Sheinbaum ya no puede postergar esto/ Carlos Bravo Regidor, analista político mexicano.
NYT 5 de junio de 2026.
En abril, cuando Estados Unidos acusó formalmente a Rubén Rocha Moya, el gobernador en funciones del estado mexicano de Sinaloa, cruzó una línea que ambos países habían evitado cuidadosamente durante décadas. Washington ya no le pedía a México que ayudara a arrestar a un fugitivo, a extraditar a un narcotraficante o a capturar al líder de un cártel. Exigía que el gobierno mexicano se enfrentara a las redes de protección política que han permitido que el poder de los cárteles prospere en México.
Los fiscales estadounidenses han acusado al señor Rocha y a otros funcionarios en Sinaloa de facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y de proteger a miembros de los cárteles a cambio de sobornos y apoyo político. La acusación también alega que el señor Rocha —un aliado de larga data del expresidente Andrés Manuel López Obrador y miembro destacado del partido gobernante de México, Morena— ganó la gubernatura en 2021 con la ayuda del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más infames de México. El señor Rocha ha negado las acusaciones, pero las repercusiones van mucho más allá de él. Su acusación se ha convertido en una prueba de soberanía, lealtad partidista y poder político en México, y en una nueva fuente de tensión entre Washington y la Ciudad de México.
