XXIX sesión del CNSP

El Presidente Calderón en la XXIX Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública

2010-11-18 | Discurso

Muy buenos días.

Señora y señores Gobernadores, integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Señor Diputado Francisco Salazar, Vicepresidente de la Cámara de Diputados.

Doctor Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Señoras y señores Secretarios de Estado, integrantes del Consejo Nacional de Seguridad.

Ingeniero Andrés Ruiz Morcillo, Presidente de Othón Blanco, Quintana Roo; Presidente de la Comisión Nacional de Seguridad Pública Municipal.

Señoras y señores representantes de la sociedad civil.

Señoras y señores representantes de los medios de comunicación.

Distinguidos invitados especiales.

Señoras y señores:

En mi calidad de Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, les doy la más cordial bienvenida a la XXIX Sesión de este Consejo.

Saludo respetuosamente a los Gobernadores que hace poco tomaron posesión de su cargo: Gobernador de Durango, Gobernador de Zacatecas, señor Gobernador de Chihuahua.

Y saludo, también, a los Gobernadores Electos aquí presentes, en esta Sesión de Consejo. Es un honor recibirles en éste, que es el órgano superior de coordinación por la seguridad pública de los mexicanos.

Sabemos y estamos plenamente conscientes que la situación en materia de seguridad es una preocupación honda y compartida por todos los mexicanos. Hoy la criminalidad pretende que vivamos con miedo, bajo la amenaza constante de su acción a través del asalto, la extorsión, el secuestro y, por supuesto, la violencia.

La violencia perpetrada así por los criminales, contra grupos rivales, contra las autoridades que los combaten o contra los propios ciudadanos, desalienta y preocupa a nuestra sociedad.

Durante mucho tiempo, estos grupos delictivos iniciaron una lucha frenética por un mayor control territorial respecto de sus actividades, que les permitiera incrementar su presencia, al inicio, en zonas de producción, en rutas de transporte y, particularmente, en mercados para el consumo de drogas.

En esa lucha comenzaron a someter por una vía u otra a las autoridades y ciudadanos, con objeto de neutralizarles o sumarles a su bando, en contra de sus enemigos.

Una vez hechos de control territorial, han extendido sus actividades ilícitas a delitos que agravian, verdaderamente, a los ciudadanos: al secuestro, a la extorsión, al robo y, por supuesto, al homicidio, fundamentalmente de sus rivales, pero, también, de autoridades y ciudadanos inocentes.

Esta violencia y la barbarie practicada por los criminales en contra de sus enemigos y en contra de la sociedad han llegado a niveles intolerables e inadmisibles.

La violencia proviene claramente de la ambición y de la falta absoluta de escrúpulos de los criminales y de nadie más. Ellos son los responsables, y ellos son los enemigos de la sociedad. Así debemos entenderlo y así debemos asumirlo.

Por supuesto, que a todos los gobiernos, sea el Federal, el estatal o el municipal, nos preocupa la delincuencia y la violencia irracional que utiliza. Pero suponer que esa violencia se termine o se reduzca a partir del mero retraimiento de la acción del Estado o de poner en práctica una política de no hacer, de dejar hacer, de dejar pasar, es simplemente iluso.

Es, precisamente, la inacción frente a la delincuencia lo que ha provocado su escalamiento a los niveles intolerables que hoy presenta. La pasividad alienta el crimen y termina convirtiéndose en complicidad.

Enfrentar el problema, acotarlo, es mejor hacerlo hoy, con todos sus costos, que mañana, que puede ser demasiado tarde.

La inacción, no sólo conduciría a un desbordamiento de la violencia, sino que representaría un nuevo agravio a las víctimas del crimen. De no actuar, qué cuentas rendiríamos a las familias que han perdido, o pierden, a sus hijos en manos de los criminales; a quienes viven, ahora mismo, constantemente amenazadas y sometidas al yugo de la cuota, o de la extorsión, que permanentemente perpetran los delincuentes en diversas zonas del país.

