Análisis del VI Informe de Gobierno en el Senado

Los secretarios de Gobernación, Alejandro Poiré Romero y de Seguridad Pública, Genaro García Luna, así como la procuradora General de la República, Marisela Morales Ibáñez, comparecieron este jueves 20 de septiembre ante senadores para dar cuenta del estado que guarda la política interior.

Al inicio de la reunión, el senador Ernesto Cordero Arroyo, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, les recordó que su presencia se debía a una obligación constitucional relacionada con el análisis del Sexto Informe de Gobierno, por lo que se encontraban bajo protesta de decir verdad.
En su exposición inicial, Poiré Romero, dio a conocer que sólo uno de cada cuatro policías del orden municipal y estatal ha sido declarado apto para realizar tareas de seguridad. Indicó que a la fecha existen 26 centros de Evaluación y Control de Confianza en 22 entidades federativas y faltan 10 más por ser certificados.
Reconoció el retraso en la publicación del reglamento de la Ley de Migración, sin embargo éste “será publicado a más tardar la próxima semana” e incluirá observaciones de legisladores y de más de 300 organizaciones de la sociedad civil y de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, así como del comisionado de Naciones Unidas para los refugiados.
En materia de procuración e impartición de justica, Alejandro Poiré señaló que el gobierno federal ha destinado más de mil 100 millones de pesos a los estados para la implementación del nuevo sistema de justicia penal.
A su vez, Genaro García Luna expuso que en la actualidad existen 238 mil 269 internos tanto del fuero común como del federal en 419 centros penitenciarios en el país. Precisó que de ese total, 187 mil 856 pertenecen al fuero común y de ellos el 61.81 por ciento han sido sentenciados.
En cuanto a los internos del fuero federal, el secretario de Seguridad Pública menciono que éstos son 50 mil 413, de los cuales sólo el 48.89 por ciento han sido sentenciados.
Destacó que la Policía Federal tuvo una “evolución significativa y sin precedentes” en este sexenio al pasar de seis mil elementos a 36 mil 940, de los cuales casi 9 mil son jóvenes universitarios con capacidades de investigación, análisis, inteligencia y operación.
Asimismo, explicó que la secretaría a su cargo tiene la capacidad de realizar más de 80 mil exámenes anuales de control de confianza, lo que es un gran respaldo para evitar la corrupción.
Añadió que en la actual administración se realizaron 330 mil exámenes de control de confianza.
En cuanto a Plataforma México Genaro García Luna comentó que éste cuenta con más de 505 millones de registros criminales y medio millón de fichas criminales cargadas, lo que permite la recolección de información táctica relativa a personas, domicilios, cuentas bancarias, teléfonos, vehículos, armas.

En su turno, Marisela Morales Ibáñez expuso que de abril de 2011 a agosto de 2012 se han realizado 17 mil 851 evaluaciones de control de confianza y se ha certificado el 70 por ciento de la plantilla activa de los servidores públicos de la PGR, “quedando pendientes de certificar sólo a 3 mil 227 elementos”.
Reconoció que a 112 años de existencia la PGR “ha estado sometida a un proceso de desgaste que le ha hecho perder eficacia ante las complejas realidades que se deben atender en nuestro país”.
Explicó que entre los factores de desgaste se encuentran el presupuesto limitado, la falta desconfianza y credibilidad de la sociedad, la aplicación parcial de pruebas de confianza, perfiles inadecuados en el personal, la corrupción e ineficiencia de los servidores públicos y los sistemas informáticos obsoletos y desarticulados.
Habló sobre la Reforma de Justicia penal:
“Mención especial merece la reforma constitucional que determina el marco jurídico primario para sustituir el modelo de justicia penal mixto por uno acusatorio y oral. La citada reforma constitucional al Sistema de Justicia Penal es de trascendencia histórica, quizá de proporción semejante a la que originó la creación del modelo de justicia que nos ha venido rigiendo desde la Constitución de 1917.
“En previsión de eminente incorporación a este nuevo sistema de justicia penal acusatorio se capacita al personal de la institución mediante el Proyecto Diamante. Como parte de este programa se formó un grupo de 205 instructores integrado por agentes del Ministerio Público, Policía Federal Ministerial y Peritos, capacitándose en esta primera fase a un total de 7 mil 700 servidores públicos de la institución…

Mensajes completos el Secretario Poiré y de Marisela Morales, abajo hay un link para leer toda la comparecencia con preguntas y respuestas.
