24 jun 2010

Gómez Mont en Ixtapan de la Sal

El Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, durante la inauguración del Foro Binacional de Medios: Los Retos de la inseguridad y la violencia, México-Estados Unidos
Ixtapan de la Sal, Estado de México, a 21 de junio de 2010
Muy buenas tardes a todos ustedes.
Bien pasada la lista de todas las distinguidas personalidades que nos acompañan. Déjenme saludarlos como lo que son: Amigos y compañeros en esta lucha: Mi querida Beatriz, Ulrich, Perla, Juan Francisco, Arturo, Carlos, Enrique, Marcos, Raúl, Stephanie.
Muy buenas, tardes señoras y señores.
Nos congrega hoy un espacio de reflexión que, en mi opinión, es fundamental en este momento de la República.
Por años, la transición democrática se construyó sobre la necesidad de construir reglas claras para la competencia entre los diversos actores políticos, reglas que fueran asumidas por ellos, aceptadas por ellos y que dieran lugar a procesos cuyos resultados fueran aceptados por ellos. El país ha avanzado en este camino.
Para ello, se requirió que una generación que había sido estigmatizada por prácticas autoritarias asumiera como compromiso de vida la construcción de instituciones democráticas.
Inclusive esa misma tradición, en mi percepción, dio lugar a que la transición democrática se construyera con algunas insuficiencias; prácticas de autoridad que en el pasado hacían valer el Estado de Derecho fueron cuestionadas, inclusive desvirtuadas, alguna parte del Estado fue desmantelado bajo un discurso democrático.
Con el tiempo, a esa generación de la construcción democrática le viene sucediendo una generación que creció bajo el estigma de la inseguridad creciente.
Nuestra generación creció bajo los signos de crisis financieras y bajo los signos de niveles de inseguridad crecientes.
Los que tuvimos el privilegio de niños de poder jugar en las calles y salir en la bicicleta, empezamos a verle negado ese derecho a nuestros hijos.
De ahí que, como generación marcada por su propio contexto, imprimiera o incorporara a la reconstrucción democrática del Estado mexicano la reconstrucción de sus instituciones de seguridad; pero ahora bajo una lógica democrática, ahora asumiendo un diagnóstico debidamente socializado, discutido con los diversos elementos de la sociedad, asumiendo una postura y una visión que se comunica a la sociedad, y buscando generar los consensos políticos necesarios para transformar las instituciones desde los espacios democráticamente constituidos como el Congreso de la Unión o como la Conferencia Nacional de Gobernadores.
Desde ahí, la cohesión de la inseguridad ha sido profunda materia de reflexión entre todos nosotros, desde ahí se van construyendo compromisos que hoy explican un cambio de prioridades en las estrategias del Estado mexicano que se materializan en los aumentos de presupuesto para las tareas de seguridad.
En la reconstrucción más profunda que se ha hecho de las instituciones de seguridad en México, a través de la aplicación de recursos para generar estas instituciones, hoy México cuenta con una Policía Federal de más de 34 mil personas, cosa que no sucedía en el pasado y que precisamente -por ejemplo- permite la desmilitarización de ciertas tareas de seguridad pública que se daba en el pasado a fin de que fuerzas de seguridad, constituidas desde la lógica civil, cada vez asuman una mayor relevancia y un mayor protagonismo en esta tarea.
Éste es un cambio de paradigmas fundamental en un Estado democrático, también la revisión de los procesos mediante los cuales la autoridad puede ejercer su función.
El Congreso de la Unión ha dado autorizaciones sin precedente para la labor de la seguridad, como puede ser la intervención de las comunicaciones privadas que bien la manejan los organismos de inteligencia para los fines de la seguridad nacional, los organismos policiales para la prevención del delito y los organismos ministeriales para la persecución y sanción de los delitos concretos; o bien la aprobación de la figura del arraigo, hoy sometida a una gran discusión, o la Reforma Constitucional para los Juicios Orales que está en proceso de implementación.
Ésta es una profunda reflexión de la exigencia de México de hacer de su democracia funcional en términos de procurar seguridad a los ciudadanos.
