Pero es un negocio privado.
Plaza fantasma, negocios marianos
RODRIGO VERA, reportero.
Revista Proceso # 1726, 29 de noviembre de 2009;
La jerarquía de la Iglesia católica corre el riesgo de perder el predio que hace más de seis años le donó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para edificar la Plaza Mariana. El convenio firmado entonces estipulaba que si el conjunto urbano no se construía ahí en un plazo de dos años, la cesión tendría que ser revocada. El delegado en Gustavo A. Madero, Víctor Hugo Lobo, dice que hasta ahora no se ha iniciado ninguna obra, lo que no ha impedido a las autoridades eclesiásticas seguir con su lucrativo negocio de venta de “nichos guadalupanos”.
El nuevo titular de la delegación Gustavo A. Madero, Víctor Hugo Lobo, planea quitarle a la Iglesia el amplio terreno, de 30 mil metros cuadrados, que le donó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que ampliara el atrio de la Basílica de Guadalupe y construyera ahí la llamada Plaza Mariana.
La razón: seis años después de haber recibido la donación, la Iglesia ni siquiera ha iniciado las obras para edificar la plaza, en la que prometió dar cabida a cientos de comerciantes que fueron desplazados del predio donado. Ahora se encuentran instalados en la calle y la delegación tiene que apoyarlos económicamente hasta que concluya esa obra que aún no empieza.
Así, para las autoridades civiles la donación resultó ser una onerosa carga financiera. En cambio, para las eclesiásticas representa un jugoso negocio, pues llevan años recibiendo donativos de los fieles y vendiendo los miles de “nichos guadalupanos” que supuestamente estarán en esa plaza.
En entrevista con Proceso, Lobo lanza un ultimátum a los responsables del proyecto, el cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo de la Ciudad de México, y monseñor Diego Monroy, rector de la Basílica de Guadalupe:
“A más tardar, para el próximo mes de marzo necesito una resolución formal sobre si van o no a construir la Plaza Mariana. No podemos esperar más tiempo, pues nos está resultando muy costoso ese proyecto. La delegación Gustavo A. Madero no aguanta más esa carga impositiva, por la que estamos dejando de atender nuestros programas sociales. Son gastos que no tienen fin.”
En sus oficinas de la delegación, desde cuyos ventanales se observa el terreno cedido por López Obrador, cubierto de abrojos y circundado por muros de lámina, el delegado comenta:
“Mire, como puede observar, el terreno está vacío. Así lleva años. Vemos con preocupación que no hay ninguna obra. Ni siquiera hay una estructura de base. ¡Todo está parado!”
A un costado del área, a lo largo de la avenida Fray Juan de Zumárraga, una de las más importantes arterias de la zona, se apiñan los comerciantes que fueron desalojados y que aguardan a ser reinstalados cuando la plaza esté concluida.
Agrega Lobo:
“Hay mil 300 comerciantes a los que apoyamos con más de 20 millones de pesos al año. Les construimos en la avenida Zumárraga ese mercado provisional, al que además debemos darle mantenimiento y afrontar el caos vial que provoca. No podemos seguir así.”
–¿Qué tan oneroso resulta ese gasto para la delegación?
–Demasiado. Para el próximo año, la delegación dispone de menos de 300 millones de pesos para atender la problemática social y el mejoramiento en infraestructura urbana. De manera que esos 20 millones que damos a los comerciantes es un porcentaje importantísimo de nuestro presupuesto.
“Le doy más cifras comparativas: en materia de agua potable gastamos anualmente 13 millones de pesos; en drenaje desembolsamos unos 14 millones, y en becas escolares a los niños invertimos 9 millones. Debido al proyecto Plaza Mariana estamos sacrificando importantes recursos que deberían destinarse a programas sociales, educativos o de salud. Toda la comunidad maderense resulta afectada.