Acto seguido se dio paso a dos rondas de preguntas y comentarios donde senadores del PRI, PAN, PRD, PVEM, PT, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, plantearon sus interrogantes a los tres comparecientes
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Mensaje del Secretario de Gobernación, doctor Alejandro Poiré, con motivo de la Glosa del Sexto Informe de Gobierno del Presidente Felipe Calderón Hinojosa, ante el Senado de la República, México, D.F., 20/09/2012
Senador Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República;
Senador Emilio Gamboa Patrón, Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República;
Senador Enrique Burgos García, Vicepresidente de la Mesa Directiva;
Estimados senadores coordinadores de los distintos grupos parlamentarios aquí representados;
Distinguidos integrantes de la Mesa Directiva del Senado de la República;
Honorables legisladoras y legisladores que el día de hoy nos acompañan;
Ingeniero Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública;
Maestra Marisela Morales Ibáñez, Procuradora General de la República;
Amigas y amigos de los medios de comunicación;
Señoras y señores:
La transparencia y la rendición de cuentas son características esenciales de una democracia plena y permiten garantizar un auténtico Estado de derecho.
Desde el inicio de la Administración del Presidente Felipe Calderón, hemos promovido de manera firme un ambiente de libertad, tolerancia y diálogo que nos permita atender a todos, en un marco de responsabilidad compartida, las demandas más importantes de la sociedad.
En este contexto, acudo a esta Soberanía a dar cuenta de las acciones que hemos realizado en materia de política interior.
Aprovecho este espacio para reiterar nuestra convicción democrática de establecer un diálogo franco y una actitud de plena apertura ante la crítica constructiva y responsable.
Por otro lado, como es de su conocimiento, las políticas y acciones vinculadas con la Seguridad Nacional están sujetas al control y evaluación del Poder Legislativo Federal, por conducto de una Comisión Bicamaral.
En ocasiones anteriores, dicha Comisión ha sido un espacio idóneo para que en el marco de la confidencialidad que por Ley se mandata respecto de ciertos temas, se tenga un diálogo eficaz y productivo entre el Legislativo y el Ejecutivo en la materia.
Quiero aprovechar por ello esta oportunidad en mi carácter de Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional, para hacer explícita mi total disposición para que en cuanto dicha Comisión quede integrada, y si así lo dispone esta Soberanía, podamos aprovechar ese espacio adicional para la profundización del diálogo específicamente en materia de seguridad nacional.
El reto principal de la política interna de todo Estado democrático es el de armonizar un ejercicio pleno y auténtico de todas las libertades, derechos y garantías ciudadanas, con la administración eficaz y la gestión pública.
Es el de promover esta armonía, al tiempo que se produzcan las transformaciones de fondo que nuestra realidad requiere para que todos podamos vivir mejor.
Durante la presente Administración, la Secretaría de Gobernación ha sido un factor constante en generar condiciones para lograr acuerdos de enorme trascendencia en beneficio de nuestro país.
El camino para lograrlo no ha sido fácil, basta recordar la circunstancia política de inicio de diciembre de 2006.
Es por ello que desde el inicio de la Administración del Presidente Felipe Calderón, hemos tenido claro que para fortalecer nuestras instituciones públicas y democráticas, era indispensable mejorar los mecanismos de comunicación con todos los actores de la vida política de México.
Sabemos bien que ningún avance sería posible sin el trabajo corresponsable, comprometido con los distintos órdenes de gobierno, con los poderes de la Unión y con la sociedad.
Dicha convicción quedó clara y con el concurso de los actores sociales y políticos se ha ido manifestando desde el inicio de esta administración.
Así pues, en diciembre de 2006 se aprobó sin demora la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2007 y se fue haciendo en los años posteriores.
En marzo de 2007 se publicó la Reforma al Sistema de Pensiones que garantiza el ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del Estado.
En octubre de 2007 alcanzamos una Reforma Hacendaria que le dio mayor eficiencia a la operación y gasto de los recursos públicos y recursos también para enfrentar las necesidades de nuestro país.
