La inmunidad renegada/J. Jesús Esquivel
Revista Proceso # 1823, 9 de octubre de 2011
La defensa de Vicente Zambada Niebla insiste: su cliente no sólo fue informante de la DEA entre 2004 y marzo de 2009, también obtuvo de la agencia antinarcóticos un acuerdo de inmunidad a cambio de proporcionarle datos sobre los movimientos de los cárteles rivales al de Sinaloa. Y aunque la DEA lo niega, el juez Rubén Castillo, quien lleva el caso de El Vicentillo en la Corte Federal de Chicago, emplazó al Departamento de Justicia a entregar la documentación para comprobar si ese documento existe.
CHICAGO.- Mientras el gobierno de Barack Obama intenta retener la entrega de documentos sobre la presunta relación entre la Drug Enforcement Administration (DEA) y Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo, su par mexicano insiste en que éste sí fue informante de esa agencia.
En la audiencia de la Corte Federal del Distrito Norte del estado de Illinois, en esta ciudad, realizada el miércoles 5 en la sala 2141, las autoridades comentaron que los documentos sobre El Vicentillo no pueden hacerse públicos “por mucho tiempo”, por contener “información clasificada potencialmente volátil” para la lucha contra el narcotráfico en México.
Zambada Niebla, a quien se acusa de conspirar para traficar cocaína al estado de Illinois, arguye que firmó un “acuerdo de inmunidad” con la DEA, que aún está vigente, a cambio de la entrega de información sobre las actividades delictivas de los cárteles contrarios al de Sinaloa, que lideran Joaquín El Chapo Guzmán Loera y su padre Ismael El Mayo Zambada García.
Su defensa insiste en que El Vicentillo sí era informante de la DEA; y habla también del acuerdo de inmunidad según el cual se le retirarían a su cliente los cargos que se le imputaran en Estados Unidos a cambio de proporcionar información.
De acuerdo con un funcionario de la administración calderonista, que pidió omitir su nombre, “la propia DEA notificó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sobre su relación con El Vicentillo un par de días antes de que el hijo del Mayo Zambada fuera capturado”.
Otro colega suyo, quien pide mantener su identidad en el anonimato, agrega: “Funcionarios de la embajada de Estados Unidos (en México) fueron a la SRE a informar que se iban a reunir en un hotel de la capital con El Vicentillo, quien era su informante. Incluso aclararon que ese sería el último encuentro que tendrían con él”.
La revelación de que el hijo del Mayo Zambada trabajó como informante para la DEA se hizo pública por primera vez en julio pasado en la Corte Federal de Chicago.
De acuerdo con un documento difundido el 28 de ese mes sobre el caso del Vicentillo, que preside el juez federal Rubén Castillo, “el acusado sostiene que agentes (de la DEA) le otorgaron la inmunidad por los crímenes que enfrenta en la acusación (por delitos relacionados con el narcotráfico)”.
En la audiencia del 9 de septiembre último en la Corte de Chicago, el Departamento de Justicia, del cual depende la DEA, rechazó que el gobierno estadunidense tenga un acuerdo de inmunidad con el hijo del Mayo. Aunque la dependencia no desmintió si el acusado fue informante de la DEA que opera en México.
No obstante, uno de los funcionarios del gobierno de Calderón que hablaron con este semanario insiste: “Dos días antes de que se reunieran con El Vicentillo en el hotel Sheraton de la Ciudad de México (marzo de 2009), los emisarios del gobierno de Estados Unidos nos dijeron que este criminal era su informante… y nos revelaron el lugar donde se escondía”.
Documentos comprometedores
Los documentos que se han hecho públicos en la Corte Federal de Chicago detallan que desde 2004 hasta horas antes de su arresto en la Ciudad de México, El Vicentillo pasó información a la DEA sobre las actividades de los cárteles del narcotráfico enemigos de la agrupación a la que pertenece su padre.
