Esto implicaría que cada
político sospechoso fuera investigado patrimonialmente en todo su entorno:
familiar, comercial, de amigos, de fideicomisos, de paquetes accionarios. Todo.
“Se
debe mapear la telaraña de relaciones patrimoniales, políticas y empresariales,
porque en realidad el corazón de la delincuencia son los políticos y los
empresarios legalmente constituidos, como personas jurídicas.”
Empero,
entrevistado vía telefónica, Buscaglia considera que no habrá una
“desestabilización política. Esas son excusas que dan los corruptos y los que
los protegen. Cuando la corrupción es tan alta como en México, como lo era en
Colombia, se necesita llegar a una crisis en donde se cuestione a las élites
del poder y poder vaciar las cloacas”. Así, califica de “cínicos” a los dirigentes
partidistas que arguyen que no son ministerios públicos para saber si sus
candidatos están vendidos o no.
“Todos
los partidos se autorregulan y denuncian irregularidades. Pero en México siguen
defendiendo el alto nivel de corrupción al no abrirse a las auditorías para
determinar sus fuentes de financiamiento y a dónde va a parar ese dinero. En
los partidos mexicanos no se determina (fiscaliza) el dinero en efectivo. Se
debe hacer sobre todo cuando hay una compra masiva de votos, como sucede hoy en
México.”
Habría
que seguir la hebra de las averiguaciones del crimen organizado, que “muchas
veces te llevan al financiamiento de campañas políticas ilegales a nivel local,
estatal o federal, con lo cual se cuestionarían los resultados electorales”.
De
hecho, la PGR ya debería estar investigando a los actuales legisladores y a los
que contendrán en 2015. Lanza la hipótesis a partir de la cual la Procuraduría
debería iniciar su indagatoria: “Que la oficina del Presidente de la República
ha sido infiltrada y que las máximas autoridades del Poder Legislativo han sido
infiltradas a través de su staff o de sus financiamientos electorales de
campaña. En un país con los niveles de delincuencia organizada como México,
esas hipótesis de investigación son conservadoras. No son una exageración”.
Desde
Sudamérica, donde se encuentra, finaliza diciendo que los últimos
acontecimientos donde se han visto involucrados miembros del Poder Legislativo
tienen que ser “un despertar para la sociedad”, para que se deje de “discursitos,
y ver toda la gente que está sufriendo, los muertos, desaparecidos, y despertar
al hecho de que su Estado ha sido capturado y reconfigurado por el crimen a su
imagen y semejanza.
“No
se va a resolver desde adentro. Debe haber una presión social”, y luego
“sobrevenir una crisis en donde los políticos comiencen a denunciar, por miedo
o por ética, a sus colegas metidos en las cloacas”, sentencia el también
presidente del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y Democracia.
La
suciedad se pintó de Verde
El
6 de octubre de 2004 el Dalai Lama ingresó al edificio “E” de la Cámara de
Diputados para dictar su conferencia Vida ética y compromiso social de los
legisladores. Más tarde haría lo propio el hombre más rico de México, Carlos
Slim.
Una
década después y sobre ese mismo estrado, Germán Goyeneche Ortega, presunto
operador financiero del capo Héctor Beltrán Leyva, habló a legisladores
federales.
El
encargado de abrir las puertas de San Lázaro a un supuesto representante del
narco fue Ricardo Astudillo Suárez, presidente del PVEM en Querétaro y actual
diputado federal. Astudillo propuso a Goyeneche –afiliado al PVEM desde 2008–
para presidir el Parlamento Ciudadano México (Pacime) y, el 7 de marzo pasado,
para que formara parte del Consejo Consultivo de ese órgano social.
En
la página web del diputado aparece una fotografía donde salen ambos, Astudillo
y Goyeneche, celebrando la inclusión de este último en Pacime. A su vez, la
Cámara de Diputados emitió el boletín número 3149, donde destaca la entrega que
hizo Pacime de la iniciativa de Ley Ciudadana sobre Educación y Valores, “luego
de la toma de protesta de los miembros de su consejo consultivo nacional”.
El
diputado del PVEM expresó en su momento que el objetivo de su amigo en Pacime
sería “fungir como puente de comunicación entre gobernantes y gobernadores y
como fiscalizador del ejercicio público”.
