Revista
Proceso
No. 1996, 31 de enero de 2015
La
CIDH manda un “equipo pesado”/
LA
REDACCIÓN
En
acuerdo con el gobierno mexicano y los padres de los normalistas desaparecidos,
la CIDH formó un grupo de expertos que colaborarán en la investigación del caso
Ayotzinapa. Y se trata de un verdadero “equipo pesado”: además de la colombiana
exfiscal “de hierro” Ángela María Buitrago, forman parte de este colectivo una
exfiscal guatemalteca que se enfrentó a Los Zetas y llevó a juicio a dos
expresidentes, un penalista que logró condenar a Chile por un caso de
discriminación, un experto en derecho internacional humanitario gracias al cual
la Fuerza Aérea de Colombia fue imputada de una matanza, y un médico y
psicólogo español dedicado a la atención de víctimas de conflictos atroces en
África y América Latina.
Cinco
expertos en materia de derechos humanos forman parte del “grupo
interdisciplinario” que dará asistencia técnica a México en la investigación
del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el pasado 26 de
septiembre. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los designó
después de consultar con el Estado mexicano, con los familiares de los
estudiantes desaparecidos y con sus abogados.
En
virtud de un Acuerdo de Asistencia Técnica –firmado por representantes del
Estado y por los beneficiarios de las medidas cautelares dictadas para este
caso–, el grupo interdisciplinario tendrá las siguientes atribuciones:
“Elaboración de planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas;
análisis técnico de las líneas de investigación para determinar
responsabilidades penales; y análisis técnico del plan de atención integral a
las víctimas de los hechos, a fin de asegurar que se brinde la atención y
reparación integral necesaria”, informaron la Procuraduría General de la
República y las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores en un
comunicado conjunto fechado el pasado 16 de enero.
De
acuerdo con este comunicado, el grupo interdisciplinario tiene un mandato de
seis meses y “podrá extenderse por el tiempo necesario para el cumplimiento de
su objetivo”. Afirma que los expertos podrán formular “recomendaciones técnicas
relevantes”. Sin embargo omite precisar si éstas serán vinculantes para el
Estado mexicano.
A
continuación se esbozan los perfiles biográficos de cuatro de los cinco
expertos designados por la CIDH. La quinta es la criminóloga colombiana Ángela
María Buitrago, quien en texto aparte conversó con este semanario.
La
“fiscal de la dignidad”
Nunca
antes en la historia de Guatemala habían despedido a un fiscal general con
claveles. “¡Claudia Paz y Paz: fiscal de la dignidad!”, coreaban los
integrantes de las organizaciones de derechos humanos que acudieron a la sede
del Ministerio Público el pasado 16 de mayo para expresar su agradecimiento
hacia quien llevó a juicio al exdictador Efraín Ríos Montt.
Seis
días antes Ríos Montt había sido condenado por genocidio y delitos contra los
deberes de la humanidad cometidos contra el pueblo maya ixil durante los 17
meses que ejerció el poder (1982-83).
Un
año antes Paz y Paz se había anotado otra victoria legal: procesó judicialmente
al expresidente Alfonso Portillo, quien había sido extraditado a Estados Unidos
en mayo de 2013 para enfrentar cargos por conspiración para el lavado de dinero
durante su gestión (2000-2004) y fue sentenciado a cinco años y 10 meses de
prisión en marzo de 2014.
Paz
había entrado por la puerta chica pero había salido por la grande. Cuando fue
juramentada el 9 de diciembre de 2010, la breve ceremonia en un salón pequeño
al cual sólo llegaron seis embajadores, contrastaba con el bombo y platillo con
que fueron juramentados sus antecesores.
De
48 años, de baja estatura y voz suave pero firme, Paz llegó a revolucionar el
Ministerio Público (MP) y a realizar cambios de fondo. El primero de ellos:
aplicó un sistema de evaluación por resultados, bajo el cual los fiscales que
resolvían más casos eran recompensados con oportunidades de ascenso, mientras
que aquellos que no cumplían las metas debían justificar por qué no reportaban
avances y podían enfrentar procesos disciplinarios si se lograba comprobar que
habían actuado con negligencia. Muchos fiscales renunciaron, abriendo espacios
para profesionales más jóvenes y mejor preparados.
El
proceso de depuración, sin embargo, se vio frenado por el Congreso, que pasó
los cuatro años siguientes sin nombrar al Consejo Asesor del MP, el cual
autoriza las decisiones administrativas como los despidos. Paz y Paz destituyó
a 286 fiscales y empleados del MP por ser inoperantes o corruptos pero no logró
despedirlos y al momento de dejar el cargo, muchos seguían cobrando su salario
pese a que no llegaban a trabajar.
Los
cambios también se hicieron sentir en la Oficina de Atención a la Víctima. El
MP comenzó a llamar a una muestra aleatoria de denunciantes para verificar cómo
habían sido atendidos y si habían sufrido algún tipo de discriminación.
