Terrorismo en EE UU

"los terroristas están planeando nuevos ataques a nuestro país... que en comparación dejarán pálido al 11-S'', afirmó este miércoles 13 de febrero, el Presidente George W. Bush, en unintento por presionar que la Cámara de Representantes aprobará nuevas regulaciones para intervenir las llamadas teléfonicas y los correos electróncios de posibles terroristas.

Bush dijo que no estaba de acuerdo en darle a la Cámara más tiempo para debatir una medida que el Senado aprobó ya el martes pasado, y que tuvo una amplia votación (68-29).

Se trata de la "actualización" de la Ley de Vigilancia Extranjera (FISA) de 1978; proyecto que da a las compañías teléfonicas protección retroactiva contra demandas presentadas sobre bases de cooperación con el gobierno sin permiso de la corte suprema.

Y el asunto no es menor, hay en este momento alrededor de 40 demandas presentadas contra las compañías de telecomunicaciones por personas alegando violaciones de las leyes de interceptar comunicaciones y de privacidad.
''Para poder descubrir... los planes del enemigo, necesitamos la cooperación de las compañías de telecomunicaciones'', comentó Bush. "Si estas compañías están sujetas a demandas, eso les costaría miles de millones de dólares y no participarían''.
El voto del Senado (68-29) del martes 12 para actualizar la Ley antiterrorista contradice los casi dos meses de interrumpidas negociaciones políticas que le precedieron.

Y el quid del asunto par los democrátas es balancear las libertades civiles con la seguridad nacional.
Bush dijo que el proyecto del Senado fue aprobado por un amplio margen y la Cámara de Representantes también debe aprobarlo, antes de que la actual ley temporal expire la medianoche del viernes 15 de febrero.

Además, agregó, junto a Michael McConnel, director de inteligencia nacional: "el Congreso ha tenido más de seis meses para discutir y deliberar''. Por lo que "el momento de debate se acabó. No aceptaré ninguna extensión temporal. Ya han recibido una extensión de dos semanas''.

La respuesta de inmediato:

La Cámara de Representantes dio este miércoles una victoria pirrica al presidente Bush, al rechazar un intento demócrata para extender transitoriamente la ley que autoriza la vigilancia electrónica de presuntos terroristas. La extensión de 21 días fue rechazada por 229 votos a favor y 191 en contra con el apoyo de 34 legisladores demócratas que están de acuerdo en que la medida sea sustituida por otra ley que otorga inmunidad a las empresas telefónicas que cooperen en las escuchas telefónicas.
En el marco de la ley vigente, el Gobierno puede intervenir las comunicaciones de cualquier persona fuera de Estados Unidos sin orden judicial si cree que puede ser agente del terrorismo. Aunque originalmente la ley FISA de 1978 establece un sistema que requiere que las agencias de seguridad nacional tengan que buscar la aprobación de un tribunal federal antes de poder monitorear las comunicaciones de un ciudadano americano.

Sin embargo, el Congreso de EE UU aprobó en agosto de 2007, un proyecto de ley que da temporalmente poder a las agencias de espionaje del país para realizar escuchas sin autorización judicial. Con ello, Bush logró que el Congreso, legalizará por seis meses uno de los programas más polémicos de su presidencia.
Transcurrido ese período, los legisladores deben volver a analizar sus cláusulas principales.

Y el proyecto vence este viernes 15 de febrero. Ese es el quid. Sin emargo, la ley puede extenderse seis meses más.
Antes de que se llevara a cabo la votación, Bush había advertido de que vetaría la extensión de la ley cuya vigencia expira el próximo sábado.

La intención del gobierno es que la Cámara de Representantes apruebe un proyecto del Senado que sustituye a la ley vigente que protege a las empresas telefónicas que cooperen con el programa de vigilancia puesto en marcha tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Empero, la expiración de le ley no afectará a la seguridad .
Steny Hoyer, líder de la mayoría dem

ócrata en la Cámara, aseguró que la expiración de la ley no afectará la seguridad nacional por cuanto el Gobierno podrá extender las actuales operaciones de vigilancia durante seis meses más.

Otros miembros demócratas de la Cámara indicaron que se necesitarán al menos tres semanas para estudiar y plantear modificaciones al proyecto senatorial.
El líder mayoritario del Senado (D), Harry Reid, acusó al Presidente y a los senadores republicanos de estar más interesados en politiquear inteligencia que en resolver el debate.

