El bien comunal

La tragedia del bien comunal/Xavier Sala i Martín, Columbia University, UPF y Fundació Umbele

Publicado en LA VANGUARDIA, 17/10/09):
Se han fijado en que cuando vamos al restaurante en grupo y dividimos la cuenta entre todos, la factura es mucho más alta que cuando cada uno paga lo suyo? Si pagamos individualmente, todos evaluamos el beneficio y el coste de pedir langosta. Si el coste es demasiado alto, nos inclinamos por el pollo, que es más barato. Por el contrario, si el coste de la langosta se divide entre quince, ya no sale tan cara, por lo que decidimos pedirla. El problema es que todos los comensales piensan lo mismo, por lo que todos acaban comprando langosta (y copas, y puros) y la factura común acaba siendo estratosférica.
Este es un problema económico que se conoce como “la tragedia del bien comunal”. Los bienes comunales son aquellos que mucha gente puede utilizar a la vez: un parque, el mar, el bosque y los aparcamientos en las calles de la ciudad. Todos ellos comparten un fenómeno curioso: el beneficio es para el usuario, pero los costes se comparten entre todos.
Por ejemplo, si las tierras de pasto son comunales (como lo eran en la Europa medieval y todavía lo son en algunas zonas rurales), la hierba que come mi vaca me beneficia a mí, su propietario, porque me da mejor leche o mejores terneras. La destrucción que ocasiona mi vaca cuando come, sin embargo, es compartida por todos los demás propietarios, ya que sus vacas tienen menos pasto para comer. La tragedia de este tipo de situaciones es que, al ser los beneficios individuales y los costes compartidos, los usuarios tienden a poner demasiadas vacas y a sobreexplotar los recursos. Al final el pasto desaparece. Del mismo modo, los pescadores tienden a sobrepescar hasta que el mar se queda sin bancos de pesca, los leñadores tienden a cortar demasiados árboles hasta que nos quedamos sin bosques y cuando la factura es comunal, todos pedimos langosta, y se convierte en descomunal (y perdonen el fácil juego de palabras).
Para evitar la tragedia, se han propuesto dos tipos de soluciones. La primera es la privatización. Si la tierra de todos se divide en parcelas y nuestras vacas sólo puede pastar en nuestra granja, cada uno de nosotros se encargará de mantener un número de vacas que permita un pasto sostenible porque si este desaparece, desaparece el negocio. En el caso del restaurante, la solución es que cada uno pague lo suyo.
La privatización de los bienes comunales a veces es complicada por la naturaleza del bien en cuestión. Por ejemplo, es muy difícil dividir el mar en parcelas privadas. Para estos casos, las sociedades han encontrado otra solución: la intervención del Estado. El Estado se apropia del bien comunal (el mar), decide la cuota de pescado de cada uno y castiga con multas a los que se pasan. En el caso del restaurante, la solución consistiría en establecer una ley que prohibiera a los grupos de más de seis personas pedir langosta (una ley que seguro que le encantaría aprobar a la Generalitat actual, amante de regular y prohibir los comportamientos más recónditos del ser humano).
¿Por qué les explico todo esto? Pues porque el premio Nobel de Economía 2009 ha sido concedido a Elinor Ostrom, una politóloga que piensa en una tercera vía para evitar la tragedia del bien comunal: la cooperación. Si la gente que va a cenar en grupo lo hace repetidamente, son amigos y tienen sentido de la vergüenza, seguramente desarrollarán mecanismos para evitar que nadie se pase: el que pide langosta un día no es invitado el día siguiente, o se le recrimina en público o se habla entre todos para ponerse de acuerdo para que no pase.
Las investigaciones de Ostrom están entre la economía, la antropología y la ciencia política. Un ejemplo interesante ocurre con los pastos de los nómadas del centro de Asia. Los satélites detectaron hace años que el pasto en las zonas de Rusia y China estaba desapareciendo mientras que los de Mongolia, no. Ostrom observó que en Rusia y China las tierras estaban colectivizadas mientras que las de Mongolia seguían siendo explotadas según las normas milenarias de las tribus de la zona (que compartían tierras y se respetaban entre ellas de tal modo que nadie se atrevía a perjudicar a las tribus vecinas). En 1980, China cambió de sistema y privatizó la explotación. Los satélites demostraron que los pastos no aumentaron. Con este ejemplo, Ostrom mostró que las soluciones encontradas por las tribus milenarias basadas en la cooperación y el respeto a veces son superiores a la privatización o a la intervención pública.
Ostrom no estaba entre los favoritos (lo escribo en masculino porque entre los favoritos no había ninguna mujer) a recibir el premio Nobel este año. Su contribución no es ni de las más citadas ni de las más conocidas del mundo. Yo, de hecho, confieso que no sabía quién era hasta el día que se le concedió el premio. Su metodología no es la más comúnmente aceptada por la profesión y sus conclusiones no parecen tan sólidas o bien probadas como las que la ortodoxia exige hoy en día. Pero, ya se sabe, a veces al Comité Nobel le gusta premiar las fronteras de la heterodoxia y eso, a la ortodoxia, no le gusta. Yo siempre he sido partidario de escuchar las ideas minoritarias, porque la ciencia no es democracia: en ciencia, que la mayoría piense una cosa no quiere decir que sea verdad. A veces, personas como Copérnico o Darwin están solos contra todos y… acaban teniendo razón. Bienvenido sea, pues, el premio Nobel a la señora Ostrom, no porque sea una mujer, sino porque nos enseña una nueva manera de enfocar la tragedia del bien comunal.

Un juez para la polémica

Garzón: un juez para la polémica/Jorge Trías Sagnier

Publicado en ABC, 21/09/09;

La primera vez que hablé ante un juez fue en una sala de lo contencioso-administrativo de Barcelona acompañado de quien era mi maestro en el ejercicio del arte de la abogacía, el profesor Manuel Jiménez de Parga. El magistrado más visible en esa modernista habitación diseñada por el arquitecto -mi tío abuelo- Enrique Sagnier, se llamaba Jerónimo Arozamena Sierra. Antes de comenzar mi intervención noté como la sangre subía a mi cabeza y el corazón latía con tal fuerza que creí se me iba a salir del cuerpo. En cambio, al comenzar mi parlamento tuve la sensación de que había llegado a una plácida playa y desde ese momento supe que podría llegar a ser, un día, el abogado de causas difíciles que al final he sido. Con los años, Arozamena llegó a la vicepresidencia del Tribunal Constitucional y al Consejo de Estado; y mi maestro, Jiménez de Parga, ha sido, además de catedrático de Derecho Político, ministro de Trabajo con Suárez y presidente del Tribunal Constitucional. Yo tampoco puedo quejarme y aquí sigo, en pleno circuito, de carrera en carrera.
Siempre tuve un respeto reverencial por la carrera judicial, probablemente porque es lo que me hubiese gustado ser y no fui, por ahora. Nunca pude imaginar que un día, siendo yo diputado y representante de la soberanía nacional, en 1998, un juez iba a llamar a mi puerta para que le ayudase en el proceso en el que se encontraba metido. Así es como acepté la defensa de Javier Gómez de Liaño, lo que me llevó a estudiar, hasta sus últimos pormenores, la compleja y subjetiva figura delictiva de la prevaricación. ¡Dictar una resolución injusta «a sabiendas»!, palabras mayores que, según cómo se interpretasen, podían transformar a un juez de una persona respetable y respetada en un individuo cuestionado y sospechoso. No voy a meterme en recordar la historia de ese juicio, aunque sí puedo reafirmar mi íntima convicción, que desde luego no compartió la Sala 2ª del Tribunal Supremo, que no hubo prevaricación en la actuación del juez, es decir, que el magistrado de la Audiencia Nacional nunca tomó una decisión injusta «a sabiendas». Y además, que como luego afirmó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Gómez de Liaño no tuvo un juicio imparcial. Los jueces, aunque en sus manos caen casos envenenados política o socialmente, tienen la obligación de resolver de acuerdo con la ley. Y la ley, como ha ocurrido recientemente con el juez que puso el otro día en libertad a un terrorista, puede interpretarse, incluso, de forma paradójica en sentidos opuestos. Pero interpretar la ley de una forma u otra, aunque sea equivocadamente, es un cantar que nada tiene que ver con la música de la prevaricación.