No existe democracia sin legalidad, la democracia es una forma de gobierno y eso es algo que no se puede ni se debe olvidar. Y para que la democracia funcione tiene que estar aparejada de un juego de reglas, éstas ahora en construcción; un juego de reglas que sean asumidas por todas las partes como exigencias naturales, lógicas y razonables a las acciones de autoridad, como delimitaciones de la conducta de los particulares, inclusive como marco de obligaciones para los particulares a fin de que se pueda consolidar la garantía de sus derechos.
La libertad no sólo pasa por la participación, también pasa porque en el marco de su ejercicio existan condiciones que la garanticen y que permitan su ejercicio adecuado, para que los hombres y mujeres de México puedan ejercerla sin temor a la represalia o a la violencia de ejercer.
Así pues, ambas generaciones -las que construyeron el proceso democrático del país y las que están construyendo el proceso de la consolidación de la cultura de legalidad- se reúnen en un momento de la vida de México fundamental como es la celebración de los Centenarios, para ratificar su anhelo de vivir en paz y en libertad; al mismo tiempo, para clarificar su compromiso para construir una sociedad más comunitaria, menos inequitativa, más funcional, más competitiva, más eficiente.
Para que todo esto suceda debemos generar espacios de reflexión como los que ahora suceden porque todos incidimos en la producción de realidad.
Así como hubo una revolución agraria y una revolución industrial, hoy hay un consenso prácticamente unánime de que vivimos en la época de la información, que la información determina actitudes, determina patrones sociales de conducta, determina comportamientos políticos.
Hoy, en una sociedad democrática como la mexicana en formación, lo he dicho, en las elecciones presidenciales el 80 por ciento de la votación ha modificado su decisión electoral en las últimas elecciones; en las intermedias, el 60 por ciento del electorado ha votado diferenciadamente en las últimas elecciones.
México es un electorado que no está secuestrado por las marcas políticas. El poder político lo asigna un centro social en función de las circunstancias que imperan al momento de la elección, y frente a las alternativas reales y concretas que se les presentan.
No es posible entender las elecciones pasadas sin partir de este presupuesto.
Asimismo, desde la política constantemente se retroalimentan las decisiones y los comportamientos de los políticos a partir de revisar la percepción de la opinión ciudadana.
Así pues, la existencia de una opinión pública y su interacción con los comportamientos del poder se construye fundamentalmente sobre los medios de comunicación.
La manera en como se comunica la violencia, ya sea desde la comunicación política de los gobiernos o desde los propios medios, incide en la realidad. Hay evidencias importantes en esto.
Múltiples experimentos realizados en los setentas y en los ochentas señalan cómo a partir de ciertos modelos de comunicación se generan comportamientos de imitación.
Hoy en el país, por ejemplo, el año pasado, en Ciudad Juárez, se dio la versión de que una de las bandas en disputa por la ciudad había predominado y avasallado a la otra. Éste es uno de los factores que explicaran que en ese mes se incrementara la actividad de las bandas en conflicto para acreditarse, unas a otras y ante la opinión, que la ciudad seguía en disputa.
La diferencia en ese mes de muertes, frente al mes anterior, fue de 60 personas.
Cabe preguntarse: ¿Con una comunicación distinta este incremento se hubiera dado?
Vemos con preocupación que aumenta la frecuencia de organizaciones criminales de reciente factura, dedicadas al secuestro y a la extorsión, que buscan espacios de oportunidad en el clima de zozobra que se vive en muchas ciudades.
Ésta es una condición que facilita o no ciertas actividades criminales.
Es a partir de estas reflexiones en que todos tenemos que encontrar los espacios de responsabilidad.
Yo he sido un defensor de la libertad toda mi vida, como joven político, como abogado y ahora, como Secretario de Gobernación. Estoy absolutamente convencido que la defensa por la seguridad es una defensa por el goce de las libertades y de los derechos fundamentales que nos permiten vivir con dignidad y calidad de vida, y que la vida merece vivirse así y que hay que construir las condiciones.
Como generación asumimos el diagnóstico que ya no podíamos diferir el tratamiento del problema. Fueron los incrementos de violencia lo que obligó al Gobierno Federal, y luego a los gobiernos de las entidades, a reconocer ese diagnóstico y actuar en consecuencia.