“Y lo peor es que, pese a que fuimos al Congreso a pelear nuestros recursos, para el año próximo van a recortarnos 10% el presupuesto. Ya de por sí trabajamos con un profundo programa de austeridad que canceló teléfonos celulares a los servidores públicos, quienes además deben pagar el mantenimiento de sus vehículos oficiales.”
Complicaciones
El titular de la delegación asegura que el conflicto social ocasionado por el proyecto de la plaza afecta los programas viales, comerciales y de reordenamiento urbano:
“Los comerciantes que instalamos temporalmente en la avenida Zumárraga viven en la incertidumbre; consideran incierto su futuro laboral porque están invadiendo el arroyo vehicular y no saben si se construirá la Plaza Mariana. Por ello, insisten en que van a tomar el terreno donado a la Iglesia. También nos piden que les aumentemos el apoyo económico. En fin, nos están presionando mucho.
“Aquí se tiene el proyecto de hacer el centro histórico del norte de la ciudad, enmarcado en el proyecto turístico Zócalo-Basílica. Para ello, entre otras acciones, ya se rehabilitan calles y se planea remozar fachadas, en colaboración con el INBA (Instituto Nacional de Bellas Artes) y el INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia). Pero este proyecto no podrá realizarse con una importante vialidad bloqueada por comerciantes, a causa de una obra que prometió la Iglesia y que ni siquiera inicia.”
Frente a la larga mesa de su oficina, el joven delegado se recarga en su silla, hace una pausa y advierte:
“Yo no voy a heredar el problema de la Plaza Mariana al delegado que me sustituya en el cargo. Ha provocado todo un conflicto en el entorno. Llegó el momento de darle solución.”
–¿Qué tipo de acciones emprende para resolverlo?
–Por lo pronto, ya le solicité formalmente a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) que cancele el permiso a la Fundación Plaza Mariana, responsable de realizar la obra. Quiero que al término de mi administración, a la que le faltan más de dos años, ese terreno donado a la Iglesia se reintegre a la comunidad.
–¿Y qué obras piensa realizar ahí?
–Construiremos un parque y un nuevo mercado para los locatarios que fueron desplazados a la calle. El mercado contará con un estacionamiento subterráneo y otro en la parte superior. Ya tenemos el proyecto de resistencias, de espacios y distribución de los giros mercantiles. Su construcción costará unos 35 millones de pesos, suma muy inferior a los más de 100 millones de pesos que, durante cinco años, hemos dado como apoyo a esos comerciantes.
Sin embargo, asegura que todavía le dará una oportunidad a la Iglesia para que utilice el terreno donado y construya ahí su Plaza Mariana:
“Repito: necesito su resolución a más tardar para el próximo mes de marzo. Requiero un compromiso puntual y claro por parte de la Fundación Plaza Mariana. Al firmar el convenio mediante el cual se hizo la donación, se estipuló que tenían un plazo de dos años para empezar a construir. Éste se venció desde hace mucho, por lo que legalmente ya podemos recuperar el predio.”
Efectivamente, en el “decreto desincorporatorio”, publicado el 8 de abril de 2003, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, se estipula que el gobierno de López Obrador hace la “transmisión a título gratuito a la Fundación Plaza Mariana” del área de 29 mil 534.27 metros cuadrados. Y precisa que si “en el plazo de dos años” los terrenos “no sean destinados para el desarrollo del conjunto urbano denominado Plaza Mariana”, entonces “la transmisión a título gratuito será revocada y los bienes se reintegrarán al patrimonio del Distrito Federal”.
La Iglesia: negocios intactos
El presidente de la Fundación Plaza Mariana es el cardenal Rivera Carrera; el secretario y apoderado es monseñor Diego Monroy, rector de la Basílica; el tesorero es Fernando Chico Pardo, del Grupo Posadas, y el comisario es el empresario Carlos Abedrop.