Y ahora me veo en el deber moral de salir en defensa pública, sin que se me haya pedido en este caso, de otro juez, Baltasar Garzón, a quien el Tribunal Supremo ha imputado un posible delito de prevaricación por el asunto de las fosas del franquismo y de su particular visión, con la que discrepo de manera radical, de que determinados personajes de la Dictadura cometieron crímenes contra la humanidad. El instructor de la causa contra Garzón es un magistrado del Tribunal Supremo muy hablador y de ideas que comúnmente se denominan «progresistas». La causa fue presentada por una oscura asociación sindical, «Manos Limpias», que además de su carácter ultra derechista parece más interesada en remover la porquería estancada en la ciénaga política que en su circulación fluida. Y en ese terreno tan resbaloso, le ha pillado a Garzón con el pie cambiado, y se ha caído. En cualquier caso, y sea cual sea nuestra procedencia familiar -franquista, republicana o ambidiestra- parece mentira que haya tenido que ser un juez el que atice las conciencias y nos haga ver que después de setenta años todavía quedan cadáveres en las cunetas, olvidados y mal enterrados. No puedo entender que ningún gobierno, desde la Constitución de 1978, se haya ocupado con seriedad de esta cuestión. La memoria no se entierra echando cal viva sobre los muertos sino asumiendo la historia con naturalidad. Es probable que Garzón cometiese múltiples errores en la instrucción de esta causa, y que se extralimitase en su calificación de determinadas conductas como «crímenes contra la Humanidad», aunque de ahí a ser imputado como posible prevaricador va un abismo que me niego ni siquiera a mirar.
Por otro lado, supongo que la biografía de las personas contará, también, en el momento de su enjuiciamiento, para algo, al menos cuando la imputación se hace por un tipo delictivo tan subjetivo como el de la prevaricación, en el que la psicología del personaje es esencial para su calificación ¿Cómo es posible meterse en la cabeza del imputado y descubrir que su actuación, o mala actuación, se produjo «a sabiendas»? Yo sería incapaz de enjuiciar a una persona por este motivo, y creo que esta figura delictiva -la prevaricación- como antes la del «desacato», son tipos penales que sería mejor subsumirlos en otros que puedan aplicarse a todos los individuos. Los españoles que hemos luchado por la convivencia, cada uno a su modo y según su responsabilidad, que somos la gran mayoría de ciudadanos, tenemos una deuda impagable con este juez que, en contra de las dudas de la izquierda, hizo viable una estrategia judicial para combatir el terrorismo que ha sido avalada, finalmente, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Garzón siempre coincidió con la idea, impulsada desde el Ejecutivo por José Mª Aznar y Jaime Mayor Oreja, que para acabar con el terrorismo no sólo había que combatir a los asesinos directos sino a todo el entramado criminal que rodeaba a los ejecutores: organizaciones políticas y sindicales, asociaciones económicas y sociedades mercantiles, soportes mediáticos y, en suma, al conjunto operativo y militar organizado, tanto en territorio nacional como fuera de España, por unos individuos que operaban como las sectas. Un entramado que gozaba del apoyo -o del silencio- político de partidos tenidos por «respetables». De este modo cayeron «Egin» e «Irratia»; se acabó con la estructura financiera de ETA; fueron a la cárcel la Mesa Nacional de HB, entera, aunque después el Tribunal Constitucional les pusiese en la calle; se liberó a Ortega Lara y se aplicó a rajatabla la Ley de Partidos, impulsada por el PP con el apoyo del PSOE, que deshizo el entramado del crimen organizado en torno a ETA.
Faltan todavía años para que demos un carpetazo al terrorismo que ha sembrado de muerte y de víctimas el territorio español. Yo creo que el rumbo de las naciones la marcan las acciones, para bien o para mal, de las personas. En este caso, sin la actuación del juez Garzón, que siempre contó con el apoyo incondicional de quien entonces presidía la Audiencia Nacional y ahora es el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Divar, España seguiría siendo un país arrodillado ante el terrorismo y acorralado por una banda de criminales envalentonados. No sé cómo acabará la imputación de Garzón por esta mala causa iniciada en torno al escurridizo asunto de la memoria histórica, las fosas del franquismo y los «crímenes contra la humanidad» de la Dictadura. En cualquier caso, y al margen de cuál sea nuestra opinión sobre la instrucción de determinados asuntos judiciales que ha impulsado Garzón, creo que es difícil deberle tanto, tantos, a un solo hombre: un juez, con mucha biografía todavía por delante, que ya se ha convertido en historia de nuestra historia. Nobleza obliga.

"Ojeo judicial"