No se pueden explicar de otra manera los altos grados de consenso político que ha significado la aprobación de las medidas para reforzar la seguridad en el Estado mexicano -lo regreso- a nivel del Congreso federal, a nivel de la Conferencia Nacional de Gobernadores y a nivel de las propias acciones del Gobierno Federal.
Ésta es una materia en la que, a pesar de múltiples esfuerzos para partidizarla, sigue la obstinación para preservarla como una tarea de Estado, que no sea materia de división entre los actores políticos, salvo para denunciar casos de abuso o corrupción, que es un ejercicio democrático legítimo y una obligación fundamental de los actores políticos en una democracia moderna.
Salvo eso, en todos los demás casos el consenso ha sido prácticamente generalizado.
Hoy, en este espacio de reflexión, los medios de comunicación tienen que señalarle al Gobierno algunas de sus obligaciones que no siempre están presentes.
Yo coincido que hay una relación entre la comunicación política de la violencia y la percepción de la violencia. Sin embargo, se da en un ciclo de afectaciones mutuas, en donde ya no saben después qué fue primero: el huevo o la gallina.
Existe una percepción de desorientación en las estrategias para la seguridad, luego el gobierno asume una comunicación política para tratar de sacar sus tesis en la complejidad de la comunicación social y así, en ese esfuerzo por estar definiendo una política integral, cohesionada y coherente de información en términos de seguridad, también -y es cierto- se da el riesgo de que se esté retroalimentando la percepción de seguridad.
Muchos países que han enfrentado el problema de la delincuencia organizada como Colombia, como el propio Estados Unidos, como España en relación al terrorismo, han coincidido que al final, la manera de comunicar las tareas de seguridad y la manera de constituir la percepción de la violencia incide en los niveles de violencia misma.
Así, Colombia hizo su famoso Acuerdo por la Discreción; en España, los propios medios fijaron su manera de comunicar los actos terroristas y la política antiterrorista del Estado español. Esa es la reflexión a la que queremos llegar.
Yo no admito libertad sin responsabilidad.
La libertad es un ejercicio de opciones que siempre tiene efecto sobre los demás; una libertad impotente o inocua es socialmente irrelevante, políticamente inexistente.
Sólo los actos de libertad que tienen consecuencia sobre las acciones de los demás son relevantes para la política y para los medios. Los otros son estrictamente actos de intimidad.
En ese sentido, toda vez que la libertad establece consecuencias positivas y negativas sobre los otros, tendremos que encontrar los esquemas para reconocer esas consecuencias, para poder asumir su vinculación con tal o cual hecho y, a su vez, para establecer los correctivos.
Si podemos hacer ese camino desde la democracia, con la participación de todos, México sale ganando porque aparte no hay manera -¡no hay manera!- de hacerlo de manera distinta sin arriesgar la esencia que tenemos como demócratas o como Estado democrático fundado en el respeto a los derechos fundamentales.
Así pues, bienvenida esta reflexión.
Como representante del Gobierno Federal asumo con honradez y con humildad intelectual los dictados que aquí se pueden hacer respecto a la manera en que el gobierno incide en la construcción de este clima de inseguridad.
Solicito de los medios de comunicación actitud idéntica, que nos ponga en el mismo nivel a la hora del democrático acto de reflexionar juntos sobre los unos y los otros, y en ese sentido, avanzar en la construcción de una cultura de la legalidad.
Recordemos que una de las principales labores de los medios de información es construir y consolidar cultura; a nivel nacional, se construye una cultura de la democracia, ahora estamos buscando consolidar su consecuencia inmediata y fundamental, una cultura de la legalidad.
Debemos revisar qué actos de unos y otros la construyen y qué actos no; debemos revisar el lenguaje de la comunicación para que no se construyan juicios acelerados y contumaces sobre la acción social que se esté criticando.
Hoy por hoy, uno de los dilemas de las democracias modernas es simplemente la diferencia de velocidad para el procesamiento mediático de un hecho frente a su procesamiento institucional y se tiene que encontrar un camino en donde el procesamiento institucional que está sometido a reglas de respeto a derechos fundamentales, que está sometido a una regla de la división de funciones entre jueces, acusadores y defensores, que está sometido a la complejidad de buscar en equilibrio un proceso dialéctico que nos lleve a construir una certidumbre, no se vea desconocido, depravado, despreciado por la dinámica mediática.