La inacción también incrementaría el drama familiar que representan el secuestro o la drogadicción. Estaríamos condenando a los ciudadanos de bien a la impotencia, al abandono y a la desesperación. Dejaríamos, literalmente, a la ciudadanía en manos de los criminales y de sus ilimitadas ambiciones, y estaríamos cancelando el futuro de México.

La opción ética, y moralmente viable para el Estado es la enfrentar el problema de la criminalidad, y hacerlo de manera integral. Es decir, cumplir con la obligación de defender a la ciudadanía ante quienes pretenden arrebatarle la paz y la tranquilidad; fortalecer, y fortalecer rápida y permanentemente a las instituciones policiales, ministeriales y judiciales, porque, con ello, fortalecemos el Estado de Derecho, al que aspiramos y, a la vez, construir una sólida política preventiva, que permita atajar de raíz el problema, trabajando por restituir el tejido social que está dañado, y ofrecer opciones de desarrollo a los mexicanos.

Por todo ello, y de manera integral, se golpea y debilita al crimen. Y ese es el único camino viable y definitivo para acabar con la violencia y su amenaza.

Es por eso, que hemos puesto en la Administración Federal una Estrategia Integral de Seguridad de largo plazo, que está estructurada en varios frentes.

Primero. El enfrentar a la delincuencia, y cerrarle el paso a la impunidad con la que operaba, fundamentalmente a través de la instrumentación de operativos conjuntos. Se trata, precisamente, de frenar sus acciones y sus desplantes, que a plena luz del día realizan y realizaban, fundamentalmente, en varias partes del país.

En este aspecto, quiero comentarles, señores consejeros, que desde nuestra última sesión, que tuvo lugar en el mes de junio pasado, hemos detenido a peligrosos criminales, como Édgar Valdez Villarreal o Sergio Enrique Villarreal Barragán, integrantes de la organización de los Beltrán Leyva; o a Manuel Fernández Valencia, uno de los principales operadores de la organización del Pacífico.

Asimismo, al enfrentar a las Fuerzas Armadas, fueron abatidos Ignacio Coronel, líder de una fracción del Cártel del Pacífico, y Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, jefe de la organización del Golfo.

Se ha golpeado, como nunca antes, las estructuras operativas y financieras del crimen; se ha asegurado droga con un valor superior a los 10 mil millones de dólares. Estos aseguramientos han evitado que más de 50 mil millones de dosis lleguen a los jóvenes mexicanos. El total de marihuana, cocaína y heroína asegurada equivale a haberle dado más de mil 600 dosis a cada joven mexicano entre los 15 y los 30 años de edad.

Con la aplicación de esa estrategia, también, se ha mermado el poder de fuego de la criminalidad, al asegurarle más de 90 armas, suficientes para armar un ejército completo en la mayoría de los países de América Latina o de África, además de tener resultados importantes en la lucha contra otros delitos.

Por ejemplo, en el caso del secuestro, entre autoridades locales y Federales se ha detenido a cerca de tres mil 300 secuestradores y se han desarticulado más de 600 bandas. De 2007 a la fecha se han liberado a más de cuatro mil 100 víctimas del delito de secuestro.

Estos resultados mejoran, en la medida en que cumplamos con la creación de unidades especializadas en el combate al secuestro en todo el país, en las entidades federativas, específicamente.

A la fecha, se han creado ya en 25 entidades federativas. Es indispensable que los estados que faltan puedan alinearse al modelo nacional y cumplan con este compromiso asumido en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

El segundo elemento de la estrategia es uno fundamental: el fortalecimiento institucional. Ello supone la depuración y el fortalecimiento de las instituciones de seguridad. Debemos garantizarnos, como gobernantes, y garantizarles a los ciudadanos, que tengan policías, Ministerios Públicos y jueces que sean confiables y eficaces.

En estos cuatro años hemos triplicado el número de elementos de la Policía Federal y hemos aumentado sustancialmente sus capacidades tecnológicas y operativas.