‘Ojeo judicial’/ Javier Gómez de Liaño, abogado y magistrado excedente
Publicado en EL MUNDO, 19/02/09;
Supongo que la mitad de mis posibles lectores, aproximadamente, sabe tanto o más que yo de los prejuicios de ciertos jueces.Pero como el título de este artículo puede inducir a cierta confusión, pienso que no sobra que aclare que el comentario de hoy va a propósito de una causa que Baltasar Garzón instruye en relación con una trama de corrupción protagonizada por gente del partido de la oposición o próxima a él y en la que, por lo que lee, ve y oye, parece que los presuntos sentimientos o resentimientos del juez interesan tanto como los delitos que se imputan a los implicados.
Vaya por delante que me parece natural que un político acuda con el ánimo intranquilo ante un juez que ha militado en un partido contrario al suyo, y creo que no hace falta dar nombres para saber que no se trata de una mera hipótesis. En Italia, por ejemplo, hubiera sido impensable ver a Oscar Luigi Scalfaro, juez de profesión aunque ejerció poco, instruyendo causas penales incoadas contra quienes antes habían sido rivales políticos.
Seamos sinceros. El juez Garzón se ha caracterizado por una insobornable pasión de fidelidad a las siglas del partido que actualmente gobierna y al que abiertamente declaró su adscripción y puesta a disposición presentándose a las elecciones generales como candidato número dos por Madrid y sirviendo en el Ministerio del Interior.Nadie carece de ideología política, pero la verdad es que Baltasar Garzón la reparte con mano generosa. Las penúltimas cosas que se le pudieron oír fue llamar asesino al presidente del gobierno José María Aznar y proclamar su compromiso con la causa socialista.
Una profesión de fe ideológica de esta naturaleza, tan falta, además, de discreción, es una confesión de parcialidad. En el mundo del Derecho, más que de sombras se habla de apariencias y en este asunto, como en otros, Garzón se ha ganado a pulso las sospechas de falta de neutralidad. Es más. Después de la cacería con el ministro de Justicia, con presencia incluida del comisario encargado de la investigación policial y de las detenciones, lo que llega a la opinión pública es la idea de que el juez sigue siendo un político al servicio del poder.
La imparcialidad de un juez consiste en no estar, ni haber estado en posición de parte. Y, entre otras actitudes, se está en posición de parte cuando el juez concibe la ley como instrumento de poder a favor o en contra de un partido político. Me parece que un ligero esfuerzo de memoria y pocos habrá que me tachen de hacer juicios rotundos e imprudentes. Húrguese en la historia reciente y enseguida descubriremos jueces del mismo signo ideológico y político que los dirigentes de un partido. Como dirían los revolucionarios franceses de 1789, si las formas del poder judicial no inspiran más que temor, entonces los jueces sólo servirán para darnos costumbres débiles y hábitos serviles.
Aparte de esa ideología que a los ojos del Partido Popular le hacen iudex suspectus, hay otro motivo que, a mi juicio, convierte a Garzón en juez con interés en el asunto y, por consiguiente, le alejan de la imparcialidad. El artículo 219.10ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) considera causa de abstención y, en su caso, de recusación, tener el juez o magistrado «interés directo o indirecto en el pleito o causa». Aunque no es posible definir de modo certero la expresión «interés directo o indirecto», una aproximación al concepto nos la ofrece el Diccionario de la Real Academia Española: «Interés//4. Inclinación del ánimo hacia un objeto, una persona o una narración».
DESDE el domingo pasado es notoria la presencia en esas diligencias de una persona aforada, diputado de la Asamblea madrileña. En su contra concurren sospechas fundadas, o sea, indicios, de responsabilidad en hechos con apariencia delictiva. Nadie puede dudar de que López Viejo es materialmente parte del procedimiento, aunque el juez instructor haya decido no hacerlo formalmente de manera expresa.
Pues bien, si esto es así, como tal debe ser considerado por el juez Garzón. Este, acto seguido y por imperativo legal -artículos 73.3. a) LOPJ y 11.6. del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid- debe remitir las diligencias al Tribunal Superior de Justicia. Ocultar esa realidad procesal y sostener artificialmente que sólo son partes aquellas personas que el juez coloca en el punto de mira de sus pesquisas, significa abandonar las reglas de juego del proceso penal y saltarse a la torera las garantías jurídicas que a todo ciudadano le corresponden. Lo mismo que no se puede recortar la imagen de Garzón de esa fotografía cinegética tan comprometedora, del retrato procesal no se puede quitar a nadie sobre el que pesan sospechas razonables de haber delinquido.Y por si hubiere intención de trocear el procedimiento, enviando una parte al tribunal del aforado y seguir con el resto, me permito indicar que ningún motivo excepcional de celo investigador y ninguna otra razón de naturaleza análoga justificarían esa dispersión procesal de unos hechos que, para no romper la continencia de la causa, precisan de una unidad instructora y, en su caso, de unidad de su enjuiciamiento.
Mi opinión, por tanto, es que la asunción por el juez de un asunto que no le compete, en principio encaja en esa causa de abstención y/o de recusación. El afán, seguido de acaparamiento, por instruir un procedimiento penal que es competencia de otro tribunal bien puede determinar una sospecha de parcialidad fundada y nunca menor dicho, en un «interés en la causa». ¿Cómo negar el interés directo del juez al que le consta que hay un aforado y que pese a no tener competencia, sigue instruyendo? El juez ordinario predeterminado por la ley, no es sólo un derecho fundamental de las partes de un litigio, sino también una garantía institucional de un Estado de Derecho establecida en beneficio de todos los ciudadanos y de la imagen de la Justicia, como pilar de la democracia.Es más. Si esa maniobra de prestidigitación se prolongase y la imputación del parlamentario regional se confirma por el tribunal competente, las actuaciones judiciales practicadas por Garzón estarían viciadas de origen -artículos 238.1º y 240 LOPJ- y serian nulas de pleno derecho.
La bulimia procesal que caracteriza al juez Garzón no obedece a cuestión de interpretación de las competencias que le corresponden como juez de instrucción de la Audiencia Nacional. No se olvide que ésta no sería la primera resolución que dictan los tribunales en contra de sus pretensiones. Reciente es la decisión del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de negarle jurisdicción en su proyecto de exigir responsabilidades al franquismo por los muertos de la guerra y la posguerra civil. Y recuérdese que otro tanto le ocurrió años atrás con el caso Laos cuando se empecinó en asumir las diligencias de la huida y detención de Roldán. La Justicia no se resiente ni paraliza porque otros jueces que no son Garzón actúen. Pensar otra cosa sería tanto como admitir que la Justicia se identifica con él. Advierto que estas últimas palabras no son mías y que las he tomado prestadas de un editorial del diario El País que tenía por título A cada juez lo suyo y se publicó el 26 de octubre de 1996.
En cualquier caso, lo importante, con serlo, no es que Garzón se aparte de ese procedimiento, como que no siga con él porque no le compete. Lo que debe preocupar es el riesgo de que esa y otras anomalías procesales puedan determinar la nulidad de las actuaciones. Recuérdese el caso Naseiro en el que, por decisión del Supremo, al final los tribunales no pudieron pronunciarse sobre el fondo del asunto. Por el bien de la Justicia, para que ésta pueda esclarecer los hechos y depurar las responsabilidades, es imprescindible extremar el respeto a las normas procesales.
La ley no excluye al juez porque sea parcial sino por temerse, fundadamente que lo sea. En este sentido, no es el ruido sobre la falta de competencia de Garzón el que ha creado dudas sobre su incompetencia, sino que los enormes y justificados recelos sobre su neutralidad son los que han provocado el estruendo.Y que nadie se escandalice. Los tribunales españoles seguirán siendo tan respetables como respeto merecen. Pero no se olvide que no todos los que pisan el umbral del templo son santos.
Otrosí digo sobre la cacería del juez y el ministro. Yo nunca he sido cazador. Lo único que cacé en mi vida fue media docena de pardales, hazaña de la que todavía me arrepiento. Sobre la caza tengo ideas muy elementales, entre ellas la de respetar al cazador de verdad. Cazar animales feroces me figuro que debe ser muy emocionante. En la sierra de Burgos vi cazar a un jabalí a cuchillo y se me pusieron los pelos de punta. Cazar rumiantes mansos, o sea, ciervos, rebecos o venados, pienso que es como apalear ovejas merinas. Matar perdices o conejos no me parece elegante y sí bastante alevoso. Después de ver las fotografías, la impresión que el juez y el ministro dan es que si no disparan muchos tiros y no hacen mucha sangre, no se divierten.

La injusticia de la prisión

La injusticia de la prisión preventiva/Javier Gómez de Liaño, abogado y magistrado excedente

Publicado en EL MUNDO, 21/05/09;

