En
el caso Tlatlaya, el futuro de la relación con Washington/J.
JESÚS ESQUIVEL, corresponsal en Washington DC
Publicado en la revista Proceso No. 1979, 4 de octubre de 2014
WASHINGTON.-
La investigación de las autoridades civiles sobre la masacre de Tlatlaya y el
castigo que reciban los responsables determinará el futuro inmediato de la
asistencia que Estados Unidos aporta al gobierno de Enrique Peña Nieto en la
lucha contra el narcotráfico, advierte el senador Patrick Leahy.
“En
el pasado ha habido muchos casos de violaciones a los derechos humanos
cometidas por policías y militares mexicanos, pero con frecuencia nadie resulta
castigado”, subraya en entrevista con Proceso uno de los principales asesores
de Leahy, senador demócrata por el estado de Vermont.
“Los
efectos en los fondos que proporciona Estados Unidos a México a través de la
Iniciativa Mérida dependerán del resultado de la investigación”, puntualiza el
asesor, autorizado para hablar en nombre del legislador estadunidense.
Leahy,
presidente de Comité Judicial del Senado y del Subcomité de Asignaciones para
Operaciones Extranjeras del Departamento de Estado, está muy atento al caso de
la aparente ejecución extrajudicial de una veintena de civiles cometida el
pasado 30 de junio en el pueblo de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya,
Estado de México.
+El
asesor de Leahy, quien solicitó no se le identificara por su nombre, afirma que
su jefe no sólo está enterado por los reportes periodísticos: “El senador Leahy
le ha pedido más información al Departamento de Estado; incluso pidió que le
aclaren si alguno de los militares involucrados en el caso recibió
entrenamiento o equipo militar de Estados Unidos”.
En
el Capitolio existe preocupación porque la de Tlatlaya sería la primera masacre
masiva de civiles a manos de soldados en el gobierno de Peña Nieto y podría
implicar indirectamente a Estados Unidos por el apoyo de financiamiento y
equipo militar que proporciona a las Fuerzas Armadas mexicanas mediante la
Iniciativa Mérida.
El
pasado 19 de septiembre, Jeff Ratkhe, vocero del Departamento de Estado, exigió
al gobierno de Peña Nieto que realizaran la investigación autoridades civiles y
no castrenses.
“Como
en todos los casos en que las fuerzas de seguridad utilizan fuerza letal,
creemos que es imperativo que exista una revisión creíble de las circunstancias
en respuesta a ésta y que las autoridades civiles apropiadas lleven a cabo esas
investigaciones”, declaró Ratkhe, en la primera reacción pública del gobierno
estadunidense al caso Tlatlaya.
Para
entonces organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch y familiares
de los civiles muertos ya exigían que se hiciera justicia a fondo por las
ejecuciones extrajudiciales. Además, se habían difundido estremecedoras
revelaciones sobre la matanza en un despacho de la agencia noticiosa Associated
Press (AP) y la edición mexicana de la revista estadunidense Esquire publicó el
testimonio de una sobreviviente que incriminó directamente a un grupo de
militares.
Sin
embargo, sólo la exigencia de Ratkhe provocó que el gobierno de Peña Nieto
ordenara a la Procuraduría General de la República (PGR) que investigara los
hechos, pese a que el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas,
y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) habían intentado cerrar el caso
afirmando que los civiles habían muerto en un enfrentamiento armado con los
militares.
Presión
estadunidense
En
los pasillos del Capitolio se califica de “muy mala” la reacción del gobierno
de Peña Nieto en la masacre de Tlatlaya, pues fue “muy obvio que reaccionó sólo
porque el Departamento de Estado exigió la intervención de las autoridades
civiles”.
El
reportero Mark Stevenson, autor del despacho periodístico de AP que destacó la
primeras sospechas de que la escena de Tlatlaya parecía una ejecución
extrajudicial, más que de un enfrentamiento entre criminales y soldados, fue
entrevistado por el Congreso de Estados Unidos para que ofreciera detalles de
lo que vio y lo que investigó el 8 de julio pasado en San Pedro Limón.
En
cambio, la versión avalada por el gobierno de Ávila Villegas, la Sedena y hasta
por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se considera en
Washington una burla a la lógica. Los congresistas estadunidenses enterados han
comentado que es casi imposible que en un enfrentamiento el saldo fuera de 22
civiles muertos y un soldado herido. “No tiene sentido. Allí en Tlatlaya
ocurrió algo muy malo”, dijo un legislador.
