Florence Cassez. La revancha/ANNE
MARIE MERGIER
Revista Proceso no. 1979, 4 de octubre de 2014
Florence
Cassez pasó siete años encarcelada en México acusada de ser parte de una banda
de secuestradores, cargo que ella siempre ha negado. Su “captura” televisada
–se supo después– fue un montaje perpetrado por el policía favorito del régimen
calderonista: Genaro García Luna. La ciudadana francesa salió libre a
principios del año pasado gracias a una resolución de la Suprema Corte de
Justicia; volvió a su patria, se tomó un tiempo y ahora inició acciones legales
–en su país– contra quien resulte responsable de haberla señalado y
encarcelado.
PARÍS.-
“Mi historia no terminó con mi liberación”, advirtió Florence Cassez en
entrevista con la corresponsal a mediados del pasado enero (Proceso 1942). Se
rehusó a precisar algo más, pero no era muy difícil imaginar su intención de
seguir luchando contra quienes le “robaron siete años de vida”, según sus
propias palabras.
El
pasado 29 de septiembre su abogada, Sophie Thonon, presentó en París una
demanda contra quien resulte responsable por “arresto y detención ilegales”, y
pidió a las autoridades judiciales francesas que “identificaran y condenaran” a
dichos responsables.
Thonon,
quien lleva seis meses trabajando en el expediente de Cassez, espera con
confianza la próxima etapa del procedimiento judicial.
“Le
corresponde ahora al procurador de justicia (de Francia) decidir sobre la
oportunidad de instruir el caso de mi clienta, quien, es importante recordarlo,
fue liberada por decisión de la Suprema Corte de Justicia de México”, insiste
la abogada, quien hace hincapié en el montaje de la detención de Cassez el 9 de
diciembre de 2005 ante las cámaras de Televisa y TV Azteca.
Enfatiza:
“En realidad mi clienta fue detenida el 8 de diciembre y mantenida incomunicada
durante 24 horas. Ese fue el punto de partida de todo”.
Thonon
subraya que ese montaje fue llevado a cabo “por altos responsables policiacos
en un contexto de guerra contra el crimen”, pero no menciona nombres por
considerar que será precisamente la tarea de un juez instructor determinar a
quiénes incriminar por los siete años de encarcelamiento de su clienta.
Es
difícil prever cuándo dará a conocer su decisión el procurador. El tiempo de la
justicia es muchísimo más lento que el tiempo periodístico, advierte Thonon a
la corresponsal.
Renombrada
litigante, Thonon es una defensora incansable de los derechos humanos y desde
hace décadas mantiene estrechos lazos con América Latina, pues representó a las
familias de los desaparecidos por las dictaduras argentina y chilena.
Abogada
de los deudos de Alice Domon y Léonie Duquet, dos religiosas francesas
secuestradas, torturadas y asesinadas en Argentina en 1977, Thonon luchó
durante años para que se juzgara en Francia al excapitán Alfredo Astiz, El
Ángel de la Muerte, directamente implicado en el suplicio de las monjas.
Su
determinación venció todos los obstáculos políticos. El juicio se celebró en
1990 en París. Astiz fue condenado a cadena perpetua pero en ausencia, pues no
existían acuerdos de extradición entre Francia y Argentina.
El
veredicto causó impacto en particular en Argentina, donde Astiz vivía cómoda y
tranquilamente. No fue sino hasta 2009 cuando El Ángel de la Muerte tuvo que
responder ante la justicia de su propio país por los crímenes perpetrados
contra las religiosas.
Fue
con la misma voluntad inquebrantable que Thonon y William Bourdon, otro afamado
abogado galo, defendieron a cuatro desparecidos franco-chilenos víctimas del
régimen de Augusto Pinochet. Dos de ellos desparecieron durante la aplicación
del Plan Cóndor que los dictadores del cono sur elaboraron para acabar con toda
forma de oposición.
En
diciembre de 2001 Thonon y Bourdon estuvieron a punto de provocar un incidente
diplomático de gravedad entre Francia y Estados Unidos al pedir que Henry
Kissinger, de paso por París invitado por la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, compareciera como testigo
ante la justicia gala.
Dos
agentes judiciales se presentaron en el lujoso hotel Ritz donde el
estadunidense exsecretario de Estado se hallaba hospedado para entregarle la
convocatoria del juez que instruía el caso de los cuatro franco-chilenos.
Kissinger
logró salir discretamente del hotel. “Se refugió” en la embajada de Estados
Unidos y abandonó Francia aún más discretamente.
En
2010, después de 12 años de complejos procedimientos y una larga instrucción,
Thonon y Bourdon , junto con sus dos colegas Claude Katz y Benjamin Sefati,
lograron enjuiciar en la Corte de lo Penal de París a 13 altos responsables del
régimen pinochetista y a un argentino (Proceso 1633 y 1783).
El
juicio duró más de una semana, del 8 al 17 de diciembre de 2010. Se llevó a
cabo en ausencia de los acusados, quienes se negaron a reconocer la autoridad
de la Corte, pero en presencia de los familiares de los desaparecidos que
llevaban 37 años esperando justicia.
Los
juicios contra Astiz y contra los integrantes de la junta militar chilena
pudieron realizarse en París porque la ley penal francesa establece “la
competencia jurisdiccional extraterritorial” en los crímenes cometidos por
extranjeros contra ciudadanos franceses fuera del territorio nacional.
Es
esa misma competencia jurisdiccional la que permite ahora a Cassez y a su
abogada exigir justicia en Francia.
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