Algo falla en el engranaje judicial y más todavía en el engranaje de algunos juzgados de instrucción de la Audiencia Nacional. Hace cosa de un mes la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de este órgano jurisdiccional decretaba la libertad inmediata de 10 acusados que llevaban casi cuatro años en prisión preventiva. Los 10 liberados fueron detenidos, hechos presos, procesados y sentados en el banquillo, pero el tribunal ante el que comparecieron, después de 12 días de juicio, los ha absuelto de todos los cargos que la fiscalía les imputaba, que no eran pocos. La verdad es que los magistrados han procedido con una independencia que les honra y sirve de ejemplo, pero es evidente que el señor juez y la señora fiscal se pasaron de rosca.
Uno de los españoles más preocupados por el principio de Justicia nos legó esta reflexión: «La detención previa es una contribución corporal que todo ciudadano debe pagar cuando, por su desgracia, le toque; la sociedad, en cambio, tiene la obligación de aligerarla, de reducirla a los términos de indispensabilidad, porque pasados éstos comienza la detención a ser un castigo, y, lo peor, un castigo injusto y arbitrario, puesto que no es resultado de un juicio y de una condena». Estas palabras las escribió Mariano José de Larra en un artículo publicado hace casi dos siglos y de todas sus implícitas y aleccionadoras consecuencias ha de partir quien quiera ver claro el problema de la prisión provisional, al que ahora, de nuevo, pretendo dedicarme.
Sí; algo falla en la justicia penal española, y algo de ese algo quizá sea la escasa prudencia y la no menos mesura de algunos jueces en el uso de la prisión provisional. En julio de 2006, en esta misma tribuna, expuse la elemental idea de que lo peor del proceso penal es la superficialidad con la que se decreta y mantiene de modo incondicional; es decir, sin posibilidad de eludirla mediante otras medidas cautelares alternativas.
Si bien que en este asunto, como en otros, lo recomendable es dejarse guiar por la sana razón antes que por los sentimientos que, sin duda, patrocinarían su abolición. La prisión preventiva es un mal necesario, pues mediante ella se asegura la presencia del acusado en el juicio. Ahora bien, esa utilidad no puede llevarse al extremo de dar a la institución más extensión de la justa. La regla de oro es que dicha privación de libertad debe aplicarse únicamente en los casos de absoluta necesidad y con sujeción a reglas precisas y taxativas que cierren los caminos al abuso que tan funestos resultados puede producir. «Los jueces de instrucción restringirán la prisión provisional a aquellos casos en que sea absolutamente indispensable», proclamaba la Real Orden de 20 de mayo de 1916, que es lo mismo que vienen repitiendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y todos los tribunales constitucionales del mundo: «La prisión preventiva queda supeditada a una estricta necesidad y subsidiariedad que se traduce en la eficacia de la medida como en la ineficacia de otras de menor intensidad coactiva (…) gobernada por los principios de provisionalidad y de proporcionalidad (…)».
Se es delincuente o no se es. No hay delincuentes presuntos, sino delincuentes convictos o, en su caso, inocentes amparados por la única presunción constitucionalmente relevante: la de de inocencia, que, además, supone que la carga de probar el delito corresponde a quien lo imputa. La prisión preventiva, se mire por donde se mire, es una pena anticipada. Una auténtica y verdadera pena, diría yo. El preso preventivo no es un presunto delincuente, aunque, por desgracia, sí sea un delincuente práctico. Ninguna postura tan clara en este sentido como la de Beccaria al escribir que «un hombre no puede ser llamado reo antes de la sentencia del juez, ni la sociedad puede quitarle la pública protección sino cuando esté decidido que ha violado los pactos bajo los que le fue concedida».
En mi opinión, el problema de la delincuencia no se resuelve generalizando la prisión provisional, sino haciendo que los juicios rápidos sean una realidad y se eviten incoherencias como las diligencias previas y los procedimientos abreviados que llegan a durar hasta seis años, con presos preventivos casi eternos, sin que nadie se plantee que son manifestaciones claras de una administración de justicia tan lenta como indolente.
El uso indebido de la prisión cautelar es radicalmente ilegítimo y además idóneo para provocar la vulneración de todas las demás garantías penales y procesales. Eso por no hablar de los problemas que plantea desde una perspectiva criminológica y penitenciaria, al impedir que sobre el preso preventivo se pueda realizar una labor resocializadora. Me lo decían el otro día unos buenos funcionarios de instituciones penitenciarias: la situación del preso preventivo comporta efectos muy graves y de todo orden; padecen los mismos inconvenientes que los penados y encima sin disfrutar de ninguno de sus beneficios.
Si no somos capaces de articular bien el instituto de la prisión provisional, tal vez fuera preferible un proceso penal sin ella. Esto es lo que sostienen algunos penalistas como Luigi Ferrajoli, uno de los máximos exponentes del garantismo penal. O Francesco Carrara cuando propone que el uso de la prisión provisional se subordine a las «necesidades del procedimiento, «ha de ser brevísima», «no es tolerable sino para graves delitos» y «hay que procurar suavizarla mediante la libertad bajo fianza». Más tarde, en un artículo titulado Inmoralidad del encarcelamiento preventivo, proclamará la injusticia de la institución. Me parece que en esta sociedad tan tecnificada no debería ser difícil imaginar medios que, siendo infinitamente menos gravosos que aquélla, resultaran, al mismo tiempo, aptos para asegurar los fines que a la prisión provisional se atribuyen. Pero mucho me temo que ésta no es la cuestión.
¿Lo sucedido con los 10 presos ahora absueltos es un error o una injusticia? Hay quien opina que no existen errores judiciales excusables, lo que a mi juicio es falso, pues la justicia está constantemente expuesta al error. En sus Ensayos, Montaigne califica a los errores judiciales de «condenas más criminales que el crimen mismo».
NO ES EL ERROR de buena fe sino la injusticia consciente lo que mata a la Justicia. Cuando alguien está en la cárcel sin tener que estarlo, todo sale mal. A él, al preso, y a nosotros. Entonces, la Justicia sufre y deja de serlo. Hace tiempo que descubrí que la injusticia es viento violento y que cuando la culpa es de los jueces, algo aún peor; es el desierto donde ni el viento sopla.
Otrosí digo. Las diligencias que se instruyen por el denominado caso Gürtel -será por lo de correa, en alemán- están sometidas al secreto previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sin embargo, ello no es obstáculo para que fragmentos de la causa se publiquen con detalle. Si la información procede de las propias diligencias, ningún sentido tiene mantener el sigilo y el juez ha de levantarlo y permitir que las partes personadas accedan a las actuaciones, aunque sólo fuera para evitar la indefensión. Si lo aparecido en los medios sólo fuera aparentemente judicial, en ese caso su señoría ilustrísima tendría que corregir lo que sin duda constituye un desafuero o, si se prefiere, un carnaval.
El protagonismo que están teniendo los juicios de papel, con desprecio del propio proceso penal, produce espanto. «Uno de los más justificados orgullos de la civilización occidental es que el Estado asume la carga de establecer la culpabilidad únicamente sobre la base de pruebas presentadas ante el tribunal y bajo circunstancias que aseguran al acusado todas las salvaguardas de un juicio justo. Estas elementales condiciones para establecer la culpabilidad faltan sin duda cuando el jurado que ha de sentarse en el juicio sobre un conciudadano empieza su labor con la mente inevitablemente envenenada contra él». Son palabras de Frankfurter, del Tribunal Supremo de Estados Unidos, uno de los 10 mejores jueces de la historia judicial norteamericana. Las escribió en 1961, en relación con el asunto Irving v. Dowd.
Segundo otrosí digo. Desde una consideración de puro idealismo, los anhelos de la Audiencia Nacional por ser un tribunal universal de derechos humanos son de alabar, pero tengo para mí que esa bulimia jurisdiccional a nada bueno ni práctico conduce y se me ocurre si acaso no se debiera cuidar ser fiel guardián de esos derechos en la propia casa. Sólo cuando entre las víctimas de esas violaciones haya compatriotas, los tribunales españoles podrían intervenir.
Tienen razón quienes patrocinan una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que acote las competencias de la Audiencia Nacional de forma que no haya lugar a dudas de competencia ni a interpretaciones extravagantes

Garzón

Así no, señor juez/Javier Gómez de Liaño, abogado y magistrado excedente

Publicado en EL MUNDO, 16/10/09;

