México se contradice ante la ONU, en el tema de desaparición forzada

Revista Proceso No. 1997, 7 de febrero de 2015

México se contradice ante la ONU/MARCO APPEL

El gobierno del presidente Peña Nieto quedó en evidencia ante el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas. En el encuentro de Ginebra para evaluar el cumplimiento de la Convención Internacional de Naciones Unidas para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el subsecretario Juan Manuel Gómez Robledo se dedicó a justificar la negativa del gobierno mexicano a reconocer la jurisdicción de esa instancia internacional para conocer de casos particulares, cuando fue uno de los Estados que más la promovió. Para algunos miembros del comité, quedó claro que el régimen priista no tiene un compromiso real con las víctimas de ese delito. 

 GINEBRA, SUIZA.- Las presiones de organismos y expertos en derechos humanos para que México reconozca la jurisdicción del Comité contra las Desapariciones Forzadas, con el fin de que pueda recibir y examinar casos de víctimas individuales, generó un revelador intercambio de posiciones entre el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería mexicana, Juan Manuel Gómez Robledo, y miembros de esa instancia de la ONU.

Reconocer el ejercicio de esa competencia permitiría a quienes se consideren víctimas de una desaparición forzada acudir bajo ciertas condiciones al comité de Ginebra para solicitar la apertura de una investigación y, eventualmente, obtener una reparación incluso económica del daño, lo que en opinión de expertos es apremiante hacer en vista de la violencia que impera en el país.

El referido encuentro tuvo lugar durante la sesión del comité los pasados lunes 2 y martes 3. Ahí se evaluó en qué medida México ha cumplido la Convención Internacional de Naciones Unidas para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas; instrumento ratificado por las autoridades mexicanas el 18 de marzo de 2008 pero con la excepción arriba señalada, la cual se encuentra establecida en el artículo 31.

Gómez Robledo comentó que el gobierno de Peña Nieto “seguía evaluando la posibilidad” de aceptar esa jurisdicción, aunque se requería igualmente la aprobación del Senado. Justificó la postura mexicana en la consideración de que el comité de la ONU, si bien “forma parte de la construcción del régimen internacional de derechos humanos”, es “una institución reciente” a la que se han adherido “apenas” 44 Estados.

El presidente del comité, el francés Emmanuel Decaux, respondió de manera lacónica: “Así fueran 45 o 190 Estados miembros, eso no cambia nuestras obligaciones y tampoco las que recaen sobre México”.

Avanzó la sesión y Gómez Robledo tocó de nuevo el tema. Dirigiéndose al francés, el funcionario –que encabezó la delegación nacional de 27 personas– sostuvo que el gobierno mexicano asumía que debía cumplir los compromisos contraídos al ratificar la convención.

Enfatizó que México no desconocía el alcance de las obligaciones que aceptó, como tampoco de aquellas que derivan de facultar a la comisión para que reciba quejas de individuos y las investigue, por lo que, reiteró, el gobierno de Peña Nieto continuaría evaluando la competencia del comité.

Sobre el tratamiento de los casos individuales por la justicia internacional, Gómez Robledo presumió que México ya otorga un carácter vinculatorio a las medidas cautelares de protección que emite la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

 “México, tenga certeza –le dijo Gómez Robledo a Decaux–, seguirá cooperando con el comité” a través de su participación en la ronda de evaluación del cumplimiento de la convención, pero igualmente, remarcó, ofreciendo protección a casos individuales a petición de organismos internacionales.

 El “sinsentido”

 La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) fue una de las instancias que en Ginebra recomendó a México levantar la reserva al artículo 31 de la convención.

 El ómbudsman nacional, Luis Raúl González Pérez –presente en Ginebra–, enfatizó a Proceso que la CNDH insistirá en que se acepte dicha atribución.

 “En un tema tan sensible, tan lacerante… Es mejor que los familiares de las víctimas tengan diversos recursos e instancias donde acudir para exigir que las investigaciones se efectúen científica y profesionalmente, con celeridad y que, además de sancionar a los responsables, se dé con el paradero de los suyos.”

 El director de la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH) de Ginebra, Ramón Muñoz, estima que la posición mexicana refleja un “sinsentido”, pues fue uno de los países que más impulsó la creación de la convención contra las desa­pariciones forzadas, además de proclamar reiteradamente su lealtad al sistema de justicia internacional de las Naciones Unidas.

 “Asumir las peticiones individuales confiere una ventaja para las víctimas. Mucho más en el caso de México, que está adaptando su legislación con el cambio del sistema de juicios, lo que conllevará una reforma en todos los estados y en el Código de Procedimientos Penales”, explica Muñoz.

En su diagnóstico, la consecuencia de esas modificaciones en la estructura legal mexicana se reflejará en que muchas víctimas de desaparición forzada acudirán tardíamente a la justicia, la cual, advierte, demorará demasiado en tratar los casos, tanto por sus deficiencias técnicas como por las reticencias que existen para llevar a cabo esos juicios en los tribunales del país.

