La legalización del suicidio político/Francisco Veiga, profesor de Historia de la Europa Oriental y Turquía en la UAB
Publicado en EL PERIÓDICO, 26/04/2008;
Desde que el 30 de marzo el Tribunal Constitucional de Turquía decidió lanzar un proceso de ilegalización contra el gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP, por sus siglas en turco) se ha inaugurado en el país anatolio una nueva crisis política de confusos perfiles. ¿Cómo puede ocurrir que el Constitucional de un país supuestamente democrático se lance a ilegalizar el partido del Gobierno, que además goza de amplia mayoría parlamentaria? ¿Sus señorías se han dado cuenta, precisamente ahora, de que la formación política que ha ganado por amplio margen las elecciones es un peligro para la democracia? La acusación achaca “actividades antilaicas” al AKP, en cansina repetición de la ya vieja cantinela sobre la “agenda oculta” del partido en el Gobierno.
Porque en esencia, el ataque, que desearía devenir un golpe de Estado jurídico, es un anacronismo. La maniobra ha venido siendo habitual en la Turquía republicana desde la misma instauración del régimen por Mustafá Kemal en los años 20 del siglo pasado. Después, durante la guerra fría, los poderes fácticos se acostumbraron a este tipo de actos de fuerza, en tiempos de democracia vigilada, cuando Turquía era un peón estratégico de EEUU en la lucha contra el imperio del mal soviético.
PRECISAMENTE por ese largo pasado de actos de fuerza, todavía impresionan mucho a la mayoría de los turcos estas maniobras y golpes de fuerza. Pero esta vez parece que las cosas están cambiando. Una de las razones principales de ello reside en Bruselas. Ha transcurrido tan solo un año desde que en abril del año pasado, el Estado Mayor del Ejército turco colgara en su web un memorando en el que protestaba por la elección de un presidente de la república procedente del islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo. Por entonces, la respuesta de la UE a la amenaza de un posible golpe real fue más bien tibia. Sin embargo, 12 meses más tarde, Bruselas ha tenido claro el mensaje a enviar: adelante con las reformas, acelerarlas en la medida de lo posible y nada de entretenerse en las viejas disputas políticas. Y lo ha hecho el mismo Durao Barroso, el presidente de la Comisión Europea, que viajó a Ankara el 10 de abril. Incluso el mismo gesto de desplazarse hasta allí resultaba de inequívoco apoyo al Ejecutivo de Erdogan y la presidencia de Gül. Por su parte, el Ejecutivo respondió favorablemente llevando al Parlamento el polémico artículo 301 del Código Penal para su retirada: esta ley permitía procesar con facilidad a cualquier ciudadano por acusaciones de insulto contra la identidad nacional turca. Ello ha exacerbado la inquina de los sectores que hasta ahora eran definidos como “laicos” pero que de hecho se vienen identificando cada vez más como ultranacionalistas.
PRECISAMENTE por ese largo pasado de actos de fuerza, todavía impresionan mucho a la mayoría de los turcos estas maniobras y golpes de fuerza. Pero esta vez parece que las cosas están cambiando. Una de las razones principales de ello reside en Bruselas. Ha transcurrido tan solo un año desde que en abril del año pasado, el Estado Mayor del Ejército turco colgara en su web un memorando en el que protestaba por la elección de un presidente de la república procedente del islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo. Por entonces, la respuesta de la UE a la amenaza de un posible golpe real fue más bien tibia. Sin embargo, 12 meses más tarde, Bruselas ha tenido claro el mensaje a enviar: adelante con las reformas, acelerarlas en la medida de lo posible y nada de entretenerse en las viejas disputas políticas. Y lo ha hecho el mismo Durao Barroso, el presidente de la Comisión Europea, que viajó a Ankara el 10 de abril. Incluso el mismo gesto de desplazarse hasta allí resultaba de inequívoco apoyo al Ejecutivo de Erdogan y la presidencia de Gül. Por su parte, el Ejecutivo respondió favorablemente llevando al Parlamento el polémico artículo 301 del Código Penal para su retirada: esta ley permitía procesar con facilidad a cualquier ciudadano por acusaciones de insulto contra la identidad nacional turca. Ello ha exacerbado la inquina de los sectores que hasta ahora eran definidos como “laicos” pero que de hecho se vienen identificando cada vez más como ultranacionalistas.
¿Qué es lo que ha cambiado para que Bruselas haya dado un viraje tan pronunciado en un año? En primer lugar, la constatación de que la popularidad del Partido de la Justicia y el Desarrollo es real: ha ganado dos legislativas consecutivas por mayoría, tras largos años de parlamentos fraccionados. De otra parte, el comportamiento democrático del Gobierno es constatable, mientras que las acusaciones de su “agenda oculta” islamista son solo eso: una clásica teoría conspirativa que pretende utilizar como pruebas, precisamente, la falta de indicios. Las acusaciones de que las enormes subidas del precio del arroz en Turquía (un 130% en los últimos tres meses) son debidas a maniobras especulativas de empresas alimentarias relacionadas con el Gobierno suponen tratar de ignorante a la población, en un momento en el que la prensa mundial está alertando del aumento de los precios de productos agrícolas básicos en todo el mundo, con explosiones sociales en Egipto, Túnez o Haití, situaciones de gran alarma social en Filipinas y subidas pronunciadas incluso en EEUU.
POR LO TANTO, es un momento delicado: se perfilan nubarrones de recesión económica capaces de descargar sobre la sociedad turca, arruinando el prestigio adquirido por Erdogan y su Gobierno; pero eso ocurre después de que el Ejecutivo, apoyado en la mayoría parlamentaria, hubiera estabilizado la política turca durante seis años. En tal contexto, Bruselas no le perdonaría a los sectores laicos, nacionalistas o ultraderechistas que desestabilizaran a Turquía justo cuando las posibilidades de ingreso en la UE empiezan a cobrar impulso. Porque el daño sería devastador. Esos sectores de oposición no presentan un frente unido, no tienen un proyecto político moderno, no podrían llevar a Turquía a la UE y desequilibrarían al país irremisiblemente y durante años.
POR LO TANTO, es un momento delicado: se perfilan nubarrones de recesión económica capaces de descargar sobre la sociedad turca, arruinando el prestigio adquirido por Erdogan y su Gobierno; pero eso ocurre después de que el Ejecutivo, apoyado en la mayoría parlamentaria, hubiera estabilizado la política turca durante seis años. En tal contexto, Bruselas no le perdonaría a los sectores laicos, nacionalistas o ultraderechistas que desestabilizaran a Turquía justo cuando las posibilidades de ingreso en la UE empiezan a cobrar impulso. Porque el daño sería devastador. Esos sectores de oposición no presentan un frente unido, no tienen un proyecto político moderno, no podrían llevar a Turquía a la UE y desequilibrarían al país irremisiblemente y durante años.
Además, la respuesta de Barroso deja claro algo que, a estas alturas, ya no es ninguna novedad. Y ello a pesar de que determinados comentaristas, más por prejuicios ideológicos –muchas veces de la nueva extrema derecha tendencia Eurabia, más o menos camuflados en envolturas seudoprogresistas– que en base a un análisis riguroso y desapasionado, se empeñen en posturas turcófobas. Esto es: según cómo y en base a qué tuviera lugar, un fracaso en el proceso de negociación de la candidatura turca sería una catástrofe para la UE. Y ello no tanto por la pérdida de los beneficios económicos o estratégicos que se derivarían de esa integración como por tener que asumir importantes errores de cálculo, incapacidad de gestionar el proceso y establecimiento de precedentes que hasta podrían afectar a países ya integrados en el futuro.
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