Me entero por la prensa y también por las actuaciones en las que intervengo como defensor -la aclaración es obligada- que el juez Baltasar Garzón mientras fue instructor del caso Gürtel ordenó interceptar y grabar las comunicaciones entre varios imputados y sus letrados. Un suceso así, de entrada, puede tomarse a título de broma siniestra y pensar que ¡aviados vamos los abogados españoles! Pero si se interpreta en serio, entonces la cosa es muy grave porque demuestra, para desgracia y vergüenza, propia y ajena, el por qué su señoría es diferente, pese a los buenos y vanos consejos de amigos y colegas para que deje de serlo alguna vez.
A los efectos que aquí interesan, la evolución cronológica de los hechos es, en síntesis, la siguiente. A raíz del levantamiento parcial del secreto que pesa sobre ese proceso se ha descubierto que el juez Garzón había ordenado la observación y grabación de las comunicaciones de los imputados con sus letrados defensores. Lo hizo mediante dos autos. Uno, de fecha de 19/02/09; el otro, que prorroga el anterior, se dictó un mes y un día después. En ambas resoluciones el argumento es idéntico: «(…) dado que en el procedimiento empleado para la práctica de sus actividades pueden haber intervenido letrados y que los mismos aprovechando su condición pudiesen actuar como enlace de los tres mencionados (…), deviene necesaria también la intervención que aquellos puedan mantener con los mismos, dado que el canal entre otros miembros de la organización y los tres miembros ahora en prisión podrían ser los letrados que estarían aprovechando su condición en claro interés de la propia organización y con subordinación a ella».
A partir de este razonamiento que he reproducido fielmente para, entre otros motivos, evitar la adjudicación de una prosa insufrible, he aquí algunas observaciones. Primera, que la orden habla, genéricamente, de «todos los letrados que se encuentran personados en la causa u otros que mantengan entrevistas con ellos», si bien, en el primer auto se dice que «con carácter especial, las que mantengan con el letrado D. José (…)». Segunda, que aparte de éste, al que no conozco, otros abogados a quienes considero personas honorables y juristas de gran prestigio fueron grabados en sus conversaciones.
Tercera, que el segundo auto se dicta a pesar de que las fiscales -también vale fiscalas- habían hecho notar, aunque con suma tibieza, que «no se oponen a la prórroga (…) si bien con exclusión de las comunicaciones mantenidas con los letrados». Cuarta, que ninguno de los autos fue recurrido por el Ministerio Fiscal, lo que significa que los dio por buenos. Quinta, que, naturalmente -y seguro que con gozo-, la Policía cumplió lo pronunciado, mandado y firmado por el juez. Sexta, que su señoría, el 27/03/09 y a instancias de la fiscalía, dijo que había que «excluir las trascripciones de las conversaciones mantenidas que se refieren en exclusiva a estrategias de defensa»; decisión completamente absurda, pues el derecho fundamental ya se había vulnerado y no era posible la protección a pitón pasado. Y séptima que, pese a todo, el descarte no se hizo, pues las conversaciones interceptadas siguen en las diligencias y hasta se han podido leer en los periódicos.
De la lectura de los autos en cuestión se desprende que ninguno de ellos responde a dos exigencias básicas para adoptar la intromisión. Una, la motivación de la propia medida; otra la existencia de proporcionalidad entre la medida misma y su finalidad. Cualquiera que sea la interpretación que quiera darse al artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal -este precepto sí que es de aplicación-, lo que no ofrece duda es que para la observación y grabación de conversaciones entre abogado y cliente resulta indispensable que en contra de letrado existan indicios de participación delictiva, lo que jamás equivale a sospechas. Esto lo saben todos los jueces de España. El señor Garzón, dentro del secreto sumarial decretado, tenía que haber exteriorizado cuáles eran los datos que justificaban esa intensa ingerencia en el derecho fundamental de los imputados y también en el de sus letrados. Muy al contrario, las dos resoluciones fueron fruto de su libre albedrío, en pleno desacuerdo con la ley. Téngase en cuenta, además, que como los afectados no conocían la medida y no la podían impugnar -algo obvio, pues de conocerse hubiera sido ineficaz-, mayor era la exigencia en la motivación.
La impresión que su señoría da con sus dos irregulares autos, es que para él los letrados son un estorbo en la investigación penal y que ignora que la presencia del abogado, aparte de ser un derecho fundamental del acusado, es un presupuesto indispensable del procedimiento penal. El derecho de defensa, por su carácter absoluto, está protegido por un sistema de garantías reforzadas, en el sentido que el Tribunal Constitucional dijo en la sentencia 58/1998, de 16 de marzo, al afirmar que «el hondo detrimento que sufre el derecho de defensa a raíz de este tipo de intervenciones, se basa en la especial trascendencia instrumental que tiene el ejercicio de este derecho (…)». De ahí que el Consejo General de la Abogacía que preside Carlos Carnicer y del que cabe decir que ha estado, en prontitud y contenido, a la altura de las circunstancias, hiciera público un comunicado denunciando que la actuación del juez Garzón era un «gravísimo atentado contra el Estado de Derecho». Por duras que sean, estas palabras me parecen una censura adecuada.
«No se puede obtener la verdad real a cualquier precio. No todo es lícito en el descubrimiento de la verdad. Sólo puede alcanzarse dentro de las exigencias, presupuestos y limitaciones establecidos en el ordenamiento jurídico». Así, de este modo, empezaba el auto de 18/06/92, pronunciado por el Tribunal Supremo y del que fue ponente Enrique Ruiz Vadillo, en la Causa especial 610/1990, conocida como caso Naseiro. En este sentido hay que recordar que no cabe hablar de pruebas lícitas que procedan de una prueba ilícita. Basta con aplicar la teoría del fruto del árbol envenenado, que tan insistentemente invoca la doctrina científica y que Raúl del Pozo -qué gran juez de paz se ha perdido su pueblo- recordaba el otro día.
Todo nuestro ordenamiento jurídico, pese a que ofrezca algunas lagunas, descansa en esos principios. Buena expresión de esto es el artículo 536 del Código Penal que contempla como hechos antijurídicos la interceptación de las comunicaciones con violación de las garantías constitucionales o legales por parte de la autoridad, funcionario público o agente de éstos. Y lo mismo cabe decir del artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre efectos de las pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales y la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, todas ellas expresiones categóricas de cuanto vengo diciendo.
Pido disculpas al lector por citarme, pero el 23 de julio pasado, en estas mismas páginas, escribí que en el caso Gürtel, como en todos los que llegan a los tribunales, estamos obligados a la claridad, aunque también sospechaba que esa claridad deseada se estaba empañando con la eclosión de determinadas malas prácticas. El tiempo ha demostrado que para alguno cada vez está más confusa la linde que separa lo válido de lo que no vale. No pido la impunidad para quienes hayan podido delinquir. No. El nuevo Leviatán está perfectamente legitimado para combatir el delito, pero sólo a condición de que no haga suyo el lema del viejo Leviatán de que todo está permitido.
Al mirar el saldo de estas cuartillas, me doy cuenta de que me ha salido un artículo complicado, por comprometido, pero el oficio de defender, lo mismo que el de juzgar, se ejerce sin esperanza y sin miedo. Ha sido mi conciencia la que me ha impedido callar lo que pienso a propósito del asunto. Algunos me reprocharán eso de que mientras usted teoriza y se la coge con papel de fumar, los corruptos siguen robando y campando por sus respetos. No puede ser, dirán otros, que los delincuentes se aprovechen de la ley. He ahí la formulación errónea. Cuando se acepta reprimir el delito con eficacia antijurídica se realiza un acto terrible. La aparente inferioridad de la ley es la superioridad de la democracia y la grandeza del Estado de Derecho.
En bien de la moral pública, el asunto Gürtel debe continuar y hacerlo con todas las garantías. Lamentablemente, este proceso ha estado rodeado hasta ahora de demasiadas anomalías que pueden ponerlo en peligro. Lo que preocupa es el riesgo de que esas irregularidades ofrezcan flancos que en su día fundamenten la nulidad de todas las actuaciones. No vaya a ocurrir lo que en el caso Naseiro: que se hurte a los tribunales de justicia la posibilidad de pronunciarse sobre el fondo del asunto. Para que la Justicia pueda llegar hasta el final, es imprescindible extremar el respeto a las normas procesales. Y no es eso lo que ha ocurrido hasta ahora. Debo advertir que este párrafo no es mío. Lo he tomado prestado de un editorial publicado en el diario El País el 19/01/95, titulado Para que el sumario no descarrile, donde se analizaban varias infracciones de la instrucción por el secuestro de Segundo Marey y que luego fueron corregidas por el magistrado Moner, instructor de la causa en el Tribunal Supremo.
Otrosí digo: El 31/03/09, el juez Garzón, en ejecución del auto de inhibición a favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, envió «todo lo actuado» a este órgano jurisdiccional. Quiero suponer que el nuevo instructor, el juez Pedreira, no ha convalidado las ilícitas intervenciones decretadas por su antecesor, que nada más recibir las diligencias dejó sin efecto las medidas y sus derivadas y que por consiguiente, desde entonces, las comunicaciones de los imputados con sus abogados se han desarrollado sin injerencia en los derechos y deberes de unos y otros. Habrá que esperar al próximo alzamiento del secreto para comprobar qué es lo que se ha hecho, aunque se me ocurre que quizá, sin necesidad de mayores dilaciones, o sea, con urgencia, el señor secretario judicial podría expedir la oportuna certificación o testimonio que así lo acreditase. ¡Ojo!

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Perplejidades y parajodas (sic) judiciales/Javier Gómez de Liaño

EL MUNDO, 23/07/09;

