Revista
Proceso No. 1989, 13 de diciembre de 2014
Iguala-Cocula-Taxco:
el corredor de las desapariciones/MARCELA
TURATI
Dedicado
desde 2007 a apoyar a familias de desaparecidos en Guerrero, el Taller de Desarrollo
Comunitario (Tadeco) sostiene que la entidad está llena de fosas clandestinas.
Los municipios de Iguala, Cocula y Taxco, asegura, son corredores mortales, y
en la zona la descomposición no se inició con la desaparición de los
normalistas el pasado 26 de septiembre, sino que ya se había hecho visible
desde 2010.
Hace
tres semanas Peñaloza negó la versión acerca del presunto secuestro de 30
estudiantes de una secundaria, pero admitió que en 2013 hombres armados se
llevaron a 31 personas en dos plagios distintos. Una de las desaparecidas el 1
de julio de ese año fue Berenice Naranjo Segura, de 19 años, quien iba en moto
con su novio a que la maquillaran para su fiesta de graduación.
“Por
unos minutos se toparon con ese convoy que andaba levantando gente, que se
llevaron a más de 30 gentes en Cocula, pero no se hizo nada; no se dijo nada
ante el temor de que nos hicieran algo”, comenta el alcalde.
Las
familias de algunos de los desaparecidos durante los hechos referidos, las
cuales se han reunido en la iglesia de San Gerardo para denunciar sus casos,
señalan que durante los secuestros masivos la Policía Municipal no cuidó la
ciudad y, más aún, permitió el paso a los hombres armados. Otras familias
denunciaron que en mayo de 2010 integrantes del 27 Batallón de Infantería con
sede en Iguala detuvieron y desaparecieron a seis jóvenes que sacaron del bar
Cherries (Proceso 1984).
“El
gobierno de Guerrero y los gobiernos municipales no sólo han sido omisos o
indiferentes al problema. Cuando profundizamos la información hemos encontrado
que ha habido conocimiento o intervención directa de los cuerpos policiacos en
muchas desapariciones”, declara el coordinador de la organización Taller de
Desarrollo Comunitario (Tadeco), Javier Monroy, dedicada desde 2007 a apoyar a
familias con desaparecidos en Guerrero.
Agentes
del gobierno y ciudadanos han destapado al menos una veintena de fosas con
restos humanos en Cocula e Iguala. El hecho evidencia que cualquier lugar
podría convertirse en cementerio clandestino.
En
mayo de 2013, en la colonia San Miguelito de Iguala –ubicada en la parte
posterior del cerro de La Parota, donde en octubre fueron localizadas fosas con
restos de 30 presuntos normalistas– ya habían sido desenterradas 33 osamentas.
En
febrero de 2014, en el camino que conduce al municipio vecino de Taxco, en
Mezcaltepec, fueron descubiertos 17 cuerpos. En el cerro de San Miguelito, en
abril fueron halladas siete osamentas y en mayo otras nueve. Sin mayor trabajo
de identificación, la procuraduría estatal envió los restos a la fosa común,
donde vuelven a desaparecerlos sin identidad.
“Cada
cuatro o cinco meses nos llega la petición de la procuraduría para que les
asignemos ataúd (que dona el DIF)”, explicó Ernesto Lome Quezada, el encargado
del Departamento Municipal de Panteones de Iguala.
Según
su registro, 76 personas no identificadas y cuatro restos óseos han sido
sepultados en una fosa común del cementerio municipal de Iguala entre el 26 de
agosto de 2013 y el 12 de febrero de 2014 (precisamente durante la
administración del perredista José Luis Abarca, quien gobernó dos años). Los
cuerpos de desconocidos provienen de diferentes hallazgos hechos por la
procuraduría.
La
descomposición en la zona no se destapó con la desaparición de los normalistas.
Ya se había hecho visible desde 2010.
El
pozo lleno de cuerpos
A
inicios de 2010 los rancheros-mineros Juan Viveros y Nabor Baena encontraron un
agujero en la pared de la boca donde respiraba la mina La Concha, en Taxco,
hecho a golpes de marro. Ellos acostumbraban efectuar rondines por el cubo de
concreto que resguardaba el túnel sellado. Cuando se acercaban percibían un
tufo hediondo, y de inmediato rodeaban hacia otro destino. Un día –narraron a
la reportera– vieron las paredes chorreadas con harta sangre.
–Nabor,
ira, ¿y esa sangre, qué? –preguntó don Juan, quien el día de la entrevista
vestía de campesino, machete al cinto.
–Quién
sabe. Tirarían un animal –contestó su compañero de guardia, un hombre con pinta
de obrero. Ambos querían espantar malos augurios, pero pronto notaron que con
tierra habían querido borrar los rastros de sangre.
El
respiradero sudaba el olor a muerto. Nadie decía nada. Un día vieron que el
Ejército lo tenía acordonado: Protección Civil había recibido una llamada
anónima informando que el pozo estaba lleno de cadáveres. La información
rememoraba al famoso “Pozo Meléndez”, también de Guerrero, que durante la
llamada guerra sucia de los años setenta y ochenta fue uno de los sitios de
desaparición de disidentes políticos. Los cuerpos aún no son rescatados.
Uno
de los entrevistados en 2010 agregó: “Nos dimos color de que este tiro salió
premiado, que tenía almacén de gente”. Y así se descubrió que en el Pozo de
Taxco había 55 cuerpos. Muchos de ellos habían fallecido con los ojos vendados,
los brazos amarrados. Conservaban el rictus de quien fue torturado.