Antecedentes del caso:
La polémica en torno a este asunto fue desvelada por la prensa a finales del 2005. En diciembre de ese año, el periódico The New York Times reveló como el gobierno, con la ayuda de compañías telefónicas, había empezado a intervenir llamadas, así como correos electrónicos, sin una orden judicial de por medio.
Pero el tema cobró una mayor dimensión en mayo de 2006, cuando Usa Today -citando fuentes anónimas- dijo que desde el 2001, las empresa telefónicas AT&T, Verizon y BellSouth había entregado secretamente registros de decenas de millones de llamadas de sus clientes a la NSA.

Anna Diggs, jueza federal de Detroit, ordenó el jueves 17 de agosto del 2006, interrumpir de forma inmediata las intervenciones telefónicas sin autorización judicial que el Gobierno de aquel país puso en marcha en su plan antiterrorista después del 11-S.

La magistrada determino que ese programa es inconstitucional porque viola los derechos a la libertad de expresión y a la intimidad de los ciudadanos, así como "la doctrina de separación de poderes" y otras instancias legales, como la Ley de Procedimientos Administrativos, así como la primera y cuarta garantías constitucionales.

Empero, en agosto del 2007, el Congreso aprobó un proyecto de ley que da temporalmente poder a las agencias de espionaje del país para realizar escuchas sin autorización judicial; trasncurrido ese teiempo ese período, los legisladores deben volver a analizar sus cláusulas principales.

Ese proyecto de ley, permite las escuchas de llamadas telefónicas, así como interceptar correos electrónicos, de personas en Estados Unidos que se comunican con individuos en el extranjero. Para ello es necesario tan sólo que el director nacional de inteligencia y el fiscal general aprueben las escuchas.
La norma que el proyecto modifica, conocida como 'Ley de Supervisión de Datos de Inteligencia sobre Extranjeros' (FISA, por su sigla en inglés) y que data de 1978, requiere la autorización de un tribunal especial para esas escuchas.

President Bush Discusses Protect America Act Oval Office
9:01 A.M. EST
THE PRESIDENT: Director, thank you for joining me. Good morning. At this moment, somewhere in the world, terrorists are planning new attacks on our country. Their goal is to bring destruction to our shores that will make September the 11th pale by comparison. To carry out their plans, they must communicate with each other, they must recruit operatives, and they must share information.
The lives of countless Americans depend on our ability to monitor these communications. Our intelligence professionals must be able to find out who the terrorists are talking to, what they are saying, and what they're planning.
To help our intelligence agencies do this, Congress passed the Protect America Act last year. Unfortunately, Congress set the law to expire on February 1st -- and then failed to pass new legislation that would keep these tools in effect over the long run. And so at the 11th hour, Congress passed a temporary 15-day extension of the current law which will expire at midnight this Saturday. I signed that extension. I did so to give members of the House and Senate more time to work out their differences.
Well, the Senate has used this time wisely. I am pleased that last night, Senators approved new legislation that will ensure our intelligence professionals have the tools they need to make us safer -- and they did so by a wide, bipartisan majority. The Senate bill also provides fair and just liability protections for companies that did the right thing and assisted in defending America after the attacks of September the 11th.
In order to be able to discover enemy -- the enemy's plans, we need the cooperation of telecommunication companies. If these companies are subjected to lawsuits that could cost them billions of dollars, they won't participate; they won't help us; they won't help protect America. Liability protection is critical to securing the private sector's cooperation with our intelligence efforts. The Senate has passed a good bill, and has shown that protecting our nation is not a partisan issue. And I congratulate the senators.
Unfortunately, the House has failed to pass a good bill. And now House leaders say they want still more time to reach agreement with the Senate on a final bill. They make this claim even though it is clear that the Senate bill, the bill passed last night, has significant bipartisan support in the House.
Congress has had over six months to discuss and deliberate. The time for debate is over. I will not accept any temporary extension. House members have had plenty of time to pass a good bill. They have already been given a two-week extension beyond the deadline they set for themselves. If Republicans and Democrats in the Senate can come together on a good piece of legislation, there is no reason why Republicans and Democrats in the House cannot pass the Senate bill immediately.
The House's failure to pass the bipartisan Senate bill would jeopardize the security of our citizens. As Director McConnell has told me, without this law, our ability to prevent new attacks will be weakened. And it will become harder for us to uncover terrorist plots. We must not allow this to happen. It is time for Congress to ensure the flow of vital intelligence is not disrupted. It is time for Congress to pass a law that provides a long-term foundation to protect our country. And they must do so immediately.
Thank you very much.
END 9:05 A.M. EST