El Gobierno Federal, a través de las Fuerzas Federales, ha redoblado su apoyo a los estados en diversas áreas. Colaboramos en la creación y fortalecimiento de Centros de Evaluación y Control de Confianza; y la PGR, la Secretaría de Seguridad Pública y el CISEN continúan la formación de especialistas para fortalecer los mecanismos de ingreso y permanencia en las policías estatales.

Por otra parte, señores, quiero comentarles que los recursos Federales para estados y municipios, recientemente aprobados en el Presupuesto de Egresos para 2011, son los más altos de la historia. Sin contar el FORTAMUN, el Fondo de Fortalecimiento Municipal, que también tiene un componente en materia de seguridad, se cuenta con un monto superior a los 13 mil 800 millones de pesos.

El Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública se incrementó, para llegar a siete mil 100 millones. El Subsidio para la Seguridad Municipal se situó en cuatro mil 300 millones, además de otros fondos específicos para la eventual aprobación, si así lo considera el Congreso, de una reforma en materia de Mando Único.

Ahora toca a todos ejercer esos recursos oportunamente, hacerlo de manera transparente y, sobre todo, orientando el esfuerzo a los resultados que hemos comprometido. Cuentan con el apoyo del Gobierno Federal para poder lograrlo.

El tercer elemento ha sido el rediseño y el fortalecimiento del marco legal. En respuesta a un compromiso que surgió aquí, en esta instancia de coordinación, el Ejecutivo Federal, a mi cargo, envió al Legislativo, tal y como lo comprometimos, la Iniciativa en Materia de Mando Estatal Único de Policía.

La Reforma prevé que el Gobernador de cada estado esté responsable de la seguridad y a cargo del cuerpo de policía y de las policías municipales en los casos en que éstos cumplan con los estándares legales de confiabilidad y profesionalismo, pero, en general, que exista, precisamente, un cuerpo policiaco uniforme y con un Mando Único a nivel estatal.

La iniciativa fortalece las atribuciones de las policías estatales en la lucha por la seguridad y mandata el establecimiento de criterios estandarizados y homologados para el ingreso, la capacitación, la operación y la permanencia en los cuerpos policiales de los tres órdenes de Gobierno.

Se trata de una Reforma que facilita la coordinación de las fuerzas estatales, que busca homologarlas en cada entidad y, en aquellos casos donde los ayuntamientos acrediten contar con policías eficaces y, en consecuencia, certificadas, éstas permanecerán.

Ahora es crucial que todos apoyemos esta Iniciativa, que aún se encuentra en deliberación en el Congreso, que recoge una demanda ciudadana, que deriva de un acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública y que aumentará la eficacia de todos los gobiernos para combatir a la criminalidad.

Como he mencionado, ya se cuenta, incluso antes de su aprobación, con una autorización presupuestaria por la Cámara de Diputados por dos mil 400 millones de pesos, para implementar en sus inicios el modelo de Mando Único Estatal de Policía.

Por otra parte, en tanto se aprueba la Reforma, reconocemos el esfuerzo que algunas entidades federativas ya han realizado para operar, bajo los lineamientos legales vigentes, bajo un esquema policial de Mando Único.

También enviamos hace unos meses, al Congreso, la Iniciativa de Ley en Materia de Lavado de Dinero. El objetivo es golpear a la criminalidad donde más le duele, que es en su capacidad económica. Con ello, se busca detectar las operaciones de lavado de dinero, impedir el ingreso de dinero ilícito al país y mantener informada a la sociedad de los logros en la materia.

Tanto esta Iniciativa, como la de Mando Estatal Único, son claves en la lucha por la seguridad. Es por ello que, de manera corresponsable, todos los integrantes del Consejo podamos impulsar, con capacidad y liderazgo político, la Reforma ante los representantes al Congreso de la Unión.

