Columna Razones/Jorge Fernández Menéndez
Publicado en Excélsior, 16 de febrero de 2009;
El periodismo y la política fallidos
Las tres noticias de la semana pasada fueron: la presunta propuesta de la legalización de las drogas realizada por tres ex presidente latinoamericanos, incluido Ernesto Zedillo; las revelaciones de las “escuchas” telefónicas a Luis Téllez y la telenovela de los spots de los partidos políticos en la televisión. Y en los tres casos los medios tuvimos un papel clave en la difusión de informaciones que eran falsas, estaban tergiversadas o fuera de contexto. Es grave, porque, pese a todo, sigue existiendo un grado de confianza muy alto de la gente en los medios, mismo que se deteriorará si se siguen cometiendo errores y no se respetan los principales paradigmas de esta profesión.
Comencemos por la legalización de las drogas. En el documento de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, encabezada por los ex presidentes Zedillo, César Gaviria, de Colombia y Fernando Henrique Cardoso, de Brasil, no se utiliza jamás la palabra “legalizar” las drogas, ni siquiera la mariguana. Se propone “descriminalizar” las políticas para establecer un trato más humano a los adictos, verlos como enfermos y no como delincuentes, algo que se ha planteado en innumerables oportunidades y que incluso los gobiernos mexicanos recientes han tratado, con insuficiencias, de realizar. ¿De dónde salió que los ex mandatarios proponían legalizar las drogas? Seguramente de la primera agencia que envió la nota desde Río de Janeiro, donde se divulgó originalmente el documento, pero, posteriormente, nadie se tomó el trabajo de ir a las fuentes y revisar si lo que se decía era verdad o no. Y la versión se repitió en los periódicos, en la radio, en la televisión y generó reacciones de políticos y personajes públicos. Resultó una mentira que dio origen a un debate inútil y llevó a que se perdiera de vista un documento que tiene aportes (e insuficiencias) de un tema central para la región como es el del narcotráfico.
Segundo punto. Las “conversaciones” de Luis Téllez. El pecado del secretario de Comunicaciones y Transportes en esta historia podrá haber sido otro, pero no lo es que en una plática grabada ilegalmente diga, en forma coloquial y mientras está hablando de otros temas, que un ex presidente “se robó” media partida secreta. Ni que hable con groserías de otro funcionario o que diga que hay que ampliar un aeropuerto. Téllez peca de ligereza, quizá de falta de sentido común al abordar ciertos temas por teléfono y eso tal vez hasta le pueda terminar costando el puesto. Pero no porque se haya revelado algún delito como sí lo es grabar y divulgar pláticas privadas. En La República del espionaje nadie saldrá ganando si la divulgación de todo tipo de conversaciones privadas se masifica. No hay un solo político, empresario, periodista, una sola persona que no haya dicho alguna vez algo inconveniente, con ligereza, con insultos, en una llamada telefónica o en una plática privada. Y aquí lo que tenemos es espionaje ilegal liso y llano. La primera llamada divulgada, la de la señora Diana Pando, dice ser de una mujer que, despechada o no, a quien Téllez haya conocido o no, guardó las grabaciones durante años para darlas a conocer, casualmente, la misma semana de un durísimo conflicto político y empresarial en el sector telecomunicaciones. Y, además, nos quieren hacer creer que se trató de la grabación en un buzón de voz (¿qué celular tiene la señora que puede grabar y conservar durante años una conversación de tantos minutos?). La señora Pando ya había intentado vender antes esos audios y se los habían rechazado. Y había tenido otras historias de relaciones muy complejas con otros personajes públicos. No era tomada en serio. Y eso se sabía cuando se divulgó la primera cinta. Las siguientes grabaciones ni siquiera trataron de ser disimuladas. Insistimos, Téllez pagará un costo político por todo esto, pero el espionaje telefónico y el personal, ilegales, no pueden ser premiados y reconocidos profesionalmente como logros cuando son parte de una operación política más.
Tercer tema. Los spots y las televisoras. El tratamiento mediático, como ocurrió con la supuesta legalización de las drogas o el caso de las grabaciones de Téllez, resultó lamentable: simplemente se trató, de acuerdo con el medio, de denunciar a unos o defender a otros. Vamos a las fuentes: se podrá o no estar de acuerdo con lo realizado por las televisoras, pero la que ha resultado fallida es la reforma electoral: no sirve, no tiene sentido y no se puede practicar como está diseñada. ¿La idea es que, independientemente de ello, se debe cumplir escrupulosamente con la ley? Pues bien, en ninguna parte dice la norma, y mucho menos especifica la Constitución, en qué hora y de qué manera se debe pasar un spot publicitario. Incluso un hombre tan respetado como José Woldenberg, que apoya la reforma electoral, dice que se violó en forma “flagrante” la Constitución. ¿Dónde, en qué capítulo, cuándo? Se dice que se violó el artículo 350 inciso D del Cofipe, el cual sostiene que “constituyen infracciones al presente código de los concesionarios o permisionarios de radio y televisión, la manipulación o superposición de la propaganda electoral o los programas de los partidos políticos, con el fin de alterar o distorsionar el sentido original o denigrar a las instituciones o a los partidos o para calumniar a los candidatos”. Nunca se manipuló, superpuso, alteró o distorsionó un solo spots, tampoco se denigró a candidatos, porque ni siquiera los hay. Y si se considera que advertir a la audiencia que esos anuncios se emiten en cumplimiento de la ley es “denigrante”, entonces se tendría que revisar la legislación, salvo que sus defensores consideren que es tan mala que no la quieren reconocer como suya en público. El problema no son los spots ni las televisoras: es un sistema electoral fallido, producto de una reforma que no permitirá que se cumpla con la ley. Ese era el verdadero debate.
