Los operativos conjuntos

Nexos 06/2011

 Los operativos conjuntos y la tasa de homicidios: Una medición /José Merino

Politólogo. Analista en jefe en AnimalPolitico.com y profesor del ITAM

José Merino reúne por primera vez las tres fuentes de información estadística que miden en el país el número de homicidios: las del INEGI, el Sistema Nacional de Seguridad Pública y la base de datos sobre homicidios Asociados al Crimen Organizado. Merino demuestra que la espiral violenta creció desmesuradamente en los estados en donde el gobierno federal realizó operativos conjuntos

Lo incuestionable: los últimos tres años registran un crecimiento sustancial en la tasa de homicidios en México, con aumentos monstruosos en varios estados. Hasta ahí lo incuestionable. Pero si nos preguntamos cuánto ha sido el crecimiento, no podemos responder sino con un oportuno pero poco sexy “depende”.

Hay dos fuentes de información sobre homicidios en México: la recopilación del INEGI basada en certificados o actas de defunción, y la del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), basada en averiguaciones previas. Y no, no coinciden. ¿Cuál es mejor? Eso depende de a quién le deposite usted más confianza, a los médicos forenses (INEGI) o a los ministerios públicos dependientes de las procuradurías estatales (SNSP). Si seguimos los datos del INEGI, en 2009 tuvimos la tasa de homicidios más alta de nuestra historia reciente; si atendemos al SNSP, la segunda después de 1999 (ver gráfica 1).

nexos publicó en enero de este año un artículo de Fernando Escalante titulado “La muerte tiene permiso. Homicidios 2008-2009”. Ahí Escalante concluía que en el crecimiento de la tasa de homicidios de esos años, que rompe una tendencia histórica a la baja, “el factor que puede explicar el cambio es la ‘guerra contra la delincuencia’ y el despliegue de ejército, marina y policía federal en buena parte del territorio del país”.

Para sustentar su conclusión, el autor ofreció una serie de gráficos descriptivos sobre la evolución de las tasas de homicidios en los estados en los que hubo operativos conjuntos versus el resto. La diferencia era, efectivamente, monstruosa. Este tipo de gráficos pueden mostrar una tendencia en los datos, la cual puede implicar o no una correlación estadística o una relación causal. Nada más.

Para mi sorpresa las conclusiones del artículo fueron retomadas por varios medios como ciertas, como si en efecto se confirmara la sospecha de todos: ahí donde hay operativos el efecto causal es un aumento en la tasa de homicidios.

La intención del presente artículo era utilizar herramientas estadísticas de otro tipo, que sí permiten establecer relaciones causales, para concluir que Escalante se había equivocado, que no existía causalidad entre operativos conjuntos y aumentos en la tasa de homicidios. No fue así. La conclusión central de mi análisis es que con los métodos adecuados las intuiciones de Escalante se confirman: los operativos conjuntos sí han causado incrementos en las tasas de homicidios en los estados donde han ocurrido.

El eslabón encontrado
No podemos analizar el efecto de los operativos conjuntos en los niveles de violencia sin antes entender la tendencia de los datos sobre homicidios en estos estados comparados con el resto. Para ello, a las dos fuentes del INEGI y de la Secretaría de Seguridad Pública, hay que agregar la base de datos sobre homicidios Asociados al Crimen Organizado (ACO) publicada por el gobierno federal. Utilizaré las tres en mi análisis, por una razón simple: nos interesa conocer la relación entre fenómenos, no defender cuál es más exacta o mejor.

El hecho estadístico en las tres bases de datos es que en los estados donde hubo operativos conjuntos hubo también tasas de homicidios superiores al resto. La distancia entre los estados con operativos y el resto del país aumentó dramáticamente a partir de los operativos: Michoacán (diciembre 2006); Guerrero y Baja California (enero 2007); Nuevo León y Tamaulipas (enero 2008); Chihuahua (abril 2008); Sinaloa y Durango (mayo 2008).

De entre los estados con operativos Chihuahua eleva en 10 puntos la tasa promedio de homicidios (por cada 100 mil habitantes); pero aun sin este estado, las otras siete entidades tienen niveles de homicidios muy superiores a otras cinco que han tenido incrementos importantes en sus tasas de homicidios, a pesar de no haber tenido operativos (denominaré a estos estados G5: Nayarit, Coahuila, Morelos, Quintana Roo y Sonora). Como se observa en el cuadro 1, el resto del país queda lejos, muy lejos de estos 13 estados.

Para ponerlo en perspectiva internacional, digamos que los estados con operativos tienen tasas de homicidios al nivel de algunos de los países más violentos del mundo, como Venezuela o Colombia; los estados “violentos sin operativos” se ubican en niveles similares a Rusia; mientras el resto del país se parece a naciones como Costa Rica o Lituania (ver cuadro 1).