Los abogados George Santangelo, Ed Panzer, Alvin Michaelson y Fernando Gaxiola, defensores del Vicentillo, denunciaron ante la Corte la supuesta traición de la DEA como argumento principal para desechar el proceso judicial contra su cliente.
También exigieron al Departamento de Justicia que presente los documentos que tiene en su poder respecto de la relación de la DEA con el acusado. No obstante, en la audiencia del miércoles 5, previa el inicio del juicio formal programado para febrero de 2012, la dependencia rechazó la petición.
A través de su representante, Thomas D. Shakeshaft, el Departamento de Justicia apeló a la ley conocida como Acta de Procedimientos sobre Información Clasificada (CIPA, por sus siglas en inglés), para retener los datos relacionados con el hijo del Mayo.
No obstante, el juez Rubén Castillo, tras admitir que aun cuando el contenido de los documentos sea delicado y contenga aspectos clasificados, la fiscalía debe entregarlos a la defensa del Vicentillo, “para que sean revisados” en un plazo no mayor de siete días.
“La amenaza latente aquí (por la publicación de los documentos) no es exclusiva para la seguridad de dos testigos de este caso, sino también para las familias de éstos”, replicó Shakeshaft.
El juez Castillo insistió en que el Departamento de Justicia tenía como plazo hasta el lunes 24 para entregar los documentos solicitados a los abogados; incluso determinó que tres días después –el jueves 27– se realizaría otra audiencia para escuchar y debatir los argumentos de la fiscalía y de la defensa.
Según el acuerdo pactado con la DEA, El Vicentillo proporcionaría información sobre los movimientos de las organizaciones rivales del cártel de Sinaloa a los agentes estadunidenses. Éstos, a su vez, le informarían con antelación sobre cualquier operativo policial del gobierno mexicano contra la organización comandada por El Chapo y El Mayo Zambada.
Los defensores del Vicentillo, quien fue extraditado a Illinois en 2010, sostienen en un documento presentado ante la Corte que en el acuerdo de inmunidad con la DEA intervino un informante del gobierno estadunidense: el abogado Humberto Loya Castro:
“En algún momento antes de 2004, y dándole continuidad a lo largo del periodo cubierto por esta acusación, el gobierno de Estados Unidos entró a un acuerdo con Loya y el liderazgo del cártel de Sinaloa, incluido El Mayo y El Chapo.”
Loya Castro, a quien los abogados del Vicentillo identifican como abogado y confidente del cártel de Sinaloa, se libró de ser juzgado en 2008 ante una Corte Federal en California por los delitos de narcotráfico gracias a la intervención de la DEA, según los documentos presentados por la defensa y que el juez Castillo puso a disposición del público.
En ellos se indica, por ejemplo, que, como parte del acuerdo de inmunidad, la DEA se comprometió a no arrestar a su cliente ni a los dirigentes del cártel de Sinaloa. Sin embargo, la madrugada del 18 de marzo de 2009 El Vicentillo y cinco de sus guardaespaldas fueron capturados por militares mexicanos en la Ciudad de México.
Los abogados de Zambada Niebla también denunciaron ante la Corte de Chicago que “horas antes de su arresto”, la DEA reiteró a su cliente de manera verbal que se mantenía el acuerdo de inmunidad por sus servicios de informante. Sin embargo, el 9 de septiembre último la DEA lo negó de manera categórica.
El “show”
Para darle más espectacularidad al caso que involucra al Vicentillo, en cada audiencia hay un despliegue de seguridad extrema.
En la del miércoles 5, por ejemplo, minutos antes de la sesión, tres marshalls federales presentaron en la sala 2141 de la Corte a Tomás Arévalo Rentería, uno de los coacusados; iba esposado. A su vez, Zambada Niebla vestía el uniforme reglamentario, un overol naranja, bajo el cual sobresalía una camiseta blanca, tenis azules e iba esposado de los tobillos. Los acompañaban cuatro marshalls federales.