En el área donada estaban el mercado Villa Zona y otros locales comerciales, así como un jardín. Las construcciones se demolieron y sus locatarios lo aceptaron, con la condición de ser reinstalados en Plaza Mariana y, mientras concluía la obra, de recibir apoyo económico por parte de la delegación. Sin embargo, quedaba un grupo de 250 comerciantes establecidos, liderados por Jesús Badillo, que se negaban a salir, por ser los propietarios de sus locales y considerar “ilegal” la donación de López Obrador (Proceso 1449).
Diego Monroy instó a las autoridades civiles a sacarlos, pues de otra manera no podían empezar la obra. “Es imposible ponernos a excavar encima de los comerciantes”, se quejaba.
Los comerciantes rebeldes fueron desalojados por la fuerza mediante un aparatoso operativo policiaco en el que intervinieron más de mil elementos de distintas agrupaciones. Los acompañaban grúas y trascabos que, al momento del desalojo, demolían los locales. Hasta hoy, esos comerciantes llevan un litigio en los tribunales con el fin de recuperar sus predios (Proceso 1519 y 1571).
Por su lado, Norberto Rivera y Diego Monroy emprendieron desde entonces una ambiciosa campaña publicitaria –“Plaza Mariana… el milagro continúa”– enfocada a vender los 117 mil nichos que, según ellos, albergará la Plaza Mariana. Y entre otras formas de allegarse recursos, abrieron cuentas bancarias para recibir las “donaciones” de los fieles, en México y en el extranjero, que quisieran financiar el proyecto.
En 2003, Chico Pardo calculó que el costo de construcción sería de 500 millones de pesos. Y agregó que ya tenían más de la mitad –300 millones de pesos–, gracias a un crédito bancario que habían conseguido.
Diseñado por el arquitecto Javier Sordo Madaleno, el proyecto Plaza Mariana incluye un ultramoderno mall comercial; un centro administrativo y de evangelización; un museo guadalupano interactivo; una amplia explanada que será la extensión del actual atrio; estacionamientos subterráneos, y el columbario donde se ubicarán las criptas, que llevan años vendiéndose.
A mediados de 2007, Francisco Chíguil, entonces delegado de la Gustavo A. Madero, ya denunciaba la pesada carga financiera que representaba para la demarcación el retraso de la obra.
Al igual que el actual delegado, Chíguil intentó quitarle los terrenos a Rivera Carrera y Diego Monroy mediante la revocación del decreto. Incluso le envió una carta a Marcelo Ebrard, jefe del gobierno capitalino, para pedirle su apoyo. Todo fue inútil.
De acuerdo con Chíguil, el retraso obedecía a que los “grupos financieros” metidos en el proyecto, con el fin de “maximizar sus utilidades”, no lograban “ponerse de acuerdo” en “cómo se repartirán las ganancias”. Indicaba que ni siquiera el grupo Autofin, que entonces vendía los nichos, contaba con permiso para hacerlo, por lo que el negocio era “ilícito”. Mientras que la Gustavo A. Madero tenía una “fortísima erogación” para sostener a los comerciantes (Proceso 1592).
El presidente del consejo de administración de Autofin, Juan Antonio Hernández Venegas, reconocía que no tenía permiso para comercializar los nichos. Y aseguraba a este semanario: “A más tardar, la Plaza Mariana quedará concluida en marzo de 2009”.
Ahora, el actual delegado, al igual que su antecesor, intenta recuperar el predio con el apoyo de Marcelo Ebrard. Al respecto dice Lobo:
“El jefe de gobierno es muy sensible a este asunto. Es una persona con mucha disciplina financiera. Aunque reconoce la identidad guadalupana de nuestro pueblo, sabe que el convenio con la Iglesia es de carácter civil y que la delegación no puede seguir pagando costos tan altos.
“No tenemos ninguna diferencia con la Iglesia ni con monseñor Monroy. Al contrario, siempre hemos apoyado a los peregrinos que vienen a la Basílica, como nos corresponde hacerlo. El problema es que no hay nada claro, ni siquiera tenemos información si la Plaza Mariana finalmente se va a construir.”
–¿Ha tenido alguna reunión formal con monseñor Monroy para que le explique? ¿Alguna junta de trabajo?