Y eso obliga a que los propios medios revisen su lenguaje en cuanto a la precisión de las calificaciones que imputan.
Hay presuntos responsables, acusados, asesinos y ladrones. En un sistema democrático esas calificaciones sólo suceden cuando un proceso legal ha concluido.
Generar una inercia de información propia de climas de linchamiento pone en riesgo las libertades de todos y el prestigio de todos y cada uno.
Construir una cultura de las certidumbres, para dejar una cultura de las sospechas es tarea esencial de la democracia y sin la cual esta reflexión común es imposible poder consolidarla.
Así pues, yo agradezco estos ejercicios. Yo lo agradezco en nombre de un gobierno que constantemente se ve en la decisión de mandar a muchos espacios del país a soldados, marinos y policías, que lejos de sus espacios familiares asumen riesgos sobre su vida para servir a comunidades que aveces, por no encontrar un clima social adecuado, los rechazan generando una distancia entre la autoridad y la sociedad que se pretende servir, que poco colabora para que esa autoridad tenga la eficiencia suficiente para que el sacrificio y los riesgos que toman redunden en beneficios sociales, a través de una acción más efectiva.
Yo lo agradezco en torno a un gobierno que quiere socializar el diagnóstico y asumir dictados democráticos en materia de seguridad.
Yo agradezco estos espacios en donde se reconozca que en materia de seguridad en México y en todo el mundo, hay cosas que el Estado está obligado a callar por la propia necesidad de seguridad, muchas veces desde la identidad de los miembros que aparecen en operativos, para que no se vean mancillados como sucedió, y amacijados en sus familias, como sucedió en el caso de Cuernavaca, que tuvo sus efectos en Tabasco.
Un Estado que tiene que guardar confidencialidad en torno a las estrategias que toma, para no alertar a las organizaciones criminales del grado de fuerza que puede aplicar, en un momento dado, para combatirlas y con ello obtener las situaciones de ventaja táctica que moralmente obligan a una fuerza a entrar en condiciones de ventaja sobre otra para someterla y con ello cumplir el deber que la ley les otorga.
Yo lo agradezco en nombre de un Estado que busca afilar su identidad democrática, bajo la premisa fundamental de fortalecer una cultura de legalidad, pero no una cultura de legalidad formalista y ajena a la vida; la cultura de una legalidad de leyes formadas por representantes democráticamente electos que, a su vez, puedan llevar ante la ley los intereses, los valores y los anhelos de la sociedad.
Por eso, también lo hago desde un gobierno que propone una Reforma Política para evitar esta peligrosísima ventaja que se está dando entre clase política y ciudadanía; donde es fundamental reconectarnos bajo una lógica democrática, que garantice el futuro y la estabilidad del sistema político en las próximas décadas.
Lo agradezco desde quien dejó la labor ciudadana y la labor libre independiente como abogado para concurrir a una tarea política, a fin de asumir deberes que le permitieran el día de mañana responderle a su hija, que podía contar con un país mejor y que la generación sacrificada a la inseguridad había quedado en él y le podía dejar a sus hijos un país más nuevo, más libre y más próspero.
Desde todo esto lo agradezco y les pido y les exijo la más honrada de las reflexiones, de la crítica y la autocrítica porque México se juega mucho en esto.
Porque como parte de una generación que construye instituciones para el presente y para el futuro, todos somos beneficiarios de lo bueno que hagamos y perjudicados de nuestros errores.
Y por ello, porque los puntos ciegos que cada uno tenemos como seres humanos se minimizan en la interrelación, en la colaboración, en la cooperación y en la crítica honrada, es que para mí, y les pido me acompañen, por favor, para que siendo las cinco y media del día 21 de junio del año 2010, es para mí un honor inaugurar este Foro Binacional "Los Retos de la inseguridad y la violencia México Estados Unidos", en espera que sea un trabajo fértil, productivo, patriótico para los dos países y que sirva para lo que todos queremos: Para reconquistar la paz y la seguridad para nuestros pueblos.
Muchas gracias.

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