En noviembre de 2007 se concretó la Reforma Electoral que amplió los estándares de equidad y certidumbre de nuestros procesos electorales.
En octubre de 2008, también en ese ánimo de construcción de acuerdos, el Congreso de la Unión alcanzó una Reforma Energética, gracias a la cual se han podido ya realizar hallazgos de petróleo en aguas profundas, significativos, hace algunas semanas.
Así, cuando hasta mediados de la década pasada, la gran angustia de los analistas sobre nuestro país era la ausencia de reformas estructurales, en tan sólo seis años hemos impulsado con el consenso de todas las fuerzas políticas profundas transformaciones para México sobre la base del diálogo y enfrentando los problemas con responsabilidad.
Desde un inicio también quedó claro que el Estado mexicano tenía que trabajar en uno de los mayores desafíos que nos haya tocado vivir en los últimos tiempos: la inseguridad y la amenaza del crimen organizado sobre nuestra sociedad.
La seguridad es la base para el ejercicio de nuestras libertades y preservarla es una obligación ineludible del Estado mexicano.
Es por ello que se puso en marcha la Estrategia Nacional de Seguridad y se impulsó en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública, con el concurso de los gobernadores de todas las entidades y el Jefe de Gobierno, con el concurso del Poder Legislativo y del Poder Judicial, un amplio Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, alcanzado el 21 de agosto de 2008.
Así como la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que fue promulgada en enero de 2009 y que derivaba precisamente de este Acuerdo alcanzado en el seno del Consejo Nacional.
La Estrategia que emana de dicho Acuerdo, contempla, como ustedes saben, tres ejes:
Un primer eje es hacer frente a todas las organizaciones delincuenciales, en auxilio de la población y de las autoridades locales que enfrentan el flagelo de la delincuencia.
Un segundo eje implica la transformación profunda, la modernización y el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y de justicia en todo el país.
Un tercer eje que abarca la reconstrucción del tejido social.
Desde el Gobierno Federal hemos impulsado un trabajo coordinado y sistemático en cada uno de estos ejes.
Por ejemplo, ante las demandas de los ciudadanos en diversas partes del país y a petición expresa de sus autoridades locales, las fuerzas federales han apoyado con determinación, sacrificio y entrega en las tareas para contener a la criminalidad en diversas entidades federativas.
Esto ha derivado en operativos conjuntos en los que participan diversas dependencias de la Administración Pública Federal, en coordinación con instituciones estatales y municipales.
También estamos recuperando la confianza en nuestras propias instituciones de seguridad pública a través de un programa extraordinariamente amplio y profundo, la profesionalización integral de los cuerpos policiacos, con un primer paso cuyo elemento indispensable es la aplicación de controles de confianza.
Vale la pena señalar que en esta tarea no solamente se ha avanzado en las instituciones federales, y mis compañeros seguramente lo mencionarán, sino que hemos apoyado de manera efectiva a estados y municipios.
Cuando en el año de 2010, a finales de ese año, no había ni un solo Centro de Control de Evaluación y de Control de Confianza a nivel estatal debidamente acreditado, hoy existen ya 26 centros en 22 entidades federativas y faltan 10 por ser certificados en igual número de estados.
A principios de 2010, ningún elemento policial del orden estatal y municipal había sido certificado, hoy 1 de cada 4 policías de ese orden, aproximadamente, han sido declarados aptos para realizar tareas de seguridad.
Asimismo, en materia de procuración e impartición de justicia, seguimos adelante en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, con ello tendremos juicios orales y públicos.
Para lo cual del 2010 a la fecha, el Gobierno Federal ha destinado, a través de la Secretaría Técnica, directamente involucrada en la materia, más de mil 100 millones de pesos a las entidades federativas.
Con este nuevo modelo, la impartición de justicia se vuelve más transparente, imparcial y expedita, garantizando así los derechos víctimas y acusados.
En las entidades donde ya está funcionando el Sistema, el tiempo promedio del proceso penal ha disminuido de aproximadamente 543 días por caso a solamente 152 días; es decir, de casi dos años a menos de seis meses o siete meses en promedio.
Estamos hablando de 11 entidades en las que ya opera el Nuevo Sistema. En tres de ellas opera de manera total: Chihuahua, Estado de México y Morelos, y en ocho de manera parcial: Baja California, Chiapas, Durango, Guanajuato, Oaxaca, Nuevo León, Yucatán y Zacatecas.
