México en guerra?

México en guerra/Joaquín Villalobos, ex guerrillero salvadoreño y consultor para la resolución de conflictos internacionales

Publicado en EL PAÍS, 03/06/2008;

En un capítulo de la serie Sexo en Nueva York, Sarah Jessica Parker, Carrie, y sus tres amigas son sorprendidas fumando marihuana por un policía en una calle de Nueva York. El policía, cautivado por las graciosas amigas, termina perdonándolas. Es difícil de percibir algo negativo en la divertida escena, porque la marihuana es considerada inofensiva y es la más popular de las drogas. Con seguridad las simpáticas chicas de la serie no tienen ni idea de toda la actividad criminal que hay detrás de esa diversión. Precisamente por ser tan popular, la marihuana es la mayor fuente de ingresos del crimen organizado mexicano.
En los últimos 18 meses de guerra entre el Estado mexicano y los narcotraficantes, más de 30.000 hombres de las fuerzas federales se han desplegado en siete Estados del país que se encontraban en situación crítica. Las operaciones son por tierra, mar y aire y se producen más de dos enfrentamientos diarios. Quinientos policías y militares, incluyendo mandos, han perdido la vida en enfrentamientos o ejecuciones, y la guerra entre los mismos carteles ha provocado 4.000 muertes. Las fuerzas federales han realizado 22.000 arrestos y extraditado 41 narcotraficantes a EE UU. Se han incautado de 14.000 armas, 260 millones de dólares, 6.900 vehículos, 121 embarcaciones marinas, 261 aviones, 2.700 toneladas de marihuana, 52.000 kilos de cocaína y 13.000 de pseudoefedrina. Estos resultados han provocado aumentos sostenidos en los precios de la cocaína de un 44%, y de las metanfetaminas, 73%, en las principales ciudades de EE UU. El Gobierno estadounidense ha tenido que reconocer sus responsabilidades por el consumo y por el tráfico de armas a los carteles.
Sin embargo, a pesar del éxito, México está conmovido por una violencia sin precedentes desde la Revolución de 1910.
¿Por qué se desató esta guerra?, ¿cuál es el significado de la violencia? y ¿qué posibilidades tiene el Estado de ganar?, son las preguntas que preocupan a los mexicanos. Durante 40 años hubo tolerancia universal al consumo y oferta de drogas, y hasta la CIA vendió cocaína. Creció así la producción y surgieron organizaciones criminales que no fueron consideradas inicialmente una amenaza estratégica. La urbanización y los cambios culturales socializaron más el consumo de drogas, expandiéndose la demanda y con ello el poder financiero de los delincuentes. En México, los carteles, que durante años habían operado sin ser muy visibles, se volvieron cínicamente impunes. Se transformaron en poderes fácticos, arrebataron la autoridad al Estado a nivel local, cooptaron a miles de policías y ciudadanos, y desataron violentas guerras por mercados y rutas. Los grandes capos mexicanos estaban a meses de poder hablar por teléfono directamente con la presidencia, tal como ocurrió en Colombia. No había más alternativa que la guerra para recuperar autoridad, instituciones, territorios y población. El pasado de indiferencia “pacífica” ya no era posible, el narcotráfico se había convertido en una amenaza que intimidaba y humillaba a los mexicanos.
La violencia que vive ahora México es el final del régimen de convivencia con el crimen organizado, un final que obviamente será sangriento y doloroso.
Para librar esta guerra, el Gobierno de México innovó en la estrategia, desató un asedio permanente para recuperar territorios, impulsó depuraciones masivas en las policías y desplegó investigaciones orientadas a los nodos de valor y centros de gravedad del sistema delictivo. Superó el modelo estadounidense de “perseguir al malo”, por uno mexicano que ataca la rentabilidad del negocio. Los golpes están siendo constantes y contundentes, provocando una violenta reacción de los criminales, que podría incluso llegar al terrorismo. Pero la violencia, además de ser una señal de desesperación de los delincuentes, consolida, sin vuelta atrás, la ruptura entre crimen organizado y Estado.
En México el poder coercitivo del Gobierno federal era débil, porque en el pasado el PRI constituía el factor de cohesión entre el poder local y nacional. Con la democracia esa debilidad dio ventaja a los delincuentes, pero la guerra está obligando a corregir este problema. La derrota de los carteles es previsible; México es un Estado grande y fuerte, imposible de ser cooptado o intimidado. En unos tres años el poder coercitivo del Gobierno federal se habrá incrementado considerablemente y el despliegue territorial de éste se habrá consolidado; los delincuentes habrán perdido poder financiero; los carteles se atomizarán, y la violencia se reducirá sustancialmente. Tendrá México que lidiar con la cultura de ilegalidad de sus ciudadanos y con sus propios consumidores de droga. Pero alguien tendrá que abastecer la diversión de las neoyorquinas. Quizás entonces los narcotraficantes se apoderen de Estados pequeños como Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, o tal vez, aprovechando las debilidades de la transición, tomen control de Cuba.

Reacciones sobre la muerte de Tirofijo

Posicionamientos sobre la muerte de Tirofijo de grupos armados.

Grupos de Combatientes Populares (GCP)

Del Ecuador

Los. G.C.P. mediante este comunicado nos hacemos eco de las miles de voces que se levantan en América Latina por la muerte de Manuel Marulanda, líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, voces que no callan ante la muerte, sino que al contrario, gritan por la libertad, porque en honor a los caídos no hay silencio sino combate.

En el camino quedan muchos hombres y mujeres de la revolución, pero a la par, muchos otros siguen tomando la posta que estos han dejado, con el ejemplo, con el temple y la conciencia de que no hay otro camino sino la lucha por la liberación.

La oligarquía colombiana festeja ante la muerte, asesinó a Raúl Reyes, mediante una incursión de las fuerzas militares de Colombia en territorio ecuatoriano, contando con la participación de aviones estadounidenses como no podía ser de otra manera, exhibió su cuerpo como trofeo de guerra. Ahora la muerte de Manuel Marulanda será otro pretexto para seguir con la campaña mediática y sicológica que se han empeñado en orquestar contra la insurgencia del pueblo colombiano. La retórica que “las FARC están acabadas” es el pan de cada día del gobierno narcoparamilitar de Álvaro Uribe Vélez, cortina de humo para tapar sus fechorias y las de sus secuaces, pero los pueblos sabemos, al contrario de estos pronósticos mal anochados, que la lucha por la toma del poder, por la revolución social, por un nuevo amanecer, continúan, si, continúan porque la pobreza, la miseria, el desempleo siguen existiendo, porque la represión, las torturas, asesinatos y desapariciones continúan, por eso y por mucho mas los revolucionarios, los hombres y mujeres siguen empujando el combate diario.

Pedro Antonio Marín, el verdadero nombre de Manuel Marulanda, nació el 12 de mayo de 1928 en Génova, un pueblo cafetero del centro-oeste de Colombia, en una familia de pequeños agricultores, y fue el mayor de cinco hermanos.Luego del asesinato en 1948 de Jorge Eliécer Gaitán, líder del ala de izquierda del partido Liberal, Marulanda y 14 primos inician la defensa para enfrentar a grupos de ex policías armados por el gobierno conservador.

Posteriormente en 1964 participó en la creación del "Bloque Sur", el embrión de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con un programa de reivindicaciones encabezado por la reforma agraria, deuda histórica de los gobiernos colombianos con el campesinado.

Hombre de gran habilidad y estratega militar, se convirtió en Jefe de las FARC y en ese mismo año, el gobierno de ese entonces, emprendió la operación Marquetalia para acabar con la guerrilla, acción de la cual salió triunfante junto a sus hombres, ese fue el bautizo insurgente.

Muchas muertes le pintaron, pero salió vivo, toda una vida entregada a una causa revolucionaria, ahora es legado para miles de colombianos y colombianas que continúan en la lucha por una nueva Colombia, por una patria con justicia social, por la instauración del socialismo.Ahora el gran reto, le toca a esta organización revolucionaria, nos solidarizamos con la lucha del pueblo colombiano, estomas seguros que la madurez política de su Estado Mayor, conducirá a nuevas victorias.
Del Movimiento de Izquierda Revolucionaria - Ejército Popular Revolucionario (MIR-EPR)

País: Chile

COMANDANTE MANUEL MARULANDA, SEGUIREMOS TU HUELLA

El que ame la libertad que se meta al cuento hermano,la insurrección llegará con su espada en nuestras manos,cada hombre de dignidad debe ser bolivariano.El que ame la libertad que se meta al cuento hermano,que venga que aquí en las FARC luchará contra el tirano,quien combate por la paz también es bolivariano.Hay momentos en la vida, que los revolucionarios nos detenemos unos instantes para reconocer a aquellos que abandonan el paso para dejarnos la huella.Hoy los revolucionarios del mundo, lamentamos la partida de uno de sus más dignos y consecuentes exponentes, quien deja la huella de ser un fiel reflejo de la calidad moral de un revolucionario ejemplar, cuya decisión y entrega desinteresada deja en evidencia uno de los valores más puros de un ser humano, que toma la libre decisión de llegar a dar la vida por sus hermanos y por derrotar la injusticia, para construir una sociedad más justa.

El corazón del Comandante Manuel Marulanda Vélez dejo de latir, en brazos de su compañera, después de dignos 78 años, siguiendo el mismo sendero trazado por Bolívar, Sucre, San Martín y O´Higgins, enarbolando la bandera de la consecuencia y enfrentando cara a cara a nuestro enemigo de clase, sin jamás transar con las esperanzas de los más pobres, de los explotados y oprimidos, que sólo tienen unas históricas cadenas que romper. Sin duda, es la autoridad del Comandante Manuel Marulanda, la que nos autoriza para darnos el tiempo de reconocer a uno de los grandes, pues nuestra historia de clase luchadora los tiene y sabe recordarlos, pero a diferencia de nuestro enemigo, no lo hacemos en manuales sino, lo dejamos escrito en nuestra práctica revolucionaria, como la verdadera historia.

El Comandante Manuel Marulanda Velez supo hacer lo que las condiciones requerí­an, y en eso se distinguen los grandes lí­deres, de los hombres utópicos que sueñan sin avanzar y quienes se comprometen sin sacrificar. La estrategia siempre es realista, por eso el socialismo como tránsito al comunismo era su norte y cada uno de sus pasos tácticos durante su accionar, siempre dieron señal de certeza y coherencia. El Fascismo-narco-paramilitar que administra la institucionalidad colombiana, así como todas los gobiernos lacayos y serviles del imperialismo internacional, tendrán que entender por la fuerza de los hechos, que a un hombre se le puede matar o desaparecer su cuerpo, pero jamás se podrá hacer desaparecer la sublime idea que propagó, aunque se confabularan contra ella todos los verdugos del fascismo capitalista internacional. Las razones que llevaron al comandante Manuel Marulanda, siendo un campesino del viejo Caldas en el año 1949, a empuñar un fusil y enfrentar a la oligarquía de su país y por consiguiente al imperialismo internacional, son causas que no han desaparecido, al contrario se profundizan día a día, y esa es la razón de porque los revolucionarios colombianos siguen empuñando un fusil, no existe otra posibilidad de transformación de la sociedad, aunque el enemigo, los reformistas y revisionistas planteen que "siguen con ideas trasnochadas"; la realidad objetiva nos señala con notoria claridad y hasta con crueldad extrema, de como nuestro enemigo de clase implementa su dictadura. El comandante Manuel, así lo entendió, murió combatiendo aquello y nunca traiciono el sueño de Sucre, de "queremos Colombia o nada", el mismo sueño que seguirán quienes ya tomaron su fusil y lo empuñan para expulsar al Fascismo de su patria.

Nuestra Indo-América, la pachamama herida por la fiera del capital y por las hordas fascistas, pierde el latido del corazón de un hijo, pero ganó un Ejército para el pueblo, no sólo colombiano, sino bolivariano, que palpita al ritmo de las conquistas. Los procesos históricos conducidos en la dirección correcta, son los avances que nos permiten encontrarnos en todos los caminos donde quiera que estemos; gran desafí­o que nos deja ante la imperativa obligación de llegar al flanco acertado para que ninguno de los nuestros pierda un centí­metro de logros y quede indefenso. Como revolucionarios hijos de estas tierras del sur del mundo, tierras que dio a luz la valentía de Leftraro y Caupolican, la visión estratégica de O`Higgins y la claridad y brillantez de Miguel Enríquez, sentimos que el ejemplo de vida del Comandante Marulanda, nos tiene que servir como guía, como faro que ilumine nuestro accionar hacia la construcción del socialismo, como fase primera al comunismo, en toda la patria grande, que es la tarea que nos dejó encaminada junto a otros grandes revolucionarios, que ha entregado y seguirá entregando la clase obrera, porque por dialéctica al morir nace la vida, vendremos otros y otras, que continuarán la obra liberadora iniciada por nuestros pueblos originarios; como dijera nuestro Leftraro, perseguiremos hasta Castilla donde nacen esos cristianos, hoy con el ejemplo del Che, de Fidel y Manuel, diremos que los perseguiremos hasta el río Bravo donde nacen los que buscan la destrucción del planeta y la especie humana.

A las FARC-EP no podemos sino mandarles un fraternal saludo escrito en práctica revolucionaria, cualquier escrito no sería digno de nuestro compañerismo. Sentimos el firme propósito, que tal como todos los revolucionarios del mundo, esperamos despertar en las calles del futuro, en esas que soñó el comandante Manuel, donde no exista gente desocupada, en las minas carboneras, de cobre, donde mandaban los gringos. el ingeniero sea un indio, en la mesa del tormento donde almorzaba el patrón solo queden restos, recuerdos, del sufrimiento del pueblo trabajador ; es decir construir el sueño de ese mundo donde las fuerzas productivas pasen a manos de los trabajadores, de los pobres del campo y la ciudad, del pueblo engeneral.

¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE, COMANDANTE MANUEL MARULANDA!

Desde algún lugar de Chile, MOVIMIENTO DE IZQUIERDA REVOLUCIONARIA - EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO, BATALLÓN CHILE.