Por otra parte, es importante resaltar que el Congreso también ha aprobado ya, con el impulso vigoroso de la sociedad civil, una Ley en Materia de Secuestro, sin menoscabo de otras iniciativas que ya han sido aprobadas, como la Ley de Seguridad Pública o las Leyes Orgánicas de la Procuraduría General de la República y de la Policía Federal.

El cuarto elemento es la prevención. Prevención del delito y reconstrucción del tejido social. Sé que en todos los estados y a nivel Federal le hemos dado una relevancia especial.

Sabemos que la lucha por la seguridad no se gana sólo a través del combate policiaco en las calles, sino también desde la casa, la escuela y los círculos sociales.

Es por ello, que a nivel Federal se han implementado programas específicos, de los cuales puedo mencionar: el Programa Escuela Segura, que opera en más de 30 mil planteles y beneficia a ocho millones de alumnos.

El Programa de Rescate de Espacios Públicos, con el cual se ha recuperado y restaurado más de dos mil 700 espacios públicos, como parques, plazas y, especialmente, canchas deportivas.

Y el Programa de Prevención de Adicciones, por medio de la creación de los Centros Nueva Vida, que operan ya en más de 300 lugares del país y que han atendido a más de dos millones y medio de personas a la fecha.

Hay otras medidas que podemos sumar que contribuyen a la prevención del delito: el otorgamiento de becas para estudiantes, la mejora de entornos comunitarios, el aumento de la participación de las organizaciones sociales.

En esta tarea clave de prevención y de generación de oportunidades laborales, educativas, de salud, de esparcimiento, culturales, para los jóvenes y adolescentes, todos podemos y debemos participar.

En la corresponsabilidad de los Gobiernos están muchas soluciones. Por ejemplo, desde lo local, puede hacerse un esfuerzo para mantener operando, con eficacia, los 300 Centros Nueva Vida que se han creado por la Secretaría de Salud, o mantener vigilados y participativos, por los ciudadanos, los espacios públicos que se han recuperado.

Estamos convencidos, señoras y señores, de que la forma más  efectiva de vencer al crimen, y luchar por la seguridad, es hacerlo de manera integral y desde varios frentes. Para responder a los retos cambiantes que nos impone el crimen organizado, sabemos que debemos adaptar constantemente la Estrategia Nacional de Seguridad. Estamos decididos a ajustar lo que se tenga que ajustar, a fin de combatir con mayor eficacia a los delincuentes.  

Con el propósito de intercambiar reflexiones y propuestas, iniciamos una serie de Diálogos  con los poderes públicos y los órdenes de Gobierno, con los sectores sociales, con líderes políticos, religiosos, empresariales, y con los medios de comunicación.

Estos Diálogos están generando un entorno de mayor colaboración, que nos ha permitido mejorar para hacer frente al desafío de la seguridad. El reto ha sido destacable, dada la apertura y la pluralidad de las opiniones.  No hay duda de que continuar estos Diálogos, particularmente a nivel local, es imprescindible para que mejoremos todos nuestra labor contra la delincuencia y respondamos a las necesidades particulares de la ciudadanía.

Señoras y señores:

México está frente a uno de sus más grandes desafíos en la historia moderna. Desde hace dos años, el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad dejó claro un diagnóstico sobre la situación que enfrentamos en materia de criminalidad, y dejó especialmente clara, también, la ruta a seguir para superar este problema, y cada instancia de Gobierno asumimos compromisos concretos. Nada justifica que no los cumplamos en tiempo y forma, esos compromisos adquiridos.

La urgencia de la situación nos convoca y nos compromete a todos. Nos obliga a ir más allá de diferencias ideológicas o partidistas. La sociedad no quiere excusas, sino respuestas y resultados.

Para lograrlo, es indispensable que cada orden de Gobierno aplique la ley en los espacios que le corresponden. La consolidación del Estado de Derecho, el imperio de la legalidad en nuestro país, es tan importante como la construcción de instituciones democráticas sólidas y confiables, que fue la causa más trascendente por la que se luchó, particularmente, hacia el final del Siglo XX.