En
el comunicado de la Cámara de Diputados se destacó que el objetivo de la
iniciativa de Pacime era “incluir la asignatura de Valores en el mapa
curricular de la educación obligatoria en México”, pues desde la perspectiva de
sus miembros, incluyendo a Goyeneche, “la decadencia de los valores y la
desintegración familiar se reflejan en la alarmante práctica de la delincuencia
en jóvenes”.
La
misma organización que cobijó a Goyeneche, a propuesta del diputado Astudillo,
difundió en ese momento que México vivía “momentos álgidos y se ha creado un
abismo entre los actores políticos y la ciudadanía, por ello el parlamento es
un instrumento que logrará acortar las distancias abismales entre los que más
necesitan y los que más pueden”.
Justificaciones
Un
día después de la detención de Héctor Beltrán Leyva en compañía de Goyeneche,
el coordinador de los legisladores del PVEM, Arturo Escobar, dijo que “ningún
partido está exento de eso (ser infiltrado por el crimen organizado)”.
Escobar
intentó justificar su desconocimiento sobre las actividades del personaje
aduciendo que el PVEM tiene 750 mil afiliados en todo el país “y, obviamente,
no somos ministerio público y no podemos conocer la vida privada de la gente”.
Sin
embargo, el viernes 4 la agencia Apro dio cuenta de que Goyeneche se acercó al
PVEM en 2006 a petición del dirigente nacional de dicho partido, Jorge Emilio
González Martínez, actual senador.
La
expresidenta del PVEM en Querétaro Ivonne Vandenpeereboom Jiménez relató a Apro
que la inclusión de Goyeneche “fue una imposición total”. Y relató: “De repente
llegó a una asamblea gente que no conocíamos, incluido Germán Goyeneche. En esa
asamblea eligieron a Ricardo Astudillo Suárez como presidente”. Y como prueba
de ello presentó copias del acuerdo CPN-3/2006, firmado por Jorge Emilio
González Martínez.
Proceso
publicó en el número 1978 que otro diputado federal del PVEM, Ernesto Núñez
Aguilar, legislador por el distrito 10 de Michoacán con cabecera en Morelia,
cuenta con un familiar político, el notario público 97 de Morelia, que es
señalado como presunto operador de Servando Gómez Martínez, alias La Tuta,
líder de los Caballeros Templarios. El vínculo se desprende de lo declarado por
un hombre que dicho cártel secuestró y llevó a la citada notaría para que
cediera su casa a cambio de su libertad.
Al
referirse al caso de Goyeneche, Arturo Escobar aceptó: “Al final del día yo
diría que todos los partidos políticos, toda la vida pública de nuestro país
está inmersa y sujeta a este tipo de riesgos. Lo único que nos queda es seguir
encontrando instrumentos que nos permitan tener más seguridad sobre los
afiliados, pero es sumamente complejo porque son afiliaciones de carácter
masivo”.
El
PRI y el PVEM se aliaron en las elecciones federales de 2012. Por ello, desde
enero de 2013, los 214 diputados priistas y los 27 verdes realizan, como si
fueran un solo partido, su reunión plenaria previa al inicio de sesiones en la
actual Legislatura federal. Ahí, PRI y PVEM acuerdan qué iniciativas impulsarán
y cómo debe de actuar políticamente cada uno de los 241 diputados priverdistas.
“Todos
los partidos políticos están obligados a hacer un análisis e investigación de
los cuadros que presentan a la población. (…) Creo que esto está muy claro:
quien obra mal algún día se sabe. De tal suerte que esto que ha salido a la
opinión pública servirá para que no vuelva a suceder”, sostuvo Manlio Fabio
Beltrones Rivera, coordinador de los diputados del PRI.
Otro
partido al que se le infiltró Germán Goyeneche Ortega, por lo menos en un acto
político, fue al PAN. El pasado lunes, en un encuentro organizado por el
Consejo Empresarial de San Miguel de Allende, el diputado federal panista
Ricardo Villalobos García tuvo entre sus aplaudidores al presunto operador del
narcotraficante Héctor Beltrán Leyva.
El
coordinador de los diputados panistas, José Isabel Trejo, dijo el jueves 3: “La
criminalidad tiene un altísimo poder corruptor y penetrador de las
instituciones públicas, pero también de las vidas privadas, de las empresas, de
la sociedad. Son altamente corruptoras y poderosas”.
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