Por otra parte, hemos tomado diversas medidas para garantizar que todas las fuerzas federales que realizan tareas subsidiarias en materia de seguridad, lo sigan haciendo en estricta observancia a la ley y dando certeza a los mexicanos de que sus derechos serán plenamente respetados.
Como muestra de ello se han emitido y en atención a recomendaciones de organismos internacionales en materia de derechos humanos, Protocolos para el Uso Legítimo de la Fuerza; la Detención y Puesta a Disposición de Personas; y la Cadena de Custodia y Preservación de las Evidencias del Delito, a los cuales todos los servidores públicos del ámbito federal están obligados.
Hemos impulsado, además la consolidación dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, que se constituyó como el punto principal del diseño y promoción de nuevos enfoques de prevención en materia de seguridad de la mano de las autoridades municipales y estatales.
A través de este Centro estamos apoyando con más de mil 300 millones de pesos, tan solo para este año, a 239 municipios para impulsar proyectos comunitarios como el Centro Francisco I. Madero en Ciudad Juárez o el Proyecto de Camino Verde en Tijuana y otros proyectos cercanos a la población en polígonos de riesgo en ciudades como el centro de Acapulco y la zona de la región Lagunera.
Todos estos avances se han logrado de cara a la sociedad y requieren de su participación para poder consolidarse.
Por ello es indispensable mantener un diálogo franco, directo y permanente con distintos grupos de la sociedad.
Así lo ha hecho el Gobierno de la República sosteniendo 17 Diálogos por la Seguridad con la presencia del Presidente Felipe Calderón, empresarios, activistas, académicos, legisladores y con líderes de prácticamente todas las organizaciones sociales en distintas ciudades del país, a fin de escuchar críticas, atender propuestas y adquirir compromisos concretos que se han construido en instituciones de atención a la población.
Un ejemplo concreto de este avance es la creación de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos (PROVÍCTIMA), cuyo objetivo es brindar una atención humana e integral a las personas que han sufrido por la acción de los delincuentes.
Al día de hoy PROVÍCTIMA ha atendido directamente a más de 10 mil personas a las que se les ha dado apoyo psicológico, asistencia médica, legal y de trabajo social.
Asimismo se ha presentado a esta soberanía una propuesta de Ley General de Atención y Protección a las Víctimas por parte del Presidente de la República en semanas pasadas.
Esta Ley propone la atención articulada y eficaz a las víctimas, estableciendo con claridad las obligaciones de los tres órdenes de gobierno y evitando la re victimización.
El proyecto incorpora el establecimiento de distintos fondos con recursos públicos, tanto para los estados como para la Federación, para cubrir los costos de medidas de atención y reparación a las víctimas.
También establece que la víctima puede ser reconocida como tal no solamente por los jueces penales, sino también por los de amparo, civiles, familiares y otros órganos jurisdiccionales.
Y esta iniciativa puede ser analizada desde ahora por el Senado de la República, para poder contar lo antes posible con un marco favorable para la atención de las víctimas.
Otra de nuestras tareas fundamentales ha sido la de garantizar la defensa y protección de los derechos humanos, con las Reformas Constitucionales en Materia de Derechos Humanos, así como las reformas en Materia de Amparo, hemos logrado la mayor ampliación de libertades que se ha visto en la historia reciente de nuestro país y esta protección también se ha manifestado en distintos ordenamientos del orden legal.
En este sentido, la publicación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que obliga a instrumentar acciones específicas de acuerdo al nivel de riesgo de las personas amenazadas y establece un fondo de atención para estos grupos vulnerados por la delincuencia es un avance significativo y está en proceso de su implementación cumpliendo con los plazos legales así dispuestos.
De igual forma, estamos delineando una nueva política migratoria del Estado mexicano a partir de la aprobación de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, por primera vez en la historia de nuestro país una nueva Ley de Migración.
Nuestro objetivo es que el Reglamento de esta última, sea publicado en el Diario Oficial de la Federación a más tardar la próxima semana, corrigiendo con ello el atraso que, debo reconocer, tenemos en su emisión.