Steven G. Bradbury, director interino de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia de EE UU, expresó que la técnica de interrogación "ahogamiento simulado" ya no está permitida legalmente debido a las normativas y otras limitaciones vigentes desde que tres presuntos terroristas fueron sometidos con este método.
Se trata de la primera vez que el Departamento de Justicia admite que la técnica, conocida también como "el submarino", ya no es legal.
"Los métodos de interrogación autorizados para uso frecuente son menos ahora que antes, y no incluyen al submarino", expresa Bradbury.

"El Departamento de Justicia no ha determinado que el uso del submarino, bajo ninguna circunstancia, sea legal de acuerdo con las leyes actuales", sostiene.

En el 2005, Bradbury firmó dos documentos legales secretos que autorizaron a la CIA a utilizar bofetadas en la cara, temperaturas gélidas y el ahogamiento simulado para cuestionar a detenidos. Por esta razón, los senadores de la oposición demócrata se han opuesto a su postulación como titular de la oficina de asesoría legal.
Las declaraciones de Bradbury tienen lugar en momentos que la mayoría demócrata del Congreso intenta obstaculizar los métodos de interrogación que pueden ser utilizados.
El Congreso avanzó el miércoles para prohibir que la CIA utilice el submarino y otras técnicas duras, a pesar de la amenaza del presidente George W. Bush de vetar cualquier medida que limite las técnicas de interrogación de la agencia.
El director de la CIA Michael Hayden había expresado anteriormente que las normativas actuales y las decisiones judiciales generan dudas sobre la legalidad o no de la técnica del submarino.

Hayden prohibió que fuera utilizada el los interrogatorios de la CIA en el 2006, y no ha sido empleada desde el 2003, dijo.
Subcomité de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes: http://judiciary.house.gov/committeestructure.aspx

Ley de trato a los detenidos de 2005: http://www.cfr.org/publication/9865/

Fuente: Por LAURIE KELLMAN, de la agencia, The Associated Press, publicado en El Nuevo Herald.