La democracia no puede consolidarse sin Estado de Derecho, y he ahí un nuevo llamado a la urgencia de trabajar corresponsable y estrechamente.

Trabajemos, corresponsables, por un México seguro, por un México de leyes. Unidos, los órdenes de Gobierno, los poderes públicos, la sociedad y la autoridad, tenemos el deber y el derecho de hacer valer la fuerza del Estado mexicano.

Los ciudadanos confían en nosotros y es nuestra obligación responderles.

Y con estas reflexiones, amigas y amigos, quiero pedirles que me acompañen a hacer la Declaratoria formal de Inauguración de esta Sesión de Consejo.

El día de hoy, 18 de noviembre de 2010, a las 11 horas con 42 minutos, declaro formalmente inaugurada la XXIX Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

***

Segunda intervención del Presidente Calderón en la XXIX Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública

Simplemente, quiero agradecerles a la señora y a los señores consejeros su participación el día de hoy.

Reiterar la bienvenida a los señores Gobernadores que han tenido hoy la primera Sesión de Consejo con tal carácter.

Agradecer la presencia de los Gobernadores Electos, que pronto integrarán este Consejo.

La presencia de las organizaciones de la sociedad civil. Los comentarios vertidos por todos y cada uno de ustedes, sus participaciones.

Al Gobernador Eugenio Hernández, deseándole el éxito en su tarea aventura.

Y, desde luego, reiterar el compromiso del Gobierno Federal para seguir apoyando a las fuerzas del orden local, el seguir apoyando con las Fuerzas Federales el imperio de la ley, de la autoridad y haciendo frente a los criminales en aquellas regiones donde más afectan a la población y donde más se registran, tanto eventos, incidentes de carácter violento por parte de las bandas delincuenciales, como, también, en aquellas zonas del país donde tenemos registro de mayor presencia de delitos que agravian a la ciudadanía.

En particular, quiero exhortar a los miembros del Consejo y, en específico, a la señora y señores Gobernadores, a que todos redoblemos el esfuerzo, a fin de jerarquizar nuestra acción, particularmente en estos delitos que son los que más afectan a los ciudadanos y los que más zozobra causan en ellos. En particular, el delito de secuestro, el delito de extorsión, el delito de robo, independientemente de los homicidios especialmente violentos, que, qué duda cabe, conmocionan y preocupan a todos los mexicanos.

 Pero, en particular, pienso que si nos enfocamos al combate de estos delitos, en una cooperación intensa por parte de todos los órdenes de Gobierno y los poderes públicos, creo que avanzaremos significativamente en nuestro objetivo común, que es la seguridad pública.

 Por otra parte, reiterar el exhorto respetuoso a fortalecer las instituciones de seguridad y de justicia en todas las entidades federativas; a que continuemos, instancias Federales y estatales, fortaleciendo los mecanismos de evaluación y control de confianza, a que terminemos ya con la certificación de los Centros de Control y Confianza en todas las entidades; a que avancemos, decididamente, en la evaluación de los responsables de la seguridad pública, comenzando por los niveles superiores en cada una de las dependencias, tanto Federales como estatales; a que impulsemos entre todos el diálogo respetuoso y la deliberación en el Congreso, a fin de que se resuelvan pronto los temas legislativos que están pendientes y que, sabemos, son cruciales para el objetivo compartido de la seguridad pública.

 Seguiremos reuniéndonos en este Consejo. Tendremos, pronto, ofrezco una reunión con los representantes de la sociedad civil para valorar una serie de información muy pertinente, que nos ha sido solicitada en los Diálogos por la Seguridad, y que está en el curso de preparación para ser analizada con todo detalle.

 Y sin más, les pido que me acompañen a hacer la Declaratoria Solemne de Clausura.

 Hoy, 18 de noviembre de 2010, siendo las 13 horas con 50 minutos, declaro formalmente clausurados los trabajos de esta XXIX Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

 Muchísimas gracias.  Enhorabuena.