–No, nada. Nosotros hemos buscado a los encargados de la Fundación Plaza Mariana, intentado tener una interlocución con ellos, pero no hemos tenido la fortuna de realizar ese encuentro. Eso sí, me he topado en algunas ocasiones con monseñor Monroy y le he comentado nuestra preocupación.
–¿Cuál ha sido su respuesta?
–Sin dar más detalles, sólo me dice que es una obra muy costosa y que no tienen financiamiento. Pero no hemos obtenido información concreta. Está bien: si no pueden construir, pues entonces que nos regresen el predio y asunto concluido.
“Sin embargo, veo que siguen vendiendo los nichos guadalupanos. También me doy cuenta de que han estado cambiando a las empresas financiadoras de su proyecto. Primero estuvo Bancomer; luego, si mal no recuerdo, Santander, y después Autofin. Al parecer, ahora tienen a otra financiadora. No sabemos los motivos de tanto cambio.”
En varias ocasiones, como ahora, Proceso ha solicitado una entrevista con Monroy a fin de saber cuánto dinero han recaudado, cuántos nichos han vendido, por qué se retrasó la obra… El rector de la Basílica siempre se ha negado.
***
El cardenal y su“pandilla”/Rodrigo Vera
Revista Proceso, No. 1607, 19/08/2007;
Mientras la Corte Superior de Los Ángeles decide si tiene jurisdicción para someter a juicio a Norberto Rivera Carrera por la supuesta protección que brindó a un cura pederasta, esta semana el cardenal debe responder ante las autoridades mexicanas por una denuncia penal. Está acusado –junto con el rector de la Basílica de Guadalupe– de un presunto fraude multimillonario relacionado con el malogrado proyecto del templo de San Juan Diego. El representante legal de la empresa demandante revela a Proceso el modus operandi de lo que describe como la “pandilla” del arzobispo primado de México.
Apocos días de que la justicia estadunidense sometió a un interrogatorio al cardenal Norberto Rivera Carrera, ahora la justicia mexicana lo está requiriendo para que –ante un agente del Ministerio Público– declare sobre el multimillonario “fraude” que presuntamente cometió contra miles de fieles, a quienes durante años pidió “donativos” para levantar el santuario a San Juan Diego, un ambicioso proyecto arquitectónico que jamás construyó, por lo que deberá explicar qué hizo con el dinero recaudado.
Inclusive, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) acaba de pedir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) –mediante un oficio con fecha del 10 de julio pasado– que le informe sobre los movimientos de las dos cuentas en las que se recibían estos donativos, las cuales fueron finalmente canceladas sin dar una explicación a los fieles.
Estas primeras diligencias judiciales son producto de una denuncia penal contra el controvertido cardenal, interpuesta en abril de 2005 por Arquitectura a la Vanguardia, S.A. de C.V., la empresa de arquitectos que diseñó el proyecto del santuario y que también fue presuntamente defraudada por Rivera Carrera.
El abogado de Arquitectura a La Vanguardia, José Carlos González, se pregunta indignado:
“¿Qué hizo Rivera Carrera con todo ese dinero que recibió en donativos, de miles y miles de fieles mexicanos? No lo sabemos ¿A cuánto ascendió la suma recaudada, que seguramente fue estratosférica? Tampoco lo sabemos. Lo único cierto es que desapareció el dinero y jamás construyó el santuario. Hubo un fraude gigantesco.”
–¿Por cuánto tiempo estuvo recibiendo donativos?
–Durante aproximadamente dos años y medio: todo 2000 y 2001, y parte del año 2002. A través de hojas volantes y desplegados de prensa daba a conocer el proyecto del santuario y pedía dinero. En las iglesias de todo México también se pedía la cooperación de los fieles. Se decía que el propio Papa inauguraría el santuario a San Juan Diego, al que se denominó así mismo Monumento a la Mexicanidad.