El Vicentillo estuvo atento durante la audiencia presidida por el juez Castillo. Desde el principio, se colocó los audífonos para escuchar la traducción, mientras sus abogados le palmeaban la espalda, siempre bajo la estricta mirada de los siete marshalls.
“Vamos a aclarar las cosas”, dijo ante el juez el abogado Michaelson. “Es claro que el Departamento de Justicia está obstruyendo la justicia al negarse a entregar los documentos que les hemos solicitado”, añadió el defensor del Vicentillo.
Su abogado Michaelson, quien llevó la voz cantante durante la audiencia, explicó al juez Castillo que él y sus colegas conocían a dos testigos cuya seguridad peligraba si se entregaban los documentos.
“Son dos criminales que viven en el estado de Wisconsin. Ambos han sido arrestados en varias ocasiones y han sido acusados de cometer asesinatos y fraude”, subrayó Michaelson, quien se reservó los nombres.
El juez interrumpió al abogado para señalar que “parecía indicar que implícitamente el gobierno estaba ocultando algo del caso”.
Fue entonces que Castillo estableció las fechas para que el Departamento de Estado entregara la documentación a la defensa del Vicentillo y anunció la celebración de la próxima audiencia. Asimismo, ordenó al fiscal Shakeshaft que los documentos fueran depositados en la caja fuerte de su oficina.
Michaelson insistió ante el juez que la DEA trata de impedir que se haga pública la documentación de evidencia de la traición a su cliente, el hijo del número dos del cártel de Sinaloa. Dijo que inmediatamente después del arresto de su cliente, el abogado Loya Castro se puso en contacto con él y sus colegas.
“La última vez que estuvimos en contacto con Loya fue el año pasado. Desde entonces se niega a hablar con nosotros porque, dice, ha sido amenazado por la DEA”, expuso Michaelson.
Según el litigante, las amenazas incluyen a la familia de Loya, a quien los agentes antinarcóticos le dijeron que si seguía coperando con ellos, “se tomarían medidas contra los líderes del cártel de Sinaloa: El Chapo y el padre de mi defendido, El Mayo”, sustentó Michaelson.
Shakeshaft no respondió a esas acusaciones. Se limitó a decir que son “miles de documentos” los que deben revisarse. A la audiencia acudió una veintena de personas, incluidos los reporteros y dos agentes de la DEA, que se negaron a dar sus nombres a Proceso, así como una mujer de unos 25 años.
Encuentro en el Sheraton
Los documentos abiertos en la Corte de Chicago, cuya copia está a disposición del público, indican que la reunión del Vicentillo y agentes de la DEA en el hotel Sheraton en marzo de 2009 también fue obra del abogado Loya Castro.
El encuentro tenía el propósito de “presentar al señor Zambada Niebla a los agentes de la DEA”, para que él, y no Loya, fuera quien se encargara de aportar la información al gobierno estadunidense.
Según los documentos presentados por la defensa de Zambada Niebla, los agentes de la DEA –identificados como David y Manny– le habrían dicho al Vicentillo que el acuerdo de inmunidad estaba aprobado por altos funcionarios del gobierno federal de Estados Unidos.
“Al señor Zambada Niebla se le dijo que –por su labor como informante– se desecharía (incluso) una acusación en su contra por delitos relacionados al narcotráfico radicada en la Corte Federal de Washington, D.C.”, enfatizan los documentos.
Y agregan que “los agentes del gobierno de Estados Unidos le dijeron (a Zambada Niebla) que estaban satisfechos con la información… por lo que harían los arreglos para otro encuentro”.
El encauzamiento judicial de 24 páginas que presentó el Departamento de Justicia en febrero pasado ante la Corte Federal de Illinois para acusarlo por el delito de narcotráfico califica al hijo del Mayo Zambada únicamente como “responsable de varios aspectos de las operaciones” del cártel de Sinaloa.
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