DEL Ejército de Liberación Nacional (ELN)

País: Colombia

COMUNICADO PÚBLICO

La Dirección del Frente de Guerra Central presenta al secretariado de las FARC-EP, a su militancia, base guerrillera y base social un condolido abrazo de solidaridad revolucionaria por la muerte del camarada MANUEL MARULANDA VELEZ, máximo comandante de este grupo guerrillero.

Los acompañamos en este momento de dolor y reconocemos en el camarada MANUEL un ejemplo de constancia, superación y ejemplo revolucionario para todos quienes nos hemos comprometido decididamente en la búsqueda de una nueva sociedad.

Dirección Frente de Guerra Central

Montañas del Oriente Antioqueño y del Eje Cafetero

Manuel Marulanda Vive!
Del grupo Brigadas Liberación Popular (BLP)

País: Chile

Manuel Marulanda Vive!!!

Se Multiplica en los Revolucionarios de toda Latinoamérica

A las Compañeras y Compañeros LatinoamericanosA las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia:

Brindamos nuestro más sincero y fraterno abrazo ante la dolorosa pérdida del comandante guerrillero Manuel Marulanda Vélez “Tirofijo”, en quien vemos reflejada una guía de entereza y convicción, que a partir del 26 de marzo ha venido a brindar su posteridad a los combatientes revolucionarios a lo largo de la gran patria.

Seguirán entre nuestras filas siempre Raúl Reyes, Ivan Ríos y Manuel, multiplicándose en los hombres y mujeres que luchan en ciudades, montañas y campos de nuestro hermoso continente, para aferrarse a la lucha hasta vencer.Deseamos expresar nuestra solidaridad a los compañeros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y entregarles desde estas tierras del sur, toda la fuerza, apoyo revolucionario y aprecio para continuar haciendo frente al capitalismo en un nuevo aniversario de sus fuerzas. Los saludamos con un abrazo fraterno, combativo y revolucionario.

Manuel Marulanda Vive,

En cada Combatiente Latinoamericano!!!

En Cada Lucha y en Cada Combate!!!

Organización Consciente y Lucha Radical!!!

Brigadas Liberación Popular

B.L.P.
Fuente: Cedema.org

Las FARC

Pawns in the Jungles of Colombia/Jackson Diehl
THE WASHINGTON POST, 02/06/08):
Though it may be losing the battle in Congress over free trade with Colombia, the Bush administration is close to recording a major success in Colombia itself. Thanks in part to billions of dollars in U.S. aid and training for the Colombian army, the FARC terrorist group — which has ravaged Colombia’s countryside for four decades — is close to collapse. Since March it has lost three of its top seven commanders, including legendary leader Manuel Marulanda. Laptops containing its most sensitive secrets have been seized by the Colombian government, and foot soldiers are deserting in droves.
Yet this achievement has come at painful costs — some of which are shamefully little known to Americans. That point was brought home to me recently by Luis Eladio Pérez, a spirited survivor of Colombia’s war against the FARC who has made the rescue of three of its American victims a personal cause.
American victims? Don’t be surprised if you have never heard of Marc Gonsalves, Thomas Howes and Keith Stansell; The Post has published only three substantial stories about them in the past five years. All three are U.S. citizens who were working for Pentagon contractor Northrop Grumman when their surveillance plane crashed in a remote Colombian jungle on Feb. 13, 2003. Since then, they have been hostages of the FARC, confined with chains and forced to endure a nightmarish life of isolation, disease and brutality.
The State Department and U.S. Southern Command routinely say that obtaining the men’s release is a top priority. In practice not much has been done over the years, largely because any action would be difficult or contrary to larger U.S. interests. The Americans are among the most prized of the more than 700 hostages held by the FARC; they are heavily guarded and nearly impossible to find in Colombia’s vast, triple-canopy jungle.
Even worse, from the perspective of the captives, their government and media rarely even speak about them. It’s not just The Post: Both President Bush and Secretary of State Condoleezza Rice have visited Colombia in the past year, but neither mentioned Gonsalves, Howes and Stansell in their prepared public statements.
Pérez, a former Colombian senator, could not help but feel the men’s distress. At the time Bush visited, Pérez was chained by the neck to Howe. Taken hostage himself in June 2001, Pérez lived with the Americans from late 2003 to late 2004, and then again from October 2006 until his release in February. The 55-year-old politician was freed in a deal orchestrated by Venezuelan President Hugo Chávez and appears to be in remarkably good health now. But he is anguished about those he left behind. “It hurts me to be here enjoying coffee and knowing that they are there in the jungle chained to each other,” Pérez told me. “I’m not happy to think of them rotting. I haven’t stopped one day trying to help them.”
Pérez came to Washington in part because the men gave him letters addressed to President Bush, House Speaker Nancy Pelosi, the presidential candidates and The Post, among others. FARC guards confiscated the letters, so Pérez is trying to deliver their messages himself. “They are asking the country to please not abandon them,” he said. “They are saying that they love their country, they love the flag, that they are rotting in the jungle and please do something for them.”
What could be done? Pérez wishes that Bush would consider the FARC’s demand that two of its members imprisoned in the United States — including one sentenced in January to 60 years for conspiring to hold the Americans hostage — be exchanged for the three men. He points out that Colombian President Álvaro Uribe has expressed a willingness to exchange FARC prisoners for hostages and that French President Nicolas Sarkozy has promised to accept FARC detainees temporarily in France if it will lead to the release of Ingrid Betancourt, a former Colombian presidential candidate who holds French citizenship.
Such suggestions get a cold reception in Washington, and for good reason. Among other things, the release of convicted FARC terrorists would undermine what has been a successful extradition program between Colombia and the United States and give a political boost to a crumbling movement. The implosion of the FARC has been a huge setback to Chávez, who was trying to rehabilitate it and use it as a vehicle to export his “Bolivarian revolution” to Colombia.
Therein may lie the Americans’ best hope. Pérez confirms that the FARC “is looking for a political solution” in conjunction with Chávez. He’s hoping its leaders can be convinced that such an end must begin with a unilateral release of the remaining hostages. “The FARC must make a decision,” Pérez said. If Betancourt or other hostages die, he added, “it will be the end of the FARC.” That would be a triumph for Colombia and for the Bush administration — but not much consolation for three American families.

Opiniones y notas sobre la salida de Amérigo

Alientan salida de Incalcaterra/ Sergio Aguayo Quezada
Publicado en Reforma, 28-May-2008;

El representante en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Amerigo Incalcaterra, fue despedido por defender a las víctimas y denunciar las incongruencias de un Estado con discurso florido y compromiso escuálido. Es también una confirmación de la tibieza de la ACNUDH, que optó por complacer a las autoridades mexicanas.
Los funcionarios internacionales se rigen por normas tan rígidas como sus procedimientos burocráticos. Su prioridad es mantener las formas y los buenos modales. Incalcaterra llegó a México el 28 de octubre del 2005 y como es de hablar suave parecía ser otro de esos funcionarios que han encontrado en la complicidad con el gobierno su modus vivendi.
Muy pronto Incalcaterra demostró ser diferente porque desplegó una intensa actividad en la capital y los estados. Entre sus últimos logros estuvo la elaboración del Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal. Aplaudido en algunos círculos, hubo también quienes se irritaron con sus pronunciamientos.
Fiel a su estilo, Incalcaterra se despidió del país publicando una columna en el último número de Proceso (25 de mayo) en la cual pone el dedo en la llaga al señalar la distancia entre retórica y realidad. También advierte del riesgo de que los derechos humanos "se queden tan sólo plasmados en el discurso y en las normas jurídicas".
Un alto funcionario -que como el resto de los entrevistados en México y Ginebra prefirió el anonimato por lo sensible del caso- reconoció la esquizofrenia de la política oficial mexicana en el tema.
"El mandato de la CNDH es defender los derechos humanos y, sin embargo, su presidente pidió al ACNUDH que silenciara o despidiera a quien expresa una opinión legítima sobre un informe que le disgusta", señaló.
Las fuerzas armadas también se molestaron con las declaraciones de Incalcaterra sobre el fuero militar o los riesgos para los derechos humanos del protagonismo castrense en el combate al crimen organizado. La Secretaría de la Defensa Nacional escribió una carta a Relaciones Exteriores a finales del 2007 y los abogados militares estuvieron a punto de descarrilar la firma del acuerdo entre la ACNUDH y el gobierno de México.
Un ángulo poco resaltado es que Incalcaterra empezó a ser visto con desagrado en su propia organización. En opinión de un diplomático que conoce en detalle el affaire Incalcaterra, la ACNUDH de Louise Arbour prefirió darle prioridad a su relación con el Estado mexicano. Eso explica la prestancia con la cual respondieron a las inconformidades oficiales que tuvieron su punto culminante en la carta de Soberanes.
Para obtener la versión de la ACNUDH se solicitó una entrevista telefónica a la mexicana María Francisca Ize-Charrin, la funcionaria responsable de las oficinas de la ACNUDH en el exterior. Respondió con un texto formal en el cual se entusiasma al justificar la "rotación" de Incalcaterra ("representa renovados retos y desafíos profesionales", dice). Cambia de talante al aclarar que las Naciones Unidas no discuten "cuestiones relativas al personal, incluyendo rotaciones". Notable la opacidad en el principal organismo promotor de los derechos humanos.
Para Ize-Charrin todo está tan bien que la ACNUDH obtuvo la "renovación del mandato" y tiene una sólida "relación con el Gobierno de México". Nada dijo sobre un aspecto fundamental: su oficina también está obligada a defender a las víctimas de los abusos.

Descalifica Soberanes a funcionario de ONU/Sergio Aguayo

Reforma, 28-May-2008;

José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), acusó a Amerigo Incalcaterra, representante en México de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de incumplir su mandato y pidió a la alta comisionada del organismo internacional evitar en el futuro ese tipo de actuaciones.
En una carta enviada el 24 de marzo a Louise Arbour, alta comisionada de la ONU de Derechos Humanos, Soberanes le pide tomar medidas ante lo que consideró una conducta inadecuada de Incalcaterra.
A los pocos días, el funcionario internacional fue removido y se le dieron menos de dos meses para dejar el País.
La CNDH nunca vio con simpatía la presencia de la ACNUDH ni el estilo de Incalcaterra, quien, al poco tiempo de iniciar su misión en México (octubre de 2005), desplegó una intensa actividad a favor de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
La molestia hizo crisis cuando Incalcaterra calificó públicamente de valioso el informe de la organización no gubernamental Human Rights Watch "La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México: Una Evaluación Crítica", dado a conocer el 13 de febrero, y sugirió a la CNDH tomar en cuenta sus recomendaciones. Justamente ese documento enfrentó a la comisión mexicana con la ONG.
"A nuestro parecer, el señor Amerigo Incalcaterra cometió un grave error" al validar el informe, indica Soberanes en su texto.
Se solidarizan en cena con Incalcaterra

Nota de Reforma, 29-May-2008;

Eran las 20:30 horas del martes, cuando el Embajador de Austria en México, Werner Druml, abrió las puertas de la sede diplomática para ofrecer una cena privada en honor a Amerigo Incalcaterra.
Luego de que el anfitrión llamara a los invitados a un brindis -donde remarcaría la labor del ex representante de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el País- el italiano tomó la palabra y agradeció de manera emotiva la hospitalidad de la Embajada, y a los invitados la generosidad con la cual habían compartido ideas.
No hubo más discursos. Uno a uno, los cerca de 40 invitados aprovecharon para acercarse y expresar su solidaridad personalmente.
Ahí estuvieron, entre otros, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Álvarez Icaza; la presidenta de Incide Social, Clara Jusidman; la senadora Rosario Ibarra; el académico del ITAM, Miguel Sarre; Jorge Castañeda; el presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Miguel Concha; la periodista Lydia Cacho y el presidente de Fundar, Sergio Aguayo.
Amerigo Incalcaterra se esforzó por contener el llanto ante las palabras de Rosario Ibarra, quien le expresó que nunca había confiado en ningún funcionario de la ONU, más que en él.
"Fue un signo de solidaridad de un grupo muy nutrido de personas vinculadas al tema de los derechos humanos, un acto de apoyo y de reconocimiento a su labor", reconoció Miguel Sarre.

