- Medios locales han manejado la versión de que los ejecutados en Tlatlaya posiblemente eran integrantes de un nuevo grupo guerrillero y que presuntamente estaban ligados a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Liberación Popular o a grupos de autodefensas. Ninguna de las dos versiones ha sido confirmada.
La
extraña reunión después de la matanza/Jenaro Villamil
Revista Proceso NO. 1979, 4 de octubre de 2014
Tras
la matanza de Tlatlaya perpetrada por militares la madrugada del 30 de junio,
los primeros en llegar a la bodega donde ocurrieron los hechos fueron elementos
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Las tres primeras
testigos quedaron en calidad de detenidas y luego se les envió a un penal de
alta seguridad.
“Estamos
tratando de ubicar al agente del Ministerio Público que les levantó su
declaración a esas personas. Fue la procuraduría estatal, y no la Secretaría de
la Defensa, quien hizo el primer resguardo del lugar. ¿Quién les avisó? ¿Qué
información tomaron? ¿Tienen ellos las fotos? ¿Fueron interrogados antes?”,
plantea el senador perredista Alejandro Encinas en torno a la masacre, en la
que, según él, “evidentemente hubo más de ocho militares” implicados.
Horas
después de la matanza extrajudicial, la peor de la que se tenga registro en el
país, hubo una extraña reunión en la Casa Estado de México de Toluca. Ahí
estuvieron durante más de ocho horas los 21 gobernadores priistas, encabezados
por el mexiquense Eruviel Ávila; los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong, y de Hacienda, Luis Videgaray; el jefe de la Oficina de la
Presidencia, Aurelio Nuño, y el dirigente nacional del PRI, César Camacho. Al
final llegó “sorpresivamente” el presidente Peña Nieto.
De
acuerdo con las versiones oficiales, el encuentro tuvo como propósito hacer una
“pausa en el camino”, a dos años de que el PRI recuperara la Presidencia de la
República; los asistentes hablaron de la infraestructura regional y la
ejecución de las reformas estructurales de las entidades gobernadas por el PRI.
No
obstante, según las versiones extraoficiales, también se habló del principal
desafío que enfrentará el PRI en los comicios de 2015, así como de la creciente
inseguridad en las distintas entidades gobernadas por ese partido, sobre todo
en el Estado de México.
Tres
meses después de ese cónclave, que terminó a las 23:30 horas, la Encuesta
Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (Envipe),
realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), ubicó a
dicha entidad como la de mayor número de delitos durante 2013.
El
1 de julio, horas después de la matanza, el gobernador Eruviel Ávila agradeció
al Ejército porque, dijo, “tuvo una valiente presencia y acción al poder
rescatar a tres personas que estaban secuestradas; lamentablemente un militar
resultó herido, pero el Ejército, en su legítima defensa, actuó y abatió a los
delincuentes”.
La
mano de Osorio Chong
Desde
antes de la matanza de al menos 22 civiles en el municipio de Tlatlaya, la
administración de Eruviel Ávila “ya estaba intervenida por los nombramientos
del gobierno federal en la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de
Seguridad Pública, la procuraduría estatal y por la presencia de elementos del
Ejército y la Marina en el sur de la entidad, así como de la Gendarmería
Nacional en municipios como Valle de Bravo”, sostiene Alejandro Encinas.
“Por
esta razón –añade–, no me cabe la menor duda que esa matanza es un fracaso de
la intervención del gobierno federal en el Estado de México.”
Durante
la entrevista, el legislador por esa entidad insiste en que desde el 9 de
septiembre, cuando Osorio Chong compareció en el Senado, él le pidió aclarar el
caso de Tlatlaya ante la sospecha de que se trató de una ejecución
extrajudicial y no de un “enfrentamiento entre criminales”, como sostuvieron
las autoridades al principio. No hubo respuesta.
El
gobierno de Ávila Villegas “ha sido paulatinamente desmantelado desde Los
Pinos. Las líneas de mando no están en la oficina del gobernador, sino en el
gobierno federal”, abunda Encinas.
Desde
mayo de 2014, la administración eruvielista tuvo que realizar tres cambios en
su gabinete: por tercera vez en tres años cambió de secretario general de
Gobierno para nombrar a José Manzur Ocaña, un político y empresario con fuertes
vínculos con Enrique Peña Nieto desde que gobernó la entidad; puso como
procurador estatal a Alejandro Jaime Gómez Sánchez, cercano al poderoso
subsecretario de Gobernación Luis Enrique Miranda Nava, actualmente confrontado
con su exaliado Luis Videgaray, el actual secretario de Hacienda, por el
control de los hilos en el Estado de México.
Osorio
Chong todavía no le ha respondido al senador del PRD; tampoco ha mencionado
nada respecto de los acontecimientos en Tlatlaya, a pesar de que ya ofreció sus
oficios para solucionar el conflicto del Instituto Politécnico Nacional y el
secuestro de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero.
El
pasado 28 de agosto, el periódico mexiquense Alfa Diario, crítico del
peñanietismo, publicó un comentario editorial en el que considera que Peña
Nieto pretende construir un “Maximato” en la entidad que gobernó de 2005 a
2011, no obstante que Ávila Villegas asumió el Ejecutivo estatal.
A
Eruviel “le dejaron presupuesto y control administrativo, pero le acotaron el
poder y le retiraron los candiles de los medios. Si Eruviel sigue en pie es
gracias a su enorme capacidad de resistir, de sustraerse y, ciertamente, al
apoyo del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que ve en el Estado de México
su principal base de apoyo para competirle al secretario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong, y demás adversarios, la candidatura a la Presidencia para
2018. Si Eruviel cae, cae Videgaray”, según Alfa Diario.
¿Autodefensas?,
¿guerrilla?
Luis
Enrique Granillo, vocero del Frente Popular Campesino Francisco Villa, declaró
el 4 de febrero último que el nuevo grupo de autodefensa en la entidad pretende
atender la seguridad en Amatepec, Luvianos, Tejupilco, Tlatlaya y otras
demarcaciones de la región del sur del Estado de México, donde tienen presencia
células de La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios y el Cártel de
Jalisco Nueva Generación.
“Se
pretende cercar la zona desde Amatepec hasta los límites de Michoacán y
estaremos revisando los automóviles, respetando los derechos humanos, pero no
dejaremos pasar a ningún grupo criminal a esta región”, afirmó Granillo a Alfa
Diario.
Un
año antes, en febrero de 2013, Granillo y cuatro integrantes del Frente Popular
Campesino Francisco Villa fueron levantados. En ese entonces, el vocero dijo que
la intención del grupo de autodefensa del sur mexiquense era la creación del
estado 33, que estaría integrado por 37 municipios de Tierra Caliente de
Guerrero, Michoacán y el Estado de México.
Medios
locales han manejado la versión de que los ejecutados en Tlatlaya posiblemente
eran integrantes de un nuevo grupo guerrillero y que presuntamente estaban
ligados a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Liberación Popular o a grupos
de autodefensas. Ninguna de las dos versiones ha sido confirmada.
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