El Reglamento ha sido producto de trabajos muy intensos con dependencias de la Administración Pública Federal e incluirá las observaciones de legisladores, de más de 300 organizaciones de la sociedad civil, así como de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y del propio Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
El Gobierno Federal tiene la certeza que con la observancia de este documento, se podrá brindar una atención humana e integral a quienes ingresen, transiten y se establezcan en nuestro territorio.
La democracia plena y vigorosa, se consolidará conforme se tenga una mayor y mejor participación ciudadana en la toma de decisiones.
En ese sentido, destaca la aprobación de la Reforma Política,fruto de un esfuerzo amplio, coordinado e institucional entre los poderes Ejecutivo y Legislativo; y desde luego, del Constituyente Permanente.
Como todos sabemos en este año los mexicanos vivimos una jornada electoral participativa en la que elegimos a nuestras autoridades y representantes.
La Secretaría de Gobernación, en cumplimiento a sus atribuciones, mantuvo una coordinación estrecha y propició el diálogo responsable, permanente y claro con todos los partidos políticos, las autoridades electorales y los ciudadanos, para que las elecciones se desarrollaran en un contexto de orden, paz, tranquilidad y legalidad.
En este proceso electoral el Gobierno Federal demostró su responsabilidad, institucionalidad y estricto apego a la ley.
Señoras y señores legisladores:
La democracia eficaz demanda la colaboración comprometida y sistemática de los poderes en el marco de las leyes y las instituciones.
La acción conjunta y coordinada ha demostrado ser el medio óptimo para responder a las demandas ciudadanas.
Más allá de las legítimas diferencias, entendemos bien que sólo mediante el diálogo y el debate de ideas, podremos garantizar el mejor análisis de las propuestas que afectarán la vida de todos los mexicanos.
Es por ello que reiteramos nuestra convicción democrática para la construcción de acuerdos con el Congreso de la Unión y con todos los actores políticos y sociales, a fin de consolidar la gobernabilidad democrática en el México libre, justo y próspero que merecen las próximas generaciones.
Muchas gracias por su atención.

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Mensaje de la Maestra Marisela Morales Ibáñez al comparecer ante el H. Senado de la República
Gracias, distinguido señor Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva de esta Honorable Cámara de Senadores.
Senador Emilio Gamboa Patrón, Presidente de la Junta de Coordinación Política de esta Honorable Cámara de Senadores.
Senadores Luis Sánchez Jiménez, senador Enrique Burgos García, Vicepresidentes de la Mesa Directiva de esta Honorable Cámara de Senadores.
Honorables señoras y señores senadores de la República.
Estimado doctor Alejandro Poiré Romero, Secretario de Gobernación.
Ingeniero Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública.
Amigas y amigos de los medios de comunicación.
Es una gran responsabilidad y me llena de orgullo como mexicana asistir ante esta representación genuina de la voluntad del pueblo.
Comparezco en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo hago con el más profundo respeto a los integrantes de este Honorable Senado de la República.
Concurro a esta Soberanía con motivo de la glosa del Sexto Informe d Gobierno del señor Presidente de la República y lo hago con la firme convicción del compromiso de servir a la Patria. Es un privilegio ser parte de este ejercicio de rendición de cuentas, como una expresión legítima de la colaboración entre los poderes de la Unión.
Permítanme expresarles mi más sincera felicitación por su elección para representar las más legítimas aspiraciones e intereses nacionales.
Apreciadas legisladoras y legisladores.
Fortalecer al Estado mexicano con instituciones confiables y eficaces es el gran desafío para nuestra Nación.
Consciente estoy de la problemática que enfrenta la institución responsable de procurar justicia a nivel federal, como consciente estoy también de la grave situación que en materia de seguridad vive nuestra Nación.
La delincuencia organizada en sus diversas expresiones, con su halo de violencia, impunidad y corrupción afecta gravemente a nuestra sociedad, por lo cual en el ámbito de la procuración de justicia se han implementado acciones firmes y decididas a fin de revertir esta tendencia.
La Procuraduría General de la República, que el próximo mes de octubre cumplirá 112 años de existencia, ha estado sometida a un proceso de desgaste que le ha hecho perder eficacia ante las complejas realidades que se deben atender en nuestro país.