Réplica / Aclara el PNUD
(29-May-2008).-
Sr. Director:
En su columna de opinión publicada el día de ayer, miércoles 28 de mayo, el señor Sergio Aguayo asegura que la representación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México no hizo pública información relacionada con sus proyectos de apoyo a la observación electoral nacional, por una parte, y de protección de programas sociales en el contexto de las elecciones de julio de 2006, por la otra. Al respecto, quisiera aclarar que, de conformidad con la normatividad que le rige, el PNUD ha presentado oportunamente toda la información relevante sobre estos proyectos. Los boletines, conferencias de prensa, así como información sobre las actividades realizadas en el marco de estos proyectos y que respaldan esta difusión amplia y pública pueden ser consultados en la página web del Centro de Información de las Naciones Unidas (CINU) en México: www.cinu.org.mx y en www.undp.org.mx/programassociales/. En el apego a su mandato y valores, el PNUD ha venido y seguirá trabajando junto con sus contrapartes mexicanas en pos de una democracia consolidada y con dividendos para las y los mexicanos. Sin más por el momento, le agradezco se sirva publicar esta precisión.
Cordialmente,
Arnaud Peral
Representante residente adjunto, PNUD-México
Réplica / Responde Sergio Aguayo al PNUD
(30-May-2008).-
El señor Arnaud Peral, representante adjunto del PNUD-México, dio una lectura errónea a mi razonamiento. En ningún lado aseguré en mi columna del pasado miércoles ("Dos italianos") que el PNUD no entregaba información. Por supuesto que la hacen pública.
Lo que sostuve, y sostengo, es la necesidad de prestar más atención a lo que hacen y dejan de hacer los organismos multilaterales en México. Puse dos ejemplos sobre el PNUD. (1) Desde hace 14 años el señor Nguyen Dong impulsa un proyecto de apoyo a la observación electoral: ¿cuánto dinero mexicano ha recibido y cómo lo ha utilizado? (2) En el 2006 el PNUD recibió de la Secretaría de Desarrollo Social 13 millones de pesos, ¿por qué publicó con tanto retraso las encuestas sobre el uso de los programas sociales para comprar votos?
Reitero lo escrito en la columna: no imputo a esas instituciones o funcionarios actos de corrupción o complicidad con el gobierno. Señalé, simplemente, la importancia de saber lo que han hecho, cuánto han costado y de qué han servido para mejorar la calidad de la democracia.
Cordialmente,
Sergio Aguayo Quezada

Quería ONU distribuir dls. 1 millón.- Soberanes
Publucado en Reforma, 29-May-2008
REFORMA / Staff
El presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, relacionó la salida del País de Amerigo Incalcaterra con los fondos que, por un millón de dólares, pretende entregar EU a la representación del alto comisionado de los Derechos Humanos de la ONU.
"Entre las propuestas del Plan Mérida, se menciona la asignación de fondos de Estados Unidos, por el equivalente a un millón de dólares, a la oficina en México del alto comisionado de los Derechos Humanos de la ONU para distribuirlos prácticamente a discreción, conforme a criterios que hasta ahora no han sido dados a conocer. ¿Cuál sería la base jurídica para que organizaciones privadas asuman de ese modo un papel no sólo peligroso, sino, además, ilegal?", señaló.
El ombudsman entró en comunicación con REFORMA luego de que se difundiera la carta que envió a la alta comisionada de la ONU, Louise Arbour, para cuestionar algunas acciones de Incalcaterra que provocaron su salida del País y optó por entregar un artículo que se publica en páginas interiores de este periódico.
"Diversos grupos de presión, en México y en EU, han insistido en condicionar la cooperación financiera bilateral contra el crimen organizado mediante el establecimiento de acciones de monitoreo, supervisión y certificación en materia de derechos humanos. Al igual que ocurrió con el Plan Colombia, los cuantiosos recursos financieros puestos en juego atrajeron múltiples intereses políticos y económicos, legítimos y no", establece Soberanes.
El martes, de gira por Durango, Soberanes justificó la salida del funcionario internacional de México.
"Eso explica el coraje de Incalcaterra cuando le dijeron que se fuera: ya no iba a disfrutar de ese millón de dólares, y por eso se agarraba de uñas y dientes", comentó.
Más allá de la anécdota/José Luis Soberanes Fernández

Reforma, 29-May-2008:

Consultado por Reforma sobre la salida de Amérigo Incalcaterra de nuestro país, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes, prefirió responder a través del siguiente artículo:
Un somero análisis de los condicionamientos del Senado de Estados Unidos aprobados el pasado 22 de mayo como parte de la denominada Iniciativa Mérida -y que aún deben ser analizados y discutidos por una conferencia bicameral en el Congreso de aquel país- bastaría para indicar que algunas de esas pretensiones son contrarias a nuestro orden jurídico y pueden significar, incluso, el renacimiento de las llamadas certificaciones unilaterales que terminaron hace más de un lustro.
Nadie puede dudar de que la sociedad nacional -toda- debe cerrar filas en muchos frentes contra el poder disolvente del narcotráfico, pero ¿tiene esto que hacerse mediante la sujeción, el acatamiento o la supervisión a las directrices de algunos grupos de interés gubernamentales del vecino del norte? ¿No sería mejor, en todo caso, atender, de arranque, a un concepto de corresponsabilidad que necesariamente debería partir del respeto al orden constitucional mexicano?
Si la iniciativa, en su estado actual, pretende hacer renacer las conocidas certificaciones que terminaron hace más de un lustro, no sólo podrá resultar contraria al orden constitucional sino que podrá exacerbar también, en poco tiempo, el clima de relación diplomática y el de la necesaria cooperación y el entendimiento operativo entre instancias e instituciones involucradas en la lucha contra el crimen organizado.
Con una relación tan susceptible a ser afectada por visiones particulares y de grupos de interés no podría aspirarse a construir una buena corresponsabilidad en el combate al narcotráfico. Los principios de cualquier negociación en éste y en otros temas estratégicos y de alta sensibilidad deben pasar, necesariamente, por el respeto al orden constitucional.
Diversos grupos de presión, en México y en Estados Unidos, han insistido en condicionar la cooperación financiera bilateral contra el crimen organizado mediante el establecimiento de acciones de monitoreo, supervisión y certificación en materia de derechos humanos. Al igual que ocurrió con el Plan Colombia, los cuantiosos recursos financieros puestos en juego atrajeron múltiples intereses políticos y económicos, legítimos y no.
Un esquema de supervisión social para una tarea a todas luces necesaria -garantizar que la guerra contra el narcotráfico no signifique violaciones a los derechos humanos o se desvíe por los anchos caminos de la corrupción- resulta muy conveniente y, de hecho, existe ya en un grado considerable por el papel acucioso que tienen los medios de comunicación. De ahí a suponer que necesariamente esa supervisión deben efectuarla algunas agrupaciones es distinto, sobre todo cuando se trata de colocar sobre el terreno la intervención y vigilancia de ciertas organizaciones civiles de Estados Unidos, que tienen fuertes lazos con algunas organizaciones no gubernamentales mexicanas y con grupos de interés similares.
Entre las propuestas del Plan Mérida se menciona la asignación de fondos de Estados Unidos, por el equivalente a un millón de dólares, a la oficina en México del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU para distribuirlos prácticamente a discreción, conforme a criterios que hasta ahora no han sido dados a conocer. ¿Cuál sería la base jurídica para que organizaciones privadas asuman de ese modo un papel no sólo peligroso sino además ilegal?
No es función de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hacer una caracterización de quienes han decidido jugar sus propias cartas en este asunto tan trascendental. Algunas ONG internacionales y nacionales, al parecer bajo la lógica de buscar mejorar en sus posibilidades de resultar elegibles para las funciones antes mencionadas, optaron por el camino de denostar la labor del organismo autónomo creado por el Estado mexicano para atender las quejas por abusos de las autoridades y elevar el conocimiento, el respeto y la vigencia de los derechos fundamentales en nuestro país.
Ante el Plan Mérida, el director para las Américas de Human Rights Watch detalló la posición que adoptarían sus trabajos ante los legisladores, "El Congreso estadounidense debería oponerse al paquete de asistencia a México -señaló en un comunicado- para combatir el narcotráfico si éste no incluye fuertes condiciones que busquen terminar con los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad mexicanas".
Terminar con los abusos que cometen integrantes de las fuerzas de seguridad es, ciertamente, un propósito esencial y general que muchos compartimos. Al respecto, ¿alguien puede poner en duda la severidad de las resoluciones de la CNDH en las quejas planteadas contra miembros del Ejército desde que sus integrantes participan directamente en tareas de seguridad pública?
La CNDH se ha esforzado en mantener buenos y estables niveles de aceptación y confianza ciudadana ante la sociedad a la que debe servir. Con o sin aprobación a lo propuesto en la Iniciativa Mérida; con o sin modificaciones en el fuero de guerra -debate pendiente pero, a la vez, asunto cuya base legal está en el artículo 13 de la Constitución- los abusos cometidos durante las operaciones de combate al narcotráfico deben ser investigados y juzgados de manera efectiva y rigurosa.
En éste y en otros asuntos, la CNDH no aceptará, por ningún motivo, explicaciones simples para hechos complejos. Más allá de la anécdota debe estar la historia y, en este caso, bien podríamos tratar de esforzarnos más en escribir, sin simplismos ni reduccionismos absurdos, la parte que cada quien quiere que le toque.

Critican actitud de Soberanes

Por Silvia Garduño
Nota de Refoma; 02-Jun-2008;

Organismos civiles reprocharon ayer a José Luis Soberanes sus señalamientos en torno a Amerigo Incalcaterra, ex representante en México de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La semana pasada, el Ombudsman relacionó la salida de Incalcaterra del País con los fondos que, por un millón de dólares, pretende entregar Estados Unidos a esa oficina de la ONU.
"Entre las propuestas del Plan Mérida se menciona la asignación de fondos de Estados Unidos, por el equivalente a un millón de dólares, a la oficina en México del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU (OACNUDH) para distribuirlos prácticamente a discreción, conforme a criterios que hasta ahora no han sido dados a conocer", señaló.
Jorge Romero, director ejecutivo de Fundar, dijo ayer que Soberanes actuó con dolo al tratar de descalificar el trabajo del funcionario, sobre todo cuando Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es el organismo público de derechos humanos más caro del mundo, y no hay criterios ni principios para evaluar sus resultados.
"La CNDH no opera con los mecanismos de rendición de cuentas formales.
"Este año, por concepto de estímulos y bonos, se tiene pensado ejercer 105.5 millones de pesos. Si volvemos a la afirmación original que hizo el presidente de la Comisión en relación con el millón de dólares que en teoría quería operar discrecionalmente la OACNUDH, multiplicado por 10, es lo que opera la CNDH discrecionalmente, solamente para bonos y estímulos a su personal", aseguró.
Los activistas manifestaron en rueda de prensa que en México impera un clima de regresión en el tema de los derechos humanos, al que contribuye la CNDH.
Édgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red de Organismos Civiles "Todos los Derechos para Todos y Todas", expresó que la remoción de Incalcaterra es parte de ese proceso, que se suma a otras regresiones en el campo de los derechos humanos, tales como la presencia militar extensiva en el País, el repunte de las desapariciones forzadas y las agresiones contra defensores de los derechos humanos.
Al evento asistieron también Miguel Concha, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; Clara Jusidman, presidenta de Incide Social; Gerardo Sauri, director de la Red por los Derechos de la Infancia; Consuelo Mejía, directora de Católicas por el Derecho a Decidir, y Diego Lorente, director de Sin Fronteras.Así lo dijo

Columna El Asalto a la Razón/Carlos Marin

Serviles y en montón
Publicado en Milenio Diario, 3 Junio, 2008;

En su apresuramiento por ser elegibles en el reparto del millón de dólares que hará la ONU si se destraba la Iniciativa Mérida, tres decenas de organismos no gubernamentales mexicanos cometieron un par de actos ominosos en 72 horas:
a) El 29 de mayo, en carta a los presidentes del Comité de Gastos y del Subcomité de Operaciones Ajenas de la Cámara de Representantes, se promovieron como ideales verificadores del intervencionismo yankee.
b) El 1 de junio pidieron que el Senado mexicano monte un juicio político para cortarle la cabeza al doctor José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
A los gringos les piden con ansia loca que se les tome en cuenta para que sean estas agrupaciones las que “supervisen” las operaciones del Ejército y las policías contra el crimen organizado.
Y al constitucionalista Soberanes no le perdonan la urticaria que les causa su modo de entender el orden jurídico nacional, en vez de los inexistentes “estándares internacionales” que ellas arguyen.
Su jugada es con chanfle: en 2009 se desgreñarán por la joya (y la lana) del Estado mexicano en derechos humanos.
cmarin@milenio.com

Columna Derechos y Urbanos/Adrían Andrade Jardí

Mentiras sobre Incalcaterra
Milenio Martes, 3 Junio, 2008;

Uno de los males de nuestra vida pública es que en no pocas ocasiones las insinuaciones pasan por verdades.
La salida del representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra, es un ejemplo de ello.
Desde hace semanas circula la especie, no confirmada por nadie, de que Incalcaterra fue removido porque “era incómodo al gobierno mexicano”.
Como el funcionario de la ONU declaró en público que “las rotaciones son normales en este tipo de misiones”, ahora se acusa al ombudsman nacional, José Luis Soberanes, de ser también culpable de las decisiones que toma la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, en Ginebra.
Para fortalecer esta hipótesis, Sergio Aguayo publicó un par de párrafos de la carta de cuatro cartillas que Soberanes le envió a la señora Arbour en el que se queja del apoyo que Incalcaterra le dio al informe de Human Rights Watch sobre la CNDH.
El informe de HRW, hay que recordarlo, fue especialmente severo con la institución que preside Soberanes.
En la carta, Soberanes le recuerda a Arbour que “el comité internacional de coordinación de instituciones nacionales de Derechos Humanes (CIC), en colaboración con su oficina en Ginebra, Suiza, llevó a cabo un examen exhaustivo sobre la situación de la CNDH y la acreditó, una vez más, como Institución Nacional de Derechos Humanos categoría A”.
De ahí el enojo de Soberanes, ya que resulta incoherente que se le elogie en Ginebra y se le ataque en México.
Por eso es importante leer en su contexto toda la carta. Otro tema que ha despertado suspicacia es el del destino de un millón de dólares de la Iniciativa Mérida para apoyar el trabajo de algunas ONG, vía la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México.
La partida está especificada en documentos del Senado de Estados Unidos, donde se señala que serán estas organizaciones (nacionales o internacionales) las que certificarán “los avances en derechos humanos” en nuestro país.
andrade@mileniodiario.com.mx

Reacciones tardias en Washington

John P. Walters, director de la Oficina Nacional de Políticas para el Control de las Drogas (NDCP) de la Casa Blanca y Michele Lehonhart, administradora en funciones de la agencia Antinarcóticos (DEA) acusaron a los legisladores de su país de sabotear el Plan Mérida.

Durante una conferencia de prensa pidieron al Congreso de Estados Unidos "no sabotear las relaciones con México" en un "momento crítico" de la guerra contra los cárteles de la droga. Pidieron a los senadores dar marcha atrás a sus intentos de condicionar la ayuda a una estricta observancia de los derechos humanos.

La lucha contra el narcotráfico “es una encomienda común y no vamos a dejar que se impongan sanciones que pudieran estar diseñadas por otros intereses políticos”, declaró Walters. Ya que "corremos el riesgo de darnos un tiro en nuestro propio pie", advirtió a los congresistas: "no podemos actuar como si nosotros fuéramos el Congreso de México, imponiendo condiciones grotescas e insultantes para un país y un gobierno que han puesto los recursos y las vidas para combatir una de las más brutales ofensivas de los cárteles de la droga", dijo.

Tanto Walters como Leonhart pidieron a los legisladores "no desaprovechar la oportunidad histórica" que ha ofrecido el gobierno de Felipe Calderón "para dejar fuera del negocio" a una estructura criminal que hoy "se encuentra en desbandada", tras la ofensiva lanzada por las autoridades mexicanas.