Pese al título de este artículo -la errata es del genial Guillermo Cabrera Infante-, no se trata de exponer afirmaciones categóricas ni de proponer soluciones definitivas, sino de una invitación a la reflexión. Muchas de las cosas que desde hace meses y en especial durante las últimas y frenéticas semanas están sucediendo en relación a determinadas cuestiones judiciales, sobre todo con motivo del denominado “caso Gürtel”, producen en el ciudadano común y corriente, al menos en mí, cierto estupor y rechazo, a partes iguales. No obstante, quien esto escribe cree en la Justicia, en el sentido orteguiano y se siente orgulloso de hacer pública su fe. Es un convencimiento adquirido desde la razón. Después de haber vivido desde dentro lo que la Justicia es, va para ocho años que la contemplo atento, mirándola desde fuera, pero desde muy cerca; tan cerca como el estrado de la abogacía. Desde este emplazamiento, comienzo.
1. A propósito del caso Gürtel, en el que debo aclarar que ejerzo la defensa de algunos imputados, creo que como en todos los que llegan a los tribunales, estamos obligados a la claridad, aunque también sospecho que esa claridad deseada se está empañando con la eclosión de algunas malas prácticas. Apuesto por una claridad condicionada, esto es, servida poco a poco y sin pausa. Recuérdese a Goethe cuando nos dice que si la justicia pierde su frialdad, puede devenir en venganza, cosa tan indeseable como la ilegalidad a la que, en Derecho, se debe investigar y, llegado el caso, castigar.
2. Vaya por delante que me parece injusta la acusación general de que todos o la mayoría de los políticos son corruptos. Falso. Son muchos los políticos que actúan por generosidad y no por ánimo de lucro y tampoco es verdad que los partidos sean un semillero de delincuentes, aunque se me ocurre si acaso no sería útil que en cada sede se instalara un mecanismo para detectar a quienes se acerquen a él con intenciones aviesas.
3. Puestos a hablar de responsabilidades, me parece que entre el corruptor y el corrompido es mucho más grave la responsabilidad del segundo. El hombre público ha de ser ejemplar y quien no lo es deja en cueros a quien lo nombró para el cargo y, lo que es mucho peor, al pueblo que lo votó. El político también es responsable por omisiones o negligencias cometidas in eligendo o in vigilando.
4. Hay que perseguir al corrupto, pero la caza -o montería, según señala el último auto del TSJ de Valencia- tiene sus normas. Cada día están más confusas las lindes que distinguen lo válido, de lo que no vale; lo plausible de lo deleznable. La teoría de que el fin justifica los medios, quebró por su base hace años. En buena ley moral, creer lo contrario conduce a aceptar la siempre peligrosa razón de Estado -ese mal absoluto que se disfraza de mal menor- y admitir la siempre escurridiza y tortuosa postura de Maquiavelo, de quien Cela decía que no fue más que un practicón de la política que tanto éxito cosecha como mentor de políticos de medio pelo.
5. La eficacia en la persecución y la severidad deben ser compatibles con el respeto. No lo son cuando lo que prevalece es el afán de aplastar y denigrar al adversario. Aunque a algunos les parezca absurdo, también los delincuentes tienen derechos fundamentales y no son pocos los que se han proclamado pensando en ellos.
6. Un sumario o un procedimiento judicial, por más que se convierta en un secreto a voces, no puede ser la base de un juicio paralelo periodístico y a priori condenatorio, sin que se resquebrajen los cimientos del Estado democrático de Derecho. También conviene recordar que los indicios sumariales no son pruebas hasta que son debatidos en un juicio público, contradictorio y con todas las garantías, incluida la imparcialidad del tribunal. Precisamente por eso, no enervan la presunción de inocencia de los imputados ni de quienes no lo son.
7. El secreto de las actuaciones, cuando se decreta, es la cámara blindada del proceso penal en su fase de instrucción. Si las filtraciones proceden de fuentes judiciales, ningún sentido tiene mantener el sigilo, y el juez ha de levantarlo y permitir que las partes personadas accedan a las diligencias para evitar la indefensión. Si lo aparecido en los medios de comunicación sólo fuera aparentemente judicial, en ese caso habría que corregir lo que sin duda constituye un desafuero.
8. Si las declaraciones de unos o las conversaciones telefónicas interceptadas salen de un procedimiento secreto, no puede extrañar que poco después los acusados en el proceso paralelo y periodístico se defiendan acusando en otro u otros medios de comunicación.
9. El extremado fortalecimiento del Estado conduce al mal uso y peor abuso de su poder, en detrimento de los derechos de los ciudadanos y de los inabdicables principios exigibles al responsable de turno. Eso de que unas conversaciones interceptadas policialmente, y supongo que con autorización judicial, pero rechazadas por el juez instructor y con orden de destrucción, salgan publicadas a bombo y platillo es señal alarmante de delito. Lo que ha pasado, está pasando y mucho me temo que puede seguir pasando en algunos procesos penales es vergonzoso, aunque aquí no se avergüenzan más que los que todavía tienen capacidad para la vergüenza. Baltasar Gracián, con el elíptico valor que a veces da a las palabras, recomienda siempre esforzarse en distinguir lo válido de lo cierto y lo justo de lo eficaz.
10. Aunque creíamos enterrada la semilla de la denuncia anónima y cobarde, desde hace algún tiempo los fantasmas de la delación han resucitado. Buen ejemplo es el de un fiscal que para apuntalar sus débiles tesis echa mano de un narcotraficante condenado a largas penas y en estado terminal por un cáncer galopante, para que cuente, previa concesión del estatuto de testigo protegido, lo que el acusador público quiere oír. Cuidado, porque el cómplice o coautor convertido en acusador agazapado suele dirigir sus dardos contra tirios y troyanos y el tiro, normalmente, le sale por la culata.
11. No sé con precisión qué podemos hacer para evitar este estado de cosas. Sin embargo, creo que algunos remedios caseros hay. Como escribió Francisco Tomás y Valiente, los principios y más si son constitucionales, no se discuten. Si se acepta un determinado sistema no es posible cuestionar los fundamentos en que aquél descansa. Entre otros consejos, quien fue presidente del Tribunal Constitucional recomendaba que la justicia tenía que recuperar su autonomía respecto a la política; que las causas, las normales y las especiales, esto es, las que afectan a aforados, se instruyesen con celeridad y discreción; que los jueces instructores procuraran ser escrupulosos en grado sumo, porque los escrúpulos propios son garantías ajenas; que esos mismos jueces guardasen y protegiesen con el máximo celo el secreto sumarial, llegasen al fondo de sus indagaciones y que cuanto antes fuera posible, sin perjuicio de la investigación, cerrasen la fase de instrucción para pasar a la siguiente, o sea, la del juicio oral con todas sus garantías. Para mí que no era mucho lo que pedía.
12. Vivimos una época enturbiada por el «barra libre procesal», en la que los principios constitucionales parecen haber prescrito. En este panorama salpicado de extravagancias de rábulas y leguleyos no es fácil conservar ni la perspectiva ni la serenidad necesarias. No se trata de poner en duda la honradez profesional de nadie, sino de criticar las incoherencias de ciertos comportamientos procesales que no tienen cabida en el modelo de proceso penal constitucional.
Otrosí digo: «La primera condición del Estado fuerte es la fe del pueblo en la Justicia». Así, con esta cita del gran jurista Piero Calamadrei, Fernando Gómez de Liaño, catedrático de Derecho Procesal y juez en excedencia, comienza un extenso y jugoso análisis que titula La Justicia invertebrada, en el que pone el dedo en la llaga con el propósito de despertar bastantes espíritus adormecidos en la comodidad o en la conformidad desesperada. Tiene razón mi pariente en sus lamentos. Sí; la Justicia tiene mala fama. Es verdad que tampoco la tienen buena -incluso en algún caso, peor- los partidos políticos, el Gobierno o la prensa. Será que cuando el viento del descrédito azota, no queda nada y hasta pagan justos por pecadores.
Segundo otrosí digo. Aunque agosto es tiempo en el que el país cierra y menos mal que no por defunción irreparable y pese a la previsión legal de que ese mes es inhábil a efectos judiciales, con las debidas consideraciones y no menor aprecio, me permito quejarme de la indolencia de un tribunal que prefiere irse de vacaciones antes de celebrar juicio a una persona que lleva en prisión provisional cerca de cuatro años. Con el mismo interés felicito a esos jueces que sacrifican buena parte de sus vacaciones para atender a quienes las tienen pagadas por el Estado dentro de un penal. Y es que está demostrado que cuando nos gusta nuestro oficio, lo ejercemos con respeto. Y viceversa.
Tercer otrosí digo: ¿Qué pasa en el Consejo General del Poder Judicial para que algunos de sus miembros, en unos momentos en los que la gente está con el agua al cuello, se sitúen en el polo opuesto y tengan como inmediata preocupación subirse el sueldo? El venerable don José Castán Tobeñas, aquel gran presidente del Tribunal Supremo, afirmaba que una de las más firmes características del juez español era su falta de apego a los bienes materiales. Nuestra judicatura siempre supo distinguir lo adjetivo de lo sustantivo. A un gran magistrado ya muerto varias veces le oí decir que para un juez la mejor receta era la de no tener jamás un duro de sobra ni cuatro reales en falta.

Obama bajo fuego

Obama, bajo el fuego de los progresistas/Barbara Probst Solomon

Traducción de Jesús Cuéllar Menezo

Publicado en (EL PAÍS, 17/10/09;