Terroristas

Los terroristas suicidas/Andrés Montero Gómez y Juanjo Sánchez

Publicado en EL CORREO DIGITAL, 11/02/08):
El terrorismo suicida que sacude periódicamente Irak es algo totalmente insensato desde cualquier punto de vista político o militar. ¿Volar en pedazos un mercado de animales domésticos, atiborrado de gente! Que los terroristas suicidas fueran mujeres no es novedad. Sin embargo, llama la atención que fueran retrasadas mentales, víctimas del síndrome de Down. Una noticia tan infame despertó en mí un cierto escepticismo, pero los terroristas no la han desmentido. Ahora hacen propaganda para que las familias envíen a sus hijos pequeños a sus campos de entrenamiento. Lo cierto es que una organización que sufre un 100% de bajas en cada operación no podrá seguir actuando durante mucho tiempo. De forma inexorable la cantera de suicidas se agotará pronto y los líderes tendrán que rascar el fondo del barril para poder seguir cometiendo atentados.
El Islam es misógino y poco favorable a los derechos de las mujeres, como todas las grandes religiones monoteístas, incluido el cristianismo católico. Los integristas han exacerbado hasta el absurdo esta tendencia misógina, como reacción defensiva frente a la inexorable evolución social que lleva a la mujer musulmana a conquistar cada vez más derechos efectivos. Por eso puede parecer extraño que los integristas recluten mujeres para sus atentados. Esta incongruencia aparente se explica por dos factores.
El primer factor es la tradición histórica árabe de mujeres guerreras. Desde los tiempos pre-islámicos, los hombres de las tribus beduinas se ausentaban de los campamentos durante largos periodos para guerrear, comerciar, cazar o pastorear el ganado. Por lo tanto, las mujeres se veían obligadas a ser bastante autónomas, incluso para autodefensa contra agresores que atacaban de forma oportunista cuando las mujeres estaban solas. El Islam surgió cuando esta sociedad nómada estaba en proceso de urbanización y sedentarización, lo que provocó un fuerte incremento de las desigualdades sociales. Las mujeres perdieron estatus con estos cambios, de manera que muchas de ellas abrazaron con entusiasmo el Islam. Algunas incluso lucharon en las primeras batallas de la nueva religión, junto al mismo profeta, que las cubrió de alabanzas.
El segundo factor es el cinismo puro y duro en el reclutamiento de carne de cañón, que luego será sacrificada sin miramientos. Como dijo Brigitte Friang, combatiente francesa de la Segunda Guerra Mundial: «Cuando los hombres necesitan a las mujeres, se olvidan de que son mujeres».
Queda por aclarar que haya mujeres dispuestas a colaborar con una ideología que anuncia abiertamente su intención de someterlas a una servidumbre abyecta. ¿Lavado de cerebro o cínico designio de ocupar un alto cargo en la nueva Sección Femenina? No es novedad que el terrorismo utilice a mujeres en atentados suicidas. El kurdo PKK, perseguido en Turquía como organización terrorista, escenificó entre 1995 y1999 catorce atentados suicidas, once de los cuales tenían a mujeres como asesinas. Y el PKK no actúa, precisamente, por motivaciones islamistas, sino etnonacionalistas. Igualmente ajenas al yihadismo eran las primeras palestinas suicidas de los noventa, entrenadas en las milicias Tanzim, ligadas al partido Fatah de Arafat, nada islamista y muy nacionalista en su microvisión de la realidad. Ahora han sido mujeres yihadistas en Irak.
Tanto el fanatismo etnonacionalista kurdo como el palestino o el yihadismo fundamentalista de Al-Qaida tienen algo en común respecto de las mujeres: en todos los entornos culturales de socialización de estos fanatismos las mujeres no existen por sí mismas, son instrumentos al servicio del hombre.
La presencia de mujeres entre el terrorismo suicida no responde a problemas de reclutamiento ajenos de momento a los grupos yihadistas, sino a planteamientos de mera eficiencia táctica. Es mucho más sencillo hacer que una mujer, un niño, un anciano o un deficiente mental atraviesen un control o eludan la vigilancia en un espacio público. Al Ejército israelí le ocurrió al principio en la Palestina ocupada, aunque ya ha optado por escrutar a todo ser dotado de capacidad de movimiento y dirección, porque eso es lo que utilizará el terrorismo a la menor ocasión. Que las dos últimas suicidas en Irak sean deficientes mentales, por muy trágico que aparezca a nuestros ojos proteccionistas, no deja de ser un detalle anecdótico en las tácticas de ventaja propias de la operativa terrorista.
Es revelador de cierta mirada patriarcal que nos sorprenda encontrar a mujeres entre el espectro del terrorismo suicida. En el mismo plano patriarcal están las causas que a ellas las llevan a suicidarse. La cultura rural, de socialización cerrada y aislacionista del Kurdistán considera a la mujer un instrumento doméstico. Cuando allí comenzaron a suicidarse lo hacían acompañadas en el trayecto previo por un hombre. En Palestina, mujeres viudas de esposo o hermano eran adscritas al martirio por parientes masculinos que querían cobrar las ayudas externas, entonces iraquíes o saudíes, ahora iraníes o sirias, a las familias del suicida. La yihad ahora ha detonado a distancia a dos retrasadas mentales. Unas son chantajeadas para honrar a la familia, otras desahuciadas por haberse quedado sin hombre, otras engañadas con la emancipación del más allá. Todas anuladas bajo la decisión de un hombre.

Life after Chávez

Life After Chávez/By Jackson Diehl

THE WASHINGTON POST, 11/02/08;

Is Hugo Chávez crashing?It’s hard to believe that a strongman who commands more than $40 billion in annual petroleum revenue, who has been granted the right to rule by decree by a rubber-stamp parliament, who controls his country’s courts and television media, and who has recently spent billions on new weapons for his army could have much to worry about. Yet as Venezuela’s president held a parade to celebrate the 16th anniversary of his unsuccessful military coup against a former democratic government last week, his own nine-year-old administration was struggling to pull out of a tailspin.