Conscientes
de que la impunidad casi total de los soldados y los marinos que violan los
derechos humanos se volvió un patrón desde que el entonces presidente Felipe
Calderón militarizó la lucha contra el narcotráfico, los congresistas de
Estados Unidos consideran que el gobierno mexicano debe abstenerse de hacer
juicios inmediatos.
Asimismo,
consideran recomendable que las autoridades civiles se encarguen de hacer la
investigación, que realicen pruebas balísticas, exámenes forenses con la mejor
tecnología, preservar las escenas del crimen e interrogar sin coerción a los
testigos oculares, sobre todo a los sobrevivientes.
El
asesor del senador Leahy recalca que éste no pretende utilizar la matanza de
Tlatlaya para criticar al gobierno de Peña Nieto, sino que “bajo las leyes internacionales
y las de México se requiere que las autoridades civiles lleven a cabo una
investigación minuciosa, y lo que quiere el senador Leahy es ver que los
responsables (de la masacre) sean llevados ante la justicia”.
El
pasado 24 de junio el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes del
Congreso de Estados Unidos aprobó un paquete de 148 millones de dólares para
respaldar la lucha mexicana contra el narcotráfico en el marco de la Iniciativa
Mérida.
Esa
suma, que aún no es refrendada por la Cámara de Senadores, casi duplica los 80
millones de dólares que solicitó al Capitolio el gobierno del presidente Barack
Obama para financiar a la Iniciativa Mérida a partir del miércoles 1, día en el
que inició el calendario fiscal 2015 del gobierno estadunidense.
Hasta
el último año del gobierno de Calderón, 15% de los fondos de la Iniciativa
Mérida –en equipo militar, tecnológico, de inteligencia o entrenamiento bélico
y policial, entre otros– estaba condicionado a que las fuerzas de seguridad
mexicanas respetaran los derechos humanos.
No
obstante, desde el arranque del sexenio de Peña Nieto, el Congreso de Estados
Unidos anuló esos requisitos. El día que se aprobaron los 148 millones de
dólares en la Cámara de Representantes, los legisladores demócratas pidieron
que se impusiera también al gobierno de Peña Nieto la obligación de garantizar
el total respeto a los derechos humanos en la lucha contra el narcotráfico y el
crimen organizado.
Es
cierto que la acotación de los demócratas en el Comité de Asignaciones de la
Cámara de Representantes no fue motivada por la masacre de Tlatlaya, ésta puede
provocar que en el Senado –donde Leahy tiene una gran influencia– se suspenda
total o parcialmente el financiamiento de la Iniciativa Mérida.
Según
el asesor entrevistado, en el Capitolio se considera que, si la investigación
de las autoridades civiles corrobora que en Tlatlaya se cometieron ejecuciones
extrajudiciales, se debe imponer castigos ejemplares a los soldados
responsables, ya que varios congresistas creen que la respuesta inicial de las
autoridades militares y estatales demuestra que el gobierno mexicano trata de
encubrir las violaciones a derechos humanos cuando está implicado el Ejército.
También
se insiste en que, aun cuando una investigación a fondo tome tiempo, es mejor
esperar que tratar de minimizar el crimen.
El
asesor del senador Leahy comenta que expertos en materia de derechos humanos de
varios comités de la Cámaras de Representantes y del Senado han concluido que
calificar de mentira las insistentes versiones sobre una ejecución masiva fue
un gravísimo error de las autoridades mexicanas.
Y
aclara: “Pese a que la respuesta inicial del gobierno de Peña Nieto en este
caso parecía un intento de encubrir los hechos, los arrestos que han hecho son
un paso positivo en una investigación en curso”.
En
la oficina del senador demócrata por Vermont no hay prisa por conocer los
resultados finales de la investigación sobre la masacre de Tlatlaya. Los fondos
para la Iniciativa Mérida en el año fiscal 2015 todavía ni siquiera son
considerados en los comités del Senado, pero podrían reducirse o provocar que
la cuota de 15% condicionada a los derechos humanos, hoy anulada, se reactivara
e incluso aumentara.
“Puede
también haber consecuencias en otro sentido. No todo en la relación con México
está sujeto a la responsabilidad mutua de combatir al narcotráfico y al crimen
organizado. El gobierno mexicano, especialmente éste, tiene otros intereses con
Estados Unidos y sería muy malo para ellos que todo se estropeara por encubrir
un caso de violación de derechos humanos cometida por elementos de las Fuerzas
Armadas”, añade un asesor de otro senador estadunidense, quien al igual que el
colaborador de Leahy condicionó su declaración a que se mantuviera su nombre en
el anonimato.
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