“En la lucha contra el narcotráfico el presidente Calderón es una roca… y él es la evidencia de que se ganará esta guerra”, subrayó Walters.
Walters y Leonhart reaccionaron así a la decisión del gobierno de México de rechazar toda ayuda condicionada de recursos para combatir al narcotráfico. Una decisión que, reconocieron, se explica por el lenguaje y el tipo de provisiones que han introducido congresistas como el senador demócrata por Vermont, Patrick Leahy.

"Si México nos pidiera a nosotros cambiar nuestra Constitución, como condición para ser un aliado estratégico con ellos, ya veríamos si esto no sabotearía nuestras relaciones", insistió Walters en alusión en algunas de las provisiones que obligarían al gobierno de México a realizar reformas constitucionales en el ámbito judicial para garantizar, por ejemplo, que miembros del ejército mexicano estén obligados a responder ante tribunales civiles por la violación de los derechos humanos.

El pasado 18 de mayo el pleno del senado estadounidense aprobó una propuesta de la Iniciativa Mérida que condiciona 350 millones de dólares para el combate al narcotráfico a nuestro país a que el Departamento de Estado garantice que hay "procedimientos de escrutinio" para verificar que los elementos del Ejército y de la policía mexicana no estén involucrados en casos de corrupción ni de violación a los derechos humanos.

En el Congreso federal estadunidense está pendiente la definición de la versión bicameral del proyecto presupuestal del Plan Mérida, aunque la Cámara de Representantes ya aprobó sin condiciones un paquete de 400 millones de dólares para el primer año de los tres del proyecto.

En tanto el Senado dio su aval para una ayuda de 350 millones, pero vinculó el apoyo a la certificación de respeto a los derechos humanos de parte de militares y policía mexicanos.

Dice una nota de J. Jesús Esquivle para la agencia APRO. que "varias fuentes legislativas sostienen que la versión final terminará aprobando los 400 millones de dólares con las condiciones ya establecidas por la Cámara de Senadores, pese a los tardíos intentos de la Casa Blanca por modificarlas."

Y es que según Equivel "en la oficina del senador demócrata por Vermont, Patrick Leahy (...) se auguró que el error de los presidentes George Bush y Calderón fue no consultar con el Legislativo estadunidense desde el momento en que pensaron diseñar la estrategia común de combate al narcotráfico."

Leahy, presidente de la mesa de aprobaciones del Senado, encargada de decidir el financiamiento de operaciones en el extranjero, ha dicho que los contribuyentes esperarían que su dinero sea protegido de policías o militares abusivos. "El Congreso no es el cajero automático de la Casa Blanca", afirmó Leahy. "Asegurar que nuestros dólares de impuestos sean empleados de forma efectiva, de acuerdo con los derechos humanos básicos, es lo menos que el Congreso y los contribuyentes tienen derecho a insistir."

La estrategias es correcta: Calderón

Parte del discurso del Presidente Calderón durante la Inauguración de las Instalaciones de la V Región Naval Militar de Isla Mujeres, Q. Roo 1 de junio de 2008;

(...) Ayer, ante las potencias extranjeras que pretendían invadirnos, hoy la lucha es por defender a nuestro país de las garras de la delincuencia y legar un México seguro, libre y próspero a las nuevas generaciones de mexicanos.
Al inicio de esta Administración, la violencia y la inseguridad tenían secuestradas a muchas poblaciones del país, y la impunidad tenía en estado de indefensión a los ciudadanos frente a los criminales.
La decisión más fácil era no actuar, era hacer caso omiso a un problema que creció durante años y décadas al amparo de la indolencia, el temor o la franca complicidad.
Lo más fácil era dejar que el reclamo de seguridad y justicia de millones de mexicanos se perdiera en la indiferencia; eso implicaba dejar a millones de familias en el desamparo y permitir que la delincuencia fuera acabando poco a poco con el tejido social.
El problema es mucho más complejo que el mero tráfico de drogas hacia Estados Unidos, el mercado más grande del mundo.
Esa fue y sigue siendo la principal causa. Sin embargo, la operación criminal en la última década se ha desenvuelto y diversificado; quien busca el control de una plaza, lo busca no sólo para el tráfico, sino también para generar ahí un mercado de consumo doméstico que está destruyendo a nuestros niños y jóvenes y con ello nuestro futuro.
Debemos impedirlo. Más aún, está buscando también tener a su servicio toda la estructura de ilegalidad, desde el contrabando, la piratería y el control de giros negros, hasta el robo de autos, el secuestro y la extorsión de ciudadanos, la trata de blancas, la migración ilegal y el tráfico de armas, con frecuencia a partir de la intimidación o cooptación de cuerpos policiacos.
En pocas palabras, había que enfrentar no sólo una red de tráfico de droga, sino a estructuras consolidadas de crimen organizado en todo el país, que son preocupación fundamental de la sociedad mexicana.
Había que actuar y actuar rápido, y por eso nos dimos a la tarea impostergable de combatir a fondo la inseguridad y el crimen.
Y no es la acción del Gobierno la que genera la violencia, es la violencia la que ha obligado a la acción inmediata y decidida del Gobierno; no son los Operativos Conjuntos los que han provocado la violencia en Tijuana, en Juárez o en Sinaloa, ha sido la violencia de las mafias en esos lugares la que ha motivado que movilicemos toda la fuerza del Estado para hacerles frente.
Y decidimos emplear toda la fuerza del Estado, porque así debe ser para salvaguardar las libertades y la seguridad de los ciudadanos.
Y por eso pusimos en marcha la Estrategia de Seguridad Nacional.
En primer lugar, dimos inicio a los Operativos Conjuntos para recuperar, a favor del Estado mexicano, el pleno control del territorio de aquellas zonas del país asoladas por la presencia impune de organizaciones criminales.
Este elemento de la Estrategia Nacional de Seguridad, los Operativos Conjuntos, tienen como objetivo coadyuvar con las autoridades locales a establecer condiciones mínimas de seguridad en beneficio de los ciudadanos.
Sabíamos de antemano que la presencia de las fuerzas federales era sólo el principio de un proceso muy largo de recomposición del orden y, en algunos casos, de recomposición de la autoridad y de la sociedad misma en esos lugares.
Algunas veces, a medida que la presencia de la Fuerza Pública Federal permanece en algunos lugares, la intensidad de la violencia se reduce.
Sin embargo, en otros, la violencia permanece y es intensa donde la acción del Gobierno para enfrentar a fondo y en serio a la delincuencia organizada, apenas comienza.
En el primer caso, en el caso de que la permanencia se ha sostenido, ha permitido reducir actos criminales en la ciudad de Acapulco o en los estados de Tamaulipas o en Michoacán.
Sin embargo, en los casos de Culiacán o de Ciudad Juárez, por ejemplo, ahí donde la acción del Gobierno para enfrentar a fondo y en serio a la delincuencia organizada apenas comienza, ahí hay una intensificación.
Este fenómeno se agudiza también cuando, como es el caso, el dislocamiento de estructuras tradicionales de operación delictiva provoca que grupos criminales busquen alternativas y disputen a otras bandas el mismo territorio de operación y las mismas redes criminales.
Desde luego que no nos congratula la mera explicación de que la lucha por recuperar los espacios que México había perdido, implica necesariamente el registrar periodos de confrontación violenta.
Pero esa es la estrategia y es la estrategia correcta. Nos queda claro que si queremos verdaderamente aspirar a que México sea un país seguro para nuestras familias, tendremos que hacerle frente a los costos de tiempo, de recursos económicos y, por desgracia, de vidas humanas, que desde un principio advertí que tendríamos.
Pero nos debe quedar claro a todos, que los problemas sólo se resuelven enfrentándolos y no eludiéndolos, esa ha sido la premisa básica de mi Gobierno desde el primer día.
Estos costos se tienen porque estamos enfrentando el problema, porque no lo estamos eludiendo, y enfrentándolo es la única manera de solucionarlo.
En segundo lugar. Impulsamos una iniciativa de reforma para modernizar el sistema de procuración e impartición de justicia penal, que permitirá a las fuerzas del orden contar con mejores herramientas para combatir a la delincuencia y garantizar a los ciudadanos un acceso efectivo a la justicia.
Al mismo tiempo que fortalece a la autoridad, la reforma también fortalece a los ciudadanos y en especial a las víctimas.
En tercer lugar. Pusimos en marcha el nuevo modelo de formación policial, para formar y capacitar a una nueva generación de policías que cumplan con elevados estándares de ética y profesionalismo, y cuenten con las mejores tecnologías para combatir al crimen.
Enfrentamos bandas organizadas no sólo en todo el país, sino organizadas también internacionalmente, y la policía mexicana, siendo superior en número, está totalmente fragmentada y dispersa en miles de alcaldías y en las policías estatales.
Las Fuerzas Armadas y la Policía Federal, destacadamente la Marina Armada de México, han tenido una presencia notable y activa en el territorio nacional y han enfrentado con valor y determinación al enemigo.
En su conjunto, su fuerza, su número, su armamento y su organización, es muy superior a la del enemigo. Pero sorprende saber que las policías estatales y municipales, sumadas, tienen, incluso, aún más efectivos que las fuerzas federales, incluyendo al Ejército y a la Marina.
Si logramos fortalecer, y en los casos necesarios, recomponer y depurar los cuerpos policiacos locales en el país, una buena parte de la lucha estará ganada.
Es por ello que hemos iniciado un proceso de depuración y fortalecimiento de los cuerpos policiacos en el país.
Hoy está en marcha la organización de una nueva Policía Federal que, al lado de las Fuerzas Armadas, hoy es vista por la delincuencia como un serio obstáculo a sus actividades ilícitas y como una amenaza para sus intereses.
Los policías federales, que particularmente este año han perdido la vida, han caído sabedores de que están contribuyendo poderosamente a la edificación de una Patria mejor para todos.
En su memoria y en el ideal que hermana a la Marina Armada de México y al Ejército Mexicano con las autoridades encargadas de la seguridad y la procuración de justicia, seguiremos fortaleciendo, día con día, en calidad y cantidad, la estructura de las fuerzas federales, incluyendo a las Fuerzas Armadas y a la Policía Federal, hasta el punto de que las autoridades civiles cuenten con la fuerza suficiente para hacer frente a su tarea primordial, sin que sea indispensable, como lo es ahora, el apoyo subsidiario y de coadyuvancia de las Fuerzas Armadas en el día con día.
Aunado a ello, es necesario un proceso de depuración y fortalecimiento de las policías locales en el país, que sólo tendrá éxito en la medida en que se cuente con el pleno y decidido respaldo de los gobiernos locales y municipales.
Estamos fortaleciendo a nuestras policías para fortalecer a México.
En cuarto lugar. Con la Plataforma México estamos avanzando en la consolidación de un sistema único de información criminalística, en el diseño de mapas de delincuencia y en la concentración de todos los datos de que dispone el Estado, acerca del fenómeno delictivo.
Las fuerzas del orden cuentan ahora con un nuevo sistema de inteligencia policial para combatir con mayor eficacia y contundencia a los criminales.
Es de destacar el avance tecnológico e informático que ha desarrollado la Marina Armada de México.
En quinto lugar. Dimos inicio a la Estrategia Limpiemos México, Zona en Recuperación, para prevenir y tratar las adicciones en la juventud, para garantizar la seguridad en las escuelas y que estén libres de droga, y para recuperar los espacios públicos que están en manos de la delincuencia.
Con la acción conjunta entre sociedad y Gobierno, estamos cerrando espacios de acción a los enemigos de México.
En resumen, la estrategia del Gobierno Federal es una estrategia integral, es también una estrategia de largo plazo; una estrategia que implica varios aspectos para defender a la sociedad.
Por una parte, recuperar para el Estado mexicano, el pleno control y mando de aquellas regiones asoladas por el crimen organizado.
Fortalecer y depurar los cuerpos policiacos no sólo a nivel Federal, sino en los tres órdenes de Gobierno; contar con instrumentos tecnológicos y tácticos de vanguardia para combatir el crimen organizado; debilitar las estructuras financieras y operativas del crimen, y poner especial énfasis en la parte preventiva.
Impulsar una cultura de legalidad y cero tolerancia a la corrupción y a la vinculación con el crimen; rescatar espacios públicos para devolvérselos a la ciudadanía, y trabajar intensamente en la prevención y tratamiento de adicciones, especialmente entre los jóvenes.
Qué busca la delincuencia con la virulencia irracional de su comportamiento. Busca aterrorizar a sus adversarios, sí, pero también atemorizar a la sociedad y con ello, y a través de ella, paralizar al Gobierno; busca que el Gobierno desista de su acción y se repliegue, dejando a las mexicanas y a los mexicanos, especialmente los que viven en las zonas más afectadas por este fenómeno, prácticamente abandonados a su suerte.
Y a pesar de que sabemos que sólo en el largo plazo podemos observar resultados tangibles, hemos sostenido, aún en el corto plazo, avances y logros importantes. Hemos logrado los mayores decomisos no sólo en México, sino en el mundo entero, tanto de ciertas drogas como de dinero en efectivo, los mayores decomisos de armas en el país.
Hemos aprehendido a líderes de los principales cárteles y hemos golpeado severamente su estructura financiera y operativa.
Por supuesto que falta mucho por hacer, pero lo importante es que la estrategia es integral, es de largo plazo, es la adecuada y está en marcha, y que por muy abundantes que sean los recursos de la delincuencia, los recursos del Estado son superiores, y que somos más, muchos más, 105 millones de mexicanos más los que queremos vivir en paz y en orden.
Esta batalla, ténganlo por seguro, marinos de México, con el apoyo de ustedes, la vamos a ganar para los mexicanos.
En esta lucha, las fuerzas armadas han estado en el primer frente de guerra por las libertades, por la vida y la seguridad de los mexicanos y, por ello, tienen el reconocimiento y la gratitud de la sociedad.
En particular, a los marinos de México en su día, reconozco a nombre de los mexicanos, porque han sabido cumplir con entrega y pundonor, con heroísmo, la altísima responsabilidad de combatir al flagelo de la inseguridad y de la delincuencia y de preservar la integridad y la soberanía del país en el mar territorial y patrimonial de México. Porque saben que la causa por la que luchamos es de una gran superioridad moral.
Ustedes libran una batalla por toda la sociedad, y no se trata, como pretenden algunos, de alguna guerra en algún continente lejano, es una guerra que estamos librando en nuestro propio territorio, el enemigo está en nuestras propias calles.
Y lo que está en juego no son los recursos naturales de una Nación desconocida, están ellos amenazando a las familias de los mexicanos. Lo que está en juego es el futuro de México, y tenemos el deber, irrenunciable, de combatir para defender la tranquilidad, la seguridad, la salud y la vida de nuestras familias.
Podemos afinar, y lo hacemos de manera permanente, nuestra estrategia, pero nunca declinar. Es ingenuo pensar que la violencia terminará si el Estado renuncia a sus funciones esenciales, a su obligación de hacer cumplir la ley. Por el contrario, la violencia de los grupos criminales se recrudecería, con el objeto que tienen de obtener el pleno control de la sociedad y del Gobierno.
No ha sido la acción, sino la inacción de la autoridad, la que ha permitido la expansión de la criminalidad; ha sido, precisamente, la tolerancia, la indolencia, lo que ha permitido que crezcan en influencia y control, y no debemos permitir que avancen más.
Su frente fundamental en esta guerra está en el nivel local. Es indispensable que los gobiernos municipales y estatales no declinen en su obligación de garantizar la seguridad en sus comunidades.
También reitero la urgente necesidad de formar estrategias conjuntas a nivel internacional para hacerle frente a la criminalidad que está organizada globalmente y cuya acción trasciende claramente las fronteras de los países.
Finalmente, también es fundamental que todos los mexicanos demos todo nuestro respaldo, claro e indubitable, a los policías, soldados y marinos que hoy están en las calles luchando frontalmente contra la delincuencia no por otra cosa, sino para velar por la seguridad de las familias mexicanas.
Todos debemos estar comprometidos con esta causa. Los miembros de las fuerzas del orden deben saber, cada marino, cada soldado, que en esta delicada tarea cuentan con todo el respaldo de cada mujer y de cada hombre de bien de nuestro país.
No podemos ni debemos consentir que la causa por la que nuestros policías, soldados y marinos luchan, se debilite por la indiferencia o por la apatía. Todos debemos reprobar los actos cobardes de los criminales.
Debemos unirnos en torno al propósito de vivir en un país seguro. Negar el apoyo a las fuerzas del orden es una forma de auxiliar a los delincuentes (...)

