En una aparente contramarcha, el presidente Barack Obama está resucitando los sumamente criticados tribunales militares para los detenidos en Guantánamo aunque prometió efectuar cambios en el sistema.
Obama aseguró que los cambios buscan dar a los detenidos protecciones legales más firmes, como una prohibición al uso de pruebas obtenidas mediante coacción; el anuncio significa que los juicios a 13 acusados en nueve casos se reanudarán no antes de septiembre. Cinco de los 13 son acusados de ayudar a planear los ataques terroristas del 11-S
El resto de los 241 detenidos en Guantánamo serán liberados o transferidos a otros países, o juzgados en tribunales federales civiles o, potencialmente, retenidos indefinidamente como prisioneros de guerra con plenos derechos otorgados por las Convenciones de Ginebra.
“Este es el mejor modo de proteger a nuestro país, a la vez que mantenemos nuestros valores inapreciables”, dijo Obama en una breve declaración de la Casa Blanca.
El gobierno aseguró que no seguía el sistema de la era de Bush debido a los cambios significativos, pero grupos defensores de los derechos humanos disintieron.
“En un giro rápido, Obama no sólo incumple una importante promesa de su campaña de cambiar el modo en que Estados Unidos combate el terrorismo sino que también socava el respeto básico nacional por el imperio del derecho”, dijo el director ejecutivo de Amnistía Internacional, Larry Cox.
“Como abogado constitucional, Obama debe saber que puede vestir al cerdo de rosa, pero que siempre seguirá siendo un cerdo”, dijo Zachary Katznelson, director legal de Reprieve, una organización benéfica de acción legal en Londres que representa a 33 detenidos en Guantánamo.
El anuncio de Obama fue recibido más cálidamente en el Congreso, donde necesitará amplio apoyo para instrumentar cambios. La Casa Blanca espera hacerlo antes de mediados de septiembre, cuando concluye una congelación de 120 días que el presidente impuso el viernes sobre los casos.
El titular demócrata del Comité de Servicios Armados del Senado, Carl Levin, calificó los cambios de “esenciales para atacar las serias deficiencias en los procedimientos existentes”. El líder republicano en la cámara alta, Mitch McConnell, dijo que el anuncio era “un hecho alentador”.
“Es una situación legal difícil y creo que es realmente la única opción racional”, comentó por su parte el senador republicano Sam Brownback, que se opone trasladar a los detenidos a la prisión militar de máxima seguridad situada en su estado.
El sistema de tribunales fue establecido después que los militares empezaron a tomar prisioneros en los campos de batalla de Afganistán a fines del 2001, pero el proceso inmediata y repetidamente fue cuestionado por organizaciones de derechos humanos y legales por negar a los acusados derechos que les serían otorgados en casi todos los demás tribunales.
“Este es el mejor modo de proteger a nuestro país, a la vez que mantenemos nuestros valores inapreciables”, dijo Obama en una breve declaración de la Casa Blanca.
El gobierno aseguró que no seguía el sistema de la era de Bush debido a los cambios significativos, pero grupos defensores de los derechos humanos disintieron.
“En un giro rápido, Obama no sólo incumple una importante promesa de su campaña de cambiar el modo en que Estados Unidos combate el terrorismo sino que también socava el respeto básico nacional por el imperio del derecho”, dijo el director ejecutivo de Amnistía Internacional, Larry Cox.
“Como abogado constitucional, Obama debe saber que puede vestir al cerdo de rosa, pero que siempre seguirá siendo un cerdo”, dijo Zachary Katznelson, director legal de Reprieve, una organización benéfica de acción legal en Londres que representa a 33 detenidos en Guantánamo.
El anuncio de Obama fue recibido más cálidamente en el Congreso, donde necesitará amplio apoyo para instrumentar cambios. La Casa Blanca espera hacerlo antes de mediados de septiembre, cuando concluye una congelación de 120 días que el presidente impuso el viernes sobre los casos.
El titular demócrata del Comité de Servicios Armados del Senado, Carl Levin, calificó los cambios de “esenciales para atacar las serias deficiencias en los procedimientos existentes”. El líder republicano en la cámara alta, Mitch McConnell, dijo que el anuncio era “un hecho alentador”.
“Es una situación legal difícil y creo que es realmente la única opción racional”, comentó por su parte el senador republicano Sam Brownback, que se opone trasladar a los detenidos a la prisión militar de máxima seguridad situada en su estado.
El sistema de tribunales fue establecido después que los militares empezaron a tomar prisioneros en los campos de batalla de Afganistán a fines del 2001, pero el proceso inmediata y repetidamente fue cuestionado por organizaciones de derechos humanos y legales por negar a los acusados derechos que les serían otorgados en casi todos los demás tribunales.
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