8 abr 2018

En la mira de la justicia

Revista Proceso #2162, 8 de abril de 2019...
En la mira de la justicia
EMILIO GODOY/
Facebook no es tan inocente como aparenta. Recientemente tocada por el escándalo de Cambridge Analytica, tiene ya un largo historial de demandas judiciales, y no sólo en Estados Unidos: España y Francia se suman a las quejas por violación de los datos confidenciales de los usuarios de la red social. En varios casos la empresa de Mark Zuckerberg ha llegado a millonarios acuerdos extrajudiciales, pero la historia apenas empieza, pues ahora la autoridad electoral la acusa de violar las leyes de financiamiento de las campañas políticas.
Además de algunas investigaciones oficiales en marcha, Facebook y Cambridge Analytica (CA) enfrentan varias demandas judiciales en tribunales de Estados Unidos, que auguran una andanada legal que pretende que la red social cambie su forma de obtener y utilizar los datos de sus usuarios.

El mes pasado, desde que The New York Times y los medios ingleses Channel 4 y The Observer revelaron que CA accedió anómalamente a información personal de al menos 50 millones de personas, Facebook enfrenta al menos siete querellas y, en conjunto con Cambridge Analytica, otras seis por cargos como crimen organizado, perjuicio personal y quebranto al deber fiduciario, de acuerdo con los expedientes judiciales consultados por Proceso.

El pasado 20 de marzo Lauren Price, habitante de Maryland y usuaria de Facebook, entabló una demanda de acción colectiva contra ambas corporaciones ante la Corte del Distrito Norte de California, por negligencia y violación a la Ley de Competencia Desleal de ese estado.

El caso 5:18-cv-01732 resalta “el irrespeto absoluto” por la forma en que utilizaron los datos personales, pese a que esa información “estaba supuestamente protegida y sería usada sólo para propósitos limitados y expresamente informados”, señala el documento de 15 páginas, que pide detener estas prácticas de los acusados y compensar por daños a los demandantes.

El 22 de marzo Jeremiah F. Hallisey, accionista de Facebook, interpuso ante el mismo tribunal californiano una querella contra Mark Zuckerberg, fundador de la red social registrada en Delaware –entidad que es un paraíso fiscal–, y contra su Consejo de Directores, por los delitos de enriquecimiento ilícito y quebranto del deber fiduciario.

“Facebook y su Consejo de Directores debieron ser supervigilantes de las prácticas de la empresa. Mucho antes de ocurrir la violación de la privacidad de los datos de Cambridge Analytica, el consejo fue informado por exempleados y empleados de los riesgos asociados a las políticas de la plataforma y sus prácticas respecto a la privacidad del usuario y la seguridad de los datos”, argumenta el documento de 63 páginas identificado con la clave 5:2018cv01792.

Según esta demanda, los acusados menospreciaron las preocupaciones sobre el acceso a la información de los usuarios al abordar el rol de Facebook en la elección presidencial de Estados Unidos en 2016.

“Los acusados negaron que Facebook hubiera sufrido filtraciones de datos o quebrantos de seguridad y continuaron asegurando a los inversionistas que Facebook mantenía controles internos efectivos y sistemas que detectaban automáticamente la actividad sospechosa”, señala Hallisey.

En la primera acción legal gubernamental en Estados Unidos derivada del escándalo, la fiscal del condado de Cook, Illinois, Kimberly M. Foxx, demandó el 23 de marzo ante la corte local a Facebook, SCL Group, y su filial Cambridge Analytica, propiedad mayoritaria del magnate conservador Robert Mercer, por violaciones a la Ley Estatal de Fraude al Consumidor y Prácticas Comerciales Engañosas.

La querella “busca corregir los daños creados por la desconsideración y mal uso descarado de datos personales y sensibles, propiedad del pueblo del estado de Illinois”, argumenta el legajo 2018-CH-03868, de 25 páginas.

La acción legal resume la conducta de la red social en años recientes: “Facebook utiliza un equipo de científicos de datos compuesto por programadores, estadísticos y psicólogos, para capitalizar su acceso a la vasta cantidad de datos de los usuarios. Desde al menos 2012 este equipo ha llevado a cabo experimentos psicológicos mediante la intervención en la esfera online de los cibernautas y la medición del impacto conductual de esas intervenciones”, relata.

Aunque la venta de anuncios ha generado ganancias enormes para Facebook, prosigue, la empresa sabe que los anunciantes, las campañas políticas y sus socios de negocios pagarán exponencialmente más por la habilidad de manipular a sus usuarios para que éstos tomen las decisiones que los primeros quieren.

“Facebook sabe que esta capacidad es especialmente atractiva para las campañas políticas, que gastan cantidades récord de dinero en publicidad política”, por lo que empezó a desarrollar “herramientas para las campañas” que querían enfocarse en ciertos segmentos con anuncios políticos, incluyendo el rastreo de usuarios para determinar sus inclinaciones políticas.

Ante ello, la fiscalía pide a la Corte el pago por daños civiles y compensación apropiada para abordar, remediar y prevenir el daño a los residentes de Illinois.

Negro historial

Facebook acumula un historial de sanciones por vulnerar la privacidad de los datos de sus suscriptores.