Entrevistado en su despacho, el abogado indica que, después de más de dos años de haber interpuesto su denuncia penal, no es sino hasta ahora cuando la justicia mexicana cita a declarar al cardenal.
“¡Imagínese! Cuando pusimos nuestra denuncia, en abril de 2005, el Ministerio Público ni siquiera investigó, y en sólo 10 horas –un tiempo récord, digno de mencionarse en el libro Guiness– determinó el no ejercicio de la acción penal contra el cardenal. La justicia estuvo protegiéndolo, encubriéndolo todo ese tiempo. Tuvimos que recurrir a cuatro amparos para que, por fin, se decidiera investigar a Rivera Carrera. Y todo fue gracias a que el sexto juez de Distrito en Materia Penal, Juan Mateo Brieba de Castro, determinó finalmente abrir una investigación en serio.”
Así, por órdenes del juez, la PGJDF ya envió formalmente un citatorio a Rivera Carrera para que, “en calidad de probable responsable” de los “hechos que se investigan”, se presente este lunes 20 de agosto, a las 9:30 de la mañana, en las oficinas de la delegación Gustavo A. Madero ante el “agente del Ministerio Público, titular de la Unidad Dos de la Coordinación Territorial”.
Un citatorio semejante fue enviado a otro miembro de la jerarquía eclesiástica: monseñor Diego Monroy Ponce, rector de la Basílica de Guadalupe, quien deberá presentarse ese mismo día ante el Ministerio Público.
Monroy, por cierto, se ha convertido en el amo y señor del principal santuario del país. Su megalomanía sin límites lo hizo mandar pintarse un descomunal retrato al óleo, que hoy se exhibe en el museo de la basílica, como si fuera un personaje de la realeza española estampado por Velázquez. Sólo que aquí el pintor fue Fernando Leal Audirac. Hasta un libro finamente encuadernado –Retrato de monseñor Diego Monroy– detalla el proceso de ejecución y los aciertos artísticos del óleo.
–¿Es probable que el cardenal vaya a declarar? –se pregunta al abogado demandante.
–Mire, estamos hablando de un primer citatorio, una diligencia prevista en el Código de Procedimientos Penales. El objetivo es que el cardenal informe al Ministerio Público sobre su participación en el fraude. Puede decidir no ir. Pero después, mediante una orden de presentación, el Ministerio Público tiene la facultad de recurrir a la fuerza pública para obligarlo a declarar. Y ya serían agentes judiciales quienes irían por él, como le sucedió al empresario Carlos Ahumada apenas salió del reclusorio, cuando un grupo de policías se lo llevaron en vilo.
–Causa sorpresa que la justicia mexicana cite a declarar al cardenal pocos días después del interrogatorio al que lo sometió un juez estadunidense por su supuesta protección a un sacerdote pederasta.
–Sí. Y resultaría absurdo que sí se subordine a la justicia estadunidense, como ya lo hizo, y en cambio se vaya a burlar de la mexicana, como está acostumbrado a hacerlo. En este caso no se trata sólo de llamarlo a declarar, sino de perseguirlo, pues es clarísimo que jamás realizó las obras que prometió y que el dinero recaudado desapareció.
“Esos donativos se estuvieron depositando en dos cuentas bancarias, una en Banamex y otra en Banorte. Ahí se recolectaron todos los fondos. Pero después, en 2003, inexplicablemente fueron canceladas esas cuentas. ¡Se vaciaron! ¡Desaparecieron los rastros del dinero! De ahí que, por orden judicial, hoy se pide a la Comisión Nacional Bancaria que informe sobre todos los movimientos que se dieron en esas cuentas.”
Efectivamente, en un oficio fechado el pasado 10 de julio, la procuraduría capitalina se dirige al presidente de la CNBV, Guillermo Babatz, en los siguientes términos:
Solicito a usted gire sus apreciables órdenes a quien corresponda, a efecto de que me sea enviada la siguiente información:
–El nombre y el domicilio del titular de la cuenta de cheques número 0204177566 del Banco Nacional de México, así como de la número 0161-0132549020 de la institución bancaria Banorte.