Mientras a Obama le concedían el Premio Nobel de la Paz, en Estados Unidos el presidente se metía en un lío con sus votantes progresistas por su inactividad en los grandes problemas y por cortejar demasiado a los republicanos. Durante un apasionado discurso en el Congreso, el joven abogado de Florida Alan Grayson fascinó a la Cámara con un estilo cinematográfico realmente parecido al de James Stewart en Caballero sin espada. En primer lugar, rechazó la desagradable reacción de los republicanos ante el Nobel concedido al presidente: “Si Obama llevara la paz al mundo, los republicanos le acusarían de arruinar al sector de la defensa; si Obama se comiera un sándwich de beicon con tomate, prohibirían el beicon”. A continuación se lanzó contra sus compañeros demócratas por la ineficacia mostrada en la reforma sanitaria: arremetió contra ellos por pasarse más de seis meses buscando el posible y único voto de Olympia Snowe, elegida por Maine, señalando que ésta no había sido elegida presidente, que carece de poder de veto y que representa a un Estado que únicamente tiene el 0,5% de la población del país, y que, como los republicanos sólo saben decir que no, los demócratas podían, y debían, aprobar una buena ley de asistencia sanitaria sin ellos.
Expresaba así lo que la mayoría de los estadounidenses desea realmente: una auténtica reforma sanitaria, no la pura y simple aprobación de una ley ineficiente. En este desesperado momento, en el que muchos estadounidenses carecen de empleo y han perdido su casa, las facturas sanitarias tienen mucho que ver con su endeudamiento. Según un informe de la Universidad de Harvard, más de 44.000 estadounidenses mueren anualmente por falta de asistencia médica.
Grayson apoya a Obama, pero su discurso señalaba el talón de Aquiles del presidente: la necesidad de demostrar siempre que está por encima de la pugna política y su postura excesivamente conciliadora con los republicanos y el mundo financiero. Hasta el momento, sus políticas han recompensado a los bancos, a Wall Street y a las empresas sanitarias privadas. No ha hecho lo que Roosevelt no tardó en hacer durante la Depresión de la década de 1930: crear empleo, empleo y más empleo. Tampoco ha demostrado la audacia de Lyndon Johnson, que mandó a paseo a su propio Sur y metió en vereda a las Cámaras para que aprobaran las leyes de protección de los derechos civiles. Uno se muestra conciliador al negociar la paz en Oriente Próximo, no cuando el Partido Republicano está poniendo en peligro el bienestar nacional. Yo también apoyo a Obama, pero reconozco que le preocupa excesivamente dar la imagen de que está por encima del bien y del mal.
A Bill le gustaban demasiado las faldas, a George W. su Dios interior, y ahora nos estamos enterando de que al brillante Obama le pasa lo mismo con su propia imagen.
Entretanto, el presidente se ha metido en un berenjenal en Nueva York, al conceder prácticamente, por activa y por pasiva, su apoyo al multimillonario alcalde Bloomberg en las próximas elecciones municipales, dejando de lado al candidato demócrata. A pesar de las súplicas de los demócratas, Bloomberg, que unos días se levanta republicano y otros ligeramente independiente, apoyó la candidatura de John McCain y Sarah Palin. De este modo, Obama comete una doble herejía, porque está arrojando a su partido a los pies de los caballos y, siendo presidente, se está metiendo en política municipal; un tiro que, como hasta Roosevelt tuvo que aprender en la década de 1930, siempre sale por la culata. El New York Times casi no podía contenerse. Su fulminante titular decía: “Obama, demócrata en jefe, no es de mucha ayuda para el partido en las elecciones municipales”. Los demócratas de la ciudad y del Estado, el senador Chuck Schumer, líder y puntal del partido, la senadora Kirsten Gilibrand, el gobernador Patterson y los sindicatos iniciaron inmediatamente su campaña a favor del aspirante demócrata Bill Thompson, que, por cierto, es el primer interventor negro de la ciudad y participó activamente en la campaña a favor de Obama. ¿Acaso el presidente se está dejando cegar por el poder de Bloomberg, por esa capacidad suya para forzar un cambio en el límite de dos legislaturas que pesa sobre los alcaldes, algo que por tanto le concedería la victoria en los próximos comicios?
Todo esto llega después de varias meteduras de pata: el presidente irritó a los neoyorquinos al intentar (infructuosamente) que la inexperta Caroline Kennedy ocupara el puesto de senadora que Hillary había dejado vacante, y volvió a irritarlos cuando pidió al gobernador Patterson su retirada, aduciendo que quizá no ganara las elecciones frente a un republicano de peso.
Chicago es una ciudad de arquitectura sorprendente, intelectuales brillantes, sinvergüenzas, niveles inimaginables de pobreza y delincuencia, y maquinarias políticas terriblemente enraizadas. Pero Nueva York es diferente, no somos Chicago, que da a sus políticos en ciernes lecciones de comportamiento erróneas, y, desde luego, tampoco somos Washington. Tal como muestra Gangs of New York, la gráfica película de Martin Scorsese, aquí tenemos un pasado brutal y corrupto. A comienzos del siglo XX, lo que dominaba nuestra política era la maquinaria de Tammany, que, compuesta sobre todo por irlandeses, contaba con unos pocos italianos y judíos. En la limpieza, que posibilitó el debilitamiento de Tammany, tuvo que ver la aparición de un Partido Republicano progresista, dominado por empresarios. Durante las campañas electorales, las grandes instituciones financieras y las pequeñas empresas, para cubrirse las espaldas, suelen hacer aportaciones tanto a demócratas como a republicanos, pero Obama no comprende los límites políticos de esa coexistencia.
Estados Unidos se encuentra en una situación peculiar. Evidentemente, en todo el país son impopulares las posiciones actuales del Partido Republicano, que ha caído en un caos populista propiciado por Sarah Palin, que carece de liderazgo. Y si nos convertimos en un país de partido único en el que sólo haya demócratas correremos el riesgo de incurrir en la debilidad moral. Pero la transformación del Partido Republicano, si llega a ocurrir, y desde luego yo espero que sea así, no es un problema de los demócratas, sino de los propios republicanos. En la Costa Este, los republicanos son una especie casi en extinción, y sobreviven principalmente al sur y al suroeste, entre un puñado de lunáticos que, aunque carece de capacidad para ganar elecciones, da a conocer sus prejuicios, su ignorancia y sus odios en el amplio territorio de Internet y los magacines televisivos.
Está claro que Bloomberg no es de esa clase de republicanos y hay que reconocer que ha hecho cosas buenas para la ciudad. Pero su dinero también le ha permitido llevar a cabo cambios dictatoriales. El día que se otorgó el Nobel de la Paz, cuando un reportero del New York Daily News pidió al portavoz de Obama que dejara claro a quién apoyaba el presidente para la alcaldía de Nueva York, lo primero que Gibbs espetó, de mala manera, fue: “Vosotros, reporteros que sólo pensáis en Nueva York”. Después, presionado, y consciente de la atención negativa que se estaba prestando al incidente, reconoció que en la ciudad Obama apoyaría “al candidato demócrata a la alcaldía”, pero sin mencionar el nombre de Thompson (con amigos como éstos, ¿quién necesita enemigos?). A continuación, acompañó este tibio aval con afables comentarios sobre Bloomberg. Obama no fue elegido para representar ni a los grandes intereses financieros ni a los republicanos. Y no hay que enfrentarse a los propios votantes. Ted Kennedy podría habérselo explicado.

Descuartizados en Guerrero

Nueve descuartizados en Guerrero
EZEQUIEL FLORES CONTRERAS
Chilpancingo, Gro., 16 de octubre (agencia apro).- Nueve cuerpos descuartizados fueron encontrados la noche de este jueves en el municipio de Tlapehuala. Sus ejecutores dejaron mensajes escritos por el cartel de la "Familia Michoacana".De acuerdo con un reporte oficial, cerca de las 11 de la noche una llamada anónima a la sede de la policía municipal de Tlapehuala, región Tierra Caliente, alertó sobre una camioneta Nissan con placas del estado de México que estaba atravesada sobre la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano en el tramo Arcelia-Tlapehuala.En el lugar las autoridades locales encontraron los restos humanos en el interior de bolsas negras que fueron dejadas en la caja de la camioneta, así como dos cartulinas con los siguientes mensajes: "La Familia no mata inocentes, muere quien tiene que morir, ahi esta tu gente ah y salgan a pelear bola de putos. Atte FM" y "Salgan a pelear bola de putos. atte FM".Autoridades ministeriales determinaron que los restos encontrados corresponden a nueve hombres que fueron desmembrados en 13 partes, todos tenían el tiro de gracia y algunos portaban pantalón táctico y playera negra, similar al uniforme que utiliza la policía estatal.

¿Izquierda=?

¿Izquierda?/Jaime Sánchez Susarrey

Publicadoe en Reforma, 17 de octubre de 2009;

A lo largo del siglo XX, la izquierda se asumió como una corriente revolucionaria y progresista. No había dudas ni cuestionamientos. En el campo científico, el marxismo-leninismo desmantelaba la ideología burguesa. La economía de mercado y la democracia formal eran velos que ocultaban la realidad, es decir, la opresión y la explotación de la clase obrera por la burguesía.La superioridad moral se daba por descontada. Mientras que el liberalismo se definía como la ideología de la clase propietaria, el socialismo representaba los intereses de toda la humanidad. El camino de la revolución terminaría en la fase comunista con la verdadera igualdad, la absoluta libertad (abolición del Estado y el trabajo) y se retribuiría a cada quien según sus necesidades. En suma, el mundo perfecto de la abundancia y la felicidad.

La superioridad del socialismo se fincaba en las leyes de la economía y de la historia. El capitalismo estaba destinado al fracaso. Las crisis económicas recurrentes lo hundirían y crearían las condiciones objetivas para la revolución proletaria. La tarea de los socialistas (comunistas) era guiar a los obreros en la destrucción del Estado burgués para edificar el nuevo orden. La economía de mercado y la democracia serían arrojadas al basurero de la historia.Pero los sueños de la razón, como advertía Goya, engendran monstruos. La gran utopía de los siglos XIX y XX se materializó en el Gulag. Millones murieron en los campos de trabajo forzado de la URSS. La economía planificada jamás rebasó a la economía de mercado. Amén de que la ciencia y la técnica "capitalistas" superaron siempre los logros socialistas. Pero lo más importante fue la victoria moral: el liberalismo y el Estado democrático preservaron libertades que los socialistas abrogaron para someter al individuo al terror totalitario.