Grupo Monitor

Tiro (casi) de gracia
Jenaro Villamil, reportero.
Publicado en la revista Proceso, No. 1648, 1 de junio de 2008;

Grupo Monitor, el exitoso proyecto radiofónico creado hace 34 años por José Gutiérrez Vivó, recibió un tiro que parece mortal: una huelga de trabajadores que exigen el pago de salarios atrasados. Antecedido por un pleito empresarial entre socios y un inocultable embate maquinado desde el poder presidencial –de Vicente Fox a Felipe Calderón–, este nuevo golpe a Monitor adquiere dimensiones que preocupan: el de Gutiérrez Vivó es el segundo proyecto radiofónico de alta audiencia –el otro es el que Carmen Aristegui encabezó en W Radio– que sucumbe en tan sólo unos meses en condiciones indignas. En entrevista con Proceso, Gutiérrez Vivó cuenta los detalles de su infortunio…
Después de 34 años al aire, pionero de formatos y contenidos en los noticiarios radiofónicos, Monitor suspendió sus transmisiones el viernes 23 de mayo, a las 15 horas, ante el estallido de una huelga como no se registraba en la radio comercial desde hace décadas.
El creador de Grupo Monitor, José Gutiérrez Vivó, no tiene dudas: se trata de un “proceso de censura quirúrgica” iniciado en 2001, cuando el Grupo Radio Centro suspendió unilateralmente los términos de sus cinco contratos de exclusividad. Para el periodista, el principal responsable político de la desaparición de Monitor es el expresidente Vicente Fox.
En la entrevista, acusa a los dueños de Radio Centro, los hermanos Francisco y Carlos Aguirre Gómez, de aplicar “tácticas dilatorias” para demorar la sentencia definitiva del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en materia civil. Calcula que ahora le adeudan alrededor de 100 millones de dólares.
El 22 de mayo, el Cuarto Tribunal Colegiado en materia civil, por unanimidad de votos de los magistrados Francisco Sandoval, Leonel Castillo González y Miguel Reyes Zapata desechó la denuncia de impedimento interpuesta por Grupo Radio Centro y le impuso a esta empresa y a su apoderado una multa de 180 días de salario mínimo por su intención “de entorpecer y dilatar de manera injustificada” el litigio, tal como consta en la sentencia cuya copia tiene este semanario.
El problema ahora es la huelga, que ha derivado en la suspensión de trasmisiones de la estación 1320 AM, la única que le quedaba a Gutiérrez Vivó después de entregar la 1560 AM al empresario Eduardo Henkel como pago por un préstamo.
Los 109 trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión (STIRT), dirigido por Ricardo Acedo Samaniego, demandaron el pago completo de 10 quincenas y de las prestaciones no cubiertas. Luego declararon la huelga, que afecta a cerca de 400 trabajadores. La situación laboral se ha tornado igualmente delicada en el periódico Monitor.
Los afanes de Fox
José Gutiérrez Vivó se ve decaído, pero no evade las preguntas.
–¿Señal de qué es para usted que en los primeros cinco meses de este año los dos noticiarios de mayor audiencia en la radio comercial, Monitor y Hoy por Hoy, de Carmen Aristegui, estén fuera del aire?
–No se puede juzgar el caso que menciona, el de W Radio, como un asunto similar a la manera en que ocurrió el mío. Son formas muy diferentes. Otro elemento es que en cualquier país, en cualquier ciudad, es digno de llamar la atención de la sociedad que salgan del aire dos programas líderes, uno con 34 años, pionero en los noticiarios de la radio en el México de hoy, que mantuvo durante este tiempo el primer lugar de audiencia, y el caso de Carmen Aristegui que en los últimos tiempos empezó a tener una posición muy destacada en audiencia.
“Si lo vemos así, de lejos, no deja de ser un elemento que causa sorpresa. Coincido con la esencia de la pregunta. No deja de llamar poderosamente la atención.”
–¿Son ejemplos de silenciamiento?
–Lo que sí le puedo decir es que el caso Monitor personalmente lo traté, lo discutí con el expresidente Vicente Fox. Para mí no hay la menor duda de que en 2001 fue el inicio de un proceso para acabar con la empresa Monitor, y que finalizó el viernes 23 de mayo pasado, cerca de las tres de la tarde.
“Estamos hablando de un proceso que tiene un clarísimo seguimiento, una línea de conducción que yo personalmente comenté con el propio Fox. Por lo tanto, no tengo que especular nada, a diferencia de otros casos. Es un asunto abiertamente discutido con el expresidente Fox. Se utilizaron una serie de métodos con el fin de que ocurriera de una manera en la que no pareciera lo que es.
“Por eso, he llamado al plan de Vicente Fox un proceso de censura quirúrgica, con el fin de enfatizar que no había que dejar huellas, lo cual es muy difícil. Hasta en los actos delictivos o en los crímenes más afamados, siempre el asesino deja huella o, como dicen, vuelve al lugar de los hechos. Y, en mi caso, Fox volvió al lugar de los hechos.”
Gutiérrez Vivó relata su último encuentro con Fox en Los Pinos, poco antes de abandonar la Presidencia de la República (Proceso 1571, 10 de diciembre de 2006). Reproduce textualmente lo que Fox en aquella ocasión le reclamó: “¿Por qué te volviste perredista?”, así como la negación y el revire del conductor: “Bueno, señor presidente, yo tengo la información de que usted me quiere desaparecer”.
–Yo nunca he matado a nadie –le respondió Fox.
–Señor presidente, yo nunca he pensado que me quiera matar, lo que sí he pensado es que me quiere desaparecer como empresa –fue la contestación que recuerda haberle dado Gutiérrez Vivó.
Ahora se le plantea:
–Usted denunció ante Proceso y en el Club de Periodistas las presiones de Fox, y que el actual gobierno le advirtió que estaba “castigado”. ¿Se mantuvo el castigo?
–La observación que yo recibí fue que durante la presente administración estábamos “castigados”, que observarían durante el primer año cuál era nuestra conducta y que, si así lo juzgaban, posiblemente el presidente de la República hablaría conmigo para ver cuál había sido nuestra forma de trabajar durante el tiempo ya mencionado.
“Yo se lo conté al propio Max Cortázar (jefe de Comunicación Social de la Presidencia) meses después. Él en reiteradas ocasiones me ha dicho que eso es una mentira y que él nunca emitió semejante advertencia.”
Después se remonta al inicio de 2001, cuando el Grupo Radio Centro decidió unilateralmente reducir 50% del pago del contrato a 16 años y medio que firmó con el Grupo Monitor el 23 de diciembre de 1998. Y revela que la actitud de los hermanos Aguirre fue atestiguada por el entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel, y su subsecretario de Comunicación Social, José Luis Durán Reveles.
–¿Por qué intervino la Secretaría de Gobernación en algo que Fox consideró después un ‘asunto entre particulares’?
–Le pedí personalmente a Santiago Creel, en su carácter de secretario de Gobernación, su intervención. Asistí a esa cita acompañado por el doctor Jaime Serra Puche, que también fue testigo de este hecho. Creel me dijo: “En esta secretaría arreglamos lo imposible”.
“El hecho es que a la novena reunión los señores Francisco y Carlos Aguirre Gómez aceptaron, ante la insistencia de Durán Reveles, que tenían un adeudo con nosotros y que la próxima semana, también miércoles, harían el pago de la cantidad no recibida por Grupo Monitor, que ya nos había comenzado a poner en una situación de crisis económico-administrativa.
“Llegó el miércoles, el décimo, y se entregaría el recibo por el diferencial no pagado por Grupo Radio Centro. A las ocho y media de la mañana, mientras realizaba el programa, recibí la información de que no me presentara a la reunión de Barcelona 34 (sede de la subsecretaría) porque el señor Aguirre Gómez había dicho que él no iba a asistir, ya que ‘no había materia qué discutir’.
“Le solicité al gobierno federal que interviniera para hacerle entender al señor Aguirre Gómez el error y las consecuencias que esto podía tener, y a las que hemos llegado. Carlos Aguirre me llamó por teléfono semanas después, a mediodía, para decirme que la familia Aguirre Gómez había decidido que el asunto lo manejáramos a través de un juicio. Entonces, de acuerdo a la cláusula correspondiente del contrato, acudimos al arbitraje de la Corte Internacional de Comercio, perteneciente a las Naciones Unidas.”
Arbitraje y triquiñuelas
Los tres árbitros designados por ambas partes fueron Eduardo Siqueiros Twoney, presidente del Tribunal Arbitral; Alejandro Ogarrio Ramírez, propuesto por el Grupo Monitor y con experiencia como abogado de Telemando; y Juan G. Minjares Dávalos, abogado de Televisa y propuesto por los Aguirre. Con voto dividido de dos a tres, el arbitraje resolvió el 30 de enero de 2004 que Radio Centro debía pagar 21 millones de dólares, más los intereses acumulados por daños y perjuicios. Mijares votó en contra (Proceso 1604).
“En ese momento –recuerda Gutiérrez Vivó– se da una situación que viene a ser uno de los descalabros mayores, porque Grupo Radio Centro nos saca del aire, sin aviso previo, habiendo perdido el juicio, y deja en la calle a más de 400 trabajadores que les servíamos, que nos contrató en exclusividad y de quienes era el patrón solidario, responsable último del sostenimiento de todos nosotros.
“Incluso, Grupo Radio Centro informó a la bolsa de valores en Nueva York y en México que habían perdido, que iban a tomar una previsión económica ‘en el caso de que tuvieran que pagar’, y que iban a luchar por todos los medios posibles para demostrar que el arbitraje era incorrecto, cuando ellos firmaron documentos en donde aceptaban el arbitraje y uno de los abogados fue propuesto por ellos. No puede haber el menor alegato si habían participado en todo.”
–¿La Corte Internacional de Comercio no tenía medios para obligar al pago?
–Por supuesto que los tiene, pero dentro de las curiosidades que tiene el señor Fox, y por supuesto su esposa, nadie obligó, hasta el día de hoy, al señor Aguirre a pagar la pena que le fue impuesta.
“En una ocasión me permití solicitar una cita con el presidente Fox, y me recibió en su casa, recién operado de la columna y acompañado de su esposa. En el momento en que entré a la llamada cabaña presidencial, el presidente estaba sentado a la cabecera del comedor, desayunando. Me saludó y acto seguido su esposa, Marta Sahagún, le pasó el brazo por el hombro y me dijo: ‘Pepe, te quiero recordar que el señor presidente de la República está aquí para atender asuntos de la nación, no asuntos entre particulares, mucho te agradeceré que evites cualquier tema que no corresponda al presidente de la República’. A lo cual Fox no contestó nada.”
–¿Y es un problema entre particulares solamente?
–Todos somos particulares. Es una aberración decir esto en un litigio con arbitraje internacional. Nos asaltan a particulares, nos cobran impuestos a particulares, ¡por favor! Esa es una invención que hizo Fox y que la gente compró hasta que se convirtió en mandato presidencial. Si un presidente no trata asuntos de particulares, entonces ¿trata asuntos del mundo animal?
El Grupo Radio Centro promovió un incidente de nulidad del laudo arbitral ante el juez 63 de lo civil en el Distrito Federal, Jaime Daniel Cervantes Martínez. Éste dio la razón a los Aguirre y argumentó que los árbitros no eran “expertos” en materia de medios de comunicación. La sentencia motivó, incluso, la renuncia del entonces abogado del Grupo Radio Centro, Eduardo Hegewish, quien no invocó la falta de experiencia, sino que argumentó que los árbitros se “excedieron en los límites de su misión”.
Gutiérrez Vivó se amparó ante el Juzgado Sexto de Distrito contra la resolución del juez Cervantes Martínez, y Radio Centro promovió la revisión de este amparo ante el tribunal décimo tercero. Al fallar a favor de los Aguirre, esta instancia transformó en amparo directo a favor de Radio Centro lo que era una revisión de sentencia a favor de Gutiérrez Vivó.
Asesorado por Javier Quijano, Gutiérrez Vivó acudió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, alegando que el tribunal violó los artículos 14 y 107 de la Constitución en materia de amparo. Ganó en una votación de cinco contra cuatro ministros. En enero de 2007 el caso retornó al tribunal décimo tercero, que no ha podido emitir su sentencia final ante distintos alegatos que ha presentado Grupo Radio Centro.
“Han alargado el proceso hasta que nosotros desapareciéramos. Cosa que lograron”, admite Gutiérrez Vivó. “No sólo han tratado de incumplir con lo que la ley mexicana les dictó en marzo de 2004, sino que llegaron al extremo de querer engañar a la propia ley”, resume.
La huelga
El estallido de la huelga volvió a suspender las trasmisiones de Monitor, que había retornado al cuadrante después de la primera interrupción, iniciada a finales de junio de 2007. Los trabajadores sindicalizados han acusado a Gutiérrez Vivó de “un importante atraso en el pago de salarios”. El 23 de mayo, el vocero de los huelguistas, el conductor y reportero José Luis Reyes, indicó que empezarán las negociaciones para el pago de salarios.
Gutiérrez Vivó reconoce que adeuda 20 quincenas, pero advierte que el responsable es el patrón solidario, Grupo Radio Centro, que ya le adeuda 100 millones de dólares, sin incluir daños, perjuicios, cancelación injustificada de un contrato por 16 años y medio ni el despido injustificado de 2004.
Califica la huelga como “un error” porque el Grupo Monitor “nunca ha negado su adeudo, estábamos dispuestos a vender nuestro propio edificio de La Presa 212, en San Jerónimo, a pesar de que el inmueble vale varias veces el adeudo mencionado”.
–¿Qué expectativas tiene frente a la huelga?
–La ley laboral indica que cuando estalla una huelga queda estrictamente en manos del comité ejecutivo del sindicato hacer un llamado a la conciliación.
–¿No puede intervenir la Secretaría del Trabajo?
–Su trabajo es tratar de ser un conciliador, como lo fue, porque en muchos casos no sólo no llega a terminar bien (el conflicto laboral), sino que dejan absolutamente invalidada a la empresa.
–Pero en el sindicato insisten en que usted tiene otras propiedades para pagar, una colección de carros…
–Mis carros. Yo le pregunto: ¿toda persona tiene derecho a trabajar y a utilizar sus ingresos, después de impuestos, en lo que le plazca? Me parece un acto cobarde, infundado y sin fondo real el que un asunto tan serio lo hayan pretendido convertir en un programa más de Paty Chapoy.
Y aporta un último dato: posee un Lincoln de 1958, del mismo modelo que utilizó el presidente Adolfo Ruiz Cortines, cuyo valor, de acuerdo al libro azul de las agencias de automóviles, no es mayor de 30 mil pesos.