-La fecha en que dichas cuentas fueron aperturadas y en su caso las fechas en que las mismas fueron canceladas.
–El nombre de las personas físicas autorizadas para realizar movimientos, disposiciones de dinero, traspasos y demás operaciones bancarias, desde la apertura de las cuentas hasta su cancelación, si fuera el caso.
–Remita el cárdex o registro de firmas autorizadas en las cuentas ya mencionadas.
En papel membretado, y con el sello de la PGJDF, la misiva establece que se requiere esa información para una “indagatoria”; registra el número de averiguación previa (“FGAM/GAM-4/T2/1026/04-05 y sus acumuladas”); enumera los delitos y a los presuntos delincuentes que actúan en “pandilla”, con el cardenal encabezando la lista.
La autoridad expresa al presidente de la CNBV:
Me permito hacer de su conocimiento que en la indagatoria citada al rubro existe una imputación por el delito de fraude, desobediencia de particulares, insolvencia fraudulenta en perjuicio de acreedores, delincuencia organizada, asociación delictuosa y delitos cometidos en pandilla, en contra de Norberto Rivera Carrera, Diego Monroy Ponce, Enrique Roberto Salazar y Salazar en su carácter de presidente y apoderado legal de la persona moral denominada Centro de Estudios Guadalupanos, A.C., en contra de Luis Ávila Blanca en su carácter de asociación del Centro de Estudios Guadalupanos, A.C.
Firman la misiva: Yolanda Ravelo Fernández de Lara, agente del Ministerio Público; Alejandro Muñoz Ramírez, fiscal desconcentrado en Gustavo A. Madero, y Moisés Moreno Hernández, subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas.
“Modus operandi”
El abogado José Carlos González recalca que, efectivamente, el cardenal Rivera encabeza a esta “pandilla de delincuentes” dedicada a cometer ilícitos a costillas del culto guadalupano, y señala que, por cierto, ya falleció uno de los miembros de la misma, monseñor Enrique Salazar.
–¿Qué significa el término “pandilla”?
–No es sólo un término coloquial. En el lenguaje jurídico es una asociación delictuosa compuesta por tres o más personas, de acuerdo con el artículo 252 del Código Penal para el Distrito Federal.
Y asegura que el fraude con el santuario a San Juan Diego fue minuciosamente planeado, en todos sus detalles, de principio a fin.
Cuenta que, a principios de 2001, el cardenal Rivera, junto con sus subalternos Diego Monroy y Enrique Salazar, contrataron los servicios de Arquitectura a la Vanguardia para realizar el proyecto del santuario, que se edificaría sobre el cerro de Zacahuitzco, aledaño al del Tepeyac, al norte de la Ciudad de México.
Érika Aguilar, representante de esa empresa de arquitectos, fue la que mantuvo contacto directo con los jerarcas, quienes le aseguraron que la Iglesia era la propietaria del cerro. Y así quedó estipulado en el contrato que, por órdenes del cardenal, se hizo con el Centro de Estudios Guadalupanos (CEG), dirigido entonces por monseñor Salazar.
Arquitectura a la Vanguardia hizo inmediatamente el levantamiento topográfico y los estudios de mecánica de suelos, de impacto urbano y ambiental, y en seguida elaboró el proyecto arquitectónico del colosal Monumento a la Mexicanidad.
La obra se haría en un área de 5 mil metros cuadrados. Tendría una capilla abierta para mil 200 feligreses, mientras que en su interior cabrían 700 personas. Sus cuatro niveles alcanzarían una altura de 30 metros. El santuario –con su respectivo altar, coro y sagrario– comprendería también una zona de criptas, oficinas parroquiales, una tienda, un restaurante, una sala de proyecciones, dos núcleos de baños públicos, un área de enfermería, salas de usos múltiples, jardines…
Y para disfrutar aún más la vista panorámica, los feligreses podrían viajar por aire del cerro del Zacahuitzco al del Tepeyac, puesto que estarían unidos por un teleférico.