Tras
el hallazgo del pozo, en mayo de 2010 comenzó un peregrinaje a la morgue de
Taxco de decenas de familias, quienes preguntaban por algún familiar que tenían
desaparecido con la esperanza de que su cuerpo hubiera sido arrojado a la mina.
Las
paredes del pequeño cuarto que servía como morgue y las del Ministerio Público
tenían decenas de carteles con letreros pidiendo datos sobre personas a las que
se les había perdido la pista.
Una
de las mamás que buscó a su hijo –Ludwig Hernández– entre las víctimas del pozo
fue María de Jesús Cisneros Martínez, a quien desde el 23 de mayo de 2007 no se
le ha dado respuesta en torno al paradero del joven. Aparentemente su delito
fue haber denunciado a policías ministeriales que lo habían extorsionado.
“Me
sacaron la sangre y me dijeron (en la procuraduría) que cualquier cosa que
hubiera nos iban a avisar. Nunca nos han llamado. Ojalá ahora vuelvan a
sacarnos muestras para ver si nuestros hijos están entre los cuerpos que están
sacando”, explica en entrevista.
La
investigación de Tadeco
En
un seguimiento periodístico realizado por Tadeco de 2005 hasta agosto de 2013,
la agrupación detectó 460 denuncias acerca de personas desaparecidas en el estado
y alrededor de 500 asesinatos extrajudiciales. Sólo sumó a ciudadanos sin
indicios evidentes de su participación en el crimen organizado. El resto –quizá
la mayoría– no fueron contabilizados.
“Si
era descuartizado, quemado o decapitado, no lo registramos”, explica Monroy, el
coordinador.
En
la entrevista lo acompaña la señora Cisneros y la esposa y la hermana del señor
Jesús Bello Moreno (desaparecido en diciembre de 2008), dispuestas a dar su
testimonio. Detrás de ellas está una manta con una veintena de rostros de
personas –hombres, en su mayoría– desaparecidas.
La
organización tiene documentado el caso de seis jóvenes que en 2010 fueron
detenidos por integrantes del 27 Batallón de Infantería de Iguala, y de otros
seis casos en los que los familiares huyeron por amenazas. También tiene el
antecedente de una en Taxco que fue secuestrada y luego asesinada en Iguala.
Aunque las familias han sido informadas de los secuestros masivos en Cocula,
ninguna se ha animado a dar testimonio.
Según
Monroy, los gobernadores Zeferino Torreblanca –en cuyo periodo ubica el inicio
de la descomposición– y Ángel Aguirre mostraron indolencia ante las
desapariciones.
“Desde
2007 señalamos la existencia de fosas, lo mismo en Iguala que en Taxco, y por
ese menosprecio del gobierno no se nos escuchó”, comenta.
Y
agrega: desde 2011 tres funcionarios han sido designados para investigar las
desapariciones, pero ninguno consiguió resultados. El primero, el procurador
Alberto López Rosas, citó a las familias para tomarles pruebas de ADN, pero
luego de que dimitió en diciembre de 2011 por el asesinato de dos normalistas
que bloqueaban la Autopista del Sol, las familias se enteraron de que nunca
había procesado las muestras. Después se delegó el asunto a un encargado de
oficina, y más tarde una fiscal cerró ésta con el argumento de la “falta de
trabajo”.
Desde
2007 Tadeco ha registrado desapariciones en Iguala (“han sucedido muchas
desapariciones o asesinatos en grupos, también de los casos más sangrientos”).
En la mayoría de los casos las familias identificaban a los perpetradores como
personas con uniformes oscuros, gorras y lentes de sol que viajaban en
camionetas sin placas provistos de armas largas, y parecía gente con protección
del Estado.
“Los
desaparecidos de Cocula fueron desalojados de allá, porque hay muchas amenazas.
Hay muchos ciudadanos que salieron de Guerrero por esta situación y no han dado
su testimonio”, de acuerdo con el activista.
Fue
hasta octubre pasado, luego del escándalo por la desaparición de los 43 normalistas,
cuando el Congreso del estado desempolvó la propuesta de ley contra las
desapariciones que las familias habían exigido año con año desde 1999.
A
partir de la misma crisis se han destapado nuevos casos. El Centro Regional de
Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, con sede en
Chilapa, recibió las denuncias por las desapariciones de nueve personas
ocurridas en julio pasado en Iguala.
Las
víctimas son los activistas Alberto Zaragoza Ocampo y Miguel Antonio Ángel
Antolino Navarrete (el 2 de julio); el joven José Manuel Flores Taboada (el 15
de julio), a quien cinco hombres armados sacaron de su casa; así como Félix
Aguirre Román, Gregoria Martínez Delgado, Ismael Aguirre Martínez, María
Guadalupe Aranda Rabadán y Marino Aguirre Martínez (19 de julio), después de
haber sido detenidos por la Policía Municipal, y Julio César Real Molina (19 de
julio), cuando hombres armados lo subieron a una camioneta.
La
búsqueda de los normalistas ha hecho común el hallazgo de fosas: al menos 11
han sido encontradas por el gobierno y más de una decena por los policías
comunitarios que integran la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de
Guerrero (Proceso 1986) y las familias de las víctimas que siguen buscando por
su cuenta y descubriendo nuevos restos.
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