Monitor: ¿punto final o punto y seguido?
Miguel Ángel Granados Chapa
Quien pretendiera escribir el epitafio de Radio Monitor, en silencio por una huelga iniciada el 24 de mayo, tendría que olvidar la resurrección de esa experiencia radiofónica ocurrida el año pasado. Durante 65 días, por decisión unilateral de José Gutiérrez Vivó, sus emisoras interrumpieron el más completo servicio informativo de la radio. Él mismo, al anunciar la suspensión de labores el 29 de junio de 2007, habló de la muerte de su espacio noticioso, que con modalidades había encabezado durante 34 años (y había llegado a la edición número 41 mil 100). Y sin embargo, al comenzar septiembre el conductor emblemático estaba de nuevo ante el micrófono, intentando superar la crisis que parecía mortal y mostraba en ese momento no serlo. Podría, en consecuencia, estar experimentando de nuevo un momento de letargo, del que puede volverse a la vida.
Es cierto que de septiembre a acá las cosas en Monitor empeoraron. En junio pasado iba a iniciarse la huelga que al fin comenzó en mayo siguiente porque subsistían, agravadas, las circunstancias que fueron el signo de ese servicio informativo en los años recientes y que se resumen en dos palabras: insolvencia económica, para enfrentar los compromisos laborales. Eso significaba atraso dramático en la paga del personal, cuyo número se redujo con lentitud, porque buena parte de los trabajadores y colaboradores de Monitor dieron una muestra de solidaridad y de paciencia y de esperanza al seguir bregando sin remuneración o con los salarios demorados y recortados.
Quizá debido a la conciencia que suscitó en el público la interrupción de más de dos meses, la percepción clara de lo que se había perdido, el número de oyentes no disminuyó pese al silencio, sino que se incrementó: por eso Gutiérrez Vivó podía ufanarse, en la publicidad impresa de su emisión, de ser el primero en atención pública, según las mediciones convencionales de Internacional Research Associates (Inra) durante el semestre siguiente a su reaparición, por encima de otros servicios dotados de estabilidad y de mejores condiciones profesionales. ¿Cómo se produjo la paradoja de que el noticiario más oído no fuera el más solicitado por los anunciantes, al grado de que su ausencia condujera a la quiebra a su propietario y director?
Dejando aparte el juicio sobre las aptitudes empresariales presentes de Gutiérrez Vivó y su talante humano, en que no faltan quienes ponen el acento, el fracaso (definitivo o temporal) de su largo esfuerzo parece nacer de dos causas: una vinculada a la estructura de la industria radiofónica mexicana y a un boicot publicitario orquestado desde la Presidencia de la República (iniciado por Fox y no cancelado por Calderón). Por efecto del modo de ser de la radiodifusión comercial, Gutiérrez Vivó fue expulsado como un elemento extraño que con éxito inicial (época en que brillaron sus dotes gerenciales) reunió en una sola persona las condiciones de concesionario y director periodístico, conductor directo de programas noticiosos. Éstos, por bien pagados que sean, por mucho prestigio que adquieran, no son sino empleados de los empresarios y en esa situación se les mantiene. Gutiérrez Vivó cometió la osadía de reunir ambas calidades y se le hizo pagar por ello, para que su ejemplo no cunda, para que se mantenga la gestión empresarial en manos de los negociantes, no a cargo de los periodistas.
Gutiérrez Vivó aprovechó la venta de Radio Red, hecha por la familia Serna a la familia Aguirre, de Grupo Radio Centro, para situarse en el centro de la situación. Creó Infored y consiguió que su principal activo, el talento para informar, fuera tasado convenientemente. De ese modo, en 1998 suscribió con los Aguirre un contrato tan ventajoso para ambas partes que se estipuló que duraría 16 años y medio. Grupo Radio Centro adquiría de ese modo la exclusividad del mejor noticiario radial, e Infored se hizo pagar, además de las cuotas ordinarias por el servicio, con la concesión de dos estaciones de amplitud modulada, situadas en el 1560 y el 1320 del cuadrante, que ya no eran buen negocio para Grupo Radio Centro.
Tardíamente los propios Aguirre u otras familias dominantes en la radiodifusión se percataron del error de hacer uno de los suyos a quien no lo era, y decidieron desandar lo andado. Grupo Radio Centro incumplió sistemáticamente el contrato hasta que Infored lo denunció y en 2002 solicitó ser resarcido de daños y perjuicios, a través del arbitraje, un sistema de justicia privada pactado expresamente entre las partes. En enero de 2004 el laudo arbitral condenó a los Aguirre a pagar 21 millones de dólares a Gutiérrez Vivó. En los siguientes dos meses Grupo Radio Centro no dio señales de que cubriría esa suma, o que dejaría de hacerlo. Inesperadamente, arteramente, el 3 de marzo obró en esta segunda dirección de modo contundente: a las 13 horas echó de las frecuencias de Radio Red los mensajes de Monitor y en vez de su edición del mediodía en el 1110 de AM y el 88.5 de FM apareció Jacobo Zabludovsky, que desde meses atrás actuaba en ese horario en otra estación de los Aguirre.

Gutiérrez Vivó reaccionó inmediatamente y trasmitió Monitor a través de sus propias frecuencias, las que había recibido de los Aguirre, aunque no se hallaran en las mejores condiciones técnicas posibles. El daño, sin embargo, estaba hecho y fue ahondándose al correr de los días. A lo largo de ellos se percibió que no había sido casual la elección de la fecha que dio el golpe a Monitor: esa mañana, en entrevista con Gutiérrez Vivó (a la que acudía trimestralmente como otros jefes de gobierno en el pasado), Andrés Manuel López Obrador se proclamó aspirante a la Presidencia de la República. De ese momento surgiría la falsa especie de que Gutiérrez Vivó era partidario de López Obrador y ponía sus emisiones a su servicio.
El doble golpe de Radio Centro a Monitor (echarlo de las frecuencias conocidas por el público y demorar para nunca el pago de lo adeudado) desequilibró a la empresa de Gutiérrez Vivó, que el año anterior había adquirido el diario El Heraldo de México para ingresar en los medios impresos y acaso con la esperanza de que sus finanzas resistieran ese empeño ante la inminente recepción de la creciente suma que los Aguirre se empeñaban (como hasta el día de hoy) en no cubrir. Para suplir la falta de una emisora de FM, Monitor tomó en arrendamiento una propiedad de la familia Vargas, de MVS, de la que tuvo que marcharse el 30 de noviembre de 2006, incapaz de cubrir la renta convenida.
Es que estaba ya en marcha el boicot publicitario impulsado por Vicente Fox. Aunque habían llegado a tener algún grado de cercanía, el presidente no perdonó a Gutiérrez Vivó su presunta adhesión a López Obrador. En septiembre de 2004 hizo ostensible su distanciamiento con una grosería. Se hizo invitar a la fiesta de cumpleaños de Monitor, llegó hasta el salón preparado al efecto y se retiró sin entrar, al mismo tiempo que mandó decir con su secretario Emilio Goicoechea que no le sería posible asistir por un asunto urgente de última hora.
En cenas en Los Pinos, convocadas ex profeso, Fox instaba a los anunciantes actuales o potenciales de Monitor a que dejaran de serlo, porque al patrocinar a Gutiérrez Vivó favorecían a López Obrador, conceptuado ya entonces como “un peligro para México”. Con la pérdida de su salida en frecuencia modulada, la situación de Monitor empeoró hasta llegar a la crisis, en que se consideró la venta de activos, incluido el colosal inmueble de la avenida de La Presa, para hacer frente a los crecientes pasivos, sobre todo laborales. Así se llegó a la suspensión de 2007, lapso en que Gutiérrez Vivó creyó haber derrotado el boicot, por lo cual pudo volver al aire. Pero la actitud del gobierno no se modificó y por lo tanto los anunciantes continuaron su renuencia a aparecer en Monitor, a pesar de su evidente fuerza vendedora. Instado por Eduardo Henkel, ambiguo personaje cercano a Fox, y a Gutiérrez Vivó al grado de haberle facilitado un crédito millonario, a pagar ese adeudo, el atribulado concesionario y comunicador se mutiló a sí mismo al entregarle uno de sus dos canales de salida, la estación del 1520 del cuadrante.
La presión laboral, especialmente empujada por la dirección del sindicato de la industria, cuyos móviles y fines coinciden con los de los concesionarios por arreglos en la cúpula, logró consumar la huelga a que eran renuentes los trabajadores, quienes aguardaban, contra toda esperanza, una mejoría en las condiciones comerciales y financieras de la empresa que se reflejara en la regularización y mejora de sus salarios.
En circunstancias así, la huelga puede ser mortal, pues se ciegan las fuentes de ingreso, por magro que sea. ¿Estaremos ya en el punto final? ¿O veremos que se trataba de punto y seguido cuando veamos de nuevo a Gutiérrez Vivó colocarse las orejeras que se convirtieron en símbolo de Monitor?

Culiacan: sin inteligencia

La guerra sin armas, sin estrategia, sin inteligencia...
Jorge Carrasco Araizaga, reportero

Publicado en la revista Proceso, No. 1648, 1 de junio de 2008;