Esta situación ha dado origen incluso a un intenso debate público acerca de cuál debe ser el mejor diseño constitucional del Ministerio Público Federal y las modificaciones necesarias en su marco regulatorio.
Entre los factores de desgaste de la Procuraduría destaco, entre lo más relevantes: El presupuesto limitado respecto a las necesidades institucionales; la falta de confianza y credibilidad de la sociedad; la aplicación parcial de pruebas de confianza; perfiles inadecuados en el personal; la corrupción e ineficiencia de malos servidores públicos; los sistemas informáticos obsoletos y desarticulados.
Con todo ello nos pusimos a trabajar tomando estas deficiencias institucionales como una gran oportunidad respecto a la demanda social de una mejor y más eficaz procuración de justicia, poniendo en ejecución acciones de inmediata y urgente aplicación, como la depuración de personal y un combate frontal a la corrupción, así como la impunidad del fortalecimiento de la Institución y en particular del Ministerio Público de la Federación, como elemento fundamental de la Procuraduría.
El aprovechamiento de la información que generen las diversas instancias del Estado haciéndola judicialmente útil mediante su integración a las indagatorias.
El fomento a la coordinación y cooperación interinstitucional e internacional, la promoción de la interacción y la coordinación con la sociedad, el combate al tráfico de armas de Estados Unidos a México y, por supuesto, siendo contundentes en la persecución de delitos vinculados a la delincuencia organizada.
Se ha trabajado intensamente al interior de la Institución para depurarla y fortalecerla, mejorando los procesos de selección y verificando los antecedentes de los candidatos a ingresar.
Para el fortalecimiento institucional se realizaron las siguientes acciones.
Se activó en forma permanente el Consejo Asesor para la Designación de Delegados y Subdelegados, Agregados y Subagregrados. Hasta la fecha se han emitido 36 nombramientos a nuevos delegados, 42 subdelegados y 49 jefes regionales de la Policía Federal Ministerial.
Quiero señalar que en estas designaciones hemos dado una amplia participación a la sociedad a través del Consejo de Participación Ciudadana y de otros representantes de la sociedad civil, que así lo han estimado.
Cumpliendo con el compromiso de la depuración institucional de abril de 2011 de agosto del 2012 se han realizado 17 mil 851 evaluaciones de control de confianza.
A la fecha se han certificado en términos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública el 70 por ciento de la plantilla activa de los servidores públicos de la Procuraduría, quedando pendientes de certificar sólo a tres mil 227.
Se inició un proceso de remodelación y modernización tecnológica de las instalaciones y capacitación técnica para el personal del Centro de Evaluación y Control de Confianza, el cual próximamente inaugurará una nueva etapa; siendo uno de los más modernos y funcionales de su tipo, de lo cual los mexicanos debemos sentirnos muy orgullosos.
Se ha contribuido a la alimentación del Registro Nacional de Personal de las instituciones de seguridad pública con los nombres de los servidores públicos de la Institución, que han resultado no aprobados en las evaluaciones de control de confianza.
En un año y medio la Visitaduría General ha consignado a 288 servidores públicos por diversos delitos, en el marco de la depuración institucional de mayo de 2011 a la fecha se han presentado más de mil 100 quejas al Consejo de Profesionalización por resultado de no aprobado en los exámenes de control de confianza; iniciándose los correspondientes procedimientos de separación del servicio, por lo que ya han sido separados de la Institución más de 723 servidores públicos.
Fueron sustituidos 49 jefes regionales de la Policía Federal Ministerial, se realizó la reorganización conceptual de operación de los cuatro mil 432 elementos de la Policía Federal Ministerial, consolidándola bajo un esquema y direccionamiento de operación en cinco vertientes.
La primera, cumplimiento de mandamientos ministeriales y judiciales.
Protección de testigos colaboradores y víctimas del delito.
Servicios especiales de seguridad y de protección a personal.
Localización de fugitivos extranjeros e Interpol, investigación ministerial, y se dotará de nuevos uniformes, armamento y equipo con altos estándares de calidad e imagen acorde a sus funciones.
Los servicios periciales en la investigación científica criminal adquieren una relevancia especial, por lo que fue necesario dotar un laboratorio con instrumentos y tecnología de punto, adquiriéndose además un sistema automatizado de identificación de personas multibiométrico para la captura y registro de huellas, voz, rostro, iris y firma.