Ahora bien, si atendemos a la única fuente con datos completos hasta 2010, la de homicidios Asociados al Crimen Organizado (ACO), el 2010 muestra incrementos dramáticos tanto en los estados con operativos, como en el grupo de estados que llamé G5. Tanto fue el aumento que la tasa de homicidios ACO en 2010 supera incluso la tasa total de homicidios 2009 del INEGI para los estados con operativos y el G5.

¿Qué pasa entonces con los homicidios después del inicio de operativos? (ver gráficas 2 y 3).

Parece haber un patrón más o menos compartido (Nuevo León y Tamaulipas son excepciones): un aumento inmediato en el número de homicidios después de iniciado el operativo conjunto, luego una estabilización de la tasa en los siguientes meses para volver a crecer hacia el final de la serie. De nueva cuenta Chihuahua es una anomalía pues aun dentro del grupo de estados más violentos del país, se encuentra muy por arriba. Podría concluirse que alta correlación entre operativos y aumento de homicidios se explica en lo fundamental por Chihuahua. Pero no es así.

Empecemos por reconocer que los operativos conjuntos no ocurrieron aleatoriamente o por azar, sino que tuvieron lugar justamente en estados donde había más violencia o el crimen organizado era más visible. Por tanto, si queremos medir cuál es el efecto adicional de violencia provocado por los operativos, tenemos que poder aislar los operativos de cualquier otro factor de influencia numérica, en particular la de la tasa de homicidios previa a los mismos operativos.

Imaginemos un experimento en el que podemos comparar dos estados con tasas idénticas de homicidios en un año, pero en uno implementamos un operativo y en otro no. De haber diferencias al año siguiente en la tasas de homicidios, serían atribuibles al operativo. Un método estadístico que permite hacer justamente eso es el de propensity scores, que forma grupos de observaciones (en este caso, entidades), con base en una variable (aquí, la tasa de homicidios del año anterior) y calcula después el efecto en la variable de interés (para este ejercicio, la tasa de homicidios actual), dada la aplicación o no de un tratamiento (en este caso, operativos conjuntos). Cuando utilizamos este método en las tres bases de datos sobre homicidios obtenemos los siguientes resultados (ver nota metodológica al final) (ver cuadro 2. Efecto de operativos en tasa de homicidios).

Del ejercicio pueden obtenerse tres conclusiones. Primero: hay un efecto causal entre los operativos y el aumento de la tasa de homicidios, en todas las bases de datos. Segundo: la relación sobrevive aun cuando excluimos a Chihua-hua de las bases de datos, aunque en los datos del INEGI se reduce notoriamente el efecto. Tercero: el efecto crece y se fortalece cuando usamos datos municipales, dado que se incrementa la varianza de los datos. Por fines de comparación, usaremos los resultados con observaciones por estados.

¿Qué hubiera pasado si los operativos nunca hubieran ocurrido?
De acuerdo con los datos del INEGI entre 2008 y 2009 hubiésemos tenido 7,063 homicidios menos (con un intervalo de confianza entre 4,170 y 11,328) (ver gráfica 4).

De acuerdo con los datos del SNSP limitados también al 2008 y 2009, el número de asesinatos hubiese sido menor en 5,289 homicidios (con un intervalo entre 2,166 y 9,368) (ver gráfica 5).

En el caso de los homicidios asociados al crimen organizado, ACO, que cubre el periodo completo entre 2008 y 2010, la suma de muertos hubiese sido menor en 11,477 homicidios (con un intervalo de confianza entre 4,959 y 19,093) (ver gráfica 6).

Dicho de otro modo: entre 2007 y 2009 INEGI reportó 42,064 homicidios totales, y el SNSP 39,563. Sin operativos conjuntos las cifras hubiesen sido 35,001 y 34,174, respectivamente. Por su parte, la base ACO reportó la conocidísima y trágica suma de 35 mil muertos entre 2007 y 2010. Sin operativos, el número total hubiese sido 22,954.
De ese tamaño es el efecto de los operativos en los estados donde ocurrieron; en los tres casos, significativos estadísticamente. El análisis aquí presentado mide el efecto en los estados donde hubo operativos. Por supuesto, sería ingenuo pensar que el impacto se reduce a estas entidades y no se extiende a otros territorios donde las organizaciones del narcotráfico también tienen presencia.

He ahí los números de la guerra, los que con la información disponible sí podemos atribuir a la presencia de operativos conjuntos. Quede, pues, como otro elemento informativo para discutir la violencia en México, sus causas, y la pertinencia de la estrategia gubernamental para combatir al crimen organizado.

Nota metodológica: se usaron propensity scores y el método de empate (matching) de Kernel con bootstrapping de errores. Las bases de datos así como el do file en Stata están disponibles en: http://bit.ly/gOhG0P

José Merino. Politólogo. Analista en jefe en AnimalPolitico.com y profesor del ITAM.