Si los ciudadanos no contaran con las tranquilizadoras expresiones de funcionarios como Eduardo Medina Mora, titular de la Procuraduría General de la República –para quien, “aunque no lo parezca”, la guerra antinarco está siendo “ganada” por las fuerzas federales–, pensarían lo contrario... Esto se infiere a juzgar por la mortífera capacidad de fuego mostrada en los últimos días por los narcotraficantes. Sin armas, sin estrategia y sin inteligencia, las corporaciones federales prácticamente se encuentran a merced del narcotráfico, como ocurrió el pasado 26 de mayo en Culiacán, Sinaloa…
Una simple llamada telefónica evidenció a la publicitada policía científica del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y de paso ocasionó el más duro golpe a los operativos antinarco del gobierno federal con el asesinato de ocho policías federales.
La noche del pasado 26 de mayo, a las 10:50, hora local, la denominada Policía Federal que participa en el Operativo Culiacán-Navolato recibió una llamada anónima en la que se denunciaba la presencia de un grupo armado en una casa de la colonia Las Vegas, al oriente de Culiacán.
Una veintena de policías se trasladó en tres camionetas pick up al número 1100 de la calle Alba de Acosta, la casa de seguridad en que los esperaba una célula de los hermanos Beltrán Leyva, quienes disputan el control del cartel de Sinaloa con Joaquín El Chapo Guzmán.
Se trata del mismo grupo que ordenó la ejecución de Édgar Eusebio Millán Gómez. El coordinador de seguridad regional de la Policía Federal fue asesinado el pasado 8 de mayo, en represalia por el fallido operativo que dirigió para capturar a Arturo Beltrán Leyva, conocido como El Barbas; en la acción detuvo a nueve de sus guardaespaldas.
Pese a otras sensibles bajas que el cuerpo policial ha sufrido en semanas recientes a manos de los Beltrán, y sin ponderar la información anónima, los agentes destacados en Culiacán se trasladaron la noche del lunes a la casa reportada, en un populoso barrio de la ciudad.
Sin datos fidedignos y procesados mediante un sistema de inteligencia se presentaron en una de las zonas más conflictivas de la capital sinaloense, sector de “picaderos” donde dos semanas atrás detuvieron a siete delincuentes en posesión de armas largas y vehículos con reportes de robo.
La trampa estaba tendida. En cuanto los policías llegaron fueron recibidos a tiros por sicarios que los atacaron desde la casa de seguridad reportada. Algunos de ellos, incluso, estaban apostados como francotiradores en la parte alta del inmueble. Construida en dos niveles y de gran tamaño, la casa se convirtió en un refugio para los agresores, quienes dispararon también desde todas las ventanas de la construcción.
Pero el ataque letal también se lanzó desde un inmueble de la acera de enfrente. Ahí se encontraba otro grupo de agresores. Los policías que acudieron a la llamada anónima desconocían la manera en que se encontraban organizados los pistoleros.
En los primeros momentos de la balacera cuatro agentes fueron acribillados. De acuerdo con la secretaría de Seguridad Pública Federal (SSP), de la que depende la denominada Policía Federal, varios policías recibieron tiros de frente y por la espalda. Tres más murieron en el hospital. Uno más, que alcanzó a subir adonde se encontraban los francotiradores, quedó en esa parte de la casa que sirvió de señuelo.
En total, fallecieron ocho uniformados y tres quedaron heridos. Son las bajas más numerosas que la Policía Federal ha sufrido en una sola acción desde que comenzaron los operativos antinarco, en diciembre de 2006, en Michoacán.
Del otro bando, sólo uno de los sicarios murió y tres fueron detenidos, incluida una menor de 14 años. Se estima que más de 20 sujetos huyeron antes de que llegaran cientos de refuerzos policiales y militares. En el ataque, los sicarios utilizaron por lo menos fusiles AK-47 y granadas de fragmentación. Las casas vecinas resultaron dañadas y sus habitantes vivieron una noche de terror.
La manera en que fueron asesinados los agentes federales revela que hubo una grave falla de inteligencia, el elemento que García Luna presume, de manera insistente, en su labor de reestructuración de las policías federales.
Menos riesgos y más fuerza
El director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia –organización dedicada a la capacitación policial y de propuestas de políticas de seguridad y justicia–, Ernesto López Portillo Vargas, afirma: “Hechos de tal magnitud revelan que los sistemas de inteligencia policial y militar están rebasados”.
Asegura que no se previó la magnitud del ataque al que serían sometidas las fuerzas federales en un contexto como el de Sinaloa. “El proceso de inteligencia policial debiera dar los elementos necesarios para reducir los riesgos e incrementar la fuerza; no de manera indiscriminada, sino la clave del despliegue táctico para estar lo mejor preparado posible ante el embate y en su caso anticiparse”.
La acción contra la policía de la SSP confirmó también la denuncia hecha por el excomisario regional Javier Herrera Valles, recientemente destituido como coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva (PFP), componente principal de lo que García Luna presenta ya como Policía Federal, pese a que el Congreso aún no reforma la Ley Orgánica de la SSP para dar existencia legal a ese cuerpo.
Separado de la SSP por órdenes del propio García Luna, Herrera Valles no sólo acusó al funcionario federal de lucrar con los operativos en beneficio de sus amigos, sino que lo responsabilizó de la ineficiencia de los operativos debido a que no se realiza trabajo de inteligencia.
En entrevista con Proceso (1637), Herrera Valles aseguró: “Nos mandaron a la guerra sin información, con pocas armas y sin soporte de inteligencia; andábamos haciendo el ridículo por todos lados, confundidos por las órdenes y contraórdenes que nos giraban nuestros jefes”.
Refiere que en las primeras semanas de los operativos ordenados por Felipe Calderón, había una total confusión entre los mandos de la secretaría:
“El área de inteligencia de la SSP no nos proporcionaba ninguna información. No sabíamos a quién estábamos persiguiendo. Todo era un caos. Las órdenes eran así: ‘váyanse para allá’, ‘ahora para acá’. Más tarde dijeron: ‘coloquen retenes y hagan presencia en las calles’… todo aquello era la total descoordinación”.
En Culiacán el problema no fue de descoordinación, sino algo también grave: la falta de información de inteligencia para actuar en una de las zonas más conflictivas por la presencia de la delincuencia organizada.
Tal era el desconocimiento del lugar al que llegaron los policías federales que la propia SSP en su comunicado oficial aseguró que los hechos ocurrieron en la colonia Miguel Hidalgo, cuando en realidad se trataba de Las Vegas.
Apenas llegaron los federales, los pistoleros les comenzaron a disparar causándoles las bajas. Desatado el tiroteo, varios sicarios salieron por el portón en dos camionetas abriendo fuego contra los policías. Una de ellas, tipo Chevrolet Tahoe, chocó contra un poste. Otros salieron por las dos puertas frontales de la casa.
Ante el fuego cruzado, los federales pidieron refuerzos. Llegaron más camionetas con numerosos elementos del Grupo de Operaciones Especiales (Gope) y de Fuerzas Federales de Apoyo, destacados por la SSP en el Operativo Culiacán-Navolato. El operativo fue echado a andar el pasado 13 de mayo, como respuesta al incremento de la violencia en el estado, que desde comienzos de mayo mantiene en zozobra a la población.
Los elementos del Gope y de Fuerzas Federales rescataron a los policías heridos que se habían arrastrado hacia una de las esquinas, así como los cuerpos de los policías abatidos enfrente del inmueble donde fueron emboscados.
También llegaron agentes de las policías de Seguridad Pública estatal y municipal, así como un destacamento de la IX Zona Militar, ubicada a sólo unas cuadras del lugar de la celada. En total, se estima que llegaron entre 300 y 400 elementos entre civiles y militares armados. Pero cuando se presentaron, los policías federales ya habían caído.
Mutismo castrense
En el Distrito Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional no informó nada sobre la participación de los elementos castrenses en el enfrentamiento que duró casi cuatro horas, con tiroteos espaciados.
Hacia las 3:00 de la madrugada del martes, elementos del Gope pudieron entrar a la casa. Ahí aseguraron siete fusiles AK-47, 36 cargadores, cuatro cargadores de disco y 25 cajas de cartuchos calibre 7.62, de 20 unidades cada una. De la otra casa, los sicarios huyeron por la azotea. Ese inmueble fue asegurado por la PGR. Los militares activaron una granada que no estalló durante el ataque.
Horas después, en la tarde del martes, García Luna negó que sus elementos hubieran sido ejecutados y los presentó como víctimas de un enfrentamiento debido a la superioridad de fuego de los narcotraficantes. Aseguró que las armas de los delincuentes eran de calibre superior a los 50 milímetros.
Peor aún, en una muestra de la poca preparación con la que están actuando sus elementos en los operativos, dijo que la SSP va a “identificar los patrones de conducta que ellos generan en la parte criminal…”.
Al día siguiente del ataque, 200 policías federales más fueron desplazados a Culiacán, con lo que llegaron a 800 los destacados por la Secretaría de Seguridad Pública en Sinaloa. Ese desplazamiento colocó a ese estado como el segundo con el mayor número de efectivos de la SSP que forman parte de los operativos ordenados por Calderón. Casi igual que Sinaloa está Tamaulipas, donde hay 817 policías federales. En tercer lugar se encuentra Michoacán, con 584, y le sigue Ciudad Juárez, con 469.
De acuerdo con la SSP, hasta antes de que se enviaran los refuerzos a Culiacán, la Policía Federal tenía 4 mil 766 policías en diferentes estados como parte de los operativos. La actual cifra representa la cuarta parte de los 20 mil elementos con que cuenta en total, en su mayoría integrantes de la PFP.
Los elementos adicionales llegaron a Culiacán la mañana del 28 de mayo pasado en dos aviones de la corporación, tipo Boeing 727 con matrícula XC FPA, al mando del general Rodolfo Cruz López, coordinador operativo de las Fuerzas Federales de Apoyo de la SSP.
En declaraciones a la prensa, el militar aseguró que, luego de una llamada anónima, un grupo de inteligencia de la corporación alertó a los uniformados de que un grupo armado se encontraba en la zona del ataque.
Dijo que la agresión se dio desde diferentes casas, por lo que los uniformados quedaron en medio de varios fuegos desde distintos ángulos. Explicó así las bajas: Los agentes recibieron “fuego de al lado, de enfrente; al ver que oponíamos resistencia o que les íbamos ganando, llegaron por la parte posterior, salieron de otras casas”.
Su versión de la resistencia o de que “iban ganando” se contradice con el hecho de que los policías de la SSP no sabían cuantos sicarios había en la zona, cómo estaban distribuidos y el armamento con que contaban. El propio general, un día después de los hechos aún no sabía cuántos sicarios estuvieron involucrados en el tiroteo.
Al igual que García Luna, negó que se tratara de una ejecución y dijo que los sicarios utilizaron armamento más potente que el de los elementos de la SSP: “Nos arrojaron granadas, nos atacaron con armas de calibres superiores, normalmente las que manejan el Ejército y las fuerzas especiales”. Precisó que por lo menos les lanzaron cinco granadas.
En el ataque, añadió, se utilizaron “AK-47 automático (calibre) 7.62, con punta de acero. Penetra el blindaje y penetra todo. Son ametralladoras y se diferencian en que su cadencia de tiro es de casi 200, 500 cartuchos por minuto… Los cargadores que nuestra gente trae son de 20 cartuchos. La desventaja es horrible”. El general Cruz López insistió en que no fue una ejecución, “simplemente tuvieron más parque del otro lado y se acabó”.
Enseguida se refirió a lo que no tuvieron los agentes emboscados en Culiacán: “Nosotros tenemos que actuar con la inteligencia de blancos específicos; necesitamos aquí, ¿cuántos, 50 mil, 60 mil hombres para estar en las calles día a día? Sería materialmente imposible. Entonces hay que privilegiar la inteligencia”.
Sin indicar a partir de cuándo ni cómo, dijo que la Policía Federal elevará el calibre de las armas que utiliza, de 2.23 a 7.62; aunque aseguró que la SSP tiene 4 mil de esas piezas que disparan en ráfaga, la mitad de las que se requieren en la actualidad.
Sobre los responsables del ataque, se limitó a decir: “Se supone que es una célula derivada de otra célula de los Beltrán”.
Mantas acusadoras
El mismo día en que llegaron los refuerzos policiales desde la Ciudad de México, el miércoles 28, amanecieron en distintos puntos de la capital sinaloense cinco mantas en contra de García Luna y del comandante de la III Región Militar y exjefe del Estado Mayor Presidencial en el gobierno de Ernesto Zedillo, general de división Roberto Miranda Sánchez, quien también tiene un programa de denuncia anónima.
Firmados por “policías honestos de Culiacán”, en uno de los mensajes se acusa al secretario y al general de proteger a Arturo Beltrán Leyva y a Vicente Carrillo, quienes, según la PGR, se unieron en contra de El Chapo Guzmán. Fue la segunda ocasión en menos de un mes que aparecieron mantas en contra del general Miranda y de García Luna.
“General Roberto Miranda; secretario que vende y entrega a sus policías, Genaro García Luna; en su memoria y conciencia, si es que tienen, llevarán la muerte de tantos policías y gente inocente, y todo por ser fieles de Arturo Beltrán Leyva y Vicente Carrillo. Señor presidente, en manos de quién estamos”, decía uno de los mensajes colocados el miércoles 28.
Otro apuntaba: “En estos operativos los resultados son: pueblo pierde vidas y Miranda gana dólares, ¡que bien! Pudiera pagar la nómina aquí en la corporación”.
Más directa, en otra manta se leía: “General Miranda: sólo faltaba que a los delincuentes matapolicías les dieran asilo y respaldo en el cuartel militar. ¿Qué no tiene un grupo de inteligencia, por qué no lo había detectado si estaban a dos cuadras del cuartel…”. El mensaje aludió a la cercanía de las instalaciones de IX Zona Militar con las casas de seguridad desde las que la célula de los Beltrán Leyva atacó a los federales.
La manta agregaba: “… Y te lo decimos a ti, porque también sabemos que estás de planta en Culiacán por instrucciones de Arturo y Vicente para atacar a sus rivales. Qué lástima general corrupto, dónde quedó su lealtad a la patria y su honestidad. La verdad, soy yo mil veces más honesto que tú. General vendido”.
Ernesto López Portillo dice que con las mantas, “esas organizaciones nos avisan a todos que están por encima de cualquier institución del Estado. No tengo duda de que alguien que hace ese acto opera sobre la base de esa certeza. Estamos en un momento dramático que nos debería llevar a una revisión total de la respuesta de las instituciones y de la sociedad frente a la delincuencia organizada”.
Añade que si bien la respuesta violenta era previsible, pues incluso las mejores policías pueden verse rebasadas por la delincuencia en hechos específicos, lo que está ocurriendo es que las organizaciones delictivas han demostrado su capacidad para desafiar al Estado mexicano.
Lo peor, añade, es que cada hecho de violencia de la delincuencia organizada que no es castigado alienta a que se realice otro. Pero además de la impunidad, dice, estamos ante una compleja suma de fallas, que pasa por la inteligencia y la profesionalización de las policías.
Cauto, considera que en este momento no se puede afirmar que la estrategia contra el narcotráfico, centralizada en el uso de la fuerza, sea un fracaso y menos un éxito. “No existen elementos suficientes para afirmarlo, lo que sí se puede decir es que es insuficiente”.