El
MP logró resultados sin precedente en sentencias por homicidio, violación
sexual, extorsión y secuestro. Más de 100 integrantes de Los Zetas recibieron
condenas por secuestros, asesinatos y ataques a las fuerzas de seguridad, como
el desmembramiento del fiscal auxiliar Allan Stowlinsky Vidaurre, en Cobán,
Alta Verapaz, y la matanza de 27 jornaleros en la finca Los Cocos, en La
Libertad, Petén, ambos crímenes cometidos en 2011.
Édgar
Gutiérrez, quien trabajó con Paz y Paz cuando ambos participaron en la
elaboración del Informe de la Recuperación de la Memoria Histórica y quien
actualmente dirige el Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de
San Carlos, considera que la exfiscal podrá aplicar estas experiencias al
contexto mexicano.
“La
investigación de Ayotzinapa se asemeja a casos de operaciones clandestinas
donde los perpetradores son miembros de organizaciones criminales que a la vez
son agentes estatales. Hay muchas similitudes, como el empleo de la violencia
extrema por parte de los narcos o la capacidad de obtener protección y hasta
lograr una relación simbiótica con autoridades locales”, afirma Gutiérrez.
Eric
Olson, director asociado de la Oficina en Washington para América Latina,
recalca: “A pesar de las diferencias entre los dos países, creo que (Paz y Paz)
conoce bien la situación que se vive en México. Guerreros Unidos es una organización
poderosa y peligrosa. No hay mucha transparencia, hay mucha ilegalidad, es
difícil llegar al fondo de este asunto. Habrá presiones y no me cabe la menor
duda de que hay personas en el gobierno federal a quienes no les interesa que
se esclarezca el caso. Pero ella ya se ha visto en esta clase de situaciones en
Guatemala y sabe cómo responder políticamente y avanzar con el trabajo de
investigación”.
El
penalista Cox
Francisco
Cox Vial, de 46 años, es uno de los penalistas más prestigiados de Santiago de
Chile. Es socio del bufete Balmaceda & Cox, abogados y representante en
Chile del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Hasta hace poco
trabajó en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (UDP)
y es miembro de la Fundación Iguales, que defiende los derechos de las minorías
sexuales.
Viene
de una tradicional y derechista familia de la élite chilena. Su infancia la
vivió entre Chile, Inglaterra y Estados Unidos, dado que su padre era
funcionario del Banco Mundial. En 1980, cuando tenía 12 años, volvió a
Santiago, donde terminó sus estudios básicos en el jesuita Colegio San Ignacio.
Luego de estudiar derecho en la UDP, partió a Nueva York, donde se desempeñó en
la Defensoría Penal Pública, entidad en la cual adquirió gran experiencia en el
ejercicio del derecho.
Posteriormente
hizo una maestría en leyes en la Universidad de Columbia, y más tarde trabajó
en Human Rights Watch. En representación de esta entidad visitó Ruanda, Sierra
Leona, México (Chiapas) y Guatemala.
Según
comentó en una nota del diario electrónico Small Medium Large, fechada en
octubre de 2014, Cox fue militante del centroizquierdista Partido Por la
Democracia (PPD), formando parte de un grupo conocido como “Los Vitacura”, en
alusión al exclusivo lugar donde vivían. Cox contó a ese diario que abandonó el
PPD cuando “se convirtió en una agencia de empleos”.
Alcanzó
gran notoriedad al conseguir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos
condenara al Estado de Chile –en marzo de 2012– por violar el derecho a la
igualdad y discriminar a la juez Karen Atala, a quien en 2004 la Corte Suprema
despojó de la tuición (tutela) de sus dos hijas como castigo por su reconocida
convivencia con una pareja homosexual.
Polémica
generó su defensa del gerente de política monetaria del Banco Central, Enrique
Orellana, enjuiciado por los cargos de violación contra sus tres hijas,
acusación presentada por la madre de ellas, Yamile Cabas, en agosto de 2010.
El
caso concentró la atención de la opinión pública y permitió poner en evidencia
las arbitrariedades del Servicio Médico Legal, el cual validó en contra de
Orellana pruebas de un ginecólogo forense sin experiencia, quien presentó como
violación heridas que no correspondían a ese delito.
Los
deberes del Estado
El
abogado colombiano Alejandro Valencia Villa es el principal experto en derecho
internacional humanitario dentro del grupo de la CIDH que supervisará la
investigación oficial sobre la desaparición de los 43 normalistas de
Ayotzinapa.
El
especialista tiene una amplia trayectoria académica y como consultor de
organismos internacionales, como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos
y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
en Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana y
México. También fue asesor de las comisiones de la verdad en Ecuador, Paraguay
y Perú.
“Es
una persona muy comprometida con la promoción y defensa de los derechos humanos
y un profesional de gran rigor intelectual y académico”, dice a Proceso el
director de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón, con quien
trabajó en varios casos en el pasado.
Valencia
Villa es abogado por la Universidad de Los Andes, profesor de la Academia de
Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la American University en Washington
y autor de una vasta obra académica, entre la que destacan los libros La
humanización de la guerra: derecho internacional humanitario y conflicto armado
en Colombia y Derecho internacional humanitario. Conceptos básicos. En este
último plantea que “el deber de respeto y garantía de los derechos humanos está
en cabeza de los Estados”.
Dentro
del grupo de expertos de la CIDH, será el encargado de determinar, desde la
perspectiva del derecho internacional humanitario, las obligaciones del Estado
en el caso Ayotzinapa.
En
su libro Derecho internacional humanitario, Valencia Villa señala que el
homicidio “comprende no sólo los casos de asesinato, sino también los de
omisión intencional que pueda ocasionar la muerte”. Además indica que, de
acuerdo con el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, no se
requiere que se presente el cadáver como prueba de la muerte, aunque “debe
haber prueba para ligar las lesiones recibidas con la muerte resultante”.
En
su calidad de perito de la CIDH se presentó ante ese tribunal en 2012, dentro
del caso de la matanza de Santo Domingo, en la cual la Fuerza Aérea de Colombia
bombardeó un caserío y provocó la muerte de 17 civiles, entre ellos seis niños,
y otros 27 resultaron heridos.
En
relación con ese hecho ocurrido en diciembre de 1998 y por el cual el Estado
colombiano fue condenado como responsable de violar los derechos a la vida y a
la integridad personal, Valencia señaló: “Por lo menos, lo que se exige dentro
de los principios de una debida diligencia en las investigaciones de
violaciones de derechos humanos es que estemos ante una justicia lo
suficientemente independiente, lo suficientemente imparcial, que pueda sacar
adelante la investigaciones. El Estado tiene que hacer todos sus esfuerzos por
hacer una investigación profesional con el propósito de identificar a los
presuntos responsables, garantizarles un debido proceso, dictar una sentencia y
también reparar a las víctimas de los hechos”.
Con
las víctimas
Carlos
Martín Beristáin, médico y doctor en psicología con una reconocida trayectoria
de 25 años dedicado a la atención a víctimas de conflictos, grabó un mensaje en
video, en noviembre pasado, en el que defendió el papel de los defensores de
los derechos humanos en México:
“Me
parece que hay una comunidad de defensores de derechos humanos que han asumido
la defensa de la vida”, apuntó. Sin embargo, esos defensores “se han convertido
en un actor incómodo y se suele verlos como enemigos, como alguien que molesta,
en lugar de verlos como un elemento fundamental para mejorar las condiciones de
los derechos humanos y también para mejorar la calidad de la democracia en el
país”, explicó.
Beristáin
es originario del País Vasco. Ha trabajado en países de África y América Latina
que han padecido matanzas, desapariciones y desplazamientos de población. Es
especialista en temas de justicia, salud mental y reparación de daños a las
víctimas, pero desde un enfoque de “la relación entre salud y determinantes
sociales y diferencias culturales”, según expone su currículum.
Ha
participado en informes de rescate de la memoria histórica, como el Guatemala
nunca más, y formó parte de comisiones de la verdad en Perú, Paraguay y
Ecuador. Igualmente ha participado en proyectos de salud mental de poblaciones
que han padecido masacres, como la ocurrida en Xamán, Guatemala; o padecido
desplazamientos forzosos, como los de BarrancaBermeja, Urabá, Nariño, Antioquia
y Valle, en Colombia.
Incluso,
colaboró en la evaluación del programa de atención en salud a las víctimas de
la dictadura chilena y ofreció cursos de formación al equipo jurídico de las
Abuelas de la Plaza de Mayo de Argentina.
Para
él, México no es desconocido. En 2000, en colaboración con Amnistía
Internacional, ofreció aquí talleres a organizaciones de derechos humanos sobre
salud mental y manejo de la seguridad en contextos de represión política.
Un
dato extra habla de su idoneidad para formar parte del grupo
interdisciplinario: fue perito en evaluaciones psicosociales en cinco casos
presentados ante la CIDH por desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y
tortura en Colombia y Guatemala.
Es
autor de una veintena de libros publicados en España y Estados Unidos. Uno de
ellos, Historias de andares, recoge historias trágicas en países de América
Latina: de familiares de desaparecidos, de pueblos que defienden su tierra de
la guerra, de comunidades que resisten ante al expolio y de defensores de
derechos humanos que persisten en su labor pese a estar en el punto de mira.
Quizá
por eso demanda mayor reconocimiento para los defensores de derechos humanos en
el video que grabó en noviembre pasado. Estos defensores, señala, necesitan
“reconocimiento”, apoyo a sus acciones y “protección porque, como en otros
países, hay amenazas a su labor”.
“Pensábamos
que estas cosas ya no pasaban en el país (México), que sólo pasaban en
Centroamérica, en Colombia, pero se han venido dando casos” y la “labor de
observación en México es muy importante y, por supuesto, me parece una tarea
clave, por eso este mensaje de solidaridad”, declaró en el video. (Louisa
Reynolds, Francisco Marín, Rafael Croda y Alejandro Gutiérrez)
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