Condi Rice an Robert Gates

What We Need Next in Irak/By Condoleezza Rice and Robert Gates, the secretary of state and secretary of defense of the EE UU, respectively

Published THE WASHINGTON POST, 13/02/2008;

Over the past year, we have seen that Iraqis are committed to affirming their own sovereignty. The Iraqi army and police are taking the lead in providing security over much of the country. Iraq is building relationships with other nations in the Middle East. The Iraqi people want to meet their own needs and control their own destiny. And they desire a more normal relationship with the United States.
Our troops and diplomats have made untold sacrifices to help put Iraq on the path to self-sufficiency. A crucial phase in this process will unfold in the coming months, when our ambassador in Baghdad, Ryan Crocker, begins negotiating a basic framework for normalized relations with the Iraqi government — to include what is known as a “status of forces” agreement. We encourage Congress and the public to support the efforts of our senior diplomats and military officers as they forge ahead with these talks — which we believe are essential to a successful outcome in Iraq and, by extension, the vital interests and security of the United States.
First, some background. Whenever American troops are stationed or temporarily present on foreign soil, a number of legal questions arise, ranging from the overall scope of their mission to the minutiae of day-to-day life — from authority to fight to rules for delivering mail. In more than 115 nations, we have individually tailored status-of-forces agreements. These agreements are crafted to take into account circumstances in each host country as well as the unique requirements and missions of our forces there.
In Iraq, the presence and role of the United States and our coalition partners have been authorized by U.N. resolutions. The current U.N. authorization expires at the end of this year, and Iraq has indicated that it will not seek an extension. It would rather have an arrangement that is more in line with what typically governs the relationships between two sovereign nations.
There is debate here at home about the future presence, composition and mission of U.S. forces in Iraq. It is clear, however, that U.S. forces will need to operate in Iraq beyond the end of this year for progress in stabilizing Iraq to continue.
In these negotiations, we seek to set the basic parameters for the U.S. presence in Iraq, including the appropriate authorities and jurisdiction necessary to operate effectively and to carry out essential missions, such as helping the Iraqi government fight al-Qaeda, develop its security forces, and stem the flow of lethal weapons and training from Iran. In addition, we seek to establish a basic framework for a strong relationship with Iraq, reflecting our shared political, economic, cultural and security interests.
Nothing to be negotiated will mandate that we continue combat missions. Nothing will set troop levels. Nothing will commit the United States to join Iraq in a war against another country or provide other such security commitments. And nothing will authorize permanent bases in Iraq (something neither we nor Iraqis want). And consistent with well-established practice regarding such agreements, nothing will involve the U.S. Senate’s treaty-ratification authority — although we will work closely with the appropriate committees of Congress to keep lawmakers informed and to provide complete transparency. Classified briefings have already begun, and we look forward to congressional input.
In short, nothing to be negotiated in the coming months will tie the hands of the next commander in chief, whomever he or she may be. Quite the contrary, it will give the president the legal authority to protect our national interest — and the latitude to chart the next administration’s course.
There is wide recognition of the need for a normal bilateral relationship of this type. It has the support of moderate political forces from all of Iraq’s communities — Sunni, Shiite and Kurd. A bipartisan group of senior senators have called for it — among them Carl Levi, John Warner and Richard Lugar r. And it has been promoted by bipartisan panels such as the Independent Commission on the Security Forces of Iraq, chaired by retired U.S Marine Corps Gen. James L. Jones. Similarly, the Baker-Hamilton commission advocated a series of longer-term missions that would require an agreement of this sort.
There is little doubt that 2008 will be a year of critical transition in Iraq as our force levels continue to come down, as our mission changes and as Iraqis continue to assert their sovereignty. But to continue the success we have seen in recent months, the Iraqi people and government will continue to need our help. Iraqis have requested a normalized relationship with us, and such a relationship will be part of a foundation of success in Iraq — a foundation upon which future U.S. administrations can build.

Posicionmiento del Guero Castañeda

Sótanos de la política exterior/Jorge G. Castañeda

Publicado en Reforma, 13/02/2008;

A pesar de lo que uno piensa o de la nostalgia de otros por una época que no existió, la política exterior en México, como en todos lados, siempre ha sido objeto de disputas dentro del gobierno y entre las élites. Durante la Guerra Fría fue en torno a posturas contrarias a Estados Unidos, neutras o favorables hacia la URSS y Cuba versus posiciones de cierto alineamiento con Washington. En la era NAFTA y de la posguerra fría, las posiciones trataron de sacar provecho a la integración económica con Estados Unidos y Canadá. Más recientemente las divergencias se dan en torno a valores como los derechos humanos y la lucha por la democracia.