Se consolidó un software especializado para la implementación y funcionalidad del programa "Justicia Efectiva para Todos". Este programa es uno de los de mayor trascendencia para la innovación de las actividades del Ministerio Público y los procesos de gestión de la propia institución.
Para explotar la información ministerial que este programa generará se encuentra en proceso de construcción el Centro Estratégico de Información Ministerial. Una tarea impostergable en la institución era dar orden y uniformidad a las tareas sustantivas del Ministerio Público y a sus auxiliares, que son la policía y los peritos, para lo cual se elaboraron 176 protocolos de actuación institucional que evitan el desempeño discrecional y le cierran espacios a la corrupción.
En lo que concierne a la coordinación interinstitucional se han impulsado acciones a través de la instancia por excelencia de coordinación, como es la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, la cual me honro en presidir, logrando significativos avances entre los que se destacan: las unidades especializadas en combate al secuestro en cada Entidad Federativa; los Centros de Operación Estratégica para hacer frente al menudeo; la operación de células mixtas para el combate a la trata de personas; diversos convenios como por ejemplo el de las bases de datos sobre homicidios dolosos y personas no localizadas que alimentan todos y cada uno de los estados de la República.
Por otra parte, es de destacar que el 23 de julio del año en curso se publicó el nuevo reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que entrará en vigencia el día de mañana.
En plena concordancia con el respeto irrestricto a los derechos humanos se han establecido tres módulos de derechos humanos: uno, en el Centro de Investigación Federal, conocido como Centro de Arraigos; otro en la Delegación Metropolitana del Distrito Federal, y uno más en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.
El concepto es que cada delegación de la Procuraduría cuente con un módulo de esta naturaleza.
En materia de coordinación y colaboración internacional en lo que va de mi gestión se han suscrito 20 instrumentos y se encuentran en proceso de negociación más de 100 convenios internacionales que estamos trabajando en plena colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores.
En este sentido y reconociendo que la delincuencia organizada transnacional afecta a todos los países de la región, nuestro país a través de la Procuraduría convocó el pasado mes de marzo a una reunión hemisférica de alto nivel contra la delincuencia organizada transnacional aquí en la Ciudad de México.
En esta reunión y ante la presencia de Ministros de Justicia, Procuradores y Fiscales Generales del país del Continente Americano, se planteó la necesidad de establecer un esquema de información y de coordinación en el ámbito operativo que permitiera compartir información que se genera en cada país para atacar de manera integral y continental a las distintas organizaciones criminales que operan en el Hemisferio.
Como resultado de dicha reunión, a iniciativa del Gobierno de México, los jefes de Estado y de Gobierno asistentes a la Sexta Cumbre de las Américas, celebrada en Cartagena de Indias, Colombia, emitieron por consenso un mandato para desarrollar un esquema hemisférico contra la delincuencia organizada trasnacional y su entidad coordinadora.
Después de tres consultas técnicas celebradas en México, Guatemala y Chile, las delegaciones de los países asistentes coincidieron y concibieron que dicho esquema hemisférico debe contar con dos pilares: Por un lado, la creación dentro de la Organización de Estados Americanos de una instancia jurídico-política encargada de abordar la problemática de manera integral que impulse la generación de políticas públicas en el Hemisferio.
Otra de carácter operativo, para lo cual deberá contar con el Centro Coordinador de las Américas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, con estructura propia y autonomía funcional, encargado de coordinar y articular las acciones estratégicas, tácticas y operativas de los estados y el intercambio fluido de información.
Quiero hacerles de su conocimiento que, precisamente, hoy los representantes de los países asistentes a la Conferencia Internacional, siendo 20 países los que participaron en este evento el día de hoy, junto con la Organización de Estados Americanos y la ONU, además de la Ameripol adoptaron la Declaración Política que establece el esquema hemisférico y la constitución del Centro Coordinador de las Américas.
Mención especial merece la reforma constitucional que determina el marco jurídico primario para sustituir el modelo de justicia penal mixto por uno acusatorio y oral.
La citada reforma constitucional al Sistema de Justicia Penal es de trascendencia histórica, quizá de proporción semejante a la que originó la creación del modelo de justicia que nos ha venido rigiendo desde la Constitución de 1917.