En marzo de 2010 llegó a un acuerdo extrajudicial por el cual pagó 9 millones 500 mil dólares. Con ello evitó que siguiera un juicio en su contra, producto de una demanda de acción colectiva en la que la empresa fue acusada de que su servicio Beacon rastreaba las compras de sus usuarios y de compartir esa información con los “amigos” de éstos.

Dos años después la compañía procedió de la misma forma en relación con otra demanda colectiva: pagó 20 millones de dólares en un acuerdo extrajudicial. En esta ocasión fue acusada de utilizar los nombres de los clientes, sin su permiso, para promover productos en su sección de historias patrocinadas.

En 2011 la Comisión Federal de Comercio (FTC) llegó a un acuerdo con la corporación para evitar transgredir la privacidad de la información de los usuarios.­

El pasado 11 de septiembre, la Agencia Española de Protección de Datos anunció que impondría a la compañía una multa por 1 millón 481 mil dólares debido a que violó regulaciones de protección de datos. Esa agencia verificó que Facebook no informó a sus usuarios de forma integral y clara sobre los datos que recolecta y la forma en que los maneja.

En mayo pasado, la autoridad francesa de protección de datos penalizó a Facebook con unos 185 mil dólares por violaciones similares a las halladas por sus homólogos españoles.

La inacción ante la intromisión de CA en los datos de Facebook puede suponer sanciones mayores por parte de la FTC, la cual anunció el 26 de marzo que investiga la filtración, pues ésta rompería el acuerdo de 2011.

En esa ocasión el organismo le prohibió engañar sobre la privacidad o la seguridad de la información personal de sus usuarios, le exigió obtener el consentimiento expreso de éstos antes de aplicar cambios que ignoren sus preferencias de privacidad, lo previno para que nadie accediera al material del usuario más de 30 días después de que éste haya borrado su cuenta, y le ordenó establecer y mantener un programa integral diseñado para abordar los riesgos de privacidad asociados al desarrollo y gestión de productos y servicios y para proteger la privacidad y confidencialidad de la información de los usuarios.

Asimismo Facebook debía someterse a auditorías realizadas por despachos independientes. Éstas deberían ocurrir cada dos años durante las próximas dos décadas. Dichas auditorías deben certificar que la empresa tiene un programa operativo de privacidad, el cual cumple con los requerimientos de la FTC.

La empresa, que cuenta con unos 2 mil 200 millones de usuarios en todo el mundo, reportó ganancias por 40 mil 653 millones de dólares en 2017 y, hasta el mes pasado, tenía un valor de mercado de 461 mil millones de dólares.

Con todo, a la luz de la presión legal que se cierne sobre Facebook y CA, sus problemas apenas empiezan,.

El 26 de marzo, la Asociación Nacional de Fiscales Generales de Estados Unidos envió una carta a Zuckerberg en la que plantea siete preguntas sobre las facetas más críticas del escándalo.

Entre ellas figuran interrogantes como: “¿eran los términos de servicio claros y entendibles, o enterrados en un machote, donde pocos usuarios los leerían? ¿Cómo monitoreó Facebook lo que hicieron los desarrolladores con todos los datos recolectados? ¿Qué tipo de controles tuvo Facebook sobre los datos entregados a los desarrolladores? ¿Cuántos usuarios en nuestros respectivos estados fueron afectados? ¿Cuándo supo Facebook del quebranto a las protecciones de privacidad?”.

En la misma carta, 36 fiscales solicitaron información sobre cómo Facebook permitirá a los usuarios controlar más fácilmente la privacidad de sus cuentas.

La autoridad electoral estadunidense también ha sido convocada a deslindar responsabilidades en el escándalo.

El pasado 26 de marzo la organización no gubernamental Common Cause, afincada en Washington, presentó quejas ante el Departamento de Justicia y la Comisión Federal Electoral (CFE) por alegatos de violaciones a las leyes de financiamiento de campañas políticas.

Ambas peticiones de investigación, consultadas por Proceso, alegan que al menos cinco empleados extranjeros de CA y SCL Group participaron en el proceso de toma de decisiones de comités políticos de Estados Unidos, en relación con gastos y pagos violatorios de la Ley Federal de Campañas Electorales.

La ley federal estadunidense de financiamiento electoral prohíbe a los extranjeros hacer directa o indirectamente contribuciones, donaciones, gastos y desembolsos para anuncios electorales en relación con cualquier elección en Estados Unidos.

Comités políticos vinculados al Partido Republicano pagaron durante la campaña electoral de 2016 unos 15 millones 371 mil dólares a CA por servicios de encuestas, mercadotecnia política y estrategias digitales, según datos de la CFE.

Paralelamente, usuarios de servicios de mensajería instantánea de Facebook interpusieron tres demandas de acción colectiva ante cortes californianas por violaciones a la privacidad al recabar registros de sus llamadas telefónicas y mensajes de texto.

“Muévete rápido y rompe cosas” es el lema de Facebook, adoptado por todas las empresas asentadas en Silicon Valley; y, según parece, incluye la privacidad de los cibernautas y las regulaciones de protección de datos.
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