El impresentable Hank, ¿política o justicia?/Jorge Fernández Menéndez
Columna Razones, Excélsior, 6 de junio de 2011
Decía Edmund Burke que “para que triunfe el mal, sólo es necesario que los buenos no hagan nada”. Es verdad, pero todo se complica cuando, además, a la hora de la acción de los buenos las cosas no están claras en sus intenciones ni en sus fines. Comencemos por el principio: Jorge Hank Rhon me parece un personaje público indefendible, como persona, con sus excentricidades (desde el tequila con pene de burro hasta las fiestas con sus tigres matando caballos) y misoginia (“el animal que más me gusta es la mujer”); como empresario, dedicado a sacar adelante un emporio del juego que comenzó con bases legalmente endebles y que, cuando fue presionado por los medios, como ocurrió con el semanario Zeta, él o los suyos recurrieron al asesinato; como político, porque fue un alcalde de Tijuana populista cuya policía estaba involucrada con el crimen organizado hasta el cuello. Impresentable en todos los sentidos.
La detención que sufrió en la madrugada del sábado se podría haber producido muchos años atrás. Su jefe de custodios, Antonio Vera Palestina, está preso por haber asesinado al entonces director de Zeta, Héctor El Gato Félix Miranda. El hijo de Vera Palestina siguió trabajando siempre con Hank en su equipo de seguridad y el ex alcalde visita con frecuencia en la cárcel al hombre que se decía que había asesinado al periodista por órdenes de su jefe.
El operativo del sábado en la madrugada deja muchas interrogantes abiertas. La primera es por qué se actuó siguiendo un delito en flagrancia y sin una orden de cateo. La segunda es la participación directa de tropas del Ejército Mexicano. La tercera es el delito en sí. Todo el mundo sabía que la casa que sería cateada era la de Hank Rhon; la participación militar implica que es, en el mejor sentido de la palabra, una acción de Estado; y todo el mundo sabía que la vida de la familia Hank Rhon en Tijuana estaba rodeada de armas, custodios, esquemas de seguridad que trascendían y mucho las normas legales. Si efectivamente había en su domicilio más de 80 armas, la mitad de ellas largas, más de nueve mil balas y no existía registro de las mismas (recordemos que la única instancia pública que tiene un control exhaustivo de las armas registradas es la Secretaría de la Defensa ), es evidente que Hank Rhon estaba cometiendo un delito y que como tal debe ser sancionado.
Lo que deja un extraño sabor de boca es el momento. El apellido Hank tiene demasiada historia en el Estado de México y está indisolublemente ligado con el grupo Atlacomulco. Si bien el resto de la familia Hank está formada por personas y empresarios absolutamente respetables, como su hermano Carlos, el caso de Jorge siempre ha sido utilizado como una suerte de oveja negra para demostrar mecanismos reales o supuestos de corrupción creados en torno al poder. Y la detención se da exactamente a un mes de las elecciones mexiquenses.
Hay dos lecturas que condicionan el tema. Una es que se asegura que esa detención es también una reacción a la de Martín Orozco, el ex alcalde de Aguascalientes y ex candidato en ese estado, de parte del gobierno del priista Carlos Lozano. La segunda, sin desmentir la primera, es que, asumiendo que en términos de imagen pública, la figura de Jorge Hank Rhon es indefendible, una sobrerreacción del PRI en su defensa terminaría siendo más contraproducente para ese partido que la misma detención del ex alcalde. Pero, además, por las relaciones cruzadas entre el priismo, la detención de Jorge Hank pega en el Estado de México, en Enrique Peña y en Eruviel Ávila, pero también en la corriente de Manlio Fabio Beltrones, por la estrecha relación que mantenía (dicen que en los últimos meses se distanciaron) el senador Jorge Castro Trenti (uno de los principales operadores de Manlio en el Senado) con Hank Rhon.
Por eso, el priismo nacional ha actuado con cierta prudencia hasta ahora. No creo que Jorge Hank haya sido ni remotamente un alcalde excepcional, como lo dijo Humberto Moreira, ni siquiera me queda claro que estemos en una etapa de inicio de cacería de brujas, según lo han dicho otros priistas, pero sí se puede argumentar que se está partidizando la seguridad, como lo mencionó Peña. En el priismo tenían la convicción de que era inminente la acción penal contra un ex gobernador, y se insistía en que sería contra Arturo Montiel. Nada se puede descartar, pero el objetivo fue otro. El problema para el priismo es que, si se empeña en defender a un tipo como Jorge Hank, se le podrá señalar por su complicidad con un personaje impresentable y, si no lo hace, deja la puerta abierta para otros procedimientos y se leería como una muestra de debilidad. Para el gobierno, el golpe dado puede ser bien asimilado por sectores de la opinión pública, pero no deja de percibirse como una acción en la que la política tuvo más peso que la justicia. La pregunta de por qué ahora y no antes, resulta inevitable.
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