Las tres noticias de la semana pasada fueron: la presunta propuesta de la legalización de las drogas realizada por tres ex presidente latinoamericanos, incluido Ernesto Zedillo; las revelaciones de las “escuchas” telefónicas a Luis Téllez y la telenovela de los spots de los partidos políticos en la televisión. Y en los tres casos los medios tuvimos un papel clave en la difusión de informaciones que eran falsas, estaban tergiversadas o fuera de contexto. Es grave, porque, pese a todo, sigue existiendo un grado de confianza muy alto de la gente en los medios, mismo que se deteriorará si se siguen cometiendo errores y no se respetan los principales paradigmas de esta profesión.
Comencemos por la legalización de las drogas. En el documento de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, encabezada por los ex presidentes Zedillo, César Gaviria, de Colombia y Fernando Henrique Cardoso, de Brasil, no se utiliza jamás la palabra “legalizar” las drogas, ni siquiera la mariguana. Se propone “descriminalizar” las políticas para establecer un trato más humano a los adictos, verlos como enfermos y no como delincuentes, algo que se ha planteado en innumerables oportunidades y que incluso los gobiernos mexicanos recientes han tratado, con insuficiencias, de realizar. ¿De dónde salió que los ex mandatarios proponían legalizar las drogas? Seguramente de la primera agencia que envió la nota desde Río de Janeiro, donde se divulgó originalmente el documento, pero, posteriormente, nadie se tomó el trabajo de ir a las fuentes y revisar si lo que se decía era verdad o no. Y la versión se repitió en los periódicos, en la radio, en la televisión y generó reacciones de políticos y personajes públicos. Resultó una mentira que dio origen a un debate inútil y llevó a que se perdiera de vista un documento que tiene aportes (e insuficiencias) de un tema central para la región como es el del narcotráfico.
Segundo punto. Las “conversaciones” de Luis Téllez. El pecado del secretario de Comunicaciones y Transportes en esta historia podrá haber sido otro, pero no lo es que en una plática grabada ilegalmente diga, en forma coloquial y mientras está hablando de otros temas, que un ex presidente “se robó” media partida secreta. Ni que hable con groserías de otro funcionario o que diga que hay que ampliar un aeropuerto. Téllez peca de ligereza, quizá de falta de sentido común al abordar ciertos temas por teléfono y eso tal vez hasta le pueda terminar costando el puesto. Pero no porque se haya revelado algún delito como sí lo es grabar y divulgar pláticas privadas. En La República del espionaje nadie saldrá ganando si la divulgación de todo tipo de conversaciones privadas se masifica. No hay un solo político, empresario, periodista, una sola persona que no haya dicho alguna vez algo inconveniente, con ligereza, con insultos, en una llamada telefónica o en una plática privada. Y aquí lo que tenemos es espionaje ilegal liso y llano. La primera llamada divulgada, la de la señora Diana Pando, dice ser de una mujer que, despechada o no, a quien Téllez haya conocido o no, guardó las grabaciones durante años para darlas a conocer, casualmente, la misma semana de un durísimo conflicto político y empresarial en el sector telecomunicaciones. Y, además, nos quieren hacer creer que se trató de la grabación en un buzón de voz (¿qué celular tiene la señora que puede grabar y conservar durante años una conversación de tantos minutos?). La señora Pando ya había intentado vender antes esos audios y se los habían rechazado. Y había tenido otras historias de relaciones muy complejas con otros personajes públicos. No era tomada en serio. Y eso se sabía cuando se divulgó la primera cinta. Las siguientes grabaciones ni siquiera trataron de ser disimuladas. Insistimos, Téllez pagará un costo político por todo esto, pero el espionaje telefónico y el personal, ilegales, no pueden ser premiados y reconocidos profesionalmente como logros cuando son parte de una operación política más.
Tercer tema. Los spots y las televisoras. El tratamiento mediático, como ocurrió con la supuesta legalización de las drogas o el caso de las grabaciones de Téllez, resultó lamentable: simplemente se trató, de acuerdo con el medio, de denunciar a unos o defender a otros. Vamos a las fuentes: se podrá o no estar de acuerdo con lo realizado por las televisoras, pero la que ha resultado fallida es la reforma electoral: no sirve, no tiene sentido y no se puede practicar como está diseñada. ¿La idea es que, independientemente de ello, se debe cumplir escrupulosamente con la ley? Pues bien, en ninguna parte dice la norma, y mucho menos especifica la Constitución, en qué hora y de qué manera se debe pasar un spot publicitario. Incluso un hombre tan respetado como José Woldenberg, que apoya la reforma electoral, dice que se violó en forma “flagrante” la Constitución. ¿Dónde, en qué capítulo, cuándo? Se dice que se violó el artículo 350 inciso D del Cofipe, el cual sostiene que “constituyen infracciones al presente código de los concesionarios o permisionarios de radio y televisión, la manipulación o superposición de la propaganda electoral o los programas de los partidos políticos, con el fin de alterar o distorsionar el sentido original o denigrar a las instituciones o a los partidos o para calumniar a los candidatos”. Nunca se manipuló, superpuso, alteró o distorsionó un solo spots, tampoco se denigró a candidatos, porque ni siquiera los hay. Y si se considera que advertir a la audiencia que esos anuncios se emiten en cumplimiento de la ley es “denigrante”, entonces se tendría que revisar la legislación, salvo que sus defensores consideren que es tan mala que no la quieren reconocer como suya en público. El problema no son los spots ni las televisoras: es un sistema electoral fallido, producto de una reforma que no permitirá que se cumpla con la ley. Ese era el verdadero debate.
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