Atrapado por la violencia
Erubiel Tirado, reportero
Entronizado por el poder militar como gobernante y sin llegar aún al primer tercio de su mandato, Felipe Calderón enfrenta una de las peores encrucijadas de la principal acción por la que se le reconoce dentro y fuera del país: su guerra contra las drogas y el crimen organizado.
El enfrentamiento de más de cuatro horas ocurrido en Culiacán el pasado 27 de mayo, presuntamente con miembros del reconfigurado cártel de los Beltrán Leyva (al que se le atribuye el asesinato, 10 días antes, del comisario Édgar Millán Gómez), le ha infligido al gobierno calderonista una de sus peores derrotas en cuanto a bajas oficiales se refiere en una sola acción: ocho policías muertos.
No menos importante resulta el incidente violento en sí cuando se observa que las fuerzas de seguridad federal fueron recibidas no sólo por ráfagas de armas de alto poder, sino por armamento táctico, como granadas de fragmentación, en una inusual reacción que denota cierta especialización militar de los delincuentes. Únicamente así se explica que un grupo de sicarios lograse escapar de un cerco policiaco-militar de más de 400 elementos en el lugar, y luego de varias horas de refriega.
Identidad criminal, vulnerabilidad oficial
El comportamiento táctico que se observa estaría corroborando, en los hechos, los primeros indicios de las nuevas configuraciones estructurales (no sólo reacomodos y pugnas territoriales) de los cárteles mexicanos que, de un modo u otro estarían añadiendo (como lo hiciera originalmente el cártel del Golfo) habilidades castrenses a su capacidad de fuego, a veces muy superior a la de la mayor parte de las fuerzas policiacas del país.
Los Zetas, cuyos elementos originales son de extracción militar de élite y brazo armado inicialmente al servicio del cártel de Osiel Cárdenas, han ampliado no sólo su estructura, pretendidamente autosuficiente (con la preparación de nuevos sicarios reclutados civil o militarmente), sino diversificado el ámbito cualitativo de sus acciones mediante el establecimiento de alianzas estratégicas con otras organizaciones.
De este modo, el fenómeno mercenario castrense se convierte en un factor independiente o muy versátil en el complejo entramado del narco en México. Es aquí donde el gobierno muestra una de las principales debilidades de su publicitada Estrategia Nacional de Seguridad que el gobierno se niega a reconocer y, más aún, a corregir.
Otra de las enseñanzas lamentables del incidente de Culiacán es la disparidad de equipo y preparación que prevalece al interior de las corporaciones con las que se implementa la estrategia calderonista, aun tratándose de elementos de la misma institución. Esto nos habla de que el gobierno cifró su confianza en formaciones policiacas y militares de élite, sin prever que en el futuro debería formar cuadros especializados en sus propias instituciones. A este escenario debe añadirse una mal disimulada rivalidad de desempeño entre las corporaciones que participan en los llamados operativos conjuntos: la Policía Federal Preventiva acudió sola al lugar donde emboscaron a sus elementos, sin acompañamiento alguno de las fuerzas militares emplazadas en la región desde dos semanas atrás (más de 2 mil elementos, entre soldados y marinos).
Desde una visión más amplia, debe destacarse que el crimen organizado está aprendiendo rápido de los errores gubernamentales, al aprovechar no sólo la inveterada corrupción con la que sistemáticamente infiltra a las corporaciones de seguridad en los tres niveles de gobierno, sino las pugnas interburocráticas y los protagonismos institucionales que anulan la coordinación y el intercambio de información fundamentales para una intervención eficiente contra la delincuencia. Ante la ineficacia probada del empleo de tácticas contrainsurgentes en la lucha contra el narcotráfico y del énfasis meramente presencial de los operativos conjuntos, el gobierno calderonista tendrá que acelerar el reclutamiento y formación de nuevos cuadros policiacos si no quiere admitir su derrota antes de concluir el sexenio.
La delgada línea...
Con casi mil 500 muertos en lo que va del año, Calderón cierra el mes de mayo como uno de los más violentos con la marca de la desesperación al observar, por un lado, una larga secuela de enfrentamientos donde la correlación de fuerzas no siempre ha sido favorable a su gobierno, pese a la retórica del autoengaño oficial que, un día sí y otro también, afirma que “el Estado va ganando la guerra contra el crimen”. El recuento de batallas a lo largo de casi año y medio de operativos policiaco-militares traza una singular geografía que involucra los cuatro puntos cardinales del territorio nacional: Baja California, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Aguascalientes, Nuevo León, Zacatecas, Michoacán y Guerrero.
Destaca por sus implicaciones, como efecto colateral negativo, el hecho de que las instituciones policiacas o militares se sientan agraviadas en lo individual y emprendan, con la complacencia presidencial, una respuesta de represión indiscriminada en las zonas en cuestión y al margen de las directrices de la misma estrategia nacional de seguridad. Así ocurrió en el caso del incidente de Carácuaro, Michoacán, en mayo del año pasado, donde al Ejército se le permitió actuar sin cortapisas en acciones que bien podrían caracterizarse de venganza institucional por la muerte emboscada de varios de sus elementos, en un incidente por demás irresponsable.
Por otro lado, y no menos importante en el análisis son las acciones de la delincuencia organizada que dejan entrever el desarrollo de una inteligencia criminal como parte de una estrategia enfocada a disminuir las capacidades del gobierno para enfrentarla.
Los asesinatos selectivos de cuadros y funcionarios estratégicos para las fuerzas de seguridad, no son actividades aisladas ni fortuitas y ponen al gobierno entre la espada y la pared, porque los pocos funcionarios confiables con los que cuenta, la mayoría forjados en actividades de inteligencia, están siendo expuestos y exterminados por el hampa a una tasa más rápida que la de sustitución y formación de dichos cuadros.
Ante esta circunstancia, de poco servirán los 3 mil nuevos elementos que prometió la Secretaría de Seguridad Pública con su “nuevo modelo” de formación policial que ha tomado como base el curso trimestral de una policía estatal norteamericana (no de una agencia federal) y menos aún la sustitución de mandos policiales cuando persiste la mortal mezcla de corrupción e ineficiencia en buena parte de su estructura.
Por la parte militar bien se puede decir lo mismo teniendo como parámetro la inercia institucional de salvaguardar a sus elementos de cualquier escrutinio que ponga en duda su desempeño y exposición ante el poder corruptor del narcotráfico. A diferencia de los últimos regímenes priistas que se vieron obligados a admitir esa realidad, con los gobiernos panistas se estableció una regla no escrita de dejar hacer y dejar pasar a cambio del respaldo armado al régimen y para los fines que el propio presidente determine.
Difícilmente el gobierno admitirá sus fallas y menos su derrota. El presidente Calderón podrá seguir argumentando que la violencia creciente es una respuesta del narcotráfico porque sus acciones “han golpeado de manera clave a la estructura financiera y operativa” de varios de los cárteles, pero lo cierto es que la recomposición del fenómeno está demostrando aspectos de los que no se tenía precedente.
La relativa eficacia de la estrategia de seguridad está siendo disminuida a golpe de una constante y creciente baja de elementos en los enfrentamientos, y de asesinatos selectivos, en tanto se sigue privilegiando una estrategia basada en la fuerza y la eventual discrecionalidad de sus brazos institucionales armados, con consecuencias negativas para la población civil.

El Estado, derrotado en Sinaloa
Ismael Bojórquez, reportero.

A Culiacán llegaron miles de soldados y policías federales. Los militares tomaron el mando de las corporaciones locales y el gabinete de Seguridad anunció el enésimo operativo que esta vez sí aca-baría con la violencia. Como respuesta, el ejército del narco se ensaña e impone el miedo. “Cuídense”, es lo mejor que puede decir el secretario de Gobernación a los sinaloenses.
CULIACÁN, SIN.- “Cuídense, esto se está poniendo muy pesado”, les dijo Juan Camilo Mouriño a los representantes empresariales y del gobierno con los que se reunió el 13 de mayo en esta ciudad. Todavía no se cumplían dos semanas completas de mayo y ya se habían acumulado aquí 52 asesinatos, la mayoría relacionados con el narcotráfico.
El secretario de Gobernación tenía razón. En los siguientes ocho días se perpetraron 25 homicidios más, dos de ellos policías ministeriales. Para el 19 de mayo, la cifra había crecido a 77.
Mouriño encabezó la reunión del gabinete de seguridad que se llevó a cabo aquí a petición del gobernador priista Jesús Aguilar Padilla.
Después del encuentro fue anunciado el Operativo Culiacán-Navolato, como parte del cual llegaron al centro del estado mil 433 soldados, 740 policías federales, 500 marinos y 50 elementos de la PGR, entre peritos, fiscales y agentes del Ministerio Público: en total, 2 mil 723 elementos federales más.
Sin embargo, el despliegue resultó inútil para contener la violencia. Para el jueves 29 la cifra subió a 108 crímenes, cantidad que nunca había alcanzado Sinaloa en un período similar.
También el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, vaticinó: “La guerra sigue y caerán más policías y gente inocente”, les dijo a los empresarios. Un día después de anunciado el operativo, un grupo de gatilleros baleó la base de la Policía Ministerial en Guamúchil. El ataque no causó heridos.
El lunes 19 fueron acribillados dos policías ministeriales en Guasave. A raíz de esto, un comandante de la corporación, Rufino Aispuro Soto, fue trasladado a Culiacán. Pero la muerte lo venía siguiendo. El 28 de mayo por la mañana fue encontrado su cadáver en un barrio residencial. Tenía su arma de cargo a un lado y el rostro cubierto con una bolsa de plástico.
El 25 por la noche, mientras hacían un rondín por la zona rural de la sindicatura El Tamarindo, de Culiacán, dos policías municipales descubrieron en un maizal a la patrulla 0702, que había desaparecido junto con cuatro agentes desde el 1 de mayo. Los cuerpos estaban en la cajuela. De acuerdo con el reporte del forense, fueron asesinados el mismo día que los levantaron.
Militarización y miedo
El 19 de mayo, sin que la violencia hubiese mermado ante los operativos federales, el gobierno de Aguilar Padilla anunció que tres militares tomaban el mando de la policía municipal de Culiacán, de la Ministerial y de la Estatal Preventiva.
La respuesta de los narcotraficantes fue recrudecer la violencia; en los primeros ocho días de los nuevos mandos cometieron 30 asesinatos más.
En uno de éstos, la noche del 27, ocho policías federales cayeron acribillados durante la persecución de un grupo de gatilleros que ejecutaron a dos jóvenes en la colonia Rubén Jaramillo. Los policías los persiguieron pero los sicarios les tendieron una trampa. Llegaron a una casa de seguridad ubicada en la colonia Las Vegas y ahí los estaba esperando otra célula de gatilleros.
Cuatro de los policías fueron abatidos en cuanto se bajaron de la unidad, otro de ellos cayó cuando pretendía sorprender a los sicarios entrando por una azotea, dos más murieron en la batalla y uno en el hospital, el día siguiente. Tres quedaron heridos. Sólo murió un gatillero. El tiroteo duró cuatro horas y, pese a que fuerzas del Ejército se unieron a los policías federales, los delincuentes rompieron el cerco y huyeron.
Por todo esto, en todas las policías se respira el miedo. Lo dicen los agentes, los comandantes y hasta los directivos, y se hacen recomendaciones: no anden solos, no se expongan, salgan de sus bases sin el uniforme.
El signo más reciente de ese miedo es que en la base central de la Policía Ministerial, ubicada en Culiacán, se construyeron barricadas. En todas las oficinas que dan a la calle se colocaron barreras de costales de arena. Los empleados dicen que fue por órdenes del procurador, Luis Antonio Cárdenas Fonseca, quien pidió que se protegieran todas las instalaciones y se reforzara la vigilancia.
De igual forma, después del atentado que sufrió la base de la Policía Ministerial en la ciudad de Guamúchil, la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Salvador Alvarado cubrió con ladrillos las ventanas que dan a la calle.
No es gratuito ese miedo. El viernes 30 de mayo por la mañana, un comando armado atacó a dos comandantes cuando charlaban a 30 metros de la base de la Policía Ministerial en Mazatlán. Uno de ellos, Antonio Ibarra Castañeda, es el jefe de esta corporación en el puerto y sobrevivió; el otro, Ramón Castro Maldonado, era comandante de la Policía Estatal Preventiva adscrito a Mazatlán y murió en el ataque.
Puro circo
Una de las demandas de los empresarios cuando se reunieron con el gabinete de seguridad fue que se combatiera el lavado de dinero. Veremos qué se puede hacer, dijo Mouriño.
Un día después fueron cerradas 26 casas de cambio que operaban en una zona de Culiacán donde desde hace 25 años se venden y compran dólares en la calle sin recibos ni registros, nada, sólo el dinero, mano a mano. Pueden ser 10, 20 dólares, o 200 mil, la cantidad no importa. La mayoría de estos negocios están registrados en Hacienda, pagan impuestos y tienen el visto bueno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Por lo menos dos de ellos aparecen registrados en la Asociación Nacional de Casas de Cambio.
Fue esta zona donde se inició Blanca Margarita Cázares Salazar, a quien la DEA rebautizó como La Emperatriz y la acusó de dirigir empresas en las que se lava dinero del narcotráfico.
Para el presidente de la Cámara del Comercio de Culiacán, José Luis Aispuro, esta medida es insuficiente y busca más bien un impacto mediático, pues dice que el grueso del dinero proveniente del narcotráfico no está en esas casas de cambio, sino en otras ramas de la economía que han permanecido intocadas:
“Mientras sigamos haciendo las mismas cosas, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Tenemos que ir al fondo. Afuera de Culiacán lo primero que te preguntan es cuántos muertos hubo esta semana. Es el último cartucho que le queda al gobierno federal y la sociedad ya no está para aguantar mucho. Y la verdad, hasta ahora los resultados son más bien pobres. Lo que han logrado en decomisos de armas y drogas, no son suficientes.
“Hay que darle seguimiento al dinero. ¿Que hay secreto bancario? Sí, pero de todas formas te puedes meter a la información y descubrir las redes del lavado. Hay empresas que nacen y de repente crecen, y dices: ah, cabrón, ¿de dónde? Se tiene que hacer inteligencia en cuanto al lavado del dinero; en la medida que lo haga el gobierno podrá dar golpes contundentes; lo que hizo en el mercadito con los vendedólares no es más que espectáculo; esa no es una medida contra el lavado de dinero. Tenemos tres semanas y hasta ahora no han cerrado ninguna empresa importante, por tanto no es creíble que estén combatiendo el lavado.”
Para Carlos Raúl Pimentel, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Culiacán, los niveles de violencia que hay en Sinaloa afectan las inversiones:
“Hay empresarios que se iban a venir a Sinaloa y que ya de plano no vienen; otras empresas ya instaladas se están yendo; hay empresas que van a cerrar, que dicen: aquí no se puede, mejor nos vamos. Unos empresarios de Guadalajara que estaban a punto de venirse dijeron no, mejor no vamos”.
Las razones están a la vista. Por ejemplo, durante la balacera del 30 de abril, en la colonia Guadalupe, varios proyectiles se impactaron en una bodega que acababan de abrir.