Las luchas fueron sin cuartel, sordas y de sustancia, porque había mucho en juego. Desde el inicio de los cincuenta, por ejemplo, los diplomáticos de la Cancillería eran acusados de comunistas y/o espías soviéticos -como pasó con mis padres en la Conferencia en Caracas de 1954 sobre Guatemala. En los años de la Guerra Fría era un pleito feroz entre los servicios de seguridad mexicanos, parte de las Fuerzas Armadas, el empresariado y los ministerios económico-financieros versus Relaciones Exteriores, el PRI, la intelectualidad de izquierda y el propio Presidente. En el libro recién publicado en Estados Unidos Our man in Mexico City -biografía de W. Scott, jefe de la CIA en México entre 1956 y 1969, escrito por su hijo J. Morley- se describe la casi increíble complicidad de toda la seguridad mexicana y la CIA, frente a la retórica procubana y tercermundista del gobierno. Scott se llevó a la tumba sus convicciones sobre los vínculos de Oswald en México, pero no así las revelaciones de su cercanía a Díaz Ordaz, Echeverría, Gutiérrez Barrios, Nazar Haro, et. al. Lo mismo sucedió más tarde en los sexenios de Luis Echeverría y José López Portillo, cuando después de una cercanía, excesiva para unos, de México con Estados Unidos ambos consideraron necesaria una "sana distancia". Luis Echeverría trató de construirla con su tercermundismo, el apoyo a posturas radicales antiisraelíes en la ONU y con su acogida generosa a miles de refugiados del Cono Sur. Pero no fueron pocos en la derecha mexicana, el empresariado y en la propia clase política, y por supuesto en el establishment de Estados Unidos que combatieron activamente estas posturas, como lo saben algunos hoy al recordar a los exiliados chilenos en la aduana del aeropuerto de la Ciudad de México. Durante el sexenio de López Portillo y en el de De la Madrid fue cuando se dio la mayor polarización: el apoyo de López Portillo al Frente Sandinista en Nicaragua, al FMLN en El Salvador, a los refugiados guatemaltecos y a la economía cubana (al son de un préstamo-regalo de 100 millones de dólares en 1981); y el activismo de De la Madrid, ya no en apoyo a estas fuerzas, pero sí a favor de la paz en Centroamérica y contra la posible intervención en Estados Unidos provocaron agudas divisiones en el seno de las élites mexicanas y del gobierno.Todo se valía: golpes bajos, filtraciones, mentiras y, por supuesto, la búsqueda de alianzas donde las había. Parte del Ejército se opuso al asilo de más de 45 mil refugiados guatemaltecos a finales de 1981; el embajador de Estados Unidos, una parte del empresariado mexicano y el aparato de inteligencia (DFS y DIPyS) se opusieron a reconocer a la guerrilla salvadoreña como fuerza política representativa, a la cercanía de López Portillo con Castro y al subsidio petrolero que otorgó a los sandinistas. Los unos acusaban a los otros de ser agentes de la CIA, de entreguistas, cobardes y flacos mexicanos; los otros acusaban a los unos de ser comunistas, cubanos, traidores y tontos útiles del comunismo internacional.

Con Fox la lucha se dio entre la totalidad del empresariado que, como decimos en La diferencia, se opuso terminantemente al no a la invasión a Iraq versus casi todo el gobierno, la intelectualidad, la clase política y la Presidencia que resistieron fuertes presiones de Estados Unidos para alinearse. En el sexenio actual es evidente que ya ha emergido una creciente divergencia entre la política exterior del gobierno con quienes opinan que el abandono de los mexicanos en Estados Unidos y el cambio en la prioridad de la relación con el norte a favor del acercamiento con Cuba y Venezuela y el uso de la fatigada retórica latinoamericanista es un error que pide rectificación.

Es en todo este marco en que hay que leer los golpes bajos como el expediente armado por la DFS y Nazar Haro en contra mía y de mi padre hace 25 años y la lamentable actitud de la delegación mexicana ante la CIDH en San José la semana pasada (así como los que vengan).Nunca hubo un consenso sobre la política exterior de México: es una más de las simulaciones tan bien descritas por M. Schettino en Cien años de confusión. México en el siglo XX. Antes los golpes se daban a base de intervenciones telefónicas, fotografías, seguimientos ilegales y denuncias anónimas. Uno hubiera esperado que en el siglo XXI esas pugnas se diriman a través de las armas de la democracia: el debate, el trabajo académico y las coaliciones parlamentarias. Parece que no.