El fin de la historia es conocido por todos. La caída del Muro de Berlín en 1989 cerró el siglo XX. El "socialismo real" fue sepultado. La izquierda occidental fue desprendiéndose de los mitos socialistas paulatina y desigualmente. Al final adoptó dos principios esenciales de la modernidad: la economía de mercado y la democracia formal. No sólo eso. Abandonó la idea de representar a todo el pueblo, para no hablar de la humanidad en su conjunto.

En México ese cambio fue contradictorio. El Partido de la Revolución Democrática nació el mismo año de la caída del Muro de Berlín. Fusionó dos corrientes estatistas: el nacionalismo-revolucionario priista y el socialismo marxista-leninista en todas sus variantes. Ambos desconfiaban -por decirlo suavemente- de la economía de mercado, creían en la lucha de clases y veían con recelo -o condenaban- la democracia formal, sin adjetivos. Todos tenían y tienen fe ciega en el Estado.A la fecha siguen venerando la revolución Cubana y son muy pocos los que se atreven a criticar a Fidel Castro. Su empatía con Hugo Chávez no es ningún misterio. Pero lo esencial está en el temple autoritario: se asumen como los verdaderos y únicos representantes de los intereses populares, y descalifican a sus adversarios como enemigos de los obreros y campesinos. Además de que adoptan los principios de la economía de mercado de dientes para fuera.No debe, por lo tanto, sorprender lo que estamos presenciando. La liquidación de la Compañía Luz y Fuerza del Centro despertó sus peores instintos y demonios. Todos están en su naturaleza. Nada es nuevo. Pero en esta ocasión, más que en ninguna otra, el rey va desnudo y no se ha dado cuenta. Marx decía que la historia se repite: la primera vez ocurre como tragedia y la segunda como farsa. Y eso es justamente lo que está sucediendo con la izquierda.

Los hechos y las cifras no mienten. El Sindicato Mexicano de Electricistas goza de una serie de privilegios que no sueña el resto los obreros. La jubilación se alcanza a los 30 años de trabajo, obtienen permisos con goce de sueldo hasta por 10 meses en un año, se embolsan viáticos -transporte, alimentación, hospedaje, etcétera- aun cuando el traslado sea en la misma ciudad y reciben 350 kilowatts/hora al mes -que equivalieron en 2008 a 540 millones de pesos.

Lo más grave, sin embargo, es el costo que Luz y Fuerza del Centro representa para las finanzas públicas. Entre 2003 y 2008 las transferencias se han duplicado pasando de 21 mil 43 millones de pesos a 42 mil 316 millones de pesos. La liquidación de la empresa se impone por un simple cálculo racional. Esos recursos que sirven para mantener el trabajo de más de 43 mil empleados podrían ser utilizados para duplicar el programa de Oportunidades y beneficiar a 25 millones de mexicanos en pobreza.Y todo esto sin mencionar que Martín Esparza es famoso y ejemplar como líder charro. Porque la corrupción del comité central del sindicato es un secreto a voces. Además que en la pasada elección interna para renovarlo se cometió una serie de irregularidades. Por eso la defensa del SME es la defensa de la corrupción y de privilegios inaceptables.

No es la primera vez que la izquierda opta por lo peor. Lo hizo en 1989 cuando se detuvo a La Quina, líder moral del sindicato de Pemex. Hoy se repite la historia, pero en forma más grotesca. Imposible, por desgracia, descartar que el SME y la izquierda hagan recular al gobierno. Si eso sucede, Calderón habrá perdido la batalla decisiva. Lo sabremos en los próximos días.Pero ocurra lo que ocurra, ya quedó claro que la izquierda mexicana no tiene ni tendrá jamás remedio. Su defensa de los privilegiados va contra los más pobres y contra todos los ciudadanos. Su crisis moral y política es total.

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La Luz y la Fuerza/Javier González Garza

Reforma, 17 Oct. 09

La decisión de liquidar Luz y Fuerza del Centro, tomada por Felipe Calderón, demuestra que a pesar de la alternancia en el Ejecutivo, el régimen político permanece intacto.El sistema político sigue exigiendo a las dirigencias sindicales control de sus agremiados, sometimiento al poder del Presidente y apoyo irrestricto en sus políticas, además, claro está, de respaldo electoral. El apoyo de tales "sectores" fue necesario, pues legitimaba un sistema de partido de Estado que no respetaba las elecciones.

Era de suponer que, una vez consolidada la transición democrática, se prescindiera de esos métodos de control y legitimación, pues la legitimidad se ganaría con los votos y por la actuación democrática de los gobiernos. Evidentemente esto no sucedió. El sindicato de trabajadores de Pemex es un ejemplo claro de ello. Se ha demostrado en diferentes ocasiones la corrupción de sus líderes, como en el Pemexgate, cuando se desviaron cientos de millones de pesos. El apoyo del SNTE a la campaña de Calderón es bien conocido y todos los días sufrimos las consecuencias de ese contubernio .Esos casos y en los miles de contratos de protección reconocidos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social podemos constatar que, efectivamente, el poder requiere el control y apoyo de los sindicatos. Es por ello que un sindicato como el SME resulta incómodo, pues no cumplió esas reglas no escritas y por ello hay que liquidarlo aplicando todo el poder del Estado.

El gobierno argumenta que los trabajadores son los responsables de lo mal administrada que está esa empresa. El que muchas instituciones públicas no paguen su cuenta de luz, que grandes empresas hagan millonarios robos de energía, que Luz y Fuerza ya no produjera electricidad y que se le haya ahogado presupuestalmente en los últimos años no es de forma alguna responsabilidad de los trabajadores. Los trabajadores no fijaron las tarifas a las que Luz y Fuerza compraba la energía en bloque a CFE, ni el precio al que se vende a los usuarios. Sin duda hay problemas de servicio como en la mayoría de las empresas, pero eso debería resolverse por la administración. Pero paradójicamente, en los últimos años, era el SME el que presentaba en la Cámara de Diputados las necesidades presupuestales para emprender los proyectos de modernización y mejora del servicio, nunca los administradores de Luz y Fuerza.

Otro argumento que cae por sí mismo es el de las prestaciones y el contrato colectivo. El efecto mediático amarillista con que se quiere revestir este asunto es lamentable. Los contratos colectivos de trabajo se acuerdan y son firmados por el patrón y la representación sindical, así que estas autoridades no pueden llamarse a sorpresa, y en todo caso deberían ser corresponsables en el tema. En algunas negociaciones contractuales la negociación llegaba al acuerdo de que el aumento salarial se pagaría en especie y esto no puede ser presentado ahora como un abuso de los trabajadores. Algo parecido pasaba en algunas instituciones nacionales, en las que, ante la falta de recursos, se pactó una reducción del número de horas laborables y en algunos casos se pasó de ocho a cinco horas, permitiendo que esos trabajadores encontraran otro trabajo para "completar" su ingreso. Pero la más soterrada razón para liquidar Luz y Fuerza se hará pública tarde o temprano. Se trata de la red de fibra óptica en el tendido eléctrico, controlada en casi todas las entidades por la CFE y en el centro del país por Luz y Fuerza. El potencial económico de ese tendido de comunicaciones, en el centro del país, es monumental y la ambición, incontenible. La posibilidad de proveer servicios de "triple play" con esa infraestructura tiene muy ansiosos a grandes y privilegiados inversionistas, que, para variar, tienen vínculos con el gobierno. El autonombrado "presidente del empleo" y de las manos limpias transgredió gravemente el Estado de derecho y generó más desempleados que nadie en un solo acto. Por un lado invade la esfera del Legislativo al decretar la desaparición de una entidad que el Congreso le ordenó crear. Luego actúa en la ilegalidad al tomar instalaciones sin que esté fundada y motivada su actuación, dejando en la calle a más de 44 mil trabajadores.

El control de las comunicaciones y la energía deben ser del Estado. Vamos a ver muy pronto el intento de este gobierno de entregar al capital privado esa infraestructura estratégica de la nación. Parece obvio que el gobierno no ha tomado en cuenta la defensa que los mexicanos pueden hacer de lo suyo.En este conflicto se deben salvaguardar tres asuntos centrales: la energía y las comunicaciones como factor estratégico del desarrollo en México; la legalidad con que debe actuar siempre un gobierno republicano, y el empleo de miles de mexicanos en la peor crisis económica de la historia.Históricamente la izquierda ha llamado a cumplir la ley y a combatir la ilegalidad del "régimen despótico y autoritario de partido de Estado". Hoy continuamos con esa demanda contra un régimen que a todas luces no ha cambiado.