El especialista señala que, en vista del actual número de Estados miembros, el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas podría dar por concluido un caso en dos o tres años, mientras que el sistema interamericano de justicia toma el doble o hasta el triple de tiempo, debido, entre otras razones, a que un denunciante debe pasar por la CIDH antes de abrir un litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Pretextos

En el Palacio Wilson de Ginebra siguió su curso el examen de evaluación de México. Fue un “diálogo constructivo”, según el comité y la representación del Estado mexicano.

Gómez Robledo le solicitó al presidente del comité que “aclarara” una confusión que se estaba dando en México en las redes sociales relacionada con el motivo del encuentro en Ginebra.

El subsecretario dijo que, “en un ánimo de transparencia”, México se sometía en ese momento a un examen público derivado de los compromisos que asumen todos los Estados adheridos a la convención, pero eso no implicaba la aceptación de que el comité admita y juzgue casos particulares. Si México hubiera aceptado esto último, recalcó, las sesiones se hubieran desarrollado a puerta cerrada.

“Una cosa es que este ejercicio pueda continuar, y otra el trámite de peticiones individuales que se rige por el artículo 31 y que son de carácter confidencial”, reiteró Gómez Robledo, quien instó al presidente Decaux a que, “para beneficio de todos los que nos siguen en México”, confirmara su puntualización.

El presidente del comité concedió la razón al funcionario mexicano porque esta evaluación sobre el cumplimiento de la convención se aplica al desempeño global de un país, si bien en su opinión es preferible aceptar la jurisdicción del comité, para proteger a las víctimas. “Respecto a las redes sociales –concluyó Decaux–, yo estoy concentrado en este diálogo constructivo”.

Más adelante otro miembro del comité, Juan José López Ortega, señaló a la delegación mexicana que consideraba “importante” no privar a sus ciudadanos de la posibilidad de dirigirse a esa instancia de la ONU para solicitar amparo en caso de que el Estado no cumpla con la convención.

 Comentó que luego de escuchar a la delegación mexicana lo había “asaltado una duda”: si realmente el gobierno de este país tiene la voluntad de reconocer la competencia del comité. “Es un sinsabor, una inquietud. Esperaba, y todavía espero, que México anuncie la voluntad de cerrar su compromiso con el comité”, expresó.

 Gómez Robledo contestó que el gobierno mexicano se encuentra “en un proceso deliberativo que no ha concluido”, pero recordó a López Ortega que únicamente 19 Estados adheridos a la convención han aceptado la jurisdicción del comité, al que definió como un “régimen en construcción” (entró en vigor el 23 de diciembre de 2010).

“No se moleste conmigo”, le advirtió el subsecretario a su interlocutor, y entonces le recordó que “hay jerarquías”, y el sistema interamericano de justicia es “hoy en día el órgano jurisdiccional al que se canalizan presuntas violaciones cometidas en México”. No obstante, agregó: “No se preocupe. México está abierto al escrutinio internacional. Dicho esto, no despreciamos el complemento de este comité en la etapa que nos encontramos”.

El relator para México del comité, el alemán Rainer Huhle, explica a este semanario que los países que han reconocido la competencia del organismo internacional en casos individuales no padecen actualmente dificultades particulares en ese campo.

De los 18 Estados concernientes (uno más reconoce sólo la competencia del comité para recibir acusaciones entre Estados), 13 son europeos, de los cuales nueve forman parte de la Unión Europea. Hay cuatro latinoamericanos (Argentina, Chile, Ecuador y Uruguay) y un africano (Mali).

Al respecto, Ramón Muñoz opina que la comparación entre el sistema interamericano y el comité “no es un juicio congruente en el caso de México, que se presenta como un adalid en la defensa del sistema de derechos humanos de la ONU”.

México ha reconocido a todos los órganos que tramitan quejas individuales en los tratados que ha firmado, con excepción del Comité contra la Desaparición Forzada, observa la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos en el informe que entregó a tal instancia.

Para Muñoz, esa negativa obedece a que el gobierno mexicano no quiere quedar expuesto a los cuestionamientos internacionales, por la falta de esfuerzos reales para acabar con las desapariciones forzadas y brindar justicia a las víctimas.

Explica que el comité tiene la facultad de admitir denuncias individuales después de agotarse los recursos internos nacionales, pero también en caso de que sea demostrado que ha transcurrido un tiempo razonable y el Estado acusado no ha respetado los derechos de las presuntas víctimas o la investigación no se ha efectuado en la debida forma. Sus decisiones tienen rango de cuasi-judiciales y éstas pueden contener medidas de reparación del daño, incluso de índole económica.

“Debido a que la justicia mexicana tomará muchísimo tiempo y el sistema interamericano igual, el comité se presentaría como una alternativa de desfogue para muchas víctimas”, considera Muñoz.

Desde su punto de vista, lo anterior significa que el Estado mexicano tendrá que poner mucha atención en cómo tramita los casos en sus tribunales, para no verse sometido a la presión del comité de la ONU.

Y concluye: “Las autoridades mexicanas pensarán: ‘Nos van a venir a meter aquí, en el comité, no sé cuántos casos de desaparición forzada’. ¿Qué implica ese escenario? Que el Estado mexicano quedaría exhibido ante toda la comunidad internacional. México sería una vergüenza mundial”.

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