En previsión de eminente incorporación a este nuevo sistema de justicia penal acusatorio se capacita al personal de la institución mediante el Proyecto Diamante. Como parte de este programa se formó un grupo de 205 instructores integrado por agentes del Ministerio Público, Policía Federal Ministerial y Peritos, capacitándose en esta primera fase a un total de 7 mil 700 servidores públicos de la institución.
Los contenidos de los curso de capacitación de Diamante están certificados por la Secretaría Técnica del Sistema para la Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación, así como los instructores también se encuentran ya certificados.
Complementándose, además, con una sala de juicios orales con tecnología de punta y sala de capacitación a distancia que permiten dar esta capacitación en todas las sedes y subsedes de la Procuraduría General de la República.
Asimismo, en abril de este año se creó en la Procuraduría General la Unidad para la Implementación del Sistema Penal Acusatorio. Tenemos muy claro que la única llave para acceder a niveles de excelencia en materia de procuración de justicia, es mediante un escrupuloso proceso de selección del recurso humano destinado a procurar justicia.
Una evaluación y seguimiento permanente de este personal y finalmente brindando las condiciones de seguridad social que aseguren un retiro digno para los miembros de las instituciones de seguridad y justicia.
El principal capital de México por ende de la Institución es el talento humano y a ese factor hay que apostar para lograr los resultados que buscamos.
Como podemos darnos cuenta, no son pocas las acciones realizadas y quizá no sean aún las suficientes para lograr los estándares de justicia que nos demanda la sociedad con justa razón.
Pero el trabajo efectuado en la Institución a mi cargo ha sido responsable honesto y comprometido por el bien y para el bien de la Institución.
Acepto las expresiones que señalan con justificada razón, que aún no tenemos la procuración de justicia que nos merecemos los mexicanos. Pero también debemos de reconocer que los esfuerzos que se han hecho por alcanzarla van por el camino correcto.
Existen grandes retos en materia de procuración de justicia a las que como sociedad debemos enfrentarnos. El combate a la delincuencia organizada, la corrupción e impunidad son los principales.
Pero como bien lo han señalado los tratadistas más connotados en la materia, el fin del Estado solamente en la seguridad entendida como la certeza de la libertad en el ámbito de la ley.
Por ello debemos y tenemos que lograr una procuración de justicia íntegra, transparente y eficiente que legitime al Estado y le otorgue justificación a su existencia a través del cumplimiento de su función básica, garantizar certeza jurídica a sus gobernados.
Para lo cual es fundamental fortalecer la figura del Ministerio Público para hacer frente a la delincuencia organizada, abatir la impunidad y atacar frontalmente a la corrupción.
Es necesario continuar fortaleciendo a las instituciones responsables de la seguridad y la justicia del país mediante la aprobación de nuevas leyes, como la ley para combatir el lavado de dinero, la de extinción de dominio y el nuevo código federal de procedimientos penales, entre otras.
Tenemos rumbo claro y definido, como lo expuse ante este Honorable Senado de la República cuando fui ratificada como Procuradora General, en abril del año pasado donde se delinearon tres ejes sistemáticos, que son el fortalecimiento institucional, la consolidación del intercambio y colaboración internacional e interinstitucional y el fortalecimiento de la participación social y ciudadana.
Como pueden darse cuenta lo propuse y así lo he cumplido.
Acepto con beneplácito la expresión plural de los distintos puntos de vista de cómo afrontar el fenómeno delictivo, lo que nunca he de aceptar es claudicar en combatir a la delincuencia, a la corrupción y a la impunidad para acabar con estas expresiones negativas que tanto daño le ocasionan a nuestro tejido social que generan las instituciones responsables de procurar y atender la justicia, y sólo se logrará con la unidad de los esfuerzos, producto de la voluntad de la sociedad y a los que tenemos la honrosa responsabilidad histórica de desempeñar la encomienda más noble y loable que tiene un ser humano, que es servir a sus semejantes.
Muchas gracias a todos y estamos a sus órdenes para sus inquietudes.
Gracias.
La comparecencia completa:
http://www.senado.gob.mx/OLD/libreria/web/informe/libreria/archivos/Estenografia_comparecencia_20_septiembre_2012.pdf