En abril de 2001, Érika entregó personalmente el proyecto al cardenal y a Diego Monroy, a quienes acompañaban otras personas, en una junta que se realizó en las oficinas del Arzobispado de México. Todos quedaron encantados, al grado de que difundieron las imágenes del proyecto por todo el país.
Refiere el abogado González:
“Realmente el proyecto fue el gancho para jalar más donativos. Para decirle a los fieles: ‘Miren, así de bonito va a quedar el santuario, cooperen para construirlo’. ¡Era parte del negocio! Por eso les urgía la entrega de las láminas y maquetas, que era sólo la primera etapa del proyecto. Hasta ahí llegó todo.”
–¿Qué pasó después?
–¡Qué iba a pasar! Que este grupo de pandilleros deshizo el convenio con Arquitectura a la Vanguardia, a la que ni siquiera le pagó por el trabajo realizado. Nos fuimos a una demanda civil por incumplimiento de contrato, que obviamente ganamos. Pero no pudimos recuperar el dinero invertido, pues al Centro de Estudios Guadalupanos, con el que se realizó el contrato, lo pusieron en estado de insolvencia. Por eso nuestra acusación de insolvencia fraudulenta.
“Por otro lado, ya habían desaparecido las cuentas bancarias en las que recibían los donativos. A mis representados ahorita se les deben aproximadamente 6 millones de pesos; es nada en comparación con el multimillonario fraude que cometieron contra los fieles mexicanos. Por tal motivo pusimos la denuncia penal.”
El abogado detiene el curso de su conversación. Se quita los anteojos. Se recarga en el respaldo de su asiento giratorio y, en voz baja, como si revelara un secreto, confía:
“¿Sabe qué? Ni siquiera eran propietarios de los terrenos sobre los que, según ellos, levantarían el santuario… Ni siquiera eso… El cerro del Zacahuitzco no les pertenece. Así que, desde el principio, urdieron el engaño, nos engañaron a todos con el fin de obtener dinero.
“A las autoridades judiciales ya les advertimos que este caso ilustra a la perfección el modus operandi de esta pandilla de delincuentes, y que es sólo un fraude, entre otros que han cometido.”
–¿En qué consiste este modus operandi? ¿A qué otros fraudes se refiere?
–Bueno, su mecánica delictiva salta a la vista: inventan algún proyecto guadalupano para el cual piden dinero; abren cuentas bancarias que luego desaparecen; meten por ahí a alguna organización católica de bajo nivel para que dé la cara y a la que luego puedan declarar insolvente, o de plano desaparecer. El engaño siempre prevalece.
“El actual ejemplo es el proyecto Plaza Mariana, que están promoviendo. Se venden nichos de esta obra que aún no se realiza y que carece de ciertos permisos. Inclusive, el terreno sobre el que se piensa construir está en litigio. Las autoridades gubernamentales lo saben, pero no hacen nada para impedir un nuevo fraude.”
No es esta la primera vez que se denuncia al cardenal Rivera y a Diego Monroy por realizar negocios ilícitos. En un contrato efectuado el 31 de marzo de 2002, Monroy –con la anuencia del cardenal– vendió el copyright de la imagen guadalupana en 12.5 millones de dólares a la empresa estadunidense Viotran. El hecho fue calificado de ilegal, ya que la imagen es considerada un símbolo nacional de “dominio público”, por lo cual no debió venderse en exclusividad (Proceso 1371).
Tres años antes, en 1999, el cardenal fue demandado ante la Procuraduría General de la República (PGR), puesto que manejaba, con fines de lucro, la Lotería Guadalupana, un juego de azar que tenía estampada la imagen de la virgen. La demanda fue interpuesta por Cronopolis, una organización social dedicada a defender el patrimonio cultural del país. Cronopolis argumentó que el cardenal no sólo violaba algunas leyes civiles, sino las mismas disposiciones canónicas de la Iglesia (Proceso 1354).
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