La Cuba Pos Fidel

El gobierno del presidente George W. Bush, que en los últimos cuatro años se ha estado preparando para una "transición hacia una Cuba libre", dijo hoy martes que seguía de cerca los acontecimientos en ese país; "no podemos especular sobre la salud de Castro, pero continuamos trabajando por el día de la libertad de Cuba", dijo Peter Watkins, vocero de la Casa Blanca.

Y en Congreso, varios miembros de origen cubano tuvieron una reaccióndesde la cautela al entusiasmo, y exhortaron al gobierno a estar preparado para asistir al pueblo cubano en una potencial transición de gobierno. "Creo que en este momento, cuando los informes son inciertos, debemos mantenernos vigilantes y listos para ayudar al pueblo cubano a encontrar un futuro democrático", dijo el senador Mel Martínez, republicano de la Florida, en un diálogo con reporteros en el Capitolio.

En tanto, la congresista Ileana Ros-Lehtinen, también republicana de la Florida, dijo que acogía las noticias sobre la transferencia de poder de Castro. "Aun cuando se trata de una decisión temporal, es un gran día para el pueblo cubano y para sus hermanos y hermanas en el exilio".

Y es que curiosamente el decaimiento en la salud de Fidel Castro, que le obligó a transferir temporalmente sus poderes a su hermano Raúl, se produce justo a tres semanas después de la publicación de un segundo informe de la llamada Comisión para la Asistencia a una Cuba Libre, que George W. Bush creó hace casi cuatro años.

En efecto, el pasado lunes 10 de julio EE UU declaró que podría rehabilitar a una Cuba Pos-Fidel Castro en 18 meses siempre que un gobierno de transición esté dispuesto a facilitar una transformación democrática.

El presidente George W. Bush aprobó entonces un programa de 80 millones de dólares para impulsar la democratización de Cuba enfatizando el compromiso con ''una transición, no una sucesión'' en la isla tras la desaparición de Fidel Castro.

Las recomendaciones del esperado segundo informe de la Comisión de Asistencia a una Cuba Libre (CAFC) fueron difundidas, acompañadas por un Compromiso con el Pueblo de Cuba.

La presentación oficial del informe se dio en Washington DC y estuvo a cargo de la secretaria de Estado, Condoleezza Rice; el secretario de Comercio, el cubanoamericano Carlos Gutiérrez; y Caleb McCarry, coordinador de la CAFC. Casi simultáneamente McCarry habló vía teleconferencia a los periodistas extranjeros en La Habana.

El informe contiene un programa de dos años por 80 millones de dólares y propuestas de "mayores esfuerzos en múltiples frentes" para allanar el camino de los cubanos hacia la recuperación de su soberanía y selección del gobierno que deseen a través de "elecciones libres y multipartidistas", dijo Condoleeza Rice.

Éste es el segundo informe preparado por la Comisión para la Asistencia a una Cuba Libre, instituida por Bush bajo la copresidencia de los secretarios de Estado y Comercio.

En el primero, emitido en julio de 2004, se estableció por primera vez un fondo de 29 millones de dólares para la campaña de cambio, contra siete millones que hasta entonces había estado destinando la administración estadounidense.

Los nuevos fondos serían efectivos en los períodos fiscales del 2007 y 2008, sumándose a los 35 millones que han sido destinados para las emisoras Radio y TV Martí, así como a los 10 millones anuales destinados a Cuba por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID).

El texto sugiere además el otorgamiento de 20 millones anuales -a partir del 2009- hasta el desmantelamiento del régimen castrista.

Todas las contribuciones tendrían que recibir la aprobación del Congreso y quedarían bajo el llamado Fondo Cubano para un Futuro Democrático.
El documento detalla la asistencia en áreas como el suministro de agua y alimentación, los medicamentos y el equipamiento sanitario ante las emergencias que afrontaría un gobierno de transición.

Una de las observaciones más notables está dirigida a la alianza entre los gobiernos de Cuba y Venezuela, exhortando a desalentar a "terceras partes a intervenir y estorbar la voluntad del pueblo cubano''.

''El actual régimen de La Habana está trabajando con gobiernos de su misma mentalidad, particularmente Venezuela, para construir una red de apoyo político y financiero que pueda contrarrestar cualquier presión externa favorable al cambio'', expresa el informe. "Esto reclama trabajar con urgencia para asegurar que la transición cubana sea genuina y que la estrategia de sucesión del régimen de Castro no tenga éxito''.

Otras afirmaciones de sensible trascendencia contenidas en el informe son:

• Adelantar una visión alternativa de futuro para aquellos cubanos que actualmente pertenecen al régimen, pero respaldan el cambio democrático. Ellos deben saber que para ellos y sus familias hay un futuro en una Cuba libre y que sólo los esbirros de Castro tendrán que encarar la justicia.

• Crear una base de datos denominada Sistema de Evaluación de Casos de Abusos (ACES) con una ''lista de esbirros'' que contenga los nombres de personas que han estado envueltas en orquestar actos violatorios de los derechos humanos.

• Formular una base de datos para impedir la concesión de visas a personas que participaron en los juicios contra los disidentes en el 2003, así como aquellos individuos que protagonicen actos de repudio.

• Negar el derecho de estatus legal en este país a funcionarios castristas que actúen en detrimento de los intereses de EEUU, así como rechazar la concesión de visas de inmigrante o de visita a funcionarios del gobierno cubano y a miembros del Partido Comunista de Cuba.

• Asegurar al pueblo cubano que EE UU no apoya ningún esfuerzo arbitrario por confiscar propiedades y sacar a las personas de sus casas. Ofrecer asistencia técnica sobre las experiencias de antiguos países comunistas en lidiar con los asuntos de derecho de propiedad y de privatización.

El informe obvia recomendaciones concretas sobre la controversial política de ''pies secos, pies mojados'', fuertemente criticada por sectores del exilio cubano.

Tampoco se refiere a las 20,000 visas anuales que forman parte de los acuerdos migratorios bilaterales de 1995, cuya eliminación fue propuesta por organizaciones de